CE - 110010306000202300075001AUTOQUERESUEL20230823090708

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Personería Municipal de Tunja, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y Procuraduría Provincial de Tunja Asunto: Autoridad competente para conocer y tramitar una queja disciplinaria en contra de auxiliares de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja designó a los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas, como peritos dentro del medio de control de reparación directa número 15001333100220100068-00.

2. El 3 de febrero de 2016, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja relevó del cargo a los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas.

3. El 5 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja remitió copias

cargo a los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas.

3. El 5 de julio de 2017, el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Tunja remitió copias del expediente al Consejo Seccional de la Judicatura para que investigara las presuntas faltas disciplinarias en que pudieron incurrir l os señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas, quienes no comparecieron ante el despacho judicial para manifestar su aceptación al cargo de peritos para el que fueron designados dentro del medio de control de reparación directa número 15001333100220100068-00.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 2 de 24

4. El 31 de julio de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Boyacá y Casanare, hoy Comisión Seccional d e Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, dio apertura a la indagación preliminar en contra de los implicados y dispuso la práctica de pruebas con el objeto de establecer si la conducta era constitutiva de falta disciplinaria, si se configuró una causal de exclusión de responsabilidad y obtener la plena identificación e individualización de los presuntos autores.2

5. El 13 de julio de 2022 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare profirió auto de remisión por competencia a la Procuraduría General de la

plena identificación e individualización de los presuntos autores.2

5. El 13 de julio de 2022 , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare profirió auto de remisión por competencia a la Procuraduría General de la Nación, con fundamento en que los auxiliares de la justicia , según lo dispuesto por los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, son particulares en ejercicio de funciones públicas3.

6. El 16 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja ordenó remitir por competencia a la Personería Municipal de Tunja el proceso, en razón del poder preferente para su remisión4.

7. El 7 de febrero de 2023, la Personería Municipal de Tunja planteó ante la Sala de Consulta y Servicio Civil el presunto conflicto de competencias administrativas entre esa autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare para se determine la autoridad competente para conocer de la actuación disciplinaria en contra de los auxiliares de la justicia, «por tratarse de un particular, vinculado con una Entidad perteneciente a la Rama Judicial y no al Municipio de Tunja»5.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 3 de marzo de 2023, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.6

Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.6

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Personería Municipal de Tunja; a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja; a la Comi sión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, a la Procuraduría General de la

2 Carpeta de anexos, expediente digital SAMAI. 3 El proceso fue remitido a la Procuraduría Provincial de Tunja a través de oficio núm. CSJBSD-201700637 TVOB-AJ el 31 de agosto de 2022. 4 Se remitió a través de oficio 2710 del 17 de noviembre de 2022 y recibido el 25 de noviembre de 2022. 5 Remitido a la Secretaría de la Sala el 15 de febrero de 2023. 6 Fijación por edicto núm. 70 del expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 3 de 24

Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas.7

Según informe secretarial del 21 de marzo de 2023, durante el término de fijación del edicto, presentaron alegatos de conclusión la Personería Mun icipal de Tunja , la Procuraduría provincial de instrucción de Tunja de la Procuraduría General de la Nación. Las demás autoridades y los particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 23 de marzo de 2023, se ordenó notificar al Juzgado que designó a

Las demás autoridades y los particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 23 de marzo de 2023, se ordenó notificar al Juzgado que designó a los auxiliares de la justicia para que presentara alegatos si lo considerara, así como se informara la fecha de los hechos o de la queja; asimismo, se le oficio a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, para que inf orme a la Sala la fecha de la queja y de la persona que presentó la queja.

