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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera Ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00120-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto,

Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de una auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, modificados por los artículo s 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante providencia del 11 de agosto de 2016 2, el Juzgado Promiscuo Municipal de Taminango (Nariño) comisionó a los juzgados civiles de Pasto, para que practicaran la diligencia de secuestro del establecimiento de comercio “Restaurante Los Caldos”, dentro del proceso ejecutivo radicado 2012-00006.

Por reparto, fue el Juzgado Segundo Municipal de Pasto el encargado de cumplir con la comisión impartida , para lo cual designó a la secuestre María Eugenia Bárcenas Inguilan, para que realizara la práctica del secuestro del establecimiento mencionado.

con la comisión impartida , para lo cual designó a la secuestre María Eugenia Bárcenas Inguilan, para que realizara la práctica del secuestro del establecimiento mencionado.

Frente a la función delegada por parte de ese juzgado, reposa en el expediente, que presuntamente la secuestre no rindió cuenta respecto a la administración del establecimiento “Restaurante los Caldos”.

2. Mediante providencia del 19 de febrero de 2019, el Juz gado Promiscuo Municipal de Taminango comunicó al Consejo Seccional de la Judicatura de

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 La información que se señala en este acápit e reposa en el expediente del conflicto núm. 110010306000202300120 en SAMAI. expediente digital.Radicación 11001030600020230012000 Página 2 de 20

Nariño, sobre la presunta falta disciplinaria en la que pudo incurrir la secuestre María Eugenia Bárcenas Inguilan.

3. A través de Auto del 25 de julio de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño abrió investigación disciplinaria en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan.

4. Mediante Auto del 25 de octubre de 20 21, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño declaró no ser la competente para continuar la investigación disciplinaria, y lo remitió a la Procuraduría Regional de Nariño, por considerar

4. Mediante Auto del 25 de octubre de 20 21, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño declaró no ser la competente para continuar la investigación disciplinaria, y lo remitió a la Procuraduría Regional de Nariño, por considerar que era la autoridad competente.

5. La Procuraduría Regional de Nariño, mediante Oficio del 20 de diciembre de 2021, invocando el artículo 76, numeral 1, literal e) del Decreto 262 del 2000, remitió el proceso disciplinario a la Procuraduría Provincial de Instrucción de

Pasto.

6. El 10 de febr ero de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto, avocó conocimiento de la investigación disciplinaria referida.

7. Sin embargo, el 2 de marzo de 2023 3, la misma Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto, señaló que, en virtud del artículo 2 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 de la ley 2094 de 2021, la Comisión Nacional Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales tenían la competencia para adelantar la investigación disciplinaria en contra de los auxiliares de la justicia.

Por lo anterior, negó su competencia sobre el asunto y solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre esa autoridad administrativa y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 30 de marzo de 2023, se

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 30 de marzo de 2023, se

3 Documento « 3_110010306000202300120003EXPEDIENTEDIGI20230330061256», expediente digital. En esta comunicación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto formuló el presente conflicto ante la Sala y señaló que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cauca en providencia de 25 de octubre de 2021, declaró su falta de competencia para investigar a la auxiliar de la justicia B árcenas Inguilan y la remitió a dicha P rocuraduría. Si embargo, en los documentos que obran en el expediente, se pudo constatar que dicha decisión no fue emitida por esa seccional, sino por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño , por lo que se entiende que se t rató de un error involuntario de la Procuraduría. En todo caso, dado que, en la presentación del conflicto, se hizo alusión a la Comisión de Disciplina Judicial de Cauca, dicha autoridad también fue notificada del presente conflicto sin que se haya pronunciado en ningún sentido.Radicación 11001030600020230012000 Página 3 de 20

fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.4

Mediante informe secretarial del 29 de marzo de 2023 5, se dejó constancia que se

autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.4

Mediante informe secretarial del 29 de marzo de 2023 5, se dejó constancia que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Nariño, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño; a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cauca, al Juzgado Promiscuo Municipal de Taminango y a la disciplinada María Eugenia Bárcenas Inguilan.6

Según informe secretarial del 13 de abril de 2023, durante el término de fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto presentó ante la Sala sus consideraciones. Las demás autoridades guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño

No presentó alegatos de conclusión, por lo que se toman los argumentos expuestos en providencia del 25 de octubre de 2021, en la que manifes tó no ser competente para conocer del asunto conforme a lo previsto en el artículo 257A 7 de la Constitución Política y la decisión de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, radicado núm. 11001 -03-06-000-2019-00209-00(2440)8, según los cuales, con la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se le excluyó del conocimiento para adelantar procesos disciplinarios que

cuales, con la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se le excluyó del conocimiento para adelantar procesos disciplinarios que se presenten en contra de auxiliares de la justicia.

Por lo anterior, remitió el asunto a la Procuraduría Regional de Nariño, por considerarla competente para adelantar la investigación disciplinaria.

4 Fijación por edicto núm. 113, documento «8_110010306000202300120001POREDICTO20230330061342», expediente digital. 5 Documento «8_110010306000202300120008EXPEDIENTEDIGI20230330061256», expediente digital.

