CE - 110010306000202300076001AUTOQUERESUELDEFINECON20230803121102

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de 2023

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00076-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias.

Partes: Procuraduría Provincial de Tunja, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Personería

Municipal de Tunja.

Asunto: Autoridad competente para conocer y tramitar una queja disciplinaria en contra de auxiliares de la justicia

I. ANTECEDENTES

1. El 12 de junio de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, recibió copias del Juzgado Primero Administrativo de Tunja en las que se advirtió una posible cond ucta con connotaciones disciplinarias en las que habría incurrido el señor Hermes Hernando Coronel Vásquez, en su condición de auxiliar de la justicia, por no asistir dentro de la oportunidad señalada a manifestar su aceptación del cargo de perito para el que fue designado dentro del medio de control de reparación directa núm. 2010-0174.

2. El 19 de junio de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, abrió Indagación preliminar , en el asunto objeto de estudio, asignándole el

la Judicatura de Boyacá y Casanare, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, abrió Indagación preliminar , en el asunto objeto de estudio, asignándole el radicado núm. 15000110200020170051300

3. Mediante Auto del 13 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá declaró su falta de competencia para conocer de la investigación disciplinaria de la referencia y remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Tunja, por considerar que el asunto era de competencia de ese órgano de control por factor territorial.

4.El 16 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja declaró que, de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, los personerosRadicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 2 de 26

municipales también cuentan con competencia para investigar y juzgar a los particulares disciplinables. Por lo anterior, ordenó el envío a la Personería Municipal de Tunja, con el fin de que asumiera la competencia disciplinaria preferente.

5. Mediante Auto del 25 de enero de 2023, la Personería Municipal de Tunja manifestó que no era la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario , en razón al factor funcional de que trata el literal j del numeral 1° del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021.

6. El 6 de febrero de 2023, la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa de Tunja solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre dicha autoridad, la Comisión Seccional

6. El 6 de febrero de 2023, la Personería Delegada para la Vigilancia Administrativa de Tunja solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil dirimir el conflicto de competencias administrativas suscitado entre dicha autoridad, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Procuraduría Provincial de Tunja.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 ° de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco días, contados desde el 13 hasta el 17 de marzo de 2023. Lo anterior con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 21 de marzo de 2023, que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Estado 1, en el sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados.

Según informe secretarial del 10 de marzo de 2023, se efectuó el trámite previsto en el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, dentro del cual se informó

interesados.

Según informe secretarial del 10 de marzo de 2023, se efectuó el trámite previsto en el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, dentro del cual se informó sobre el conflicto planteado a la Personería Municipal de Tunja, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y al señor Hermes Hernando Coronel Vásquez

1 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 3 de 26

Adicionalmente, el referido informe secretarial señaló que, dentro del término de fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja presentaron ante la Sala sus respectivas consideraciones.

Mediante Auto del 18 de mayo de 2023, se vinculó al Juzgado Primero Administrativo de Tunja con el fin de informarle sobre la existencia del conflicto de competencias.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, sus argumentos pueden ser extraídos del Auto del 13 de julio de 2022, mediante el cual remitió el asunto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja.

En el mencionado proveído, manifestó que en principio le correspondía a esa comisión continuar con el proceso disciplinario adelantado en contra del auxiliar de la Justicia señor Hermes Hernando Coronel Vásquez ; sin embargo, indicó que dicha competencia fue modificada en virtud de lo dispuesto por los artículos 2 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la cual , entró en vigencia el 29 de marzo de 2022. En ese sentido sostuvo:

Dicho cambio normativo transformó tanto la parte sustancial como procedimental de la Ley 734 de 2002, debiendo aplicarse la nueva legislación en todos aquellos procesos que no contaran con providencias de pliego de cargos notificados o donde no se hubiese instalado la audiencia de procesos verbal.

En la parte sustancia, claramente se incluyó a los auxiliares de la justicia en el régimen de los particulares descrito por el artículo 70 y ss , y a su vez, el artículo 92 derogó de tácitamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, para concentrar la competencia de investigarlos en la Procuraduría general de la Nación […].

Con fundamento en lo anterior, concluyó que, dado que en el caso bajo es tudio no existe pliego de cargos, debe aplicarse lo dispuesto en el nuevo Código General

competencia de investigarlos en la Procuraduría general de la Nación […].

