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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá D.C., (28) veintiocho de junio de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2023-000154-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería municipal de Tunja Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de unos auxiliares de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 7 de junio de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja, mediante auto, relevó al secuestre Oracros S.A. y a su delegada Leydi Andrea Rojas Bustamante, dado que no prestaron rendición de cuentas de la administración de los bienes entregados a su gestión en el proceso ejecutivo 150013153003201400082-00 que se adelantaba en el citado juzgado.

2. El mismo 7 de junio de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de

bienes entregados a su gestión en el proceso ejecutivo 150013153003201400082-00 que se adelantaba en el citado juzgado.

2. El mismo 7 de junio de 2018, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja ordenó remitir copias al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara las presuntas conductas , con incidencia disciplinaria , en que pudieron incurrir el secuestre Ora cros S.A.S. y su delegada Leydi Andrea Rojas Bustamante , como consecuencia de la omisión en rendir cuentas de su gestión y responder a los diferentes requerimientos del despacho judicial.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 2 de 26

3. El 15 de junio de 20 182, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Tunja remitió oficio al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara la conducta del secuestre Oracros S.A. y a su delegada Leydi Andrea Rojas Bustamante.

4. El 9 de julio de 2018, el Consejo Sec cional de la Judicatura de Boyacá, Sala Jurisdiccional Disciplinaria , abrió indagación preliminar en contra de la sociedad Oracros S.A. y su delegada Leydi Andrea Rojas Bustamante3.

5. El 1.° de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remitió

Oracros S.A. y su delegada Leydi Andrea Rojas Bustamante3.

5. El 1.° de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remitió el expediente, por competencia, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y provocó colisión negativa de competencia4.

6. El 28 de septiembre de 2022, la Procuradu ría Provincial de Instrucción de Tunja remitió por competencia el expediente, a la Personería municipal de Tunja5.

7. El 18 de enero de 2023, la Personería municipal de Tunja promovió ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el presunto conflicto de competencias administrativas entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Personería municipal de Tunja. En consecuencia, el 1 de febrero de 2023 remitió el asunto a la Sala, para que dirima el presunto conflicto negativo de competencias.

8. El 2 de febrero de 2023, la Personería municipal de Tunja, a través de su delegada para la vigilancia administrativa de Tunja remiti ó las diligencias del asunto al procurador Regional de Instrucción de Boyacá para que dirimiera el conflicto negativo de competencias suscitado entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Personería de Tunja6.

9. El 9 de marzo de 2023, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá remitió por competencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a efecto

9. El 9 de marzo de 2023, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá remitió por competencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a efecto de que resuelva el conflicto de competencia promovido por el señor Personero Municipal de Tunja, que plantea, entre esa entida d, la Procuraduría Provincial de Instrucción Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá7.

2 Páginas 3 a 6 documento «1_1100103600020230003002DemandaWeb202326151447_TCZipDossier133284181870 », expediente digital. 3 Decisión notificada por edicto el 28 de noviembre de 2018. 4 Decisión remitida a la Procuraduría Provincial el día 26 de agosto de 2022. 5 Remitido el 29 de septiembre de 2022 al personero municipal. Carpeta anexos. Expediente digital. 6 OF. PMT-DVGAD-CODIS-010/Rad. PMT 12540-2022de la carpeta de anexos del expediente digital. 7 El 17 de marzo de 2023, se remitió el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 3 de 26

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 3 de marzo de 2023, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.8

Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.8

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Personería Municipal de Tunja, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Procuraduría Regional de Instrucción Boyacá, Oracros SAS, al Juzgado Tercero Civil de Oralidad de Tunja y a la señora Leydi Andrea Rojas Bustamante.

Según informe secretarial del 16 de mayo de 2023, durante el término de fijación del edicto, presentaron alegatos de conclusión : La Personería Municipal de Tu nja. Por su parte, mediante el sistema de gestión judicial SAMAI, , Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, presentó consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Personería Municipal de Tunja

En escrito del 8 de mayo de 2023, la Personería Municipal de Tunja sustentó su falta de competencia para conocer del asunto en los siguientes argumentos:

Teniendo en cuenta el factor relativo a la calidad del sujeto disciplinable, advirtió que, dentro del régimen interno de competencias de la Procuraduría General de la Nación, el literal j) del numeral 1 del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021 establece la competencia de las Procuradurías Provinciales de Instrucción para conocer de las actuaciones

literal j) del numeral 1 del artículo 22 del Decreto 1851 de 2021 establece la competencia de las Procuradurías Provinciales de Instrucción para conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

Por otra parte, indicó que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, que define l as funciones que deben ser cumplidas por los personeros, la competencia disciplinaria de las personerías está circunscrita a los particulares que cumplen funciones públicas para las entidades y órganos que ejercen labores propiamente ejecutivas en el marco de la jurisdicción territorial municipal, verbigracia, el Concejo, Contraloría, Personería, Alcaldía o sus entidades descentralizadas; más no

8 Fijación por edicto núm. 146 del expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 4 de 26

respecto de los colaboradores al servicio de otras entidades de las demás ramas del poder público, como la Rama Judicial. En este sentido, destacó que los sujetos disciplinables en el caso objeto de análisis no ostentan la calidad de servidor es públicos municipales, ni tuv ieron ninguna relación directa o indirecta con la administración municipal, o con alguna de las entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al municipio de Tunja, ya que no prestaban sus servicios a entidades y órganos de este nivel, es decir, a la administración municipal de Tunja, desde su connotación de organización político administrativa y no simplemente territorial. Los disciplinados son colaboradores de la administración de justicia, en su calidad de

servicios a entidades y órganos de este nivel, es decir, a la administración municipal de Tunja, desde su connotación de organización político administrativa y no simplemente territorial. Los disciplinados son colaboradores de la administración de justicia, en su calidad de particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo cual deben ser disciplinados por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja conforme lo dispone el literal j ) del numeral 1 de artículo 22 del citado Decreto 1851 de 2021; o por la misma Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Mediante escrito del 10 de mayo de 2023, esta autoridad presentó alegatos de conclusión y no declaró expresamente su falta de competencia para conocer del presente asunto, pero dicha manifestación se puede deducir de los argumentos expuestos por la Procuraduría para afirmar que la competencia podría recaer en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá o en la Personería Municipal de Tunja.

En relación con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sostuvo que el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 establece la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para ejercer la acción disciplinaria entre otros, en contra de los particulares. Lo anterior, en concordancia con el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021. Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que

el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021. Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales y que el artículo 50 del referido código dispone que las faltas en las que incurran los auxiliares de la justicia deben ser comunicadas al Consejo Superior de la Judicatura, por ser la autoridad competente para sancionarlos. En cuanto a la competencia de la Personería Municipal de Tunja, argumentó en primer lugar, que si bien la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario, de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y de las personerías distritales y municipales, igual poder radica en las personerías municipales en relación con la administración municipal, esto es, en relación con las investigacione s que laRadicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 5 de 26

administración local adelante. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1952 de 2019. No obstante, señaló que en el caso específico no se plantea el problema jurídico del poder preferente de estas autoridades, sino la limitación o no del poder disciplinario de las personerías frente a los funcionarios de la administración municipal. En relación con este aspecto, recordó que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el particular disciplinable conforme a este

las personerías frente a los funcionarios de la administración municipal. En relación con este aspecto, recordó que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Destacó entonces que la norma atribuye competencia a las personerías municipales para adelantar procesos disciplinarios en contra de particulares, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión atribuibles a estos, salvo lo dispuesto en el artículo 76 del código, que se refiere a los Notarios. En consecuencia, la disposición no limita la competencia de las personerías a los sujetos que hagan parte de la administración municipal.

3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá , no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 13 de ju lio de 2022 , mediante el cual remitió por competencia el asunto a la

Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja. En el mencionado proveído, la Comisión manifestó que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la cual entró en vigor el 29 de marzo de 2022, la competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra de la

artículos 2, 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la cual entró en vigor el 29 de marzo de 2022, la competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra de la sociedad Oracros SAS y la señora Leydi Andrea Rojas Bustamante , para que se investiguen las presuntas irregularidades en que pudieron incurr ir por no comparecer ante el despacho a rendir cuentas de su gestión y responder a los diferentes requerimientos del despacho judiciales de la Procuraduría General de la Nación.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con las citadas disposiciones, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, razón por la cual la Ley 1952 de 2019 , los incluyó en el régimen disciplinario de los particulares disciplinables conforme a dicha normativa. En este sentido, precisa que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 atribuyó competencia a la Procuraduría General de la Nación para investigar a los particulares disciplinables conforme a este código y, por ende, derogó tácitamente el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que otorgaba competencia para adelantar los procesos disciplinarios de losRadicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 6 de 26

auxiliares de la justicia al Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

4. Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá Aunque la Procuraduría Regional no presentó alegatos, del oficio mediante el cual resolvió sobre su competencia para conocer de los conflictos de competencia y remitió a la Sala de Consulta y Servicio Civil, consideró lo siguiente:

Aunque la Procuraduría Regional no presentó alegatos, del oficio mediante el cual resolvió sobre su competencia para conocer de los conflictos de competencia y remitió a la Sala de Consulta y Servicio Civil, consideró lo siguiente: Este despacho carece de competencia para resolver el asunto, toda vez que verificados y analizados los asuntos, el conflicto de competencia se plantea ante tres autoridades con funciones disciplinarias, y de las cuales esta Regional de Instrucción es superior común inmediato de la Procuraduría Provincial de Instrucción Tunja y de la Personería Municipal de igual ciudad, diferente esto, respecto de la Comisión de Disciplina Judicial de Boyacá, por esta razón, es del caso abstenerse de emitir una decisión de fondo en el conflicto propuesto. De acuerdo con lo anterior se precisa que, al estar involucradas en el asunto, la Comisión de Disciplina Judicial de Boyacá, la Procuraduría Provincial de Instrucción Tunja y, la territorial, la Personería Municipal de Tunja, le compete a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dirimir el conflicto de competencias negativo, lo que determina, y así se ordenará, que le sean remitidos los veinte (20) asuntos disciplinarios, para lo de su cargo.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente

de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la compet encia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 7 de 26

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»9 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para

orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

9 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 8 de 26

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

La Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá han negado su competencia para conocer y tramitar la queja disciplinaria presentada en contra de Oracros SAS y la señora Leydi Andrea Rojas Bustamante, en su calidad de auxiliares de justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas

Leydi Andrea Rojas Bustamante, en su calidad de auxiliares de justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se ven involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y , la Comisión Nacional de disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Tunja. Adicionalmente, hace parte del conflicto de competencias la Personería Municipal de Tunja, autoridad del orden territorial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para conocer y continuar la investigación disciplinaria en contra de Oracros SAS y la señora Leydi Andrea Rojas Bustamante, en su condición de auxiliares de la justicia. Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que la posición mayoritaria de la Sala en recientes decisiones 10 ha sido la de considerar que el asunto es de naturaleza administrativa cuando al menos una de las autoridades en conflicto ejerce funciones administrativas. En ese sentido, en el presente caso se tiene que el asunto es de naturaleza administrativa en tanto que la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, ejercen funciones administrativas; mientras que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, ejerce funciones jurisdiccionales.

administrativa en tanto que la Personería Municipal de Tunja y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, ejercen funciones administrativas; mientras que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, ejerce funciones jurisdiccionales.

10 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 7 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00233-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 14 de junio de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00004-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 2 de junio de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00026-00.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 9 de 26

Al respecto, es importante precisar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa. Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidido por la Sala.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidido por la Sala.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»11.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la p arte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Con sulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Con sulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

11 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00154-00 Página 10 de 26

Las eventuales alusiones que se haga a aspec tos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer del proceso disciplinario adelantado en contra de la sociedad Oracros SAS y la señora Leydi Andrea Rojas Bustamante , en su condición de auxiliar es de la justicia, por la omisión en rendir cuentas de su gestión y no responder a los diferentes requerimientos del despacho judicial.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el referido proceso disciplinario fue abierto y

omisión en rendir cuentas de su gestión y no responder a los diferentes requerimientos del despacho judicial.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el referido proceso disciplinario fue abierto y adelantado hasta la etapa de indagación preliminar por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare; la cual se transformó en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá el 13 de enero de 2021.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en Auto del 1.° de julio de 2022, manifestó que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, perdió competencia para «[…] evaluar la investigación disciplinaria y tomar la determinación correspondiente ». Lo anterior por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, dicha competencia recae en la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Pr