CE - 110010306000202300089001AUTOQUERESUEL20230824110459

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá, D. C., siete (7) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Número de radicación: 11001-03-06-000-2023-00089-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca), Comisaría de Familia de Ricaurte (Cundinamarca) y Juzgado

Promiscuo Municipal de Ricaurte (Cundinamarca).

Asunto: Competencia para continuar con un proceso de restablecimiento de derechos en favor del adolescente

D.J.V.T.1

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado procede a estudiar y resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia , en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112 (numeral 10) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2º y 19 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

Con base en la información consignada en los documentos que obran en el expediente, se exponen los antecedentes que dieron origen al presente conflicto de competencias:

1. El 25 de noviembre de 2020, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó a la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) una presunta vulneración de derechos del adolescente D.J.V.T.

1. El 25 de noviembre de 2020, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó a la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) una presunta vulneración de derechos del adolescente D.J.V.T.

2. El 1º de diciembre de 2020, la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) profirió auto de apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos

(PARD) en favor del adolescente D.J.V.T.

1 Como medida de protección a la intimidad del niño, se omitirán sus nombres y los de sus familiares en esta decisión.Radicación: 11001030600020230008900 Página 2 de 36

3. El 3 de junio de 2021, la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) declaró vulnerados los derechos del adolescente D.J.V.T., y el 6 de diciembre del mismo año confirmó las medidas provisionales de protección dictadas en el auto anterior.

4. El 24 de febrero de 2022, el ICBF recomendó a la Comisaría de Familia de Tabio

(Cundinamarca) remitir el PARD al Juzgado Promiscuo de Tabio (Cundinamarca) para que analizara una eventual nulidad de lo actuado por falta de notificación de los padres del adolescente D.J.V.T.

5. E l 15 de marzo de 2022, la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) remitió el PARD al Juzgado Promiscuo de Tabio (Cundinamarca), para que resolviera la presunta nulidad.

6. El 29 de marzo de 2022, el Juzgado Promiscuo de Tabio (Cundinamarca) declaró

remitió el PARD al Juzgado Promiscuo de Tabio (Cundinamarca), para que resolviera la presunta nulidad.

6. El 29 de marzo de 2022, el Juzgado Promiscuo de Tabio (Cundinamarca) declaró fundada la nulidad y el 7 de abril del mismo año ordenó la devolución del PARD a la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca).

7. El 11 de abril de 2022, la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca), profirió auto de apertura del PARD y ordenó la ubicación del adolescente D.J.V.T. en un hogar sustituto en dicho municipio.

8. El 7 de octubre de 2022, la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) declaró vulnerados los derechos del adolescente D.J.V.T., y posteriormente, el 10 de octubre del mismo año , como medida transitoria de protección, ordenó la ubicación de este menor de edad en el ce ntro Amigoniano San Francisco en el municipio de Sasaima (Cundinamarca).

9. El 31 de octubre de 2022, se celebró una reunión entre el ICBF y la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca), con el fin de analizar las actuaciones del PARD del adolescente D.J.V.T., y, mediante acta de la misma fecha, las dos entidades dejaron constancia de la ocurrencia de una posible nulidad, por lo siguiente:

[…] 1. La situación de la presunta vulneración de los derechos del menor de edad se conoció por parte de la autoridad administrativa el 25 de noviembre de 2020, fecha desde la cual se debe iniciar la contabilización de términos del PARD.

[…] 1. La situación de la presunta vulneración de los derechos del menor de edad se conoció por parte de la autoridad administrativa el 25 de noviembre de 2020, fecha desde la cual se debe iniciar la contabilización de términos del PARD.

2. En virtud de lo anterior, la situación jurídica del menor de edad debía ser resuelta con anterioridad al 25 de mayo de 2020 (sic), evidenciándose que la audiencia de fallo y declaratoria de vulneración se llevó a cabo el 3 de junio de 2020 (sic).

