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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00138-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional de Instrucción del Meta) y Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta Asunto: autoridad competente para adelantar una investigación disciplinaria contra un auxiliar de justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el p resunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante providencia del 25 de noviembre de 2022 3, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, Meta, ordenó remitir copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, por una presunta falta disciplinaria en que incurrió la señora Luz Mabel López Romero, en el cumplimiento de sus deberes, como auxiliar de la justicia . Lo anterior por cuanto , al parecer, desatendió el deber de rendir informes de gestión sobre el cuidado y administración de un bien secuestrado en el marco del proceso ejecutivo con título hipotecario número

auxiliar de la justicia . Lo anterior por cuanto , al parecer, desatendió el deber de rendir informes de gestión sobre el cuidado y administración de un bien secuestrado en el marco del proceso ejecutivo con título hipotecario número 500013103002201500296004, en el cual fue designada para el cuidado y administración del bien secuestrado5.

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Expediente digital, archivo núm. 1. Folios 13 a 15. 4 Expediente digital 1, folios 2 y 4. En los documentos allegados a la Sala, no se señala la clase de proceso en el q ue, la señora López Romero se designó como secuestre. No obstante, al consultar la página de procesos judiciales se señala que, es un ejecutivo con título hipotecario. Consultado en: https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx? EntryId=Ay%2ffwzP9G6 5elBnt40G6KYpOgZo%3d. 5 Expediente digital, archivo núm. 1. Folios 13.Radicación 11001030600020230013800 Página 2 de 22

2. Mediante Auto núm. 159 del 21 de febrero de 2023 6, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta ordenó remitir «el proceso disciplinario No.

2. Mediante Auto núm. 159 del 21 de febrero de 2023 6, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta ordenó remitir «el proceso disciplinario No. 50001250200020220084700 […] a la Procuraduría Regional de Instrucción del

Meta».

3. Mediante comunicación núm. 467 del 2 de marzo de 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta remitió por competencia el expediente a la

Procuraduría Regional de Instrucción del Meta7.

4. El 9 de marzo de 2023 8, mediante auto, la Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, declaró su falta de competencia para conocer las presuntas faltas disciplinarias cometidas por la señora Luz Mabel López Romero como auxiliar de la justicia. En la misma providencia, dicha entidad, promovió el conflicto de competencias administrativas bajo estudio9.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3°, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el 25 de abril de 2023, el edicto núm. 131, en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto10.

Consta que se informó sobre el conflicto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, a la Procuraduría General de la Nación (nivel central), a la Comisión

presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto10.

Consta que se informó sobre el conflicto a la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, a la Procuraduría General de la Nación (nivel central), a la Comisión Nacional de Di sciplina Judicial, a la Comis ión Seccional de Disciplina Judicial del Meta, al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio y a la señora Luz Mabel López Romero.11

6 Expediente digital, archivo núm. 4. Folios 1 a 6. 7 Expediente digital, archivo núm. 5. Folios 1 a 5. DE otra parte, ese mismo día, mediante correo electrónico, la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta remitió por competencia el expediente digital. El correo electrónico fue radicado en la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta el 7 de marzo de 2023, bajo el núm. 1459 -2023: información tomada del expediente digital, archivo núm. 4. Folios 5 a 8. 8 Este radicado fue asignado por la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta. 9 Expediente digital, archivo núm. 4. Folios 1 a 4. Mediante correo electrónico, identificado con el núm. 0684, recibido en la Sala de Consulta y Servicio Civil el 14 de marzo de 2023, la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional de Instrucción del Meta) remitió el expediente. Expediente digital, archivo núm. 3. Folios 1 a 2. 10 Expediente digital, archivo núm. 1. Folio 1.

General de la Nación (Procuraduría Regional de Instrucción del Meta) remitió el expediente. Expediente digital, archivo núm. 3. Folios 1 a 2. 10 Expediente digital, archivo núm. 1. Folio 1. 11 Expediente digital, archivo núm. 11. Folio 1.Radicación 11001030600020230013800 Página 3 de 22 Dentro del término de fijación del edicto, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta presentó escrito de alegatos 12. Las demás autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Regional de Instrucción del Meta13

En sus alegatos, señal ó que, según el artículo 41 de la Ley 1774 de 2011, los auxiliares de la justicia no son servidores públicos sino particulares que desarrollan oficios públicos ocasionales y que prestan su colaboración en el ejercicio de la función judicial con idoneidad y experiencia en cada materia, por lo que, de acuerdo a las leyes procesales que gobiernan el derecho disciplinario, la competencia recae en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o las seccionales, según el caso.

Asimismo, indicó que, el artículo 41 de la Ley 1774 de 2011 conservó su vigencia y aplicabilidad, según el artículo 140 de la Ley 1955 de 2019, hasta el 30 de junio de

2021. Sumado a ello, un día antes de entrar en vigencia la Ley 1952 de 2019, que lo derogaba se expidió la Ley 2094 de 2021 y este último cuerpo normativo guardó silencio respecto de la derogatoria de dicho artículo, por lo que, en su concepto, la

lo derogaba se expidió la Ley 2094 de 2021 y este último cuerpo normativo guardó silencio respecto de la derogatoria de dicho artículo, por lo que, en su concepto, la norma nunca se derogó.

Así, entonces, preci só que, dicha disposición sigue vigente, razón por la que los asuntos disciplinarios que se adelanten contra los auxiliares de la justicia le corresponde adelantarlos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales. En este caso, a la Seccional del Meta.

De otra parte, cit ó la decisión núm. 73001110200020190057701 del 10 de agosto de 2022 de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y controvierte dicha decisión, argumentando que, la Comisión decidió con base en normas inexistentes o que perdieron su vigencia, pues el artículo 41 de la Ley 1774 de 2011, continua vigente, y le asigna la competencia para decidir sobre las situaciones de los auxiliares de la justicia a dicha Corporación.

También indica que, el otro argumento utilizado por la Comisión, en la citada decisión se relaciona con el análisis del artículo 263 del C ódigo General Disciplinario, modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, realizado por dicha Corporación. Al respecto, manifestó que, para la Procuraduría la interpretación que debe darse de dicha norma es que, cuando las actuaciones se encuentran en etapa de juzgamiento y le es aplicable las Leyes 734 de 2002 y 1952

12 Expediente digital, archivo núm. 11. Folios 1 a 8. 13 Expediente digital 4; y expediente digital 12 (b).Radicación 11001030600020230013800 Página 4 de 22

12 Expediente digital, archivo núm. 11. Folios 1 a 8. 13 Expediente digital 4; y expediente digital 12 (b).Radicación 11001030600020230013800 Página 4 de 22 de 2019, en sus modificaciones, dichas actuaciones deben ser de conocimiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta14

Aunque dicho organismo judicial no presentó alegatos en el curso de este conflicto, sus argumentos aparecen expuestos en el Auto núm. 159 del 21 de febrero de 2023, con el cual se declaró incompetente y ordenó remitir el asunto a la Procuraduría General de la Nación (Regional de Instrucción del Meta).

En dicha providencia, manif estó que carece de competencia para investigar disciplinariamente a auxiliares de justicia, según se desprende del artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, pues en este caso, no se ha notificado el pliego de cargos antes del 29 de marzo de 2022, esto es, antes de entrar en vigencia el Código General Disciplinario. En consecuencia, indica que, la competencia para conocer el asunto es de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 15, norma especial sobre la materia, que dispone:

conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 15, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso cont rario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

14 Expediente digital 5, archivo núm. 4. Folios 1-6. 15 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 11001030600020230013800 Página 5 de 22 El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de compete ncia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el

a las que concierne el conflicto planteado, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2 Regla general de competencia para resolver conflictos de competencia administrativos

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales» están contenidas en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 20 21, conforme con el cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto inv olucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

municipal. En caso de que el conflicto inv olucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado […].

