CE - 110010306000202300116001AUTOQUERESUELDECLARACO20230706095435

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 14 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00116-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Provincial de Pasto) Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 , y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 ° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a e studiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 8 de julio de 2021 el abogado Luis Eduardo Segura Guevara interpuso ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño2, queja en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan , quien como secuestre dentro del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Segundo Ci vil Municipal de Pasto – Nariño, con radicado 2013-00600, presuntamente recibió el pago de cánones de arrendamiento y no realizó los respectivos depósitos judiciales al despacho.

2. El 25 de agosto de 2021 3, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño

2013-00600, presuntamente recibió el pago de cánones de arrendamiento y no realizó los respectivos depósitos judiciales al despacho.

2. El 25 de agosto de 2021 3, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño declaró no ser la competente para tramitar la investigación disciplinaria, y lo remitió a la Procuraduría Regional de Nariño, por considerar que era la autoridad competente.

3. La Procuraduría Regional de Nariño mediante oficio de 20 de septiembre de 2021 4, invocando el artículo 76, numeral 1, literal j) del Decreto 262 del 2000, remitió el proceso disciplinario a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto.

1 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Expediente digital Samai, ED_SOLICI TUD_06C01PRINCIPAL (Zip) 05queja, folios 1 al 2 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/Index y se evidencia que la fecha de radicación de la queja fue el 8 de julio de 2021. 3 Expediente digital S amai, ED_SOLICITUD_06C01PRINCIPAL (Zip) 08AutoDeclaraFaltaCompetencia, folios 1 al 3. 4 Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_06C01PRINCIPAL (Zip) 13AutoRXCD20212055421, folios 13 al 15.Radicación 11001030600020230011600 Página 2 de 26

4 Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_06C01PRINCIPAL (Zip) 13AutoRXCD20212055421, folios 13 al 15.Radicación 11001030600020230011600 Página 2 de 26

4. La Procuraduría Provincial de Pasto , mediante escrito de 22 de octubre de 2021 5, manifestó que «el bien secuestrado que se dejó bajo custodia de la investigada, está ubicado en el MUNICIPIO DEL BORDO © y todo indica que la acusada reside en la misma localidad», por lo que remitió el asunto a la Procuraduría Provincial de Popayán.

5. El 1 de diciembre de 2021 6, la Procuraduría Provincial de Popayán remitió el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca, al considerar que conforme a los artículos 2º y 3º de la Ley 734 de 2002, y el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 , a dicha autoridad corresponde examinar y sancionar las conductas constitutivas de falta de los auxiliares de la Justicia.

6. El 28 de marzo de 20227, la Comisión Seccional d e Disciplina Judicial del Cauca declaró su falta de competencia para conocer del asunto y remitió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, por considerar que fue en la ciudad de Pasto en donde se cometió la presunta falta disciplinaria . Sostuvo que «la competencia se determina por el factor territorial y en este caso donde se tramita el proceso respecto del cual la secuestre María Eugenia Bárcenas Inguilan realizó la gestión para la cual fue designada fue en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto».

determina por el factor territorial y en este caso donde se tramita el proceso respecto del cual la secuestre María Eugenia Bárcenas Inguilan realizó la gestión para la cual fue designada fue en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto».

7. El 18 de abril de 20228, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, declaró nuevamente su falta de competencia para conocer de la queja interpuesta en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan, por lo que remitió a la Procuraduría

Regional de Nariño.

8. El 17 de mayo de 20229, la Procuraduría Regional de Nariño remitió a la Procuraduría Provincial de Pasto , por considerarla competente territorialmente para conocer de la queja.

9. El 14 de junio de 2022 10, la Procuraduría Provincial de Pasto dio apertura a la investigación disciplinaria en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan , al considerar que se reunían los requisitos establecidos en el artículo 112 de la Ley 1952

5 Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_06C01PRINCIPAL (Zip)13AutoRXCD20212055421, folios 7 al 9. 6 Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_06C01PRINCIPAL (Zip)13AutoRXCD20212055421, folios 1 al 3. 7 Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_06C01PRINCIPAL (Zip) 16RemitePorCompetenciaNariño, folios 1 al 3. 8 No reposan en el expediente estos documentos, sin embargo, la información se extrae del documento donde la Procuraduría Provincial de Pasto, planteó el conflicto negativo de competencias, Expediente

folios 1 al 3. 8 No reposan en el expediente estos documentos, sin embargo, la información se extrae del documento donde la Procuraduría Provincial de Pasto, planteó el conflicto negativo de competencias, Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_03, folios 1 al 4. 9 Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_04EXPEDIENTED2022, folios 1 al 5. 10 Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_04EXPEDIENTED2022, folios 1 al 5.Radicación 11001030600020230011600 Página 3 de 26

de 2019, por sus presuntas conductas disciplinables siendo auxiliar de la justicia. Adicionalmente ordenó la práctica de pruebas y la notificación de la actuación.

10. El 2 de marzo de 2023 11, la Procuraduría Provincial de Pasto, declaró falta de competencia para continuar conociendo de la investigación disciplinaria en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan, auxiliar de la justicia (secuestre).

Sostuvo que, el Código General Disciplinario le otorgó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, «la competencia para ejercer la acción disciplinaria contra los particulares que prestan apoyo a la administración de just icia entre ellos como los son los Auxiliares de la Justicia».

Por lo anterior, el 7 de marzo de 202312, la Procuraduría Provincial de Pasto, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que dirimiera el conflicto negativo de competencias suscitado entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que dirimiera el conflicto negativo de competencias suscitado entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fij ó edicto13 por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Mediante informe secretarial del 29 de marzo de 2023, se dejó c onstancia que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Pasto, al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto – Nariño y a la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan.

Según informe secretarial del 13 de abril de 202 3, durante el término de fijación del edicto las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio14.

Mediante Auto de 25 de mayo de 2023, se ordenó por la Secretaría de la Sala comunicar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cauca , a fin de que, si lo estimaba pertinente, presentara alegatos o consideraciones. En posterior informe secretarial del 2 de junio de 2023, consta que dicha autoridad no se pronunció y guardo silencio.

pertinente, presentara alegatos o consideraciones. En posterior informe secretarial del 2 de junio de 2023, consta que dicha autoridad no se pronunció y guardo silencio.

11 Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_03AUTOCONFLICTOD, folios 1 al 4. 12Expediente digital Samai, ED_SOLICITUD_02CONSTANCIARADIC, folios 1 a 2. 13 Expediente digital Samai, actuación por edicto, folio 1. 14 Expediente digital Samai, informe comunicaciones, folio 1.Radicación 11001030600020230011600 Página 4 de 26

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en el Auto de 25 de agosto de 2021, en el cual manifestó no ser competente para conocer del asunto conforme lo previsto en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia, el cual fue adicionado por el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015.

Señaló que con la entrada en operación de la Comisión Naciona l y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial se les excluyó del conocimiento de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia, y únicamente les corresponde disciplinar a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, y a los abogados en ejercicio de su profesión.

b. Procuraduría Provincial de Pasto

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en la presentación del conflicto de competencias ante la Sala, en el que sostuvo que la Ley

profesión.

b. Procuraduría Provincial de Pasto

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en la presentación del conflicto de competencias ante la Sala, en el que sostuvo que la Ley 2094 de 2021 que modificó el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 estableció que a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables.

Por lo anterior, concluyó, que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Nariño, es la compet ente para continuar conociendo de la acción disciplinaria en contra de la señora Bárcenas Inguilan, en calidad de auxiliar de la justicia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración15

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan por una norma especial en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 16, norma especial sobre la materia, que dispone:

15 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán.

000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán. 16 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 11001030600020230011600 Página 5 de 26

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que ést e dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño y la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Provincial de Pasto no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las

Judicial de Nariño y la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Provincial de Pasto no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»17 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3º por el artículo 2° de la Ley 2080 de 202118, conforme al cual:

Art. 39. Conflictos de co mpetencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La

17 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dich as leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».

establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dich as leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 18 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230011600 Página 6 de 26

autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental , distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 20 80 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, como la Procuraduría Provincial de Pasto, han negado tener la competencia para conocer de la queja disciplinaria en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan quien se desempeñó como auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional: la Comisión Nacional de Disc iplina Judicial a través de la S eccional de Nariño y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Pasto.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación 11001030600020230011600 Página 7 de 26

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación 11001030600020230011600 Página 7 de 26

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata del eventual proceso disciplinario a seguirse en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan en su actuar como secuestre dentro del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto – Nariño. Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño), y la otra que, en el mismo evento, ejercería función administrativa19 (Procuraduría Provincial de Pasto).

Respecto los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes20:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no e s un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 21, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 22 que una de las garantías del debido

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 22 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resu lta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos

19 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referid as normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023. 20 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 21 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

21 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

22Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación 11001030600020230011600 Página 8 de 26

fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Dicho lo anterior, importante advertir que la Sala ha considerado23 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el

su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer24.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada (a priori) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]25.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que cumple función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional.

23 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014

función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional.

23 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 25 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021.Radicación 11001030600020230011600 Página 9 de 26

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»26.

En consecuencia, el procedimiento consagra do en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las

decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspect os jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del

caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del

26La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230011600 Página 10 de 26

asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

Se trata de un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Comisión Seccional de Disiciplina Judicial de Nariño y la Procuraduría Provincial de Pasto, y el cual surgió por la queja presentada ante referida Comisión, en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan , por su actuar como auxiliar de la justicia (secuestre) dentro del proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Pasto – Nariño, con radicado 2013-00600.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, señala que conforme al artículo 257A de la Constitución Política adicionado por el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, dicha Comisión solo debe investigar disciplinariamente a funcionarios y

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, señala que conforme al artículo 257A de la Constitución Política adicionado por el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, dicha Comisión solo debe investigar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, lo cual, excluye conocer de los procesos disciplinarios en contra de auxiliares