Con fundamento en lo anterior, concluyó que, dado que en el caso bajo es tudio no existe pliego de cargos, debe aplicarse lo dispuesto en el nuevo Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y, en consecuencia, se debe remitir el asunto a la Procuraduría Provincial de Tunja por ser de su competencia.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, en escrito del 1 0 de marzo de 2023, Sostuvo que el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019, «[…] establece laRadicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 4 de 26

competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para ejercer la acción disciplinaria entre otros, en contra de los particulares».

Adicionalmente, indicó que «[…] la potestad general disciplinaria radica en la Procuraduría General de la Nación, quien, a través del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario».

En cuanto a la competencia de la personería municipal, señaló que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 la faculta para adelantar «[…] procesos disciplinarios contr a particulares cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión, salvo lo dispuesto por el artículo 76, que refiere a los Notarios, que serán disciplinados por la Superintendencia de Notariado y Registro”. En ese sentido, consideró que” la norma no limita la competencia de las personerías, por la calidad

omisión, salvo lo dispuesto por el artículo 76, que refiere a los Notarios, que serán disciplinados por la Superintendencia de Notariado y Registro”. En ese sentido, consideró que” la norma no limita la competencia de las personerías, por la calidad del sujeto disciplinable, a la administración municipal».

Por lo anterior, sostuvo que, en ejercicio de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación, «[…] puede remi tir a la Personería municipal, para que allí se asuma el conocimiento de presuntas infracciones al régimen disciplinario, realizadas por particulares, en el municipio de Tunja, no limitados a la administración territorial».

Ahora bien, frente a la autoridad que a su consideración debería asumir competencia para adelantar las actuaciones disciplinarias necesarias en contra del señor Hermes Hernando Coronel Vásquez en su condición de auxiliar de la justicia, manifestó lo siguiente:

Finalmente, esta provincial no se opone a la petición de la personería Municipal, en el sentido de que se precise si la competencia para disciplinar a los particulares que están al servicio de la administración de justicia, corresponde a las Comision es Seccionales de Disciplina Judicial como señala el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 de forma exclusiva, y sin perjuicio del poder preferente asignado a este ente de control, y si es posible que esta competencia no le corresponda a la Personería, pese a la inexistencia de vinculo causal con las Entidades del Municipio de Tunja.

3. Personería Municipal de Tunja

Indicó que en materia disciplinaria la competencia se determina a través de la aplicación de los factores consagrados en el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, cuyo texto es el siguiente:

3. Personería Municipal de Tunja

Indicó que en materia disciplinaria la competencia se determina a través de la aplicación de los factores consagrados en el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 91 Factores que Determinan la Competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 5 de 26

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último.

Consideró pertinente citar un fragmento del concepto 165 de 2018 , emitido por la Procuraduría General de la Nación , en el cual se define el factor funcional como determinante en la atribución de competencia . Al respecto el mencionado concepto señala:

“Los factores que definen la competencia son cinco, a saber; subjetivo (calidad o condición especial del sujeto disciplinable: particular, por ejemplo), objetivo (naturaleza, clase o tipo del hecho: contractual, presupuestal. etc.), territorial (lugar o foro de ocurrencia de los hechos ), funcional (naturaleza de la función que se desempeña la autoridad que tiene a su cargo la asunción del proceso) y de conexidad o tracción (conocimiento de un asunto especifico con base en la competencia previamente señalada para otro).”

• Sin perjuicio de la conjugación de los criterios que se apliquen para establecer la competencia, el legislador disciplinario ha consagrado el factor funcional como

previamente señalada para otro).”

• Sin perjuicio de la conjugación de los criterios que se apliquen para establecer la competencia, el legislador disciplinario ha consagrado el factor funcional como determinante de la atribución de competencia sin tener en cuenta otro tipo de consideración; por ende «[e]n los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territoriales y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último».

Respecto de este factor, la doctrina ha dicho que «cuando la ley dispone que un funcionario […] debe conocer de un proceso en determinada oportunidad, en primera instancia, ora en segunda, bien en única instancia, […] está asignando la competencia en virtud del factor funcional y es por eso que todo artículo que señala competencia, acude al mismo [sic]» (Subraya fuera de texto)

Sostuvo que, en el mismo sentido, el artículo 95 de la Ley 1952 de 2019 consagra que los procesos disciplinarios que adelante la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municip ales se tramitarán de conformidad con las competencias establecidas en la ley que determina su estructura y funcionamiento y resoluciones que la desarrollen, con observancia del procedimiento establecido en el Código General Disciplinario.