Situación que podría colegir una pérdida de competencia de la autoridad administrativa en el trámite.Radicación: 11001030600020230008900 Página 3 de 36

3. Adicionalmente se evidencia que se presentaban circunstancias que podrían configurar causales de nulidad al carecer el trámite administrativo de las ordenadas por la ley […]

4. El Juzgado Promiscuo de Tabio al conocer del PARD en trámite de nulidad, decreta la misma en proveído del 29 de marzo de 2022 y ordena la devolución del PARD a la Comisaría de Familia, sin atender lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por la Ley 1878 de 2018.

Igualmente, no se abordó la presunta pérdida de competencia en la que habría incurrido la autoridad administrativa de conocimiento inicial al haberse fallado el proceso con posterioridad a los seis (6) mese s de haberse iniciado la actuación administrativa.

Situaciones que implicarían de acuerdo a lo dispuesto en la ley que el Juez asumiera la competencia del caso y resolviera de fondo la situación jurídica del

proceso con posterioridad a los seis (6) mese s de haberse iniciado la actuación administrativa.

Situaciones que implicarían de acuerdo a lo dispuesto en la ley que el Juez asumiera la competencia del caso y resolviera de fondo la situación jurídica del menor de edad D.J.V.T.

5. No se considera viable la reapertura de un nuevo Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, toda vez que el inicial de fecha 7 de diciembre 2020 contaba con la debida argumentación y respondía a las necesidades de protección del menor de edad al verificarse las situaciones de vulneración de sus derechos.

[…]

1. En virtud de lo anterior, se sugiere de manera respetuosa a la Comisaría de Familia de Tabio remitir el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos ante el Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca) para que en virtud del artículo 119 del Código de la Infancia y la Adolescencia, revise las actuaciones administrativas y determine la legalidad de las mismas; atendiendo la presunta de pérdida de competencia y nulidades procesales que determinaban que el Juez resolviera de fondo la situación jurí dica del menor de edad. [Subrayas de la Sala]

10. El 11 de noviembre de 2022, la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) envío el PARD al Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca).

11. El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca), avocó conocimiento del PARD y p rofirió auto de apertura de investigación para el restablecimiento de derechos del adolescente D.J.V.T.

11. El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca), avocó conocimiento del PARD y p rofirió auto de apertura de investigación para el restablecimiento de derechos del adolescente D.J.V.T.

12. El 2 de enero de 2023, la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) informó al Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca) que el adolescente D.J.V.T. se había evadido de la institución donde se encontraba y que se había desplazado porRadicación: 11001030600020230008900 Página 4 de 36

sus propios medios al municipio de Ricaurte (Cundinamar ca) a la vivienda de un familiar de uno de sus progenitores.

13. El 18 de enero de 2023, el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia de Ricaurte (Cundinamarca) confirmó que el adolescente D.J.V.T. se encontraba en dicho municipio en la vivienda del señor D.F.L.G, quien se hizo cargo del adolescente.

14. El 2 d e febrero de 2023, el Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca) remitió el PARD, a la Comisaría de Familia de Ricaurte (Cundinamarca), por competencia territorial.

15. El 8 de febrero de 2023, la Comisaría de Familia de Ricaurte (Cundinamarca) declaró s u falta de competencia y devolvió el PARD del adolescente D.J.V.T al Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca). Sin embargo, esa autoridad judicial, el 9 de febrero del mismo año, remitió, por segunda vez, el PARD a la misma

Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca). Sin embargo, esa autoridad judicial, el 9 de febrero del mismo año, remitió, por segunda vez, el PARD a la misma Comisaría.

16. Mediante Auto del 10 de febrero de 2023, la Comisaría de Familia de Ricaurte

(Cundinamarca), decidió, como medida provisional, ubicar al adolescente D.J.V.T en la vivienda del municipio de Ricaurte (Cundinamarca) en la vivienda del señor D.F.L.G, bajo el modelo de familia solidaria.

Sin embargo, en la misma decisión la Comisaría declaró su falta de competencia y ordenó remitir el PARD a la Sala con el fin de resolver el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre esa auto ridad administrativa y el Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca).

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Obra constancia secretarial del 10 de marzo de 2023, en el sentido de que se les comunicó, a través de correo electrónico, a las dos autoridades que rechazaron la competencia para conocer del PARD del adolescente D.J.V.T: el Juzgado Promiscuo Municipal de Sasaima (Cundinamarca) y la Comisaría de Familia de Ricaurte (Cundinamarca). Lo anterior, con el fin de que presentaran por escrito sus alegatos.

Igualmente, se le comunicó, a través de correo electrónico, a las siguientes autoridades que actuaron en el PARD con anterioridad al conflicto de competencias, para que presentaran por escrito sus consideraciones : la Comisaría de Familia de Sasaima (Cundinamarca), la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca), el

autoridades que actuaron en el PARD con anterioridad al conflicto de competencias, para que presentaran por escrito sus consideraciones : la Comisaría de Familia de Sasaima (Cundinamarca), la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca), el Juzgado Promiscuo de Tabio (Cundinamarca) y la Defensoría de Familia del ICBF, Centro Zonal de Zipaquirá (Cundinamarca).Radicación: 11001030600020230008900 Página 5 de 36

Asimismo, se les comunicó, a través de correo electrónico , a dos familiares del adolescente D.J.V.T, para que presentaran por escrito sus consideraciones.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, a partir del 13 de marzo de 2023, con el fin de que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones.

El 21 de marzo de 2023, la Secretaría de la Sala informó que , la Comisaría de Familia de Ricaurte (Cundinamarca), presentó alegatos. Las demás autoridades y particulares interesados guardaron silencio.

El consejero ponente, mediante Auto del 30 de marzo de 2023, vinculó al Juzgado Promiscuo de Ricaurte (Cundinamarca), con el fin de analizar su posible competencia en el asunto de la referencia, en razón a que el adolescente se encuentra actualmente ubicado en ese municipio.

El 14 de abril de 2023, la Secretaría de la Sala informó que las dos autoridades vinculadas guardaron silencio.

encuentra actualmente ubicado en ese municipio.

El 14 de abril de 2023, la Secretaría de la Sala informó que las dos autoridades vinculadas guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a) De la Comisaría de Familia de Ricaurte (Cundinamarca)

Dicha comisaría señaló, en sus alegatos, que se configuró una nulidad en el PARD del adolescente D.J.V.T, por dos razones:

Primero, porque la Comisaría de Familia de Tabio (Cundinamarca) , quien asumió en principio el proceso por factor territorial, resolvió de fondo la situación jurídica del adolescente por fuera del término de los seis meses establecidos en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006, modificado por el artículo 4 de la Ley 1878 de 2018.

Segundo, en razón a que el Juzgado Promiscuo de Tabio (Cundinamarca) cuando declaró fundada la nulidad por falta de notificación de los padres del adolescente, debió asumir la competencia para resolver de fondo la situación jurídica del adolescente D.J.V.T, tal como lo dispone el parágrafo 2º del artículo 100 del Código de la Infa ncia y la Adolescencia . Lo anterior, por cuanto dicha nulidad fue evidenciada cuando la autoridad administrativa ya había perdido la competencia.Radicación: 11001030600020230008900 Página 6 de 36

Manifestó que si bien el PARD del adolescente D.J.V.T., actualmente pertenece a la jurisdicción de Ricaurte (Cundinamarca), no tiene competencia para resolver nulidades ocasionadas por otra autoridad de otra jurisdicción.

Manifestó que si bien el PARD del adolescente D.J.V.T., actualmente pertenece a la jurisdicción de Ricaurte (Cundinamarca), no tiene competencia para resolver nulidades ocasionadas por otra autoridad de otra jurisdicción.

Adujó que las autoridades competentes para resolver las nulidades observadas con posteridad al vencimiento del término de los seis meses que señala el artículo 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia , son los jueces de familia o, en su defecto, los jueces promiscuos municipales.

Señaló que envió el PARD al Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca), en razón a que , para el momento en que se evidenci ó la nulidad , el adolescente D.J.V.T. se encontraba ubicado en dicho municipio.

b) Del Juzgado Promiscuo de Sasaima (Cundinamarca)

Dicha autoridad judicial no presentó alegatos. En los Autos del 2 y 9 de febrero de 2023 se observa que rechazó su competencia, porque el adolescente D.J.V.T. no se encuentra actualmente ubicado en su jurisdicción.

Con fundamento en el artículo 97 de la Ley 1098 de 2006, señala que le s corresponde a la s autoridades del territorio donde se encuentra el adolescente adelantar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos correspondiente.

c) Del Juzgado Promiscuo de Tabio (Cundinamarca)

Dicho juzgado no presentó consideraciones. Sin embargo, esa autoridad judicial en el auto del 29 de marzo de 2022, mediante el cual declaró la nulidad por falta de notificación de los padres del adolescente D.J.V.T., sostuvo que esta irregularidad

Dicho juzgado no presentó consideraciones. Sin embargo, esa autoridad judicial en el auto del 29 de marzo de 2022, mediante el cual declaró la nulidad por falta de notificación de los padres del adolescente D.J.V.T., sostuvo que esta irregularidad la debía subsanar la Comisaría de Familia del municipio de Tabio (Cundinamarca), quien tenía a cargo, para aquella época, el PARD del adolescente D.J.V.T.

IV. CONSIDERACIONES

1. CompetenciaRadicación: 11001030600020230008900 Página 7 de 36

1.1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños2 . Fundamentos constitucionales y desarrollo legal. Reiteración3

El artículo 44 de la Constitución Política establece que, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger a los niños, niñas y adolescentes, en procura de su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Este artículo tiene dos aspectos: i) los derechos de los menores de edad prevalecen sobre los derechos de los demás y ii) el interés superior que se reconoce en favor de los NNA, el cual, según la jurisprudencia tiene tres dimensiones: como derecho sustantivo, sopesando su bienestar al momento de adoptar una decisión que los afecte; como principio interpretativo fundamental, si una disposición jurídica admite más de una interpretación; y como norma de procedimiento, incluyendo una estimación de las reperc usiones que puede tener una decisión en cada situación concreta4.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que tiene como objeto «establecer normas

concreta4.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la pro tección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

El libro primero del citado código regula un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de tales derechos, integrado por var ias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales deben las autoridades administrativas hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños.

2 Cuando en esta decisión se utilice la palabra «niño» o «niños», sin otro calificativo, debe entenderse referida a las personas menores de edad de ambos géneros, tal como corresponde a su uso en el idioma español, y como se utiliza en el artículo 44 de la Constitución Política y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (artículo 1), entre otras normativas.

referida a las personas menores de edad de ambos géneros, tal como corresponde a su uso en el idioma español, y como se utiliza en el artículo 44 de la Constitución Política y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (artículo 1), entre otras normativas. 3 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020 220006400 del 14 de junio de 2022. M.P. Ana María Charry Gaitán. 4 Corte Constitucional, sentencias T-033 de 2020 y T-468 de 2018, entre otras.Radicación: 11001030600020230008900 Página 8 de 36

La Ley 1878 de 20185 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), entre las cuales se destacan:

El artículo 1° de la referida ley modificó el artículo 52 de la Ley 1098, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, «[e]n todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

La modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, en un plazo máximo de 10 días, cuando el niño o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha norma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098, para: i) precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten, en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma ley, y ii) para establecer 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

La Ley 1955 de 2019 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. De esta norma destaca la

Sala:

El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses, que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial como criterio para ampliar el término de la fase de seguimient o, para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños. El mismo inciso determina que el ICBF reglamentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, determinará la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

5 Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide

aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

5 Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones 6 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019».Radicación: 11001030600020230008900 Página 9 de 36

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, las personas co n discapacidad -mayores y menores de edad-. La modificación permite que la medida transitoria de protección impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera, pueda prolongarse hasta que el ICBF garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, ni en la Ley 1098 de 2006.

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, mediante un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa, en tres fases o etapas:

1. La verificación de los derechos (artículo 52, modificado por artículo 1 de la Ley

1878);

1. El procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por

o etapas:

1. La verificación de los derechos (artículo 52, modificado por artículo 1 de la Ley

1878);

1. El procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los artículos 3 y 4 de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y

1. El seguimiento a esas medidas transitorias (artículo 103, modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018 y el artículo 208 de la Ley 1955 de 2019), que termina con una decisión de fondo tendiente a ubicar de manera definitiva al niño o adolescente en un medio familiar estable (familia nuclear o adoptiva) y a cerrar el proceso de protección.

1.2. El análisis sobre la competencia de la Sala. Reiteración7

En el marco normativo reseñado, la Sala estima procedente hacer una revisión de las disposiciones pertinentes, con base en la cual determinará, en el caso concreto, si es o no de su competencia el conflicto que le ha sido planteado. La enunciada revisión comprende:

a) La competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver los conflictos de competencias administrativas;

b) La posición de la Sala con relación al artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso);

7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, radicación 11001030600020 220006400 del 14 de junio de 2022, M.P. Ana María Charry Gaitán, entre otras.Radicación: 11001030600020230008900 Página 10 de 36

14 de junio de 2022, M.P. Ana María Charry Gaitán, entre otras.Radicación: 11001030600020230008900 Página 10 de 36

c) El alcance del parágrafo 3º del artículo 3 º de la Ley 1878 de 2018, frente a la competencia general de la Sala para dirimir los conflictos de competencia que se susciten en las actuaciones administrativas reguladas por el Código de la Infancia y la Adolescencia;

d) La entrada en vigencia de la Ley 1878 de 2018, y sus reglas de transición;

e) La competencia de la Sala en el caso concreto.

a) Competencia general de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales»8 se contienen en el capítulo I, del que fo rma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta t ambién se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del or den departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y

Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del or den departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual m anera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […].

En el mismo sentido, el artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

[…]

8 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera de l Código.Radicación: 11001030600020230008900 Página 11 de 36

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

[…]

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

[…]

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta;

1. que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de dicha actuación, y

1. que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trat a de entidades del orden territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Por lo anterior, como regla general, los conflictos de competencias entre las autoridades que adelantan las actuaciones administrativas reguladas en el libro primero del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) son de conocimiento de la Sala.

Solo se exceptúan de esta competencia los conflictos regulados por la norma especial incorporada en el parágrafo 3º del artículo 3º de la Ley 1878 de 2018, que reguló el procedimiento de que tratan los artículos 99 y 100 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

b) La posición de la Sala con relación al artículo 21, numeral 16, de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)

Dispone la norma en cita:

Artículo 21. Competencia de los jueces de familia en única instancia. Los jueces de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.

de familia conocen en única instancia de los siguientes asuntos: […].

16. De los conflictos de competencia en asuntos de familia que se susciten entre defensores de familia, comisarios de familia, notarios e inspectores de policía.

Del análisis de la norma transcrita, la Sala ha concluido que el Código General del Proceso no modificó ni derogó en forma expresa o tácita ninguna de las disposiciones señaladas en el CPACA respecto de los conflictos de competencias administrativas.Radicación: 11001030600020230008900 Página 12 de 36

Lo anterior porque, si bien el artículo 21 del CGP otorgó a los jueces de familia la función de resolver los conflictos de competencia que se presenten entre las autoridades antes mencionadas, esta competencia no resulta opuesta o incompatible con lo dispuesto, para la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y los tribunales administrativo