De conformidad con el informe secretarial del 10 de abril de 2023, allegaron información: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare; el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tunja . Las demás autoridades y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES 1.Personería Municipal de Tunja

En escrito del 27 de marzo de 2023, la Personería Municipal de Tunja sustentó su falta de competencia para conocer del asunto en los siguientes argumentos:

Teniendo en cuenta el factor relativo a la calidad del sujeto disciplinable, advirtió que, dentro del régimen interno de competencias de la Procuraduría General de la Nación, el literal j ) del numeral 1 º del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021, establece la competencia de las Procuradurías Provinciales de Instrucción para conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

Por otra parte, indicó que de acuerdo con el numeral 4º del artículo 178 de la Ley 136 de

archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

Por otra parte, indicó que de acuerdo con el numeral 4º del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, que define las funciones que deben ser cumplidas por los personeros, la competencia disciplinaria de las personerías está circunscrita a los particulares que cumplen funciones públicas para las entidades y órganos que ejercen la bores propiamente ejecutivas en el marco de la jurisdicción territorial municipal, verbigracia, el Concejo, Contraloría, Personería, Alcaldía o sus entidades descentralizadas; más no

i Informe secretaria del expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 4 de 24

respecto de los colaboradores al servicio de otras entidades de las demás ramas del poder público, como la Rama Judicial. En este sentido, destacó que los sujetos disciplinables en el caso objeto de análisis no ostentan la calidad de servidor es públicos municipales, ni tuv ieron ninguna relación directa o indirecta con la Admini stración Municipal, o con alguna de las Entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Municipio de Tunja, ya que no prestaba n sus servicios a entidades y órganos de este nivel, es decir, a la administración municipal de Tunja, desde su connotación d e organización político administrativa y no simplemente territorial. Los disciplinados son colaboradores de la administración de justicia, en su calidad de particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo cual deben ser disciplinados por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja conforme lo dispone el literal j ) del

territorial. Los disciplinados son colaboradores de la administración de justicia, en su calidad de particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo cual deben ser disciplinados por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja conforme lo dispone el literal j ) del numeral 1º de artículo 22 del citado Decreto 1851 de 2021; o por la misma Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Mediante escrito del 10 de marzo de 2023, el procurador provincial de instrucción de Tunja presentó alegatos de conclusión y no declaró expresamente su falta de competencia para conocer del presente asunto, pero dicha manifestación se puede deducir de los argumentos expuestos por la Procuraduría para afirmar que la competencia podría recaer en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial o en la Personería municipal de Tunja.

En relación con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sostuvo que el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019 establece la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para ejercer la acción disciplinaria entre otros, en contra de los particulares. Lo anterior, en concordancia con el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021. Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales y que el artículo 50 del referido código dispone que las faltas en las que incurran los auxiliares de la justicia

Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales y que el artículo 50 del referido código dispone que las faltas en las que incurran los auxiliares de la justicia deben ser comunicadas al Consejo Superior de la Judicatura, por ser la autoridad competente para sancionarlos. En cuanto a la competencia de la Personería Municipal de Tunja, argumentó en primer lugar, que si bien la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario, de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y de las personeríasRadicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 5 de 24

distritales y municipales, igual poder radica en las personerías municipales en relación con la administración municipal, esto es, en relación con las investigaciones que la administración local adelante. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1952 de 2019. No obstante, señaló que en el caso específico no se plantea el problema jurídico del poder preferente de estas autoridades, sino la limitac ión o no del poder disciplinario de las personerías frente a los funcionarios de la administración municipal. En relación con este aspecto, recordó que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y

código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Destacó entonces que la norma atribuye competencia a las personerías municipales para adelantar procesos disciplinarios en contra de particulares, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión atribuibles a estos, salvo lo dispuesto en el artículo 76 del código, que se refiere a los Notarios. En consecuencia, la disposición no limita la competencia de las personerías a los sujetos que hagan parte de la administración municipal.

3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 13 de ju lio de 2022 , mediante el cual remitió por competencia el asunto a la

Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja. En el mencionado proveído, la Comisión manifestó que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la cual entró en vigor el 29 de marzo de 2022, la competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra de los señores los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas, para que se investiguen las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir por no comparecer ante el despacho judicial para manifestar su aceptación al cargo de perito para el que fueron designados dentro del medio de control de reparación di recta número

investiguen las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir por no comparecer ante el despacho judicial para manifestar su aceptación al cargo de perito para el que fueron designados dentro del medio de control de reparación di recta número 15001333100220100068-00, es de la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con las citadas disposiciones, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, razón por la cual la Ley 1952 de 2019 los incluyó en el régimen disciplinario de los particulares disciplinables conforme a dicha normativa.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 6 de 24

