CE - 110010306000202300125001AUTOQUERESUELDECLARACO20230906050325

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de 2023.

Número único: 11001-03-06-000-2023-00125-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y Procuraduría Regional de Instrucción del Meta Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 11 de marzo de 2022, el Juez Primero Civil del Circuito de VillavicencioMeta ordenó compulsa de copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para que se investig ara a Gloria Patricia Quevedo Gómez , por una presunta inobservancia de sus obligaciones como auxiliar de la justicia (secuestre), dentro del proceso No. 50001310300120140018800 2.

2. Mediante el Auto del 16 de septiembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta abrió la investigación disciplinaria en contra de la señora

del proceso No. 50001310300120140018800 2.

2. Mediante el Auto del 16 de septiembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta abrió la investigación disciplinaria en contra de la señora Gloria Patricia Quevedo Gómez y decretó la práctica de pruebas3.

3. El 25 de enero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta declaró la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del Auto del 16 de septiembre de 2022 y ordenó remitir las diligencias a la Procuraduría Regional de Instrucción

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Expediente digital, PDF 8, folio 1. 3 Expediente digital, PDF 8, folio 9.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 2 de 22

del Meta, con fundamento en los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, este último modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021 4.

4. Mediante Auto del 06 de marzo de 2023, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta promovió ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el presunto conflicto de competencias administrativas entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta; en consecuencia, remitió el asunto a la Sala, para que lo dirima5.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

de Estado el presunto conflicto de competencias administrativas entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta; en consecuencia, remitió el asunto a la Sala, para que lo dirima5.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) , el 14 de abril de 2023 se fijó un edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones6.

Consta en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , a la señora Gloria Patricia Quevedo y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio 7.

Según informe secretarial del 21 de abril de 2023, durante el término de fijación del edicto, la procuraduría Regional de instrucción del Meta present ó consideraciones al Despacho sobre el conflicto de competencias . Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio 8.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Meta

No presentó alegatos, no obstante , los argumentos pueden ser extraídos del Auto del 25 de enero de 20239, mediante el cual dicha autoridad remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

No presentó alegatos, no obstante , los argumentos pueden ser extraídos del Auto del 25 de enero de 20239, mediante el cual dicha autoridad remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

4 Expediente digital, PDF 8, folio 10. 5 Expediente digital, PDF 3. 6 Expediente digital, PDF 11. 7 Expediente digital, PDF 13. 8 Expediente digital, PDF 16. 9 Expediente digital, PDF 8, folio 10.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 3 de 22

Como fundamento de su posición señaló que, de acuerdo con la Sentencia del 19 de agosto de 202 1 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, radicado 110011102000201605631, el criterio jurisprudencial según el cual la Comisión Nacional y Seccionales de Disciplina Judicial, respectiva mente, conocían de las investigaciones en contra de auxiliares de la justicia fue modificado. De manera que, la competencia para disciplinar los corresponde a la Procuraduría General de la Nación, en virtud de los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019.

En ese sentido, afirmó lo siguiente:

Dicha postura jurisprudencial varió, determinando la falta de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, [sic] y las Seccionales para adelantar la investigación y juzgamiento contra auxiliares de la justicia, cuando no se ha notificado pliego de cargos antes de la vigencia del Código General Disciplinario.

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta

Esta autoridad presentó alegatos 10 reiterando los argumentos que sustentaron el

notificado pliego de cargos antes de la vigencia del Código General Disciplinario.

2. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta

Esta autoridad presentó alegatos 10 reiterando los argumentos que sustentaron el planteamiento del conflicto negativo de competencias plasmados en el Auto del 06 de marzo de 202311. De este modo reafirma la tesis según la cual la competencia para asumir el conocimiento del asunto recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta . Lo anterior , con fundamento en los argumentos que pasa n a sintetizarse.

En primer lugar, señaló que los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan oficios públicos ocasionales, y, en segundo lugar, precisó que en virtud del Acto Legislativo 2 de 2015, las funciones que venían siendo desempeñadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinar ia del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales pasaron a ser competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

En consecuencia, consideró que es indudable que la competenci a para conocer de las actuaciones disciplinarias de los auxiliares de la justicia recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial , de acuerdo con la competencia territorial de cada caso en particular.

Adicionalmente, manifestó que el criterio jurisprudencial establecido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que ha servido de fundamento a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para justificar su pérdida de competencia

10 Expediente digital, PDF 14. 11 Expediente digital, PDF 3.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 4 de 22

10 Expediente digital, PDF 14. 11 Expediente digital, PDF 3.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 4 de 22

en estos casos no tiene carácter vinculante y se basa en erróneas interpretaciones de las normas aplicables al caso.

En primer lugar, porque se decide con base en normas inexistentes o que han perdido vigencia pues, en su entender, no es posible afirmar que el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 derogó expresamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, pues, el texto originario que derogaba expresamente el mencionado artículo nunca entró en vigor, por lo que se aplicó indebidamente una norma que nunca surtió efectos en el ordenamiento jurídico colombiano, incurriendo en el defecto sustantivo por aplicación de una norma que no entró en vigencia. En consecuencia, se torna insostenible la tesis que deriva de un análisis sistemático, de acuerdo con la cual le correspondería a la Procuraduría General de la Nación el conocimiento de los asuntos disciplinarios que se sigan contra auxiliares de la justicia.

En segundo lugar, considera que tampoco es de recibo el argumento relacionado con lo estipulado por el artículo 263 del CGD modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 y las reglas de competencia que a partir de este contenido normativo construyó la Comisión , toda vez que, en tratándose de actuaciones que se encuentren en etapa de juzgamiento sobre las cuales es aplicable la Ley 734 de 2002, como aquellas que se siguen bajo los parámetros de la Ley 1952 de 2019 con sus respectivas modificaciones, deben ser adelantadas por la Comisión Nacional o

encuentren en etapa de juzgamiento sobre las cuales es aplicable la Ley 734 de 2002, como aquellas que se siguen bajo los parámetros de la Ley 1952 de 2019 con sus respectivas modificaciones, deben ser adelantadas por la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial respectiva, ya que el artículo 263 ar riba reseñado, no se centra en debatir cual es la entidad o despacho judicial competente para conocer una actuación disciplinaria, sino cual es la Ley (procesal) aplicable al caso en concreto según el estado en el que se encuentre, pues se trata de un régi men de transición, y por lo mismo no debe aplicarse lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, pues este tiene plena vigencia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios , según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan , actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias . El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 5 de 22

posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 5 de 22

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aqu ellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver conflictos de competencia administrativos

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, conforme con el cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de

artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, conforme con el cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades naci onales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado […].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es l a siguiente:Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 6 de 22

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se relacionan a continuación y se aplican al caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta

Este caso es particular y concreto, pues se trata de una actuación disciplinaria adelantada en contra de la señora Gloria Patricia Quevedo Gómez , debido al presunto ejercicio indebido de su condición de auxiliar de justicia.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccio nal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen función administrativa (la PGN y la personería) y otra que

dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen función administrativa (la PGN y la personería) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridades que ejerzan función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conoce r de la actuación administrativa particularRadicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 7 de 22

Las do s autoridades involucradas en el conflicto, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta rechazaron competencia para continuar la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas todas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán» 12.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren lo s términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar u n trámite

12 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 8 de 22

administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamen te las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer una actuación disciplinaria adelantada en contra de la señora Gloria Patricia Quevedo Gómez , la cual inició con auto de «apertura de investigación disciplinaria» el 16 de septiembre de 2022, por una presunta inobservancia de sus obligaciones como auxiliar de la justicia, al obrar como secuestre d entro del proceso No.

50001310300120140018800. En el proceso disciplinario aún no se ha emitido pliego de cargos.

El 25 de enero de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta remitió las diligencias a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta . Lo anterior, por considerar que , el criterio jurisprudencial según el cual la Comisión Nacional y Seccionales de Disciplina Judicial, respectivamente, conocían de las investigaciones en contra de auxiliares de la justicia fue modificado. De manera que, la competencia para disciplinarlos corresponde a la Procuraduría General de la Nación, en virtud de los artículos 20 y 92 de la Ley 1952 de 2019.

A su vez, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, en Auto del 06 de marzo de 2023 , manifestó que la competencia para asumir el conocimiento del asunto recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta. Lo anterior , por cuanto los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan oficios públicos ocasionales, y, por otro lado, precisó que, en virtud del Acto Legislativo 2 de 2015,

cuanto los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan oficios públicos ocasionales, y, por otro lado, precisó que, en virtud del Acto Legislativo 2 de 2015, las funciones que venían siendo desempeñadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales pasaron a ser competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. ReiteraciónRadicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 9 de 22

1. Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración iii) Funciones de la Comisión Seccional de Discipli na Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 Reiteración vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración13

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración13

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 2012 14, que dispone:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas , imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. [Subrayas fuera de texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional 15 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente

desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expediente 11001-03-06-000-2021-00025-00. 14 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 15 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 10 de 22

señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

En el mismo sentido, la Sala ha precisado16 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración 17

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia 18, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00200-00(C). 17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-03-06-000-2021-00025-00(C).

18 La Sala de Consulta y Servicio Civil, en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (rad. núm. 1100103-06-000-2014-00168-00), al evaluar si la asignación de competencias a la Jurisdicción Disciplinaria debía realizarse únicamente por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, o si era posible hacerlo mediante una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración d e justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisis».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00125-00 Página 11 de 22

Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

En vigencia de las normas citadas , la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo, en su momento, que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia

auxiliares de la Justicia.

En vigencia de las normas citadas , la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo, en su momento, que los procesos disciplinarios en contra d