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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00124-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y Comisión

Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de l o dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante providencia de 28 de mayo de 2021 e l Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio (Meta), remitió copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, para que investigara las faltas disciplinarias en que pudo incurrir la señora Nelly Peñuela Martínez 2, quien se desempeñó como auxiliar de la justicia

(secuestre) dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 50001400300620120013200 adelantado por dicho juzgado.

2. Por medio de Auto de 13 de agosto de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta inició indagación preliminar en contra de la auxiliar de justicia Nelly

50001400300620120013200 adelantado por dicho juzgado.

2. Por medio de Auto de 13 de agosto de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta inició indagación preliminar en contra de la auxiliar de justicia Nelly

Peñuela Martínez.

3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, por medio de providencia de 10 de febrero de 2023, declaró la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del Auto de 13 de agosto de 2021 y ordenó remitir las diligencias a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta para conocer del asunto o que en caso de que no estuviera de acuerdo, planteara el conflicto negativo de competencias.

1 Ley 2080 de 2021 (enero 25), «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La señora Peñuela Martí nez se desempeñó como secuestre de un automo tor que fue entregado al despacho judicial el 29 de enero de 2019, frente al cual la propietaria solicitó el reconocimiento de pagos y perjuicios por el deterioro del vehículo.Radicación 11001030600020230012400 Página 2 de 21

4. La Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, a través de Auto del 6 de mayo de 2023, promovió el conflicto de competencia negativo frente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y, en consecuencia, remitió el expediente a la Sala de

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

de 2023, promovió el conflicto de competencia negativo frente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y, en consecuencia, remitió el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Le y 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Consta que la Secretaría comunicó el presente conflicto a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta , a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, y a la señora Nelly Peñuela Martínez.

Según informe secretarial del 21 de abril de 202 3, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta remitió escrito de alegatos , mientras que las demás partes involucradas o terceros interesados guardaron silencio.

Mediante Auto para mejor proveer del 24 de abril de 2023, el despacho ponente solicitó a la Secretaría de la Sala comunicar el presente conflicto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, para que, si lo estimaba pertinente, presentara sus alegatos o consideraciones.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

consideraciones.

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en el Auto del 10 de febrero de 2023 en el cual manifestó no ser competente para conocer del asunto. Señaló que conforme a lo previsto en los artículos 2°, 92 y 265 de la Ley 1952 de 2019 , los auxiliares de la justicia son particulares que administran justicia de manera transitoria, y les aplica el régimen previsto en el artículo 70 y siguientes de la misma ley.Radicación 11001030600020230012400 Página 3 de 21

Adicionó que, en decisión reciente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial 3 aclaró que la competencia para seguir conociendo de l as actuaciones contra auxiliares de la justicia, en aquellos casos en los que no se hubiere notificado pliego de cargos, es de la Procuraduría General de la Nación, por cuanto, el artículo 263 transitorio de la Ley 1952 de 2019 (modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 ) establece que a la entrada en vigencia de dicha ley, los procesos en los cuales se haya surti do la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. b. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

Mediante escrito presentado el 21 de abril del presente año, adujo que carece de

su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002. b. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

Mediante escrito presentado el 21 de abril del presente año, adujo que carece de competencia para adelantar las actuaciones disciplinarias que se sigan contra auxiliares de la justicia, puesto que éstos no son servidores públicos, sino particular es que desarrollan funciones públicas ocasionales y prestan colaboración en el ejercicio del servicio judicial con idoneidad y experiencia en cada materia, por lo que, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial según sea el caso, la competente para conocer de las quejas disciplinarias en contra de estos.

Agrega que, la Ley 1952 de 2019 entró a regir el 29 de marzo de 2022 con las modificaciones realizadas por la Ley 2094 de 2021 y, que dichas modificaciones no derogaron el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 en relación a que le corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinar la conducta y sancionar las faltas de los auxiliares de la Justicia, por lo que hasta la fecha, la mencionada norma sigue surtiendo efectos.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración4

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan por una norma especial en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20195, norma especial sobre la materia, que dispone:

de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan por una norma especial en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20195, norma especial sobre la materia, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente

3 Comisión Nacional de Disciplina Judicial, MP. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, Rad. 730011102000201900577 01 del 10 de agosto de 2022. 4 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11 -001-0306000-2022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán. 5 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 11001030600020230012400 Página 4 de 21

en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuand o ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior,

el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuand o ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), e n particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»6 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2° de la Ley 2080 de 20217, conforme al cual:

Art. 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se pro moverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime

Art. 39. Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se pro moverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación

6 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 7 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cu al se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230012400 Página 5 de 21

con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades na cionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el

Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, t anto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta , como la Procuraduría Regional de Instrucción de l Meta , negaron tener la competencia para conocer de la queja disciplinaria en contra de la señora Nelly Peñuela Martínez, quien se desempeñó como auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional: la

sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de l Meta y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta porque se trata del eventual proceso disciplinario a seguirse en contra del Grupo Prosperar ABB SASRadicación 11001030600020230012400 Página 6 de 21

designado como secuestre dentro del proceso ejecutivo con radicado 2011 -00243 adelantado por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tunja. Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autor idad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta ), y de ser declarada la otra, una f unción administrativa (Procuraduría Regional de Instrucción del Meta)8.

Respecto de los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes9:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241

entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 10, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 11 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para a delantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y e n general, de cualquier sujeto

8 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238 A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023.

inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023. 9 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 10 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

11Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación 11001030600020230012400 Página 7 de 21

sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto este panorama, la Sala ha considerado12 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón, es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer13.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establec er, de forma anticipada ( a priori ) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Cons ulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]14.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto

[por lo cual] es necesario que la Sala de Cons ulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]14.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que cumple función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

12 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017-00200). 14 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021.Radicación 11001030600020230012400 Página 8 de 21

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»15.

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»15.

En consecuencia, el procedimiento consagra do en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las

Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspec tos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del

15La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230012400 Página 9 de 21

asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación d e competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disiciplina Judicial del Meta, el cual surgió por la queja presentada en contra de la señora Nelly Peñuela Martínez por la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como auxiliar de la justicia.

Judicial del Meta, el cual surgió por la queja presentada en contra de la señora Nelly Peñuela Martínez por la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como auxiliar de la justicia.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial d el Meta, considera no ser competente para conocer del asunto conforme lo previsto en los artículos 2°, 92 y 265 de la Ley 1952 de 2019. Lo anterior, por cuanto los auxiliares de la justicia son particulares que cumplen funciones públicas transitorias y no administran justicia , y les es aplicable el régimen previsto en el artículo 70 y siguientes de la Ley 1952 de 2019.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta aduce que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, son competentes para ejercer la acción disciplinaria contra los particulares que prestan apoyo a la administración de justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 que a su juicio, se encuentra vigente.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a: i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) Naturaleza de la función de los auxiliares de justicia; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constituci onal; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de

auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constituci onal; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019; vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vii) El caso concreto.

6. Análisis del conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración16

16 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación 2021 -025, entre otras.Radicación 11001030600020230012400 Página 10 de 21

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el

en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de inte reses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro17.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en bene