Afirmó, que, conforme el análisis del artículo 91 de la Ley 1952 de 2019 y atendiendo a que el factor funcional es determinante de la competencia en materia disciplinaria, la competencia para conocer del proceso disciplinario de la referencia , recae en cabeza de la Pro curaduría Provincial de Instrucción de Tunja, en cuanto que, en el literal j del numeral 1º del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021, establece que dentro

la competencia para conocer del proceso disciplinario de la referencia , recae en cabeza de la Pro curaduría Provincial de Instrucción de Tunja, en cuanto que, en el literal j del numeral 1º del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021, establece que dentro de las funciones de esa autoridad del Ministerio Público se encuentra la de conocer de las actuacion es disciplinarias contra los particulares que desempeñen funciones públicas.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 6 de 26

Indicó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, las funciones disciplinarias asignadas a las personerías , se limitan a investigar y sancionar a funcionarios públicos que tengan una vinculación directa con la administración de la respectiva entidad territorial.

Manifestó que el disciplinado es colaborador de la administración de justicia, en su calidad de particular en ejercicio de funciones públicas, por lo cual debe ser disciplinado por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja conforme lo dispone el literal j del numeral 1º de artículo 22 del citado Decreto 1851 de 2021; o por la misma Comisión Seccional de D isciplina Judicial de Boyacá, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una

Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo proc edimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Personería Municipal de Tunja no tienen un superior común.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 7 de 26

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»2 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

2 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 8 de 26

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o rec lamen competencia para conocer de la actuación;

Las tres autoridades involucradas en el presente trámite, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Personería Municipal de Tunja, han negado su competencia para continuar con el proceso disciplinario adelantado en contra del señor Hermes Hernando Coronel Vásquez en su condición de auxiliar de la justicia.

Personería Municipal de Tunja, han negado su competencia para continuar con el proceso disciplinario adelantado en contra del señor Hermes Hernando Coronel Vásquez en su condición de auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Provincial de Instrucción de Tunja y, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Boyacá . Adicionalmente hace parte del conflicto de competencias la Personería Municipal de Tunja, autoridad del orden territorial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para conocer y continuar la investigación disciplinaria en contra del señor Hermes Hernando Coronel Vásquez , en su condición de auxiliar de la justicia.

En el presente caso se tiene que el asunto es de naturaleza administrativa en tanto que la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, ejercen funciones administrativas; mientras que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, ejerce funciones jurisdiccionales.

Al respecto, es importante precisar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones

Disciplina Judicial de Boyacá, ejerce funciones jurisdiccionales.

Al respecto, es importante precisar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-23, decla ró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (La CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandatoRadicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 9 de 26

de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»3.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o

señalados en el artículo 14 se suspenderán»3.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que ef ectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las

Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

3 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 10 de 26

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y Problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer del proceso discipli nario adelantado en contra el señor Hermes Hernando Coronel Vásquez, en su condición de auxiliar de la justicia por no asistir dentro de la oportunidad señalada a manifestar su aceptación del cargo de perito para el que fue designado dentro del medio de control de reparación directa núm. 2010-0174

Lo anterior, teniendo en cuenta que el referido proceso disciplinario fue abierto y adelantado hasta la etapa de indagación preliminar por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare; la cual se transformó en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá el 13 de enero

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare; la cual se transformó en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá el 13 de enero de 2021.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en Auto del 13 de julio de 2022, manifestó que con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, perdió competencia para «[…] evaluar la investigación disciplinaria y tomar la determinación correspondiente». Lo anterior por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, dicha competencia recae en la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, en un primer momento, consideró que el p roceso disciplinario adelantado en contra del señor Hermes Hernando Coronel Vásquez, era un asunto que podía ser asumido por la Personería Municipal de Tunja. Posteriormente, en los alegatos presentados ante esta Sala, indicó que la competencia para su inv estigación y juzgamiento recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1952 de 2019.

Al respecto, la Personería Municipal de Tunja ha manifestado que su competencia para adelantar procesos disciplinarios se restringe a servidores públicos o particulares que presten servicios en la administración municipal, lo cual, a juicio de esa autoridad, no acontece en el caso d el señor Hermes Hernando Coronel Vásquez, debido a que es investigado por su actuación como perito designado por un despacho judicial.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

no acontece en el caso d el señor Hermes Hernando Coronel Vásquez, debido a que es investigado por su actuación como perito designado por un despacho judicial.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00076 00 Página 11 de 26

1. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a a