CE - 110010306000202300070001AUTOQUERESUELDECLARACO20230712150546

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2023-00070-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisaría Primera de Familia de Soacha

(Cundinamarca) y Comisaría de Familia de la Comuna Siete del barrio Robledo de Medellín (Antioquia) Asunto: Competencia para conocer de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos tramitado en favor de tres menores de edad. Factor territorial

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el presunto conflicto neg ativo de competencias administrativas referido.

I. ANTECEDENTES

1. El 25 de octubre de 2022, la Comisaría de Familia de la Comuna Sesenta, del barrio San Cristóbal de Medellín (Antioquia), remitió una comunicación a la Comisaría de Familia de Soacha (Cundinam arca), de reparto, dentro de la cual dio cuenta de la expedición de un auto interlocutorio por parte del Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de Medellín (Antioquia) en el que se advertía de la presunta am enaza o

expedición de un auto interlocutorio por parte del Juzgado Catorce de Familia de Oralidad de Medellín (Antioquia) en el que se advertía de la presunta am enaza o vulneración de los derechos de los menore s de edad V.M.H.F., L.H.F. y D.C.H.F., residentes en ese municipio, con ocasión de hechos de violencia intrafamiliar generados entre sus padres.

2. El 26 de octubre de 2022, la Comisaría Primera de Familia de Soacha emitió un auto de trámite en el que ordenó a su equipo técnico interdisciplinario la verificación

de la garantía de los derechos de los niños V.M.H.F., L.H.F. y D.C.H.F.

3. El 2 de noviembre de 2022, la Comisaría Primera de Familia de Soacha dictó un auto de apertura de la investigación, dentro del Proceso Administrativo de

1 Ley 1431 de 2011, « Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo» 2 Ley 2080 de 2021, « Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimien to Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 2 de 26

Restablecimiento de Derechos (en adelante PARD) radicado con el núm. 2269, adelantado en favor de los niños V.M.H.F., L.H.F. y D.C.H.F.

4. En esa misma providencia decidió adoptar como medida provisional de restablecimiento de los derechos del menor de edad L.H.F., su ubicación en medio

adelantado en favor de los niños V.M.H.F., L.H.F. y D.C.H.F.

4. En esa misma providencia decidió adoptar como medida provisional de restablecimiento de los derechos del menor de edad L.H.F., su ubicación en medio institucional, para el caso, el Hogar de Paso San José, ubicado en el municipio de

Soacha.

Frente a la niña D.C.H.F se ordenó «realizar rescate sustentado en el reporte del área psicosocial donde se recomienda “(..) se sugiere que se realizan [sic] las actuaciones que por ley den lugar para lograr sus [sic] ubicación y realizar valoración por el área de psicología, con el fín de verificar la garantía de sus derechos […]».

Respecto del niño V. M.H.F. «(..) se sugiere realizar despacho comisorio a su actual lugar de residencia en la ciudad de Medellín, (…) donde reside en compañía de su progenitor, con el fin de verificar su estado actual de derechos, lo anterior sustentado en el informe del área psicosocial».

5. El 22 de noviembre de 2022, el menor de edad L.H.F. ingresó al Centro Amigoniano San Francisco de As ís, ubicado en la finca el Triangulo, vereda Santa Ana, del municipio de Sasaima (Cundinamarca), teniendo en cuenta que el Hogar San José es un centro de carácter transitorio.

6. El 22 de diciembre de 2022, la Comisaría Primera de Familia de Soacha tomó las

siguientes decisiones:

PRIMERO: MODIFICAR la medida de restablecimiento de derechos otorgada al NNA [L.H.F] […], consistente en la ubicación inmediata de la [sic] NNA en HOGAR

siguientes decisiones:

PRIMERO: MODIFICAR la medida de restablecimiento de derechos otorgada al NNA [L.H.F] […], consistente en la ubicación inmediata de la [sic] NNA en HOGAR DE PASO, ordenando la ubicación de la […] NNA [L.H.F.] […] EDAD 13 AÑOS, en medio familiar de […] extenso paterno con el abuelo el señor [E.H.V.].

SEGUNDO: Establecer como medida de restablecimiento de derechos a prevención

la ubicación de los NNA [V.M.H.F.] […] DE EDAD 15 A ÑOS y [D.C.H.F.] […] EDAD 10 AÑOS, en medio familiar extenso en cabeza de su abuelo paterno el señor [E.H.], quien deberá garantizar los derechos de los NNA.

TERCERO: OFICIAR a la institución Centro Amigo niano San Francisco de Asís el egreso del NNA [L.H.F.] […] EDAD 13 AÑOS de 15 años [sic], con el fin de realizar reubicación en medio familiar extenso paterno con el abuelo señor [E.H.V.].

[…]

QUINTO: TRASLADAR el Proceso Administrativo de Restablecimie nto de Derechos a la Comisaria de Familia de Medellín (Antioquia) a quien corresponda por factor territorial de ubicación de los NNA [V.M.H.F] […] DE EDAD 15 AÑOS [L.H.F] […]

EDAD 13 AÑOS Y [D.C.H.F.] […] EDAD 10, los cuales fueron ubicados en medioRadicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 3 de 26

familiar extenso paterno – abuelo, en la dirección […] Medellín (Antioquia) . de conformidad al ARTICULO 97 de la Ley 1098 de 2006, que estipula:” COMPETENCIA TERRITORIAL. Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente ; pero cuando se encuentre fuera del país, será competente la autoridad del lugar en donde haya tenido su última residencia dentro del territorio nacional. [Nombres sustituidos por iniciales]

7. El 23 de diciembre de 2022, a través de correo electrónico, se trasladó el PARD a la Comisaría de Familia de Medellín, con jurisdicción en el lugar de residencia de los menores de edad, en cumplimiento de lo establecido en el numeral quinto de la providencia citada.

8. Sin embargo, mediante Auto del 8 de febrero de 202 3, el comisario de familia de la Comuna Siete del barrio Robledo de Medellín, a quien correspondió el asunto, propuso conflicto negativo de competencias y, en consecuencia, devolvió a la Comisaría Primera de Familia de Soacha las actuaciones adelantadas en el PARD núm. 2269, pues, en su criterio, a la primera autoridad administrativa que conoció del mismo le corresponde tramitarlo hasta su culminación.

9. Entonces, el 8 de marzo de 2023, el Comisario Primero de Familia de Soacha remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, para lo de su competencia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado

remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil, para lo de su competencia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2º. de la Ley 2080 de 2021, el 1º. de marzo de 2023, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 0663, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Comisaría de Familia de la Comuna Siete - barrio Robledo de Medellín, a la Comisaría de Familia Primera de Soacha, a la Comisaría de Familia Sesenta de San Crist óbal de Medellín , a la Comisaría de Familia de la Comuna Setenta de Altavista de Medellín 4, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los señores K.D.F.O. y C.E.H.C., madre y padre de los menores de edad, y al señor E.H.A., abuelo paterno de los menores de edad5.

Dentro del término de fijación del edicto, el Comisario Primero de Familia de Soacha y el señor C.E.H.C., padre de los menores de edad, presentaron consideraciones

3 SAMAI, expediente digital, archivo 8. 4 A las Comisarías de Familia Sexta de San Crist óbal y de la Comuna Setenta de Altavista , ambas de Medellín (Antioquia), se les solicitó realizar estudios socio -familiares al padre y abuelo paterno de los menores de edad.

4 A las Comisarías de Familia Sexta de San Crist óbal y de la Comuna Setenta de Altavista , ambas de Medellín (Antioquia), se les solicitó realizar estudios socio -familiares al padre y abuelo paterno de los menores de edad. 5 SAMAI, expediente digital, archivo 9.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 4 de 26

respecto del conflicto de la referencia. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

3.1. Comisaría de Familia Comuna Siete - barrio Robledo, Medellín (Antioquia)

Esta autoridad no presentó alegatos de conclusión. Sin embargo, de los documentos que se allegaron al expediente puede concluirse que rechaza la competencia y es posible extraer los argumentos que sustentan su posición. En el Auto núm. 123, del 8 de febrero de 2023, precisó que «de conformidad con el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, el cambio de domicilio del menor o los menores de edad durante el proceso no implica cambio de competencia territorial de la autoridad administrativa, en virtud del principio de perpetuatio iurisdictionis».

En su criterio, la Comisar ía Primera de Familia de Soacha puede hacer uso de la comisión para la pr áctica de pruebas y diligencias por fuera de su sede territorial o usar los medios tecnológicos y virtuales.

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el par ágrafo 3° del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y el numeral 16 del artículo 21 del Código General del Proceso6.

Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el par ágrafo 3° del artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y el numeral 16 del artículo 21 del Código General del Proceso6.

3.2. Comisaría Primera de Familia de Soacha (Cundinamarca)

En los alegatos de conclusión presentado s el 6 de marzo de 2023, esta comisaría explicó las razones por las cuales rechaza la competencia , para continuar con el trámite del PARD radicado con el núm. 2269.

Señaló que los menores de edad , en favor de los cuales de adelanta el proceso , actualmente, están ubicados en la ciudad de Medel lín, en la jurisdicción territorial de la Comisaría de Familia de la Com una Siete, del barrio Robledo, autoridad que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia vigentes , «debe brindar todas las garantías sustanciales y procesales para llevar hasta su culmi nación el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos a favor de los NNAs del asunto».

6 ARTÍCULO 21. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE FAMILIA EN ÚNICA INSTANCIA. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […] 16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía. […]Radicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 5 de 26

Al efecto, citó normas como los artículos 97 de la Ley 1098 de 2006, y 20 de la Ley 2126 de 2021.

Al efecto, citó normas como los artículos 97 de la Ley 1098 de 2006, y 20 de la Ley 2126 de 2021.

3.3 C. E. H. C. padre de los menores de edad

En calidad de tercero interesado, el señor C. E.H.C., el 6 de marzo de 2023, presentó escrito con alg unas consideraciones respecto del PARD al que se dio inicio en favor de sus hijos.

Al efecto, dejó en claro que no está de acuerdo con que se haya abierto el proceso, pues encuentra que las razones que dieron origen al mismo nunca existieron. No obstante, de continuarse con su trámite, solicita que la competencia le sea asignada a una autoridad administrativa de la ciudad de Medellín, como quiera que sus hijos nacieron allí, se encuentran estudiando y junto a su familia. Caso contrario, considera que se vulnerarían los derechos de los niños a tener una familia, a ser oídos y al debido proceso.

IV. CONSIDERACIONES

4.1 Competencia

4.1.1 Competencia de la Sala de Consulta y Serv icio Civil en materia de conflictos de competencias administrativas

La Ley 1878 de 20187 fue publicada el 9 de enero de 2018, fecha a partir de la cual se entiende que entró a regir, de manera integral, en todo el territorio nacional8.

El artículo 3º de la citada ley modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 al cual adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre las autoridades administrativas en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos serán resueltos por los jueces de familia.

En consecuencia, la Sala estima procedente hacer una revisión previa de las normas legales pertinentes, con base en lo cual determinará, en el caso concreto, si es o no

7 Ley 1878 de 2018 (enero 9), «Por medio de la cual se modifican algunos artículo s de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones ». 8 Por regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el Legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso, determine una fecha di ferente (artículos 52 y 53 Ley 4 de 1913). Si bien la Ley 1878 de 2 018 no contiene norma que indique la fecha de entrada en vigencia, en su artículo 13 estableció unas reglas de transición respecto de las cuales ordena su aplicación «a partir de la expedición de la presente ley ». El análisis hecho por la Sala le permitió concluir que, a pesar de la falta de técnica, debe entenderse como fecha de inicio de su vigencia la fecha de su promulgación , esto es, el 9 de enero de 2018 , cuando fue publicada en el Diario Oficial núm. 50.471, con el fin de aplicar las reglas de transición desde la expedición.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 6 de 26

de su competencia dirimir el conf licto que le ha sido planteado, y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

de su competencia dirimir el conf licto que le ha sido planteado, y fundamentará la decisión que corresponda. La enunciada revisión comprende:

a. Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Proc edimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», y en su capítulo I, de las «reglas generales» 9 prevé en el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, lo siguiente:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del

el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organism os y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo d ecidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

9 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos adm inistrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 7 de 26

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nie guen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular;

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden

competencia para conocer de la actuación administrativa particular;

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que tramitan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) son de conocimiento de la Sala Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

b. La posición de la Sala en relación con el artículo 21 numeral 16 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos:

[…]

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.

[…] [Subraya la Sala].

Al analizar esa disposición, la Sala ha concluido que el Código General del Proceso (CGP) no modificó ni derogó, en forma expresa o tácita, ninguna de las disposiciones señaladas del CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas, pues, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridade s antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales

resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridade s antes mencionadas, esa competencia no resulta opuesta ni incompatible con lo dispuesto para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativos en los artículos 39; 112, numeral 10, y 151, numeral 3º, del CPACA.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el artículo 21, numeral 16, del CGP no implica la pérdida de competencia de la Sala para resolver conflictos de competencias administrativas en materia de familia, se concluye que esta colegiatura y los jueces deRadicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 8 de 26

familia tienen, en este campo, una competencia concurrente y a prevención10.

c. El alcance del artículo 3º (parágrafo 3º) de la Ley 1878 de 2018 frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuacione s administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia

La Ley 1878 de 2018 modificó el libro primero del Código de la Infancia y la Adolescencia. Para establecer la incidencia de tales modificaciones en la función de dirimir los conflictos de competencia administrativa asignada a la Sala de Consulta, es necesario analizar los siguientes dos elementos:

1. El trámite al que se refieren los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006

(modificados por el artículo la Ley 1878 de 2018)

El artículo 3º de la Ley 1878 de 2018 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 para precisar aspectos atinentes al auto de apertura del PARD y a su contenido,

(modificados por el artículo la Ley 1878 de 2018)

El artículo 3º de la Ley 1878 de 2018 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 para precisar aspectos atinentes al auto de apertura del PARD y a su contenido, adicionando tres parágrafos, de los cuales interesa el tercero, conforme el cual:

[…]

Parágrafo 3°. En caso de conflicto de competencia entre autoridades administrativas, el proceso de restablecimiento de derechos deberá ser tramitado a prevención por la primera autoridad que tuvo conocimiento del asunto, hasta tanto el juez de familia resuelva el conflicto.

[…]

En su tenor literal, el parágrafo transcrito parte de la existencia de un conflicto de competencias entre las autoridades administrativas que están llamadas a conocer de los procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos, a partir del momento en que tengan conocimiento de la presunta vulneración o amenaza de los derechos de un niño, niña o adolescente. Estas autoridades son los defensores de familia, los comisarios de familia y los inspectores de policía (artículo 21, numer al 16 del CGP, arriba analizado).

Es así como, respecto de los conflictos de competencia que se presenten entre tales autoridades en la etapa inicial del PARD 11, hay norma especial, 12 en virtud de lo cual, los jueces de familia, son los competentes para resolverlos.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220023400 del 7 de diciembre de 2022, radicación 11001030600020220022200 del 22 de noviembre de 2022, entre otras, entre otras.

10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220023400 del 7 de diciembre de 2022, radicación 11001030600020220022200 del 22 de noviembre de 2022, entre otras, entre otras. 11 El artículo 99 del Código de la Infancia y la Adolescencia regula la «iniciación de la actuación administrativa», cuyo trámite se consagra en este artículo y en el artículo 100 de la misma normativa, por lo que debe entenderse que el parágrafo 3° del artículo 3º de la Ley 1878 cobija a ambos artículos.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 9 de 26

Ahora bien, cuando la autoridad administrativa incumple los términos del proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el Código de la Infancia y la Adolescencia13 dispone, como efecto, la pérdida de competencia y el deber de trasladar el proceso al juez de familia, para que éste, actuando en remplazo de la autoridad administrativa14, avoque conocimiento y defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente, situación que ha de decirse, con la Ley 1878 en su artículo 4° parágrafo 4º quedó calificada como falta gravísima15.

La Sala ha reiterado que, en estos casos, la naturaleza de la función asignada al juez es administrativa y no judicial16.

Entonces, cuando un juez de familia debe remplazar a una de las autoridades administrativas mencionadas (defensores o comisarios de familia, o inspectores de policía) ante la pérdida de competencia en la que una de estas haya incurrido por vencimiento de los términos para el trámite , en el PARD puede presentarse un

administrativas mencionadas (defensores o comisarios de familia, o inspectores de policía) ante la pérdida de competencia en la que una de estas haya incurrido por vencimiento de los términos para el trámite , en el PARD puede presentarse un conflicto de competencias admi nistrativas entre el juez y la correspondiente autoridad administrativa.

Esta precisa hipótesis no está contemplada expresamente en el Código General del Proceso ni en el Código de la Infancia y la Adolescencia, razón por la cual, esta situación queda so metida a la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en especial a las reglas del procedimiento administrativo general (de las que forma parte el artículo 39), y que por mandato de su artículo 2º, inciso final, deben aplicarse cuando no existan procedimientos especiales, o estos presenten vacíos17.

12 El procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos es una actuación administrativa regulada en ley especial - Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006 y sus modificaciones, entre ellas, las dispuestas en la Ley 1878 de 2018 , de modo que, las normas del procedimiento administrativo general estatuido en el CPACA solo se aplican para suplir sus vacíos. 13 Ley 1098 de 2006, con las modificaciones de la Ley 1878 de 2018, artículos 100 y 103. 14 En concordancia, el numeral 4º del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia le atribuye al juez de familia la competencia en única instancia para «resolver sobre el restablecimiento de derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia». A su vez, el artículo 120 del mismo Código otorga competencia al juez civil o promiscuo municipal para conocer de

derechos cuando el defensor o el Comisario de Familia haya perdido competencia». A su vez, el artículo 120 del mismo Código otorga competencia al juez civil o promiscuo municipal para conocer de los asuntos «que la presente ley atribuye al juez de familia, en única instancia en los lugares donde no exista este». 15 L.1878/18, artículo 4º, modificatorio del artículo 99 de la Ley 1098/06, parágrafo 4º: «El incumplimiento de los términos para la tramitación y decisión del proceso administrativo de restablecimiento de derechos por parte de las autoridades administrativas y judiciales será causal de falta gravísima». 16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020220017600 del 22 de septiembre de 2022. Reiterada en la radicación 11001030600020220023600 del 13 de diciembre de 2022, entre otras. 17 Artículo 2º, inciso final: «Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjui cio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00070-00 Página 10 de 26

Por lo tanto, los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces de familia (o los que cumplan sus funciones en aquellos municipios en donde no exista esa categoría de jueces), y las autoridades administrativas en e l marco de los procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos regulados por el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán conocidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con sujeción al trámite establecido en e l artículo

procedimientos administrativos de restablecimiento de derechos regulados por el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán conocidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con sujeción al trámite establecido en e l artículo 39 del CPACA.

Debe resaltarse que, i) expirado el plazo de seis meses ii) sin que se hubiera definido la situación jurídica del menor de edad (inciso 9º y 10º del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006) , las autoridades administrativas no pueden continuar con el PARD , y la autoridad judicial debe entrar a resolver sobre el PARD . Por consiguiente, ante este panorama, en el cual estaría involucrada necesariamente una autoridad judicial, si se presenta un conflicto de competencias, la Sala sería la competente para dirimirlo.

1. Los conflictos de competencia en la etapa de seguimiento y modificación de medidas de protección de que trata el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1878 de 2018 en su artículo 6, y por la Ley 1955 de 2019 en su artículo 208.

Con relación al seguimiento de las medidas de protección que se imponen en favor de los niños, niñas y adolescentes, la Sala debe hacer las siguientes observaciones:

El artículo 96 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que no fue modificado por la Ley 1878 de 2018, dispone: «[e]l seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano d e Bienestar Familiar».

Por su parte, el artículo 6° de la Ley 1878 de 2018 que inicialmente modificó el

restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano d e Bienestar Familiar».

Por su parte, el artículo 6° de la Ley 1878 de 2018 que inicialmente modificó el artículo 103 del Código de Infancia y Adolescencia, y que posteriormente fue a su vez modificado por el artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, introduce tres cambios importantes al mencionado código, en lo relativo al seguimiento de las medidas de protección o restablecimiento:

1. Dispone que la actividad de seguimiento debe concluir con una decisión que resuelva, de manera definitiva y de fondo, la situaci ón j