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén compre ndidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese alRadicación 11001030600020230013800 Página 6 de 22 despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se relacionan a continuación y se aplican al caso concreto:

1. Que se trate de una actu ación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta

Este caso es particular y concreto, se trata de resolver la competencia para conocer una remisión de copias ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, el 25 de noviembre de 2022, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta por las presuntas faltas disciplinarias cometidas, contra la señora

una remisión de copias ordenada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, el 25 de noviembre de 2022, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta por las presuntas faltas disciplinarias cometidas, contra la señora Luz Mabel López Romero, en su condición de auxiliar de la justicia porque «se sustrajo del deber de rendir informes de la gestión realizada atinentes al cuidado y administración del bien secuestrado, pese a los requerimientos realizados por el Juzgado».

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-2316, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución17.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen función administrativa (la PGN y la personería) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constituci onal y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al

cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constituci onal y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al

16 A la fecha, la sentencia aún no se ha publicado en su integridad, sin embargo, fue emitido el comunicado correspondiente. Puede consultarse en: https://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/Comunicado%2004%20Febrero%2016%20de %202023.pdf 17 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación 11001030600020230013800 Página 7 de 22 expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular

Las dos autoridades involucradas en conflicto, la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta , rechazaron competencia para continuar la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden

administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por interm edio de la Procuraduría Regional de Instrucción del Meta, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas todas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»18.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constit ución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará

deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará

18 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230013800 Página 8 de 22 que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expe diente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jur ídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petició n o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente

de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petició n o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Síntesis del conflicto y Problema jurídico

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer el informe con implicaciones disciplinarias presentado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio, el 25 de noviembre de 2022, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta. En dicho informe se relacionan las presuntas faltas disciplinarias cometidas por la señora Luz Mab el López Romero, en su condición de secuestre porque, al parecer, desatendió el deber de rendir informes de gestión sobre el cuidado y administració n de un bien secuestrado, a pesar de los requerimientos realizados por el Juzgado.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta manifestó que, con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, el artículo 265 derogó expresamente la competencia que se atribuyó inicialmente a la Comisión sobre este tema. Así, el artículo 70 en concordancia con el 92 de la citada ley dispuso que la competencia para investigar disciplinariamente a los auxiliares de la justicia sería de la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Regional de In strucción del Meta señala que, el artículo 41 de la Ley 1774 de 2011 conservó su vigencia y aplicabilidad, por lo que, asignó así la competencia para conocer los procesos contra los auxiliares de la

Por su parte, la Procuraduría Regional de In strucción del Meta señala que, el artículo 41 de la Ley 1774 de 2011 conservó su vigencia y aplicabilidad, por lo que, asignó así la competencia para conocer los procesos contra los auxiliares de la justicia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o a las seccionales.Radicación 11001030600020230013800 Página 9 de 22 Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración19

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201220, que dispone:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos . Los cargos de auxiliares de la justicia son

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201220, que dispone:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos . Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas , imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. [Subrayas fuera de texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional21 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expediente 11001-03-06-000-2021-00025-00. 20 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 21 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003.Radicación 11001030600020230013800 Página 10 de 22 […] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser

21 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003.Radicación 11001030600020230013800 Página 10 de 22 […] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régime n de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

En el mismo sentido, la Sala ha precisado22 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración 23

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de

instancia que señale la ley. […]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia24, así:

22 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00200-00(C). 23 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de mayo de 2021. Radicado núm. 1001-03-06-000-2023-00083-00 (C). 24 La Sala de Consulta y Servicio Civil, en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (rad. núm. 1100103-06-000-2014-00168-00), al evaluar si la asignación de competencias a la Jurisdicción Disciplinaria debía realizarse únicamente por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, o si era posible hacerlo mediante una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la

«[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque