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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 7 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00157-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Personería Municipal de Tunja, Procuraduría Provincial de

Instrucción de Tunja, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Asunto: Autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 , y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 ° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante providencia del 26 de marzo de 20192, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja dispuso, relevar al auxiliar de la justicia Juan Francisco Díaz, como perito dentro del proceso de reparación directa con número de radicado 1500133330082017011500 por abstenerse de presentar el informe correspondiente y remitir copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá.

2. Mediante Auto del 30 de junio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá declaró no ser competente para continuar la investigación disciplinaria, y la

2. Mediante Auto del 30 de junio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá declaró no ser competente para continuar la investigación disciplinaria, y la remitió a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, por considerar que era la autoridad encargada de conocer sobre ese asunto.

3. Mediante Auto de 28 de septiembre de 2022 la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja remitió el asunto a la Personería Municipal de Tunja en virtud de su poder preferente.

4. El 19 de enero de 2023, la Personería Municipal de Tunja, con fundamento en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, promovió conflicto negativo de competencias con la

1 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se señala en est e acápite reposa en el expediente del conflicto núm. 110010306000202300157 en SAMAI. expediente digital.Radicación 11001030600020230015700 Página 2 de 22

Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, ante la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá.

5. El 9 de marzo de 2023 3, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, con

Judicial de Boyacá, ante la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá.

5. El 9 de marzo de 2023 3, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, con fundamento en los artículos 2, 3, 70, 82, 92, 93 y 99 de la Ley 1952 de 2019, así como el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, negó su competencia sobre el asunto y solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre esa autoridad administrativa y la Comisión Seccional de

Disciplina Judicial de Boyacá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó edicto4 por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

Mediante informe secretarial del 4 de mayo de 2023, se dejó constancia que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Boyacá, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja , a l a Personería Municipal de Tunja y al disciplinado Juan Francisco Díaz.

Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá; al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja , a l a Personería Municipal de Tunja y al disciplinado Juan Francisco Díaz.

Según informe secretarial de 8 de mayo de 2023, durante el término de fijación del edicto, la Personería Municipal de Tunja presentó ante la Sala sus consideraciones. Las demás autoridades guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

No presentó alegatos de conclusión por lo que se toman los argumentos expuestos en el Auto de 30 de agosto de 2022, en el cual manifestó no ser competente para conocer del asunto conforme lo previsto en los artículos 2, 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019.

Señaló que con la entrada en operación de la Comisión Nacional y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial se les excluyó del conocimiento de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los auxiliares de la justicia, y únicamente les

3 Documento 7 expediente digital Samai. 4 Expediente digital Samai, actuación por edicto.Radicación 11001030600020230015700 Página 3 de 22

corresponde disci plinar a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, y a los abogados en ejercicio de su profesión.

b. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Presentó alegatos de conclusión mediante escrito de 10 de mayo de 2023 5, en el que reitera los argumentos expuestos en la remisión por competencia que hizo a la Personería

b. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Presentó alegatos de conclusión mediante escrito de 10 de mayo de 2023 5, en el que reitera los argumentos expuestos en la remisión por competencia que hizo a la Personería Municipal de Tunja el 19 de enero de 2023, en la que sostuvo que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 estableció que en virtud del poder preferente, la Procuraduría General de la Nación puede iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de su competencia.

Por lo anterior, concluyó, que la Personería Municipal de Tunja , es la compet ente para iniciar y llevar hasta su culminación el trámite de la actuación disciplinaria en contra de l señor Julio (sic) Francisco Díaz, en calidad de auxiliar de la justicia.

c. Personería Municipal de Tunja

Mediante escrito de 9 de mayo de 2023 6,señaló que con fundamento en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994 , su competencia en materia disciplinaria se circunscribe a los servidores públicos municipales con excepción del alcalde, concejales y contralor, y que el auxiliar de la justicia es un colaborador de la rama judicial, más no del poder ejecutivo en el nivel municipal.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración7

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20198, norma especial sobre la materia, que dispone:

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20198, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

5 Documento 19 expediente digital Samai. 6 Documento 16 expediente digital Samai. 7 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 con radicado núm. 11-001-0306-0002022-00080 M.P. María del pilar Bahamón Falla y Decisión del 2 de junio de 2022 con radicado núm. 11001-0306-000-2022-00055 M.P. Ana María Charry Gaitán. 8 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación 11001030600020230015700 Página 4 de 22

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior,

el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, Personería Municipal de Tunja y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»9 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 202110, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se

artículo 2° de la Ley 2080 de 202110, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del ord en departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

9 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 10 Ley 2080 de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y s e dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230015700 Página 5 de 22

