CE - 110010306000202300104001AUTOQUERESUELDECLARACO20230706121755

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-000104-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Dis ciplina Judicial del Meta , Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional del meta) Asunto: Autoridad competente para conocer de un proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 , y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 ° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a e studiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio Meta, mediante providencia de 25 de febrero de 20222, compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para investigar la conducta desplegada por la secuestre Luz Mary Correa Ruiz dentro del proceso ejecutivo hipotecario núm. 50001315300220160038500.

2. El 23 de junio de 2022 3, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta abrió investigación disciplinaria, en contra de Luz Mary Correa Ruiz como auxiliar de justicia – secuestre, en atención a la compulsa de copias ordenada por el precitado juzgado al

investigación disciplinaria, en contra de Luz Mary Correa Ruiz como auxiliar de justicia – secuestre, en atención a la compulsa de copias ordenada por el precitado juzgado al considerar una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones dentro del proceso civil.

3.El 13 de enero de 20234, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta declaró la nulidad de la actuación disciplinaria, a partir del auto de apertura del 23 de junio de 2022 y remitió las diligencias a la Procuraduría Regional del Meta, para conocer del asunto y, en caso de no estar de acuerdo, planteó el conflicto negativo de competencias.

1 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 El hecho generador de la presunta falta se originó el 21 de junio de 2021, fecha en la cual el apoderado de la parte actora solicitó al juez el cambio de secuestre, toda vez que considero que la señora Luz Mary Correa Ruiz no cumplió con su obligación de rendir cuentas. 3 Expediente digital Samai, ED_0550001250200020220(.zip) 005 autodeapertura.pdf, folios 1 al 3. 4 Expediente digital Samai, ED_0550001250200020220(.zip) 010 faltadecomptencia.pdf, folios 1 al 7.Radicación 110010306000202300010400 Página 2 de 21

4. El 6 de febrero de 2023, la Procuraduría Regional del Meta declaró no ser competente para asumir el conocimiento de la actuación disciplinaria en mención, al considerar que tal asunto estaría a cargo de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y, en consecuencia, remitió el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Le y 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Consta que la Secretaría comunicó el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta , a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Procuraduría General de la Naci ón, a la Procuraduría Regional del Meta, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio y a la señora Luz Mary Correa Ruiz.

Obra también la constancia de la Secretaría de la Sala del 31 de marzo de 2023, en el sentido de que durante la fijación del edicto todas las autoridades autoridades guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en el Auto del 13 de enero de 2023, en el cual manifestó no ser competente para conocer

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en el Auto del 13 de enero de 2023, en el cual manifestó no ser competente para conocer del asunto conforme lo previsto en los artículos 2°, 92 y 265 de la Ley 1952 de 2019. Lo anterior, considerando que los auxiliares de la justicia son particulares que administran justicia de manera transitoria, y les es aplicable el régimen previsto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 1952 de 2019.

Señaló que «es claro que esta jurisdicción disciplinaria no es competente para conocer de los procesos disciplinarios en primera o segunda instancia contra los auxiliares de la justicia cuando no se ha notificado el pliego de cargos antes de la vigencia del Código General Disciplinario, esto es el 29 de marzo de 2022».

b. Procuraduría Regional del MetaRadicación 110010306000202300010400 Página 3 de 21

Sostuvo que, las investigaciones que se realicen en contra de auxiliares de la justicia, no son competencia de dicha autoridad, teniendo en cuenta que el auxiliar de la justicia no es un servidor público sino un particular que desarrolla oficios públicos ocasionales.

Señaló que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, dispone que le corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales examinar la conducta y sancionar las falt as de los auxiliares d e la justicia nunca perdió vigencia , «toda vez que valga reiterarlo, la derogación expresa que

Seccionales examinar la conducta y sancionar las falt as de los auxiliares d e la justicia nunca perdió vigencia , «toda vez que valga reiterarlo, la derogación expresa que contenía el texto original del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, fue modificado antes de entrar en vigencia y en dicha modificación ya no se contempla la referida derogación expresa», por lo que la mencionada norma sigue surtiendo efectos.

Finalmente, precisó que en virtud el Acto Legislativo 2 de 2015, las funciones que venían siendo desempeñadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales, pasaron a ser competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, por lo que resaltó que esta autoridad es quien tiene la competencia para investigar auxiliares de la justicia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración5

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20196, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiemp o posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el

el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiemp o posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

5 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán. 6 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 110010306000202300010400 Página 4 de 21

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que estable cen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Admin istrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»7 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 20218, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

7 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO C OMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dicha s leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 8 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones e n materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 110010306000202300010400 Página 5 de 21

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, t anto la C omisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta , como la Procuraduría Regional del Meta, han negado tener la competencia para conocer de la queja disciplinaria en contra de la señora Luz Mary Correa Ruiz quien se desempeñó como auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Seccional de l Meta y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Regional del Meta.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata resolver la competencia para conocer del proceso disciplinario que se adelanta en contra de la señora Luz Mary Correa Ruiz, en su condición de secuestre Luz Mary Correa Ruiz dentro del proceso ejecutivo hipotecario núm. 50001315300220160038500 que se adelantaba en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio Meta

dentro del proceso ejecutivo hipotecario núm. 50001315300220160038500 que se adelantaba en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio Meta

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta), y la otra que,Radicación 110010306000202300010400 Página 6 de 21

en el mismo evento, ejercería función administrativa (Procuraduría General de la Nación,9Regional Meta.)

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes10:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad comp etente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 11, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 12 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resu lta

proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resu lta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al

9 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023. 10 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.

comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023. 10 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 11 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integr idad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

12Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación 110010306000202300010400 Página 7 de 21

expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado13 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cu al le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer14.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]15.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre dos autoridades, una que cumplen función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

13 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021.Radicación 110010306000202300010400 Página 8 de 21

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»16.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de

autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspe nsión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asi gnación de competencia se

asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asi gnación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

16La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 110010306000202300010400 Página 9 de 21

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Regional del Meta y la Comisión Seccional de Disiciplina Judicial del Meta, el cual surgió por la queja presentada en contra de la señora Luz Mary Correa Ruiz auxiliar de la justici a, por la presunta omisión de rendir cuentas detalladas de su gestión como secuestre designada dentro del proceso ejecutivo hipotecario núm. 500013153002 20160038500.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial d el Meta, considera no ser competente para conocer del asunto conforme lo previsto en los artículos 2°, 92 y 265 de la Ley 1952 de 2019. Lo anterior, por cuanto los auxiliares de la justicia son particulares que administran justicia de manera transitoria, y les es aplicable el régimen previsto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 1952 de 2019.

Por su parte, la Procuraduría Regional del Meta aduce que, el artículo 41 de la Ley 1474

administran justicia de manera transitoria, y les es aplicable el régimen previsto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 1952 de 2019.

Por su parte, la Procuraduría Regional del Meta aduce que, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, dispone que le corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los C onsejos Seccionales examinar la conducta y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia.

Además, señala que virtud del Acto Legislativo 2 º de 2015, las funciones que venían siendo desempeñadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales, pasaron a ser competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, por lo que sostiene que esta autoridad es quien tiene la compete ncia para investigar a la señora Luz Mary Correa Ruiz.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a:

1. la potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxili ares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, vi) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable

constitucional; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, vi) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable vii) El caso concreto

6. Análisis del conflicto planteadoRadicación 110010306000202300010400 Página 10 de 21

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración17

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. As imismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igua l que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro18.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito propender por el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados19.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

17 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación 2021-025, entre otras.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Conten