En este sentido, precisa que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 atribuyó competencia a la Procuraduría General de la Nación para investigar a los particulares disciplinables conforme a este código y, por ende, derogó tácitamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que otorgaba competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los auxiliares de la justicia al Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente

de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. Esta norma es pertinente para el trámite de este conflicto de competencias, porque a la fecha no se ha iniciado proceso disciplinario en contra de los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas . En esa medi da, el asunto debe someterse al procedimiento contenido en el nuevo Código General Disciplinario. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y la Procuraduría Provincial de Tunja no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio CivilRadicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 7 de 24

un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio CivilRadicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 7 de 24

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»8 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del

artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

La Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare han negado su competencia para conocer y tramitar la queja disciplinaria presentada en contra de los

8 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, s in perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 8 de 24

especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 8 de 24

señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas , en su calidad de auxiliares de justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se ven involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Provincial de Instrucción de Tunja y , la Comisión Nacional de disciplina Judicial a través de su Seccional de Tunja. Adicionalmente, hace parte del conflicto de competencias la Personería Municipal de Tunja, autoridad del orden territorial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para conocer y continuar la investigación disciplinaria en contra de los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas , en su condición de auxiliares de la justicia. Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que la posición mayoritaria de la Sala en recientes decisiones 9 ha sido la de considerar que el asunto es de naturaleza administrativa cuando al menos una de las autoridades en conflicto ejerce funciones administrativas. En ese sentido, en el presente caso se tiene que el asunto es de naturaleza

considerar que el asunto es de naturaleza administrativa cuando al menos una de las autoridades en conflicto ejerce funciones administrativas. En ese sentido, en el presente caso se tiene que el asunto es de naturaleza administrativa en tanto que la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, ejercen funciones administrativas; mientras que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, ejerce funciones jurisdiccionales. Al respecto, es importante precisar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la L ey 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-2310, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las f unciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

9 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 7 de diciembre de 2022. Rad. 1100103-06-000-2022-00233-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 14 de junio de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00004-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 2 de junio de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00026-00. 10 La sentencia no está publicada y solo se conoce el comunicado de prensa.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 9 de 24

Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y d ecidido por la Sala.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»11.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Consti tución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que ef ectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

11 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00075-00 Página 10 de 24

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer del proceso dis ciplinario adelantado en contra de l os señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas , en su condición de auxiliar es de la justicia, quienes no comparecieron ante el despacho judicial para manifestar su aceptación al cargo de peritos para el que fueron designados dentro del medio de control de reparación directa

Felipe Alberto Brijaldo Vargas , en su condición de auxiliar es de la justicia, quienes no comparecieron ante el despacho judicial para manifestar su aceptación al cargo de peritos para el que fueron designados dentro del medio de control de reparación directa número 15001333100220100068-00.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el referido proceso disciplinario fue abierto y adelantado hasta la etapa de indagación preliminar por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare; la cual se transformó en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá el 13 de enero de 2021.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, en Auto del 13 de julio de 2022, manifestó que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, perdió competencia para «[…] evaluar la investigación disciplinaria y tomar la determinación correspondiente». Lo anterior por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, dicha competencia recae en la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, en un primer momento, consideró que el proceso disciplinario adelantado en contra de los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas era un asunto que podía ser asumido por la Personería Municipal de Boyacá. Posteriormente, en los alegatos presentados ante esta Sala, indicó que la competencia para su investigación y juzgamiento recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, de conformidad con el

Personería Municipal de Boyacá. Posteriormente, en los alegatos presentados ante esta Sala, indicó que la competencia para su investigación y juzgamiento recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019.

Al respecto, la Personería Municipal de Tunja ha manifestado que su competencia para adelantar procesos disciplinarios se restringe a servidores públicos o particulares que presten servicios en la administración Municipal. Lo cual no acontece en el caso de los señores Patricia Edyy Velasco y Felipe Alberto Brijaldo Vargas , debido a que son investigados por no aceptar su cargo como peritos designados por un despacho judicial.

Para resolver el proble