De igual ma nera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

De igual ma nera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territ orial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, y la Personería Municipal de Tunja han negado tener la competencia para conocer de la compulsa de copias en materia disciplinaria efectuada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, en contra del señor Juan Francisco Díaz por su actuar como auxiliar de la justicia en el proceso de reparación directa que cursa ante dicho juzgado.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea

Francisco Díaz por su actuar como auxiliar de la justicia en el proceso de reparación directa que cursa ante dicho juzgado.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, dos de las tres autoridades en conflicto son del orden nacional: la Comisión Nacional de Disc iplina Judicial a través de la S eccional de Boyacá y la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, y una del orden local, la Personería Municipal de Tunja.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería una función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá), y las otras que, en el mismo evento, ejercerían función administrativa11 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y Personería Municipal de Tunja).

11 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de laRadicación 11001030600020230015700 Página 6 de 22

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes12:

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa y otra que cumple función jurisdiccional, la Sala ha manifestado consideraciones importantes12:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan

(todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política13, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 14 que una de las garantías del debido proceso es que la aut oridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conf licto negativo de competencias planteado, en atención al

hayan sido afectados por la conducta sancionable. En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conf licto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023. 12 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 13 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Se destaca]

14Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras.Radicación 11001030600020230015700 Página 7 de 22

Visto este panorama, la Sala ha considerado 15 que, en ejercicio de su función legal,

2022-00130; entre otras.Radicación 11001030600020230015700 Página 7 de 22

Visto este panorama, la Sala ha considerado 15 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán qu e los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Sobre este último aspecto, la Sala ha precisado lo siguiente:

[…] la Sala, no puede definir de antemano si el asunto que genera el conflicto es administrativo o judicial, pues ello depende de la entidad o el organismo al cual le sea asignada la competencia. […] Por tal razón , es necesario definir primero la competencia, para que la autoridad que sea declarada competente aplique los principios y las normas que resulten pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de la función a ejercer16.

En el mismo sentido, ha señalado que:

No es posible establecer, de forma anticipada ( a priori) la naturaleza de la actuación que deba iniciarse o proseguirse, en este caso, pues ello depende, justamente, de cuál de las autoridades en conflicto sea declarada competente, [por lo cual] es necesario que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto […]17.

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que cumple función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la

Las anteriores consideraciones, son igualmente aplicables al asunto en estudio, en tanto este corresponde a un conflicto de competencias entre una autoridad que cumple función administrativa, y otra que cumple función jurisdiccional, lo que supone entonces la competencia de la Sala para resolverlo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»18.

15 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 201700200). 17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, decisión del 20 de mayo de 2021. 18La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230015700 Página 8 de 22

18La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230015700 Página 8 de 22

En consecuencia, el procedimiento consagra do en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para ade lantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala so bre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala estudia un conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre la Comisión Seccional de Disiciplina Judicial de Boyacá, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja, el cual surgió por la compulsa de copias, en contra del señor Juan Francisco Díaz , por su actuar como auxiliar de la justicia (perito) dentro del proceso de reparación directa adelantado por el JuzgadoRadicación 11001030600020230015700 Página 9 de 22

Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja , con radicado 1500133330082017011500.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, señala que conforme al artículo

Octavo Administrativo Oral del Circuito de Tunja , con radicado 1500133330082017011500.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, señala que conforme al artículo 257A de la Constitución Política adicionado por el artículo 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, dicha Comisión solo debe investigar disciplinariamente a funcionarios y empleados de la Rama Judicial, lo cual, excluye conocer de los procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justica, competencia que debe ser asignada a la Procuraduría.

Por su parte, la P rocuraduría Provincia l de Instrucción de Tunja aduce que , con fundamento en el poder preferente que le permite asumir o reasignar asuntos, la Personería Municipal de esa ciudad , es competente para ejercer la acción disciplinaria contra los particulares que prestan apoyo a la administración de justicia, por lo que es dicho organismo el que debe conocer de la investigación del señor Díaz, auxiliar de la justicia.

Finalmente, la Personería Municipal de Tunja, informa que, con fundamento en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994 su competencia en materia disciplinaria se circunscribe a los servidores públicos municipales con excepción del alcalde, concejales y contralor, y que el auxiliar de la justicia es un colaborador de la rama judicial, más no del poder ejecutivo en el nivel municipal.

Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a : i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia ; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para

Estado. Reiteración; ii) Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia ; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional ; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019; vi) Competencia de las personerías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables; vii) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable, viii) El caso concreto.

6. Análisis del conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración 19

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

19 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Radicación 2021025, entre otras.Radicación 11001030600020230015700 Página 10 de 22

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez,

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pública, al igu al que la garantía del cumplimiento de los