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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00086-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 , y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 ° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 22 de abril de 2021, mediante providencia, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja, ordenó remitir copias ante la «Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura - Seccional Boyacá2» (hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá), para que adelantara proceso disciplinario en contra de Carlos Alberto Amézquita Cifuentes, quien fue designado para que tomara posesión como perito en el proceso ordinario laboral con número de radicación 201900019, y, No obstante, aparentemente no acudió a la citación efectuada por ese despacho.

posesión como perito en el proceso ordinario laboral con número de radicación 201900019, y, No obstante, aparentemente no acudió a la citación efectuada por ese despacho.

2. El 11 de junio de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, recibió por reparto el asunto de la referencia.

3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, mediante Auto del 30 de agosto de 2021, ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra de Carlos

Alberto Amézquita Cifuentes.

1 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Si bien en el expediente se habla d e que se ordenó compulsar copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, verificando las fechas de estas actuaciones, las mismas fueron posteriores a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplin a Judicial (13 de enero de 2021).Radicación 11001030600020230008600 Página 2 de 27

4. El 15 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, mediante providencia, remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Tunja, por considerar que esa era la autoridad competente para conocer del asunto.

5. El 16 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja declaró su falta de

considerar que esa era la autoridad competente para conocer del asunto.

5. El 16 de noviembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja declaró su falta de competencia para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria y, remitió el asunto a la Personería Municipal de Tunja.

6. El 15 de febrero de 20 23, la Personería Municipal de Tunja promovió conflicto negativo de competencias entre esa autoridad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; en virtud de lo cual, el 21 de febrero de 202 3 remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del

Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto3 por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Consta que la Secretaría comunicó el presente conflicto a la Personería Municipal de Tunja, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y al disciplinado Carlos Alberto Amézquita Cifuentes.

Según informe secretarial del 21 de marzo de 20234, la Personería Municipal de Tunja

Provincial de Instrucción de Tunja y al disciplinado Carlos Alberto Amézquita Cifuentes.

Según informe secretarial del 21 de marzo de 20234, la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja remitieron escrito de alegatos , mientras que las demás partes involucradas o terceros interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 1 3 de abril de 2023, se ordenó por la secretaría de la Sala comunicar al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja, para que, si lo estimaba pertinente presentara alegatos para el presente asunto, lo anterior debido a que, por su condición de quejoso, esta autoridad puede ser una parte interesada en el asunto. En posterior informe secretarial del 24 de abril de 2023, consta que la autoridad requerida envió información respecto a las actuaciones judiciales adelantadas en el proceso 2019-00019 que se adelantaron en ese despacho judicial.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3 Documento «8_110010306000202300086001POREDICTO20230310114259», por edicto. 4 Documento «13_110010306000202300086001ALDESPACHOPOR20230321113402», al despacho por reparto.Radicación 11001030600020230008600 Página 3 de 27

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

No presentó alegatos de conclusión, por lo que se toman los argumentos expuestos en providencia del 15 de ju lio de 2022, en la que manifestó que la competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Carlos Alberto Amézquita

No presentó alegatos de conclusión, por lo que se toman los argumentos expuestos en providencia del 15 de ju lio de 2022, en la que manifestó que la competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Carlos Alberto Amézquita Cifuentes, en su condición de auxiliar de la justicia recae en la Procuraduría General de la Nación, en virtud de del ar tículo 257ª de la Constitución Política en consonancia con la Ley 1952 de 2019, en sus artículos 70, 91 y 92. En ese sentido sostuvo:

[…] esta magistratura carece de competencia para proseguir el trámite subsiguie nte, pues el órgano competente para discip linar al particular en mención, resulta ser la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada, Procuraduría Provincial de Tunja, se itera, en atención a los preceptos normativos traídos a colación. En consecuencia, se abstendrá la corporación d e proseguir al trámite subsiguiente, esto es, evaluar la etapa de investigación disciplinaria y, en su lugar, se ordenará remitirlas a la citada dependencia judicial, para lo de su competencia.

Finalmente, remitió el asunto a la Procuraduría Provincial de Tunja.

b. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Establece que en virtud del inciso 5 del artículo 2 de la Ley 1952, la competencia para ejercer la acción disciplinaria, en contra de los particulares disciplinables, está en cabeza de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionale s de Disciplina Judicial, disposición que reza así:

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de

de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionale s de Disciplina Judicial, disposición que reza así:

A la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, inclui dos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal permanente.

Por otra parte, indica que, el artículo 92 de la Ley 1952 de 20195, determina competencia a las personerías para adelantar investigaciones disciplinarias, independiente de su manera de vinculación, salvo los notarios. En ese sentido, indica esta autoridad, que la norma no limita la competencia de las personerías por la calidad del sujeto disciplinable.

Sumado a esto, manifiesta que la norma le da la potestad a esta autoridad para hacer remisión del asunto a la Personería Municipal de Tunja, para que, sea esa entidad la

5 (…) El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el Artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión.Radicación 11001030600020230008600 Página 4 de 27

que asuma el conocimiento de faltas disciplinarias que realice n particulares en ese municipio.

Argumenta que, si bien la personería cita la Resolución 456 de 2017, donde se establecen los parámetros para asumir las solicitudes del poder preferente; esta procuraduría alega que no es aplicable al caso específico, pues allí «se asume el

establecen los parámetros para asumir las solicitudes del poder preferente; esta procuraduría alega que no es aplicable al caso específico, pues allí «se asume el conocimiento de un proceso adelantado por una entidad disciplinaria y la misma le da potestad a las personerías para asumir conocimiento o no en virtud de este poder, pues el criterio determinador sí resulta ser “en el supuesto de que ta les asuntos no ameriten su conocimiento directo” ».

Alega que, dicha resolución, establece que ameritan conocimiento directo, según lo dispuesto en su artículo octavo, que dispone:

PROCEDENCIA DEL PODER PREFERENTE. Procede el ejercicio del poder disciplinario preferente por la Procuraduría General de la Nación, para asumir y desplazar en el conocimiento de actuaciones disciplinarias a otras autoridades, de oficio o a petición de cualquier persona, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a. Que el asunto provoque o comprometa un impacto de orden social, económico, político o institucional, o genere connotación especial de la opinión pública, de alcance nacional o territorial.

b. Que se advierta razonadamente que para la garantía de lo s principios que rigen el proceso disciplinario, es procedente que la actuación la adelante directamente la Procuraduría General de la Nación.

c. Que directamente la Procuraduría considere que un determinado caso debe ser asumido para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la Entidad, en virtud de los mandatos constitucionales que le rigen.

Finalmente, r especto la normativa y de lo propuesto por la personería, refieren lo

asumido para garantizar el cumplimiento de los fines esenciales inherentes a la Entidad, en virtud de los mandatos constitucionales que le rigen.

Finalmente, r especto la normativa y de lo propuesto por la personería, refieren lo siguiente: «Así pues, los criterios definidos en la norma c itada por la personería no fueron acogidos por esta provincial, por lo cual, en uso del mismo poder, puede determinar que lo asuma otra entidad, en este caso, la personería municipal».

c. Personería Municipal de Tunja

Manifiesta que, por la calidad del sujeto disciplinable, el cual ejerce en este asunto como auxiliar de justicia o particular desempeñando funciones públicas en la rama judicial y, no en el poder ejecutivo en el nivel municipal, no se constituye en disciplinable para esa autoridad.Radicación 11001030600020230008600 Página 5 de 27

Trae a colación, el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, el cual, en materia disciplinaria, indica los factores determinantes de la competencia, texto que reza lo siguiente:

ARTÍCULO 91. FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable , la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último. (subraya fuera de texto).

Explica que, en virtud del citado artículo, la procuraduría tiene el deber de verificar reglas de determinación de competencia. En dicha verificación, debe analizarse la calid ad del

texto).

Explica que, en virtud del citado artículo, la procuraduría tiene el deber de verificar reglas de determinación de competencia. En dicha verificación, debe analizarse la calid ad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.

Aduce que las personerías, en cuanto a sus funciones disciplinarias, tienen relación con sujetos disciplinables que tenga n vinculación directa con el municipio como entidad territorial. En esa misma línea, indica que las funciones del personero de acuerdo con el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, son las siguientes:

El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determine la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:

4. Ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales; adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin por la Procuraduría General de la Nación, bajo la supervigilancia de los procuradores provinciales a los cuales deberán informar de las

Investigaciones.

Las apelaciones contra las decisiones del personero en ejercicio de la función disciplinaria, serán competencia de los procuradores departamentales.

Parágrafo 3o. Así mismo, para los efectos del numeral 4o. del presente artículo, el poder disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, los concejales y el contralor municipal . Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la

disciplinario del personero no se ejercerá respecto del alcalde, los concejales y el contralor municipal . Tal competencia corresponde a la Procuraduría General de la Nación que discrecionalmente la puede delegar en los personeros. (subraya fuera de texto).

De conformidad con lo anterior, manifestó que no es competente para investigar al señor Carlos Alberto Amézquita Cifuentes, en su calidad de auxiliar de la justicia, pues su actuar no se encuentra relacionado con la administración municipal. En su lugar, indicóRadicación 11001030600020230008600 Página 6 de 27

que la mencionada competencia recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, según lo dispuesto en el nuevo Código General Disciplinario:

Ahora bien, si se tratara de un particular con una relación directa con la administración municipal; si hubiese sido procedente la competencia de la función disciplinaria de esta Entidad, pero como no fue así, sino que, en efecto, se trata de un colaborador de la administración de justicia, en su calidad de particular en ejercicio de funciones públicas, la primera conclusión que este ente de control advirtió es debe ser disciplinada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 […].

Por otra parte, alega que en virtud del artículo 92 de la ley 1952 de 2019, la facultad para disciplinar a los particulares es de la Procuraduría General de la Nación y las personerías, estas últimas, solo cuando el sujeto disciplinable es un particular que ejerce funciones en el marco de la jur isdicción territorial municipal; y no respecto de colaboradores de la Rama Judicial.

personerías, estas últimas, solo cuando el sujeto disciplinable es un particular que ejerce funciones en el marco de la jur isdicción territorial municipal; y no respecto de colaboradores de la Rama Judicial.

Indica que, en el concepto 165 de 2018, de la Procuraduría General de la Nación se explican los factores para determinar la competencia disciplinaria, dentro de los cuales, se define el factor funcional como determinante para dicha competencia, al respecto dicho documento señala:

Los factores que definen la competencia son cinco, a saber: subjetivo (calidad o condición especial del sujeto disciplinable: particular, por e jemplo), objetivo (naturaleza, clase o tipo del hecho: contractual, presupuestal, etc.), territorial (lugar o foro de ocurrencia de los hechos), funcional (naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la asunción del proceso) y de conexidad o atracción (conocimiento de un asunto específico con base en la competencia previamente señalada para otro).

Sin perjuicio de la conjugación de los criterios que se apliquen para establecer la competencia, el legislador disciplinario ha cons agrado el factor funcional como determinante de la atribución de competencia, sin tener en cuenta otro tipo de consideración; por ende, «[e]n los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territoriales y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último».

Respecto de este factor, la doctrina ha dicho que «cuando la ley dispone que un funcionario […] debe conocer de un proceso en determinada oportunidad, en primera instancia, ora en segunda, bien en única instancia, […] está asignando la competencia en virtud del factor funcional y es por eso que todo artículo que señala competencia

funcionario […] debe conocer de un proceso en determinada oportunidad, en primera instancia, ora en segunda, bien en única instancia, […] está asignando la competencia en virtud del factor funcional y es por eso que todo artículo que señala competencia acude al mismo [sic]» (negrilla y subraya fuera de texto).

Indica también que, conforme con las funciones de las procuradurías provinciale s y distritales de instrucción, contenidas en el literal j del numeral 1 del artículo 22 delRadicación 11001030600020230008600 Página 7 de 27

Decreto 1851 de 2021 6, la competencia sería de la Procuraduría Provincial de

Instrucción de Tunja:

Artículo 76. Procuradurías provinciales y distritales de inst rucción. Las procuradurías provinciales y distritales de instrucción cumplen, dentro de su circunscripción territorial, las siguientes funciones:

1.Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables: (…)

j) Los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal. (subraya fuera de texto).

Manifiesta que hubo un inadecuado uso del poder disciplinario preferente por parte de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, ya que no tuvo en cuenta el factor funcional como prevalente frente al factor territorial y, sumado a esto, no realizó estudio de la calidad del sujeto disciplinable, lo cual, a su juicio demuestra un mal manejo procesal para determinar la competencia en el presente asunto.

Finalmente, solicitó a la Sala de Consulta que, «[…] dada la disparidad de criterios

de la calidad del sujeto disciplinable, lo cual, a su juicio demuestra un mal manejo procesal para determinar la competencia en el presente asunto.

Finalmente, solicitó a la Sala de Consulta que, «[…] dada la disparidad de criterios sobre la determinación del funcionario compete nte para asumir el conocimiento del asunto […]», dirimiera el conflicto de competencia suscitado, respecto a la autoridad que debe continuar adelantando el proceso disciplinario en contra d el señor Carlos Alberto Amézquita Cifuentes.

d. Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja.

Mediante Auto del 12 de abril de 2023, la Consejera Ponente comunicó al Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja del presente conflicto de competencias, para que, si era el caso, presentara sus alegatos. En escrito del 18 de abril de 2023, respondiendo a la solicitud propuesta por este despacho, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Tunja comunicó de la remisión que hizo del expediente 2019 -00019, mediante el cual se evidencian las actuaciones realizadas respecto a ese proceso judicial. Dentro de la documentación allegada, se aprecia que efectivamente mediante Auto del 22 de abril de 2021, esta autori dad relevó del cargo de auxiliar de la justicia al señor Carlos Alberto Amézquita Cifuentes y procedió a compulsarle copias ante el «Consejo

6 Conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables: […] j) Los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.Radicación 11001030600020230008600 Página 8 de 27

archivo, contra los siguientes sujetos disciplinables: […] j) Los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.Radicación 11001030600020230008600 Página 8 de 27

Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá» por la presunta falta disciplinaria en la que pudo incurrir.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración7

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja, la

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativa.

7 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán.Radicación 11001030600020230008600 Página 9 de 27

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inci so 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inci so 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, d el código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, tanto la Personería Municipal de Tunja como la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá negaron tener la competencia para conocer del proceso disciplinario en contra del señor Carlos Alberto Amézquita Cifuentes.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.Radicación 11001030600020230008600 Página 10 de 27

En el presente caso, existen tres autoridades en conflicto, de las cuales, dos son del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de Boyacá; y una es del orden territorial: la Personería Municipal de Tunja.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá), y las otras que, en el mismo evento, ejercerían una función administrativa (Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja)

jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá), y las otras que, en el mismo evento, ejercerían una función administrativa (Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja)

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata del proceso disciplinario (iniciado en el año 2018) que se adelanta en contra d el señor Carlos Alberto Amézquita Cifuent es, auxiliar de la justicia dentro del proceso ordinario laboral con núm. de radicación 2019-00019.

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes8:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Co nstitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 9, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 10 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea compete nte. En el

8 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.

8 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 9 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

10Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación 11001030600020230008600 Página 11 de 27

presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible