CE - 110010306000202300097001AUTOQUERESUEL20230627095528

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá, D.C.,Treinta (30) de mayo de dos mil veintitres (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00

Referencia: conflicto negativo de competencias Partes: Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Asunto: autoridad competente para conocer y adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes frente a una falta gravísima presuntamente cometida por un funcionario de la

DIAN.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 16 de diciembre de 2019, la Coordinación Nacional de Investigaciones Especiales de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, mediante Auto núm. 1002-343, abrió investigación disciplinaria contra la funcionaria Marinela Quintero Pérez, por los siguientes hechos:

Bajo estos parámetros, y de acuerdo con los contenidos del informe presentado por el señor Subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos, se cuestiona el actuar de la

Marinela Quintero Pérez, por los siguientes hechos:

Bajo estos parámetros, y de acuerdo con los contenidos del informe presentado por el señor Subdirector de Gestión de Recursos Jurídicos, se cuestiona el actuar de la funcionaria Marinela Quintero Pérez, quien obtuvo de la servidora Ena Consuelo Tinoco Herrera la copia del proyecto de resolución del recurso de reconsideración que esta última estaba proyectando al interior del proceso R1 201 2016 1438 y que entregó al abogado Carlos Felipe Aroca Lara, apoderado de la empresa J&S Construcc iones, interesada en las resultas del recurso.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 2 de 28

2. A través de Auto núm. 1047-46 del 31 de octubre de 2022, la Coordinación Nacional de Investigaciones Especiales ordenó el cierre de la etapa de investigación disciplinaria adelantada en contra de la señora Marinela Quintero Pérez.

En el mismo proveído, la Coordinación de Instrucción de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios de la DIAN dispuso adecuar el trámite de la actuación a lo establecido en la Ley 1952 de 2019, y remitirlo por competencia a la Agencia ITRC. Lo anterior bajo el argumento de que la conducta de la investigada Mari nela Quintero Pérez encaja en la

la Ley 1952 de 2019, y remitirlo por competencia a la Agencia ITRC. Lo anterior bajo el argumento de que la conducta de la investigada Mari nela Quintero Pérez encaja en la falta disciplinaria gravísima prevista en el numeral 47 del artículo 48 de la Ley 734 d e 20022, tipo disciplinario reproducido en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 1952 de 20193.

3. Por su parte, la Subdirección de Instrucción Disciplinaria de la Agencia ITRC, en Auto núm. 17401-00002 del 10 de febrero de 2023, manifestó su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario 213 -304-2019-911, adelantado en contra de la señora Marinela Quintero Pérez. Lo anterior, por considerar que la conducta investigada no configura la infracción disciplinaria a la que se refiere el numeral 47 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

En consecuencia, dentro del mismo proveído , ordenó remitir el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con el fin de que se dirima el conflicto negativo de competencias que se había suscitado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y los particulares interesados. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco (5) días, contados desde el 21 hasta el 27 de marzo de 2023. Lo anterior con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes

el término de cinco (5) días, contados desde el 21 hasta el 27 de marzo de 2023. Lo anterior con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 2 8 de marzo de 2023, que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Est ado4, en el

2 ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes: 47. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción. 3 ARTÍCULO 55. FALTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO O LA FUNCIÓN PÚBLICA. 1. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción. 4 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el us o de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 3 de 28

sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados.

pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados.

Adicionalmente, en el referido informe secretarial se señaló que, dentro del término de fijación del edicto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), presentó sus consideraciones, mientras que las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) La DIAN, durante el térm ino fijado por la Secretaría, presentó ante la Sala sus consideraciones. En dicha oportunidad reiteró los argumentos expuestos en el Auto núm. 1047-46 del 31 de octubre de 2022, en el cual expuso su falta de competencia para continuar con el proceso disciplinario en contra de la señora Marinela Quintero Pérez, y manifestó que la autoridad competente para tales efectos es la Agencia ITRC.

Como fundamento de su posición, manifestó que la conducta por la cual se investiga a la señora Marinela Quintero Pérez constituye una falta disciplinaria grav ísima, en tanto que presuntamente filtró el proyecto de decisión que resolvía el recurso de reconsideración presentado por J&S Construcciones SAS, el cual tendría carácter reservado. Lo anterior en los términos del numeral 47 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, reproducido en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 1952 de 2 019, normas que indican que constituye una falta gravísima «Violar la reserva de la investigación y de las

2002, reproducido en el numeral 1 del artículo 55 de la Ley 1952 de 2 019, normas que indican que constituye una falta gravísima «Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones sometidas a la misma restricción». Así, sostuvo lo siguiente: A juicio de esta Coordinación, la información que estaba contenida en el proyecto de resolución, conforme lo indica el numeral 47 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y el numeral 1° del artículo 55 de la Ley 1952 de 20 [19], ostenta un carácter reservado pues allí estaban contenidos datos propios de la investigación de fiscalización , los cuales, si bien llegaron a manos del apoderado de J&S, lo cierto es que dicha información hasta ese momento no podía ser de conocimiento de la parte interesada, pues todavía n o había superado el procedimiento interno para que llegara a convertirse en acto administrativo, pero aun así fue usada por J&S para lograr una cita con el Director General de la DIAN y exponerle los argumentos con los cuales consideraba que no debía confirmarse la liquidación oficial de revisión que había sido objeto del recurso de reconsideración. [Se resalta].Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 4 de 28

Con el fin de sustentar que el proyecto de decisión que resolvía el recurso de reconsideración presentado por J&S Construcciones SAS era un documento sometido a reserva, la DIAN manifestó que el referido documento puede considerarse como un documento en construcción, de acuerdo con la definición del literal K, del artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 . En ese sentido, agregó que dicha norm a fue objeto de análisis por

reserva, la DIAN manifestó que el referido documento puede considerarse como un documento en construcción, de acuerdo con la definición del literal K, del artículo 6 de la Ley 1712 de 2014 . En ese sentido, agregó que dicha norm a fue objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, la cual la declaró exequible condicionadamente bajo el entendido de que los documentos preliminares pueden estar sometidos a reserva si atienden a un fin constitucionalmente legítimo y la medid a resulta razonable, proporcionada o necesaria.

El mismo artículo 6° de la Ley 1712 de 2014, en su literal k) trae la definición de la expresión documento en construcción diciendo que “No será considerada información pública aquella información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto obligado su calidad de tal.”

[…].

Con base en lo anterior se declaró la exequibilidad condicionada del literal k) del artículo 6° de la Ley 1712 de 2014 bajo el entendido de que(sic)? “que la posibilidad de que un sujeto obligado pueda mantener la reserva sobre información preliminar, depende de que esta reserva obedezca a (i) un fin constitucionalmente legítimo y (ii) la m edida resulte razonable, proporcionada y necesaria.”

[…].

Lo que se discute en este asunto, tal y como ha quedado claro, es que Marinela Quintero Pérez le entregó al apoderado Carlos Felipe Aroca Lara un proyecto de resolución que, además de tener la información tributaria de J&S Construcciones SAS, contenía los argumentos con los cuales la administración estaba estudiando la confirmación de la liquidación oficial de revisión, información esa sí, que tal y como se sostuvo

además de tener la información tributaria de J&S Construcciones SAS, contenía los argumentos con los cuales la administración estaba estudiando la confirmación de la liquidación oficial de revisión, información esa sí, que tal y como se sostuvo en el acápite anterior, tendría la calidad de información reservada bajo los criterios constitucionales de la Sentencia C-274/13, información obtenida de manera poco ortodoxa y que fue exhibida por los representantes de esa sociedad ante el Director General para cuestionar los fundamentos en que se basaba la decisión que estaba estudiando la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos.

Por lo anterior , indicó que la competencia sobre el asunto debe recaer en la Agencia ITRC, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 del Decreto Legislativo 4173 de 2011.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 5 de 28

2. Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones

Parafiscales (ITRC)

La Agencia ITRC no se pronunció durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia se pueden extraer del Auto del 10 de febrero de 2022, mediante el cual formuló ante la Sala el presente conflicto de competencias.

En el mencionado proveído manifestó que su competencia se circunscribe a los siguientes aspectos:

Ahora bien, resulta pertinente recordar que el Decreto 4173 de 2011, modificado con el Decreto 985 de 2012, a su vez modificado parcialmente por el Decreto 074 de 2022, establece que la Agencia ITRC tendrá competencia para realizar las investigaciones de

Decreto 985 de 2012, a su vez modificado parcialmente por el Decreto 074 de 2022, establece que la Agencia ITRC tendrá competencia para realizar las investigaciones de las conductas que por su trascendencia estén relacionadas con las faltas disciplinarias gravísimas y en aquellos casos que resulte necesario para la defensa de los recursos públicos, respecto de los servidores públicos que pertenecen a la DIAN, la UGPP y de la entidad administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar. [Se resalta]

Por lo anterior, consideró que no es competente para adelantar el proceso disciplinario en contra de la señora Marinela Quintero Pérez, por cuanto la filtraci ón del proyecto de decisión del recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado del contribuyente J&S Construcciones SAS no constituye una falta disciplinaria gravísima.

Sustentó tal posición en el conflicto de competencias resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil el 1 de agosto del 2017 dentro del trámite núm. 11001-03-06-000-201600189-00, el cual, tenía como partes a la DIAN y a la Agencia ITRC. Con fundamento en la referida decisión, formuló los siguientes argumentos:

[…] al tratarse de un proyecto de decisión apenas en estudio y revisión para aprobación por parte del competente no corresponde a una decisión de la administración ni constituye información pública en los términos del artículo 6º de la ley 1721 de 2014, sino información preliminar propia del proceso deliberatorio sin firma correspondiente al documento en construcción ausente de la reserva propia de la información pública clasificada o reservada.

Es indiscutible que acorde con el artículo 583 del Estatuto Tributario la información

sino información preliminar propia del proceso deliberatorio sin firma correspondiente al documento en construcción ausente de la reserva propia de la información pública clasificada o reservada.

Es indiscutible que acorde con el artículo 583 del Estatuto Tributario la información tributaria tendrá el carácter de reservada, restricción reiterada en la Circular No. 26 del 3 de noviembre de 2020 expedida por la DIAN, los expedientes en los procesos de determinación oficial; sin embargo, por tratarse de un proyecto de acto administrativo resolutorio de un recurso de reconsideración el documento filtrado, no constituye un documento definitivo sino preliminar en proceso de construcción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 6 de 28

Por último, y lo más relevante a considerar es que el documento en construcción se filtró al apoderado del contribuyente, sujeto que conocía de antemano de la investigación tributaria y por disposición de la norma interna de la DIAN invocada para remitir la actuación a conocimiento de esta Subdirección, no lo cobija reserva alguna.

En efecto, según el numeral 1.3 del capítulo IV de la Circular No. 26 del 3 de noviembre de 2020, por medio de la cual se fijan los criterios para atender las solicitudes de acceso a la informació n pública, los expedientes de recursos podrán ser examinados por los apoderados de los contribuyentes.

Por lo expuesto, concluyó lo que a continuación se transcribe:

En ese orden de ideas, es claro que no se estructura la infracción disciplinaria del numeral 47 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, subrogada en el numeral 1º del artículo

Por lo expuesto, concluyó lo que a continuación se transcribe:

En ese orden de ideas, es claro que no se estructura la infracción disciplinaria del numeral 47 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, subrogada en el numeral 1º del artículo 55 de la Ley 1952 de 2019; por lo tanto, esta Subdirección de Instrucción Disciplinaria no es competente para conocer de l a actuación disciplinaria identificada con número 213-3042019-911 adelantada en la Coordinación de Instrucción de la Subdirección de Asuntos Disciplinarios de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en contra de la servidora pública Mariela Quintero Pérez, por lo que se aceptará el conflicto negativo de competencia propuesto y se remitirá la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo pertinente, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la compet encia, avocará el

en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la compet encia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 7 de 28

No obstante, no cabe aplicar esta disposición, debido a que las dos autoridades en conflicto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) no tienen un superior común en materia disciplinaria.

En primer lugar, la DIAN es una persona jurídica que, por lo mismo, goza de autonomía administrativa5, de acuerdo con la ley, y la ITRC, si bien no tiene personería jurídica, su norma legal de creación (Decreto Ley 4173 de 20116) le confirió autonomía administrativa, técnica y patrimonial.

Aunque las dos Unidades mencionadas están adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, su autonomía administrativa excluye que el ministro sea el superior común de aquellas en el campo administrativo -disciplinario. Además, la misma autonomía de la que gozan las autoridades mencionadas frente al ministerio genera, por

Crédito Público, su autonomía administrativa excluye que el ministro sea el superior común de aquellas en el campo administrativo -disciplinario. Además, la misma autonomía de la que gozan las autoridades mencionadas frente al ministerio genera, por parte de este, un control de tutela administrativa, que tiene el alcance previsto en los artículos 41, 42, 103, 104 y 105 de la Ley 489 de 19987, entre otras normas.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas

5 Decreto Ley 1071 de 1999 (junio 26) «Por el cual se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y se dictan otras disposiciones.» Dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias del artículo 79 de la Ley 488 de 1998 (diciembre 24). ARTÍCULO 1o. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN. «La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estará organizada como una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.»

administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.» 6Decreto Ley 4173 de 2011 (noviembre 3) «Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, se fija su estructura y se señalan sus funciones.» Proferido en ejercicio de las facultades extraordinarias de los literales d), e) y f) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011. ARTÍCULO 1o. CREACIÓN Y DOMICILIO. «Créase la Unidad Administrativa Especial denominada Agencia del In spector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, como una entidad del orden nacional de la Rama Ejecutiva, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sin personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio independiente, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C.» 7 «Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de l as atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 8 de 28

generales»8 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia

generales»8 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de u n solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la

resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta). Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o recla men competencia para conocer de la actuación;

En el presente caso, tanto la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), han rechazado su competencia para asumir conocimiento del proceso disciplinario en contra de la señora Marinela Quintero Pérez.

8 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetará n al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 9 de 28

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometid as a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Dirección de Impuestos y Aduanas

jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre u na actuación administrativa, particular y concreta, consistente en el proceso disciplinario en contra de la señora Marinela Quintero Pérez, quien, en su calidad de funcionaria de la DIAN, presuntamente filtró el proyecto de decisión del recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado del contribuyente J&S Construcciones SAS.

Por lo anterior, se concluye que l a Sala es competente para conocer del presente conflicto negativo de competencias administrativas.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelv e el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»9.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el

autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanuda rán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

9 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00097-00 Página 10 de 28

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para asumir el conocimiento del proceso disciplinario en contra de la señora Marinela Quintero Pérez, quien, en su calidad de funcionaria de la DIAN, presuntamente filtró el proyecto de decisión del recurso de reconsideración interpuesto por el apoderado del contribuyent e

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