CE - 110010306000202300102001AUTOQUERESUELDECLARACO20230904203333

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIV IL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00102-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y

Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

Asunto: Autoridad competente para adelantar una investigación disciplinaria contra un auxiliar de justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 3 de febrero del 20203, la señora Luz Dary González Montenegro presentó una queja disciplinaria contra el señor Luis Enrique Pedraza Montenegro, debido a la presunta falta en que este pudo incurrir en el desempeño de su cargo como secuestre designado dentro del proceso Ejecutivo Singular 500014003001-201500515-00, adelantado ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Villavicencio

(Meta).

2. El 10 de marzo del 2021 4, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta emitió auto de indagación preliminar, sin embargo, el 13 de enero de 2023, esta

(Meta).

2. El 10 de marzo del 2021 4, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta emitió auto de indagación preliminar, sin embargo, el 13 de enero de 2023, esta autoridad profirió auto mediante el cual declaró la nulidad de la actuación disciplinaria desde la apertura de la indagación; a la vez, advirtió su falta de

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 En el documento de radicación de la queja aparece dicha fecha, pero los anexos son de fechas posteriores, por lo que el año pudo ser errado. 4 Expediente Digital Archivo ED_0550001250200020210, PDF 3, 03AutoIndagacion.Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 2 de 22

competencia para conocer del asunto y, por la misma causa, remitió el proceso a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

3. El 8 de febrero de 2023 5, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, mediante auto, manifestó que no tenía la potestad para adelantar las actuaciones disciplinarias contra un auxiliar de la justicia, en consecuencia, promovió el conflicto negativo de competencias con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y, mediante ofici o No. 0414 , del 13 de febrero del 2023 ordenó la remisión del expediente ante esta Sala6.

negativo de competencias con la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y, mediante ofici o No. 0414 , del 13 de febrero del 2023 ordenó la remisión del expediente ante esta Sala6.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021 , se fijó el 24 de marzo de 2023 el edicto núm. 096, en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto 7.

Consta que se informó sobre el conflicto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al señor Lui s Enrique Pedraza Montenegro8.

En el informe secretarial del 31 de marzo de 2023 consta que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio; en informe posterior, del 24 de abril de 2023 , se advierte que el Procurador Regional de Instrucción del Meta presentó consideraciones.

Igualmente, mediante el auto para mejor proveer del 31 de mayo del 2023 la señora Luz Dary González Montenegro, como quejosa en el proceso disciplinario y tercera interesada en este proceso, fue comunicada del conflicto para que, si lo estimaba procedente, se pronunciara al respecto, pero en el informe secretarial del 9 de junio

Luz Dary González Montenegro, como quejosa en el proceso disciplinario y tercera interesada en este proceso, fue comunicada del conflicto para que, si lo estimaba procedente, se pronunciara al respecto, pero en el informe secretarial del 9 de junio del 2023, consta que dentro del término concedido la quejosa no se pronunció.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

5 Expediente Digital PDF 3, Folio 3-6 6 Expediente digital PDF 3 Folio 1 7 Expediente digital, PDF 9. 8 Expediente digital, PDF 12, folio 1.Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 3 de 22

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta 9

No presentó alegatos de conclu sión, no obstante, la autoridad rechazó la competencia para continuar con el asunto, mediante Auto del 08 de febrero del 2023.

En criterio de la entidad, carece de competencia para conocer investigaciones contra auxiliares de justicia, según se desprende del artículo 257A de la Constitución Política.

Manifestó que por disposición de los artículos 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 201 9, modificada por la ley 2094 de 2021, los particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria son sujeto de investigación de la Procuraduría General de la Nación y las personerías.

Igualmente, resaltó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, si bien otorgaba competencia a esta autoridad (o su antecesora) para investigar y juzgar a los

Nación y las personerías.

Igualmente, resaltó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, si bien otorgaba competencia a esta autoridad (o su antecesora) para investigar y juzgar a los auxiliares de justicia, esto cambió toda vez que esta disposición fue derogada por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, a partir del 29 de marzo de 2022.

Indicó que, según lo preceptúa la jurisprudencia 10, la Ley 734 de 2002 que contemplaba la atribución competencial de la entidad para investigar y juzgar a los auxiliares de justicia únicamente podía seguir aplicando en los casos en los que se hubiere notificado el pliego de cargos a excepción de la aplicación del principio de favorabilidad en virtud de los parámetros para la vigencia transitoria de la norma.

Bajo esta óptica, precis ó que no es procedente la aplicación del principio de favorabilidad sobre los tramites disciplinarios contra los auxiliares de la justicia adelantados antes del 29 de marzo de 2022, por lo que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus Seccionales no podrán conocer de aquel asunto, en atención a que la norma que así lo ordenaba, desapareció del ordenamiento jurídico.

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta 11

Señaló que, de conformidad con el artículo 41 de la ley 1474 de 2011, los auxiliares de justicia, como particulares disciplinables, son competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o de las Comisiones Secciónales de Disciplina Judicial de acuerdo con el factor territorial de cada caso.

9 Expediente digital, Documento 3 Folio 9-14

de justicia, como particulares disciplinables, son competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o de las Comisiones Secciónales de Disciplina Judicial de acuerdo con el factor territorial de cada caso.

9 Expediente digital, Documento 3 Folio 9-14 10 Consejo de Estado. Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Radicado 7300110200020190057701 de 2022 M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo. 11 Expediente Digital 3, folios 3 al 6; y Expediente digital, documento 11Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 4 de 22

Agregó que esa competencia, según el artículo referenciado, se atribuyó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que con la entrada en vigencia del acto legislativo No. 2 de 2015 pasó a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial

Precisó que, el artículo 41 de la Ley 1774 de 2011 , conservaría su vigencia y aplicabilidad según el artículo 140 de la Ley 195 2 de 2019, hasta el 30 de junio de

2021. Pero, un día antes de entrar en vigencia la Ley 1952 de 2019, que lo derogaba se expidió la Ley 2094 de 2021 y este último cuerpo normativo guardó silencio respecto de l a derogatoria de dicho artículo por lo que, en su concepto, la norma nunca se derogó.

En virtud de lo expuesto, solicitó asignar la com petencia del presente a sunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta según lo indica el artículo 41 de la ley 1474 de 2022, debido a tiene plena vigencia y la actuación se sigue contra un

En virtud de lo expuesto, solicitó asignar la com petencia del presente a sunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta según lo indica el artículo 41 de la ley 1474 de 2022, debido a tiene plena vigencia y la actuación se sigue contra un auxiliar de la justicia.

IV. CONSIDERACIONES

1 Competencia de la Sala

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios , según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 12, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

12 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 5 de 22

algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 5 de 22

El funcionario de inferior nivel, no po drá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver conflictos de competencia administrativos

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimient o Administrativo General», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, conforme con el cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . L os conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la

cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . L os conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades ad ministrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado […].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese alRadicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 6 de 22

despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la

despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se relacionan a continuación y se aplican al caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asun to de naturaleza administrativa, particular y concreta

Este caso es particular y concreto, se trata de definir la competencia para conocer la queja presentada por la señora Luz Dary González Montenegro contra el señor Luis Enrique Pedraza Montenegro, deb ido a la presunta falta disciplinaria en que este pudo incurrir en el desempeño de su cargo, como secuestre designado dentro del proceso 500014003001-2015-00515-00.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-2313, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución 14.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una

ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución 14.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (La CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

13 A la fecha, la sentencia aún no se ha publicado en su integridad, sin embargo, fue emitido el comunicado correspondiente. Puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2004%20Febrero%2016%20de %202023.pdf 14 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 7 de 22

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular

Las dos autoridades involucradas en conflicto, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, rechazaron competencia para continuar la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia

Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, rechazaron competencia para continuar la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas todas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto , los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán» 15.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenza rán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

15 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 8 de 22

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solic itud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios

pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar lo s fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer una actuación disciplinaria adelantada en contra del señor Luis Enrique Pedraza Montenegro , debido a la presunta falta disciplinaria en que este pudo incurrir en el des empeño de su cargo, como secuestre designado dentro del proceso 500014003001 -201500515-00.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial emitió auto de indagación preliminar el 10 de marzo de 2021. Sin embargo, el 13 de enero de 2023, esta autoridad remitió las diligencias a la Procuraduría Regional del Meta. Lo anterior, por considerar que , a partir del 29 de marzo de 2022, por disposición de la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación es la competente para conocer procesos contra auxiliares de Justicia.

A su vez, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, el 8 de febrero de 2023, señaló que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial es competente para conocer

auxiliares de Justicia.

A su vez, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, el 8 de febrero de 2023, señaló que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial es competente para conocer procesos contra particulares disciplinables , por lo que señaló que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta debía asumir competencia.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia . Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a los auxiliares de la justicia, ReiteraciónRadicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 9 de 22

1. El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración16

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 2012 17, que dispone:

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración16

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 2012 17, que dispone:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. [Subrayas fuera de texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional 18 ha señalado expresament e que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachabl e, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y

reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expediente 11001-03-06-000-2021-00025-00. 17 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 18 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003.Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 10 de 22

En el mismo sentido, la Sala ha precisado19 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, admin istrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra d e auxiliares de la justicia. Reiteración20

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley. […]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia 21, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según e l caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00200-00(C). 20 Consejo de Estado, Sala de Consult a y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-03-06-000-2021-00025-00(C), entre otras.

21 La Sala de Consulta y Servicio Civil, en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (rad. núm. 1100103-06-000-2014-00168-00), al evaluar si la asignación de competencias a la Jurisdicción Disciplinaria debía realizarse únicamente por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, o si era posible hacerlo mediante una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando n o se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competenci a disciplinaria objeto de análisis».Radicación 11001-03-06-000-2023-00102-00 Página 11 de 22

En vigencia de las normas citadas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo, en su momento, que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia , correspondían al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales 22.

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, se

correspondían al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales 22.

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas homólogas de los consejos seccionales de la judicatura, y se creó, en su lugar, la Comisión Nacional de Disc