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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 14 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00068-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario en contra de una empleada judicial.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 , y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 ° y 19 de la Ley 2080 de 202 11, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 23 de mayo de 2018, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga, avocó conocimiento de la acción de tutela con número de radicación 68001 -3118-0032018035-00, interpuesta por el señor William Salinas Méndez.

2. El 6 de junio de 2018, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga profirió fallo de l a acción de tutela presentada y ordenó remiti r la decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga profirió fallo de l a acción de tutela presentada y ordenó remiti r la decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. El 11 de julio de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga remitió la mencionada acción de tutela a la Corte Constitucional.

4. El 17 de septiembre de 2021, la sala de selección nueve de la Corte Constitucional ordenó remitir copia del expediente de tutela promovida por William Salinas Méndez, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander para que resolviera sobre la eventual responsabilidad disciplinaria, teniendo en cuenta la remisión tardía a la Corte

Constitucional.

1 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230006800 Página 2 de 24

5. El 4 de noviembre de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander declaró su falta de compet encia, toda vez que los hechos que originaron la queja son anteriores a la entrada en funcionamiento de la Comisión, y además de esto, porque quien está sujeta a investigación disciplinaria es la secretaria del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funció n de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga; por tal razón, remitió el asunto al «Juzgado Tercero

quien está sujeta a investigación disciplinaria es la secretaria del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funció n de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga; por tal razón, remitió el asunto al «Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga» para que asumiera por competencia jerárquica.

6. El 9 de noviembre de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones Mixtas de Bucaramanga declaró, a su vez, falta de competencia para dar trámite a la investigación disciplinaria, toda vez que la implicada no es empleada de ese despacho judicial.

7. En tal virtud, remitió la actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga.

8. El 21 de febrero de 2022, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga consideró que la autoridad competente para adelantar el proceso disciplinario era la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y remitió el asunto a la Corte Constitucional para que resolviera el conflicto de competencias.

9. El 5 de octubre de 2022, mediante auto, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre el conflicto de competencias y remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que lo resuelva.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto2 por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto2 por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Consta que la Secretaría comunicó el 3 de marzo de 2023, el presente conflicto al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander , al Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones Mixtas de Bucaramanga y a la disciplinada Elizabeth Ávila Gómez.

2 Documento «11_110010306000202300068001POREDICTO20230302160415», expediente digital.Radicación 11001030600020230006800 Página 3 de 24

Según informe secretarial del 7 de marzo de 20233, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y el Juzgado Tercero Penal del Circuito para adolescentes con función de conocimiento de Bucaramanga remitieron escrito de alegatos, mientras que las demás partes involucradas o terceros interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 31 de marzo de 2023, se ordenó por la Secretaría de la Sala comunicar a la Corte Constitucional , para que, de estimarlo pertinente, presentara alegatos en el presente asunto; lo anterior, por haber sido esa Corporación

de la Sala comunicar a la Corte Constitucional , para que, de estimarlo pertinente, presentara alegatos en el presente asunto; lo anterior, por haber sido esa Corporación la que puso en conocimiento la presunta irregularidad disciplinaria. En posterior informe secretarial del 18 de abril de 2023, const a que la autoridad requerida presentó sus consideraciones.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander4

Inicia su planteamiento, indicando que la función de la titular del juzgado que propuso el conflicto negativo de competencias, y, en el que se presentó la presunta falta disciplinaria por parte de uno de sus empleados, es de naturaleza administrativa y por hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En ese sentido, alega que la naturaleza de la Comisión Seccional es jurisdiccional, por lo que solicita que se examine la competencia a la comisión , teniendo en cuenta que dentro del conflicto existe una autoridad administrativa y otra con naturaleza jurisdiccional.

Manifiesta que, en razón a los hechos omisivos ejecutados por la disciplinada, debe aplicársele el derecho jurisdiccional administrativo de la Ley 734 de 2002, ahora Ley 1952 de 2019.

Ahora bien, alega que, en el lapso de la conducta de omisión, existen dos regímenes:

«El disciplinario administrativo desde el año 2018 hasta el 12 de enero de 2021, ley 734 de 2002, ahora ley 1952 de 2019. Luego, del 13 de enero a junio de 2021, el

«El disciplinario administrativo desde el año 2018 hasta el 12 de enero de 2021, ley 734 de 2002, ahora ley 1952 de 2019. Luego, del 13 de enero a junio de 2021, el disciplinario jurisdiccional, según el acto legislativo 02 de 2021, cuya filosofía, naturaleza y características, esta contemplada en la ley 270 de 1996 y artículos 239 y siguientes de la ley 1952 de 2019.»

En virtud de lo anterior, aduce que debía aplicársele a la presunta infractora, el derecho jurisdiccional administrativo de la Ley 734 de 2002, ahora Ley 1952 de 2019. En esa misma línea alega que, cuando inició la omisión, la norma preexistente era la acción disciplinaria administrativa, Ley 734 de 2002, por lo que no debe aplicarse la acción

3 Documento «17_110010306000202300068001ALDESPACHOPOR20230310110531 », al despacho por reparto 4 Documento «11_110010306000202300068002MemorialWeb20233792219»Radicación 11001030600020230006800 Página 4 de 24

disciplinaria jurisdiccional.

Por último, solicita que se resuelva el conflicto, en el sentido de declarar competente al «Juzgado Tercero Penal del Circuito de Infancia y Adolescencia».

b. Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la responsabilidad penal de adolescentes de Bucaramanga5.

Manifiesta que el presente caso, en efecto, debe regirse bajo la Ley 1952 de 2019, «[…] no solo porque la competencia para investigar a los empleados judiciales ya había sido

responsabilidad penal de adolescentes de Bucaramanga5.

Manifiesta que el presente caso, en efecto, debe regirse bajo la Ley 1952 de 2019, «[…] no solo porque la competencia para investigar a los empleados judiciales ya había sido asumida por la Comisión de Disciplina Judicial a partir del 13 de enero del 2021 […]», sino que, hasta esa fecha, aún en este caso, no se había proferido auto de apertura de investigación disciplinaria o citación de audiencia, ni tampoco inició apertura de indagación preliminar.

Establece que hay que tener en cuenta que la conducta objeto de investigación, se mantuvo en el tiempo desde 2018 hasta julio de 2021, «siendo que para esta época ya no me era posible investigar y juzgar a la citada empleada por no ser el Juez natural».

Reitera que no puede pasarse por alto el hecho que la presunta conducta disciplinable también fue ejecutada para el momento en que la Comisión de Disciplina Judicial ya tenía la competencia para disciplinar a los empleados judiciales.

Por tales motivos, solicita que se declare competente a la comisión, para resolver el asunto disciplinario.

c. Corte Constitucional

Mediante Auto del 31 de marzo de 2023, la Consejera Ponente ordenó comunicar a la Corte Constitucional la existencia del presente conflicto de competencias, para que, si era el caso, presentara sus alegatos. En respuesta, la Corte dijo lo siguiente:

La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que no es competente para resolver el asunto de la referencia, puesto que no se trata de un conflicto de jurisdicciones, en los términos anteriormente señalados. Por el contrario, se advierte que en realidad se

La Sala Plena de la Corte Constitucional considera que no es competente para resolver el asunto de la referencia, puesto que no se trata de un conflicto de jurisdicciones, en los términos anteriormente señalados. Por el contrario, se advierte que en realidad se trata de un conflicto de competencias entre una autoridad judicial, como lo es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, y una autoridad que, si bien es orgánicamente judicial, en este caso ejerce una funció n administrativa: el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga.

[…] la Corte Constitucional ha acogido la postura de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en su momento consideró que “la aplicación de un criterio

5 Documento «15_110010306000202300068001ALEGATOSDECON20230309160548».Radicación 11001030600020230006800 Página 5 de 24

estrictamente orgánico permite considerar que, a falta de restricción constitucional explícita en el artículo 237 de la Carta Política para que el Consejo de Estado dirima conflictos de competencia de naturaleza administrativa, será su Sala de Consulta y Servicio Civil la autoridad llamada a dirimir este tipo de colisión de competencias donde hay, por lo menos, una autoridad administrativa que se declara incompetente para ejercer sus funciones administrativas.”

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20196, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencios o Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

(Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de los conflictos de competencia administrativa

6 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 11001030600020230006800 Página 6 de 24

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuya s «reglas generales»7 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 20218, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren

autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

7 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».

establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 8 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma e l Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230006800 Página 7 de 24

En este caso, t anto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander como Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga negaron tener la competencia para conocer de la queja disciplinaria cont ra Elizabeth Ávila Gómez, quien se desempeñó como secretaria de ese juzgado.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, ambas autoridades en conflicto son del orden nacional: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de Santander y el Juzgado Tercero Penal de Adolescentes de Bucaramanga, autoridad territorialmente desconcentrada e integrante de la Jurisdicción Ordinaria de la Rama Judicial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata resolver la competencia para conocer del proceso disciplinario que se adelanta en contra

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata resolver la competencia para conocer del proceso disciplinario que se adelanta en contra de la señora Elizabeth Ávila Gómez, secretaria del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga, por la tardía remisión a la Corte Constitucional, de l fallo de la acción de tutela 2018-00035.

Sobre la naturaleza del asunto, se observa que el conflicto negativo de competencias involucra a una autoridad que ejerce función administrativa (Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento para la Responsabilidad Penal de Adolescentes de Bucaramanga ) y a otra que ejerce función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander), en el marco de unas diligencias disciplinarias iniciadas en contra de una empleada judicial. Al respecto, es importante precisar lo siguiente:

• La Sala ha manifestado que la función disciplinaria qu e ejerce un juez sobre sus subalternos ─empleados judiciales─, es una función de naturaleza administrativa 9, razón por la cual los actos definitivos que se dicten para concluir la respectiva actuación son demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

• Por su parte, también ha dicho que, la función disciplinaria que ejerce la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de sus seccionales, sobre los funcionarios y

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión de agosto 13 de 2013. Rad. 110010306000201300020700. «Finalmente, el alto tribunal aclaró que si bien la función disciplinaria del

9 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión de agosto 13 de 2013. Rad. 110010306000201300020700. «Finalmente, el alto tribunal aclaró que si bien la función disciplinaria del juez sobre sus subalternos es de naturaleza administrativa y los actos definitivos son demandables ante esta misma jurisdicción, esto no conduce a que el funcionario pierda su condición de juzgador o que tales eventos no puedan ser resueltos por su superior funcional».Radicación 11001030600020230006800 Página 8 de 24

empleados de la Rama Judicial, por expreso mandato constitucional (Art. 257A C.P.), tiene naturaleza jurisdiccional, por lo que sus actos ─que tienen el carácter de sentencias judiciales─, no son demandables ni están sujetos a un pronunciamiento posterior de otra jurisdicción.

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes10:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad compet ente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 11, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 12 que una de las garantías del debido

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 12 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente ca so las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda so bre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al ius puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

10 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 11 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:

11 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

12Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación 11001030600020230006800 Página 9 de 24

Dicho lo anterior, debe mencionarse que la Sala ha considerado13 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer14.

En el mismo sentido, ha señalado que:

competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer14.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible estable cer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Con sulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]15.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que está cumpliendo una función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

13 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200).

junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021.Radicación 11001030600020230006800 Página 10 de 24

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»16.

En consecuencia, el procedimiento consagr ado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión d e los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de comp