CE - 110010306000202300160001AUTOQUERESUEL20230726162648

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá D.C., 14 de junio de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-000160-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Boyacá, Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y Personería Municipal de Tunja Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Auto del 8 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja ordenó compulsar copias ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, para que se investigaran las presuntas irregularidades en las que incurrió el señor William Ernesto Dueñas Moreno, en el cargo de secuestre dentro del proceso ejecutivo 2009-00692, relacionadas con la omisión de presentar informes de su gestión y la falta de depósito de los bienes en el almacén general de depósito.

2. El 13 de febrero de 2018, la Sala Jurisdiccional Di sciplinaria d el Consejo

y la falta de depósito de los bienes en el almacén general de depósito.

2. El 13 de febrero de 2018, la Sala Jurisdiccional Di sciplinaria d el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá abrió indagación preliminar en contra de l señor William Ernesto Dueñas Moreno y ordenó la práctica de pruebas.

3. El 12 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Provincial de Tunja.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 2 de 26

4. Mediante Auto del 28 de septiembre de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja remitió por competencia el expediente a la Personería Municipal de Tunja.

5. El 20 de enero de 2023, la Personería Municipal de Tunja promovió ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el presunto conflicto de competencias administrativas entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y la Personería Municipal de

Tunja.

6. El 9 de marzo de 2023, el Procurador Regional de Instrucción de Boyacá remitió por competencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a efecto de que resuelva el conflicto de competencia promovido por el señor Personero

por competencia a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a efecto de que resuelva el conflicto de competencia promovido por el señor Personero Municipal de Tunja, que plantea, entre esa entidad, la Procuraduría Provincial de Instrucción Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021) , el 9 de mayo de 2023 se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones2.

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio d e este trámite a la Personería Municipal de Tunja, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Procuraduría General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la P rocuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, al Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja y al señor William Ernesto Dueñas Moreno.

Según informe secretarial del 16 de mayo de 2023, durante el término de fijación del edicto, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja presentó alegatos de conclusión. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Personería Municipal de Tunja

La Personería Municipal de Tunja no se pronunció sobre este conflicto de competencias

silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Personería Municipal de Tunja

La Personería Municipal de Tunja no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala . Sin embargo, los

2 Fijación por edicto núm. 152, documento « 13_110010306000202300160001POREDICTO20230508143917», expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 3 de 26

argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 20 de enero de 2023, mediante el cual, remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja.

Teniendo en cuenta el factor relativo a la calidad del sujeto disciplinable, advirtió que, dentro del régimen interno de competencias de la Procuraduría General de la Nación, el literal j ) del numeral 1 de l artículo 22 del Decreto 1851 de 2021 establece la competencia de las Procuradurías Provinciales de Instrucción para conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los particulares que desempeñen función pública a nivel distrital o municipal.

Por otra parte, indicó que , de acuerdo con el numeral 4 del artículo 178 de la Ley 136 de 1994, que define las funciones que deben ser cumplidas por los personeros, la competencia disciplinaria de las personerías está circunscrita a los particulares que cumplen funciones públicas pa ra las entidades y órganos que ejercen labores propiamente ejecutivas en el marco de la jurisdicción territorial municipal, verbigracia,

competencia disciplinaria de las personerías está circunscrita a los particulares que cumplen funciones públicas pa ra las entidades y órganos que ejercen labores propiamente ejecutivas en el marco de la jurisdicción territorial municipal, verbigracia, el Concejo, Contraloría, Personería, Alcaldía o sus entidades descentralizadas; más no respecto de los colaboradores al servicio de otras entidades de las demás ramas del poder público, como la Rama Judicial. En este sentido, destacó que los sujetos disciplinables en el caso objeto de análisis no ostentan la calidad de servidor es públicos municipales, ni tuv ieron ninguna r elación directa o indirecta con la Administración Municipal, o con alguna de las Entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Municipio de Tunja, ya que no prestaban sus servicios a entidades y órganos de este nivel, es decir, a la administración municipal de Tunja, desde su connotación de organización político administrativa y no simplemente territorial. Los disciplinados son colaboradores de la administración de justicia, en su calidad de particulares en ejercicio de funciones públicas, por lo cua l deben ser disciplinados por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja conforme lo dispone el literal j ) del numeral 1 de artículo 22 del citado Decreto 1851 de 2021; o por la misma Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Mediante escrito del 10 de ma yo de 2023, el procurador provincial de instrucción de Tunja presentó alegatos de conclusión y no declaró expresamente su falta de

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja

Mediante escrito del 10 de ma yo de 2023, el procurador provincial de instrucción de Tunja presentó alegatos de conclusión y no declaró expresamente su falta de competencia para conocer del presente asunto, pero dicha manifestación se puede deducir de los argumentos expuestos por la entidad para afirmar que la competencia podría recaer en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial o en la Personería municipal de Tunja.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 4 de 26

En relación con la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sostuvo que el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 establ ece la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial para ejercer la acción disciplinaria entre otros, en contra de los particulares. Lo anterior, en concordancia con el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, modificada por el artículo 61 de la Ley 2094 de 2021. Adicionalmente, manifestó que el artículo 47 del Código General del Proceso indica que los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales y que el artículo 50 del referido código dispone que las faltas en las que incurran los auxiliares de la justicia deben ser comunicadas al Consejo Superior de la Judicatura, por ser la autoridad competente para sancionarlos. En cuanto a la competencia de la Personería Municipal de Tunja, argumentó en primer lugar, que si bien la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario, de competencia de los

En cuanto a la competencia de la Personería Municipal de Tunja, argumentó en primer lugar, que si bien la Procuraduría General de la Nación, en virtud del poder preferente, puede asumir el conocimiento de cualquier proceso disciplinario, de competencia de los órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas y de las personerías distritales y municipales, igual poder radica en las personerías municipales en relación con la administración municipal, esto es, en relación con las investigacion es que la administración local adelante. Lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1952 de 2019. No obstante, señaló que en el caso específico no se plantea el problema jurídico del poder preferente de estas autoridades, sino la limitación o no del poder disciplinario de las personerías frente a los funcionarios de la administración municipal. En relación con este aspecto, recordó que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, el particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión. Destacó entonces que la norma atribuye competencia a las personerías municipales para adelantar procesos disciplinarios en contra de particulares, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión atribuibles a estos, salvo lo dispuesto en el artículo 76 del código, que se refiere a los Notarios. En consecuencia, la disposición no limita la competencia de las personerías a los sujetos que hagan parte de la administración municipal.

dispuesto en el artículo 76 del código, que se refiere a los Notarios. En consecuencia, la disposición no limita la competencia de las personerías a los sujetos que hagan parte de la administración municipal.

3. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos delRadicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 5 de 26

Auto del 12 de julio de 2022 , mediante el cual remitió por competencia el asunto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja. En el mencionado proveído, la Comisión manifestó que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, la cual entró en vigencia el 29 de marzo de 2022, la competencia para conocer de la queja disciplinaria presentada en contra del señor William Ernesto Dueñas Moreno , para que se investigaran las presuntas irregularidades en las que incurrió en el cargo de secuestre dentro del proceso ejecutivo 2009-00692, relacionadas con la omisión de presentar informes de su gestión y la falta de depósito de los bienes en el almacén general de depósito, era de la Procuraduría.

Lo anterior, por cuanto de conformidad con las citadas disposiciones, los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, razón por la cual la Ley 1952 de 2019 los incluyó en el régimen disciplinario de los particulares disciplinables conforme a dicha normativa.

la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria, razón por la cual la Ley 1952 de 2019 los incluyó en el régimen disciplinario de los particulares disciplinables conforme a dicha normativa. En este sentido, precisa que el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 atribuyó competencia a la Procuraduría General de la Nación para investigar a los particulares disciplinables conforme a este código y, por ende, derogó tácitamente el artículo 41 de la Le y 1474 de 2011, que otorgaba competencia para adelantar los procesos disciplinarios de los auxiliares de la justicia al Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019.

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 6 de 26

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Personería Municipal de Tunja , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare y la Procuraduría Provincial de Tunja no tienen un superior común. 1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»3 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la

administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

3 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes

actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 7 de 26

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

La Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá han negado su competencia para conocer y tramitar la queja disciplinaria presentada en contra de William Ernesto Dueñas Moreno, en su calidad de auxiliar de justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea de l orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se ven involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Provincial de Instrucción de Tunja y , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de su Seccional de Tunja. Adicionalmente, hace parte del conflicto de competencias la Personería Municipal de Tunja, autoridad del orden territorial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y

Disciplina Judicial a través de su Seccional de Tunja. Adicionalmente, hace parte del conflicto de competencias la Personería Municipal de Tunja, autoridad del orden territorial.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para conocer y continuar la investigación disciplinaria en contra del señor William Ernesto Dueñas Moreno, en su condición de auxiliar de la justicia. Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 8 de 26

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución4. La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (La CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala

CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así co mo de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019. Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidido por la Sala.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»5.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los térmi nos es propia del procedimiento y no del contenido o

ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los térmi nos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

4 La Comisión Nacional de Disciplina Judicia l ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. 5 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 9 de 26

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fác ticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para seguir conociendo el proceso disciplinario adelantado en contra de l señor William Ernesto Dueñas Moreno, en su condición de auxiliar de la justicia dentro del proceso ejecