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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera Ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00074-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de

Instrucción de Tunja y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de una auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 21 de mayo de 2018, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá recibió queja presentada por el señor Cipriano Suárez Molina, para que se investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir el señor Jorge Alberto Robles Camargo, auxiliar de la justicia (secuestre) dentro del proceso ejecutivo radicado número 2013 -115 adelantado ante el Juzgado

Primero Civil del Circuito de Tunja.

2. Mediante Auto del 1 ° de junio de 2018 , la Sala Disciplinaria del Consejo

del proceso ejecutivo radicado número 2013 -115 adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja.

2. Mediante Auto del 1 ° de junio de 2018 , la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, ordenó la apertura de indagación preliminar3 en contra del señor Jorge Alberto Robles Camargo.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 La información que se señala en este acápit e reposa en el expediente del conflicto núm ero 11001030600020230007400 en SAMAI. expediente digital. 3 Hoy indagación previa, de acuerdo con, el artículo 208 de la Ley 2094 de 2021 «Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones».3. A través de Auto del 13 de julio de 2022 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá , remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, al considerar que esa autoridad era la competente para conocer del asunto.

4. Mediante Auto del 16 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja declaró no ser competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria, y remitió el asunto a la Personería Municipal de Tunja, al considerar que, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, los personeros municipales también están facultados para investigar y juzgar a los particulares disciplinables.

al considerar que, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, los personeros municipales también están facultados para investigar y juzgar a los particulares disciplinables.

5. El 10 de febrero de 2023, mediante auto, la Personería Municipal de Tunja determinó promover conflicto negativo de competencias entre esa autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; y e l 15 de febrero de 2023 remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para efectos de dirimir el conflicto negativo de competencias.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 , modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto4.

Obra constancia secretarial del 9 de marzo de 20235, en el sentido de que se informó del presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Personería Municipal de Tunja, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, y al señor Jorge Alberto Robles Camargo.

En informe secretarial del 21 de marzo de 2023, consta que solo la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentaron

Boyacá, y al señor Jorge Alberto Robles Camargo.

En informe secretarial del 21 de marzo de 2023, consta que solo la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentaron alegatos, mientras que las demás partes involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 31 de marzo de 2023, se ordenó por la Secretaría de la Sala comunicar al señor Cipriano Suárez Molina, a fin de que, si lo estimaba pertinente, presentara alegatos o consideraciones en su condición de quejoso. En posterior informe secretarial del 25 de abril de 2023, consta que guardó silencio.

4 Fijación por edicto núm. 69, documento por edicto_07edicto(pdf), expediente digital. 5 Documento ed_9informecomunicac(.pdf), expediente digital.III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES6

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

No presentó consideraciones, por lo que se toman los argumentos expuestos en el Auto del 13 de julio de 2022 , mediante el cual remitió el asunto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja.

En el mencionado proveído, manifestó que, en principio correspondía a esa comisión adelantar el proceso disciplinario en contra del auxiliar de la justicia Jorge Alberto Robles Camargo; pero que, dicha competencia fue modificada en virtud de lo dispuesto por los artículos 2°, 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019 que entró en vigor el 29 de marzo de 2022, y según la cual, se incluyó a los auxiliares de la justicia en

lo dispuesto por los artículos 2°, 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019 que entró en vigor el 29 de marzo de 2022, y según la cual, se incluyó a los auxiliares de la justicia en el ré gimen de los particulares disciplinables concentrando la competencia en la Procuraduría General de la Nación.

Agrego que, dado que en el caso objeto de estudio no existe pliego de cargos, debe aplicarse lo dispuesto en el nuevo Código General Disciplinario, como consecuencia de lo cual, el asunto es de competencia de la Procuraduría Provincial de Instrucción deTunja.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Mediante escrito del 10 de marzo de 2023 señaló que, el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, establece la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales para ejercer la acción disciplinaria, entre otros, en contra de los particulares.

Adicionalmente, indicó que la potestad general disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, le permite, por el poder preferente, asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario.

En cuanto a la personería municipal, manifestó que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 la faculta para adelantar procesos disciplinarios contra particulares.

Por lo anterior, sostuvo que, en ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación, puede remitir el trámite a la personería municipal, para que allí se asuma el conocimiento de presuntas infraccione s al régimen disciplinario, realizadas por particulares, en el municipio de Tunja.

3. Personería Municipal de Tunja

asuma el conocimiento de presuntas infraccione s al régimen disciplinario, realizadas por particulares, en el municipio de Tunja.

3. Personería Municipal de Tunja

6 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 11001030600020230007400 en SAMAI. expediente digital.La Personería Municipal de Tunja allegó a la Sala, documento con fecha 13 de marzo de 2023, en el cual sustentó su falta de competencia para conocer del asunto.

En este escrito manifestó que, conforme lo previsto en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, las funciones disciplinarias asignadas a las personerías están referidas a que éstas puedan investigar y sancionar a funcionarios públicos que tengan una vinculación directa con la Administración de la entidad territorial.

De conformidad con lo anterior, señaló que no es competente para investigar al señor Jorge Alberto Robles Camargo, en su condición de auxiliar de la justicia, pues su actuar no se encuentra relacionado con la Administración municipal. En su lugar, indicó que la mencionada competencia recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, según lo dispuesto en el nuevo Código General Disciplinario.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

Reiteración7

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regu lan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99 . Conflicto de competencias. El funcionario que se considere

por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99 . Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto ; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover confli cto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, no tienen un superior común.

7 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306-000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con

radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán, entre otras.Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocer á la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocer á la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la S ala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Tanto la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá negaron tener lacompetencia para conocer del proces o disciplinario en contra del auxiliar de la justicia Jorge Alberto Robles Camargo. ii) Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un sólo tribunal administrativo. En el presente caso, existen tres autoridades en conflicto, de las cuales, dos son del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría

sometidas a la jurisdicción de un sólo tribunal administrativo. En el presente caso, existen tres autoridades en conflicto, de las cuales, dos son del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; y una es del orden territorial: la Personería Municipal de Tunja.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata resolver la competencia para conocer del proceso disciplinario que se adelanta en contra del señor Juan Carlos Peña Cepeda, en su condición de perito dentro de la acción popular número 15001 -33-33-007-2016-00029-00 que se adelanta ba en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá), y las otras que, en el mismo evento, ejercería n funciones administrativas 8 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja) y (Personería Municipal de Tunja).

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes9:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre

administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes9:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en

8 Al respecto se debe precisar que la Ley 2094 de 2021, en su artículo 1°, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y replicó dicha función en los artículos 54, 73 y 74 (que modificaron los artículos 2°, 238 Aª, 265 de la Ley 1952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30-23 declaró inexequible las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación que le había dado la referida norma (artículos 1, 54, 73 y 74), decisión que fue dada a conocer por medio del Comunicado 04 de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2023 . Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos adelantados en contra de quienes desempeñen funciones públicas con fundamento de sus funciones administrativas y no jurisdiccionales. 9 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 10, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la

artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala,11 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucio nal y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los ar tículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado12 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto,

mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir

10 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

11Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 12 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros.primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la

de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros.primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer13.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establec er, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]14.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto éste corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que cumple función administrativa, y otra qu e cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»15 .

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio so Administrativo para el examen y

señalados en el artículo 14 se suspenderán»15 .

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencio so Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021. 15 15La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala

a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como la s pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consi deración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Problema jurídico y síntesis del conflicto

En el presente asunto, corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario adelantado en contra del señor Jorge Alberto Robles Camargo , auxiliar de la justicia en el proceso judicial número 2013-115 surtido ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, consideró no ser competente para conocer del asunto. Manifestó que, con la entrada en vigencia del

surtido ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, consideró no ser competente para conocer del asunto. Manifestó que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, la competencia para investigar y sancionar las actuaciones del señor Jorge Alberto Robles Camargo, en su condición de auxiliar de la justicia recae en la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja consideró que el proceso disciplinario adelantado en contra del señor Jorge Alberto Robles Camargo, es un asunto que puede ser asumido por la Personería Municipal de Tunja, autoridad que, en oposición, manifestó que su competencia para adelantar procesos disciplinarios se restringe frente a servidores públicos o particulares que presten servicios en la Administración municipal, no siendo el caso del señor Robles Camargo.Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a : i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) La naturaleza de la función de los auxiliares de justicia; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y d e sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 ; vi) Competencia de las personer ías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares

orden constitucional; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 ; vi) Competencia de las personer ías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables. vii) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable. viii) El caso concreto.

6. Análisis del conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración 16

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temp oral. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y efici encia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particula res que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que

quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley di sciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación 2021-025, entre otras.del Estado en relación