7 ARTICULO 257A. La Co misión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. (…) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados.” 8 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 110010306000202300120 en SAMAI.Radicación 11001030600020230012000 Página 4 de 20

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto.9

Mediante escrito de 12 de abril de 202310, sostuvo que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no tiene competencia para dirimir el presente conflicto de competencias tal como la misma Sala lo manifestó en decisión de 7 de diciembre de 2022 en la que declaró su falta de competencias para resolver un conflicto de

Civil del Consejo de Estado no tiene competencia para dirimir el presente conflicto de competencias tal como la misma Sala lo manifestó en decisión de 7 de diciembre de 2022 en la que declaró su falta de competencias para resolver un conflicto de competencias suscitado entre la Procuraduría Regional de Instrucción de Nariño y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, debido a que las dos autoridades ejercían funciones jurisdiccionales.

Manifestó que conforme a lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales las competentes para adelantar los procesos disciplinarios en contra de funcionarios, empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, particulares disciplinables y demás autoridades que administran justicia de manera temporal y permanente.

Por lo anterior señala que quien debe investigar a la auxiliar de la justicia María Eugenia Bárcenas Inguilan, es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño.

3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cauca

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cauca fue mencionada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto en la formulación del presente conflicto, indicando que dicha seccional en providencia de 25 de octubre de 2021, declaró su falta de competencia para investigar a la señora Bárcenas Inguilan y remitió el asunto a la Procuraduría.

Si embargo, en los documentos que obran en el presente conflicto, es claro que fue la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño y no la del Cauca, la que

remitió el asunto a la Procuraduría.

Si embargo, en los documentos que obran en el presente conflicto, es claro que fue la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño y no la del Cauca, la que declaró su falta de competencia y remitió el asunto a la Procuraduría. Por lo anterior, y dado a que la Comisión de Disciplina Judicial de Cauca, fue notificada del presente conflicto y guardó silencio, se entiende que se trató de un error involuntario por parte de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto y que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cauca no hace parte del presente conflicto.

IV. CONSIDERACIONES

9 La información que se señala en este acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 110010306000202300120 en SAMAI. 10 Documento «9_110010306000202300120001ALEGATOSDECON20230413094635 », expediente digital.Radicación 11001030600020230012000 Página 5 de 20

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios.

Reiteración11

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial, contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 (CGD), que dispone:

Artículo 99 . Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá prom over conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto plan teado, esto es, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de los conflictos de competencia administrativa.

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

11 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306-000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán.Radicación 11001030600020230012000 Página 6 de 20

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competent e; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autori dades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, prevé que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo.

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación.

Tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, como la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto han negado tener la competencia para conocer del proceso disciplinario en contra de la auxiliar de la justicia María Eugenia Bárcenas Inguilan.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un sólo tribunal administrativo.

En el presente asunto, existen dos autoridades en conflicto, ambas del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En el presente asunto, existen dos autoridades en conflicto, ambas del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Nariño.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación 11001030600020230012000 Página 7 de 20

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata resolver la competencia para conocer del proceso disciplinario que se adelanta en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan , en su condición de secuestre en el proceso ejecutivo radicado 2012 -00006 que se adelantaba en el Juzgado Promiscuo Municipal de Taminango (Nariño).

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño), y la otra que, en el mismo evento, ejercería funciones administrativ as12 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto).

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes13:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en

conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 14, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala,15 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridade s en conflicto han negado

12 Al respecto se debe precisar que la Ley 2094 de 2021, en su artículo 1°, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación y replicó dicha función en los artículos 54, 73 y 74 (que modificaron los artículos 2°, 238ª, 265 de la Ley 1952 de 2019). Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30-23 declaró inexequible las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación que le había dado la referida norma (artículos 1, 54, 73 y 74), decisión que fue dada a conocer por medio del Comunicado 04 de la Corte Constitucional del 16 de febrero de 2023 . Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos adelantados en contra de quienes desempeñen funciones públicas con fundamento de sus funciones administrativas y no jurisdiccionales.

febrero de 2023 . Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación conocerá de los procesos adelantados en contra de quienes desempeñen funciones públicas con fundamento de sus funciones administrativas y no jurisdiccionales. 13 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 14 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

15Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación 11001030600020230012000 Página 8 de 20

simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal q ue la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado,

daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal q ue la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado16 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer17.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende,

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]18.

16 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006-00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021.Radicación 11001030600020230012000 Página 9 de 20

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto éste corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que cumple función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»19 .

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

19 19La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230012000 Página 10 de 20

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como la s pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consi deración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, el cual surgió por la queja presentada en contra de la

La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, el cual surgió por la queja presentada en contra de la señora María Eugenia Bárcenas Inguilan, auxiliar de la justicia en el proceso judicial núm. 2012-00006.

La Comisión Secci onal de Disciplina Judicial de Nariño, considera no ser competente para conocer del asunto, pues en virtud del artículo 257A de la Constitución Política solo debe investigar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, lo que, excluye conocer de los procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia, competencia que debe ser asignada a la Procuraduría.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pasto manifiesta que, en virtud del artículo 1 de la Ley 2094 de 2021, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, la entidad competente para ejercer función disciplinaria contra particulares que prestan apoyo a la administración de justicia.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se refer irá a: i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) Naturaleza de la función de los auxiliares de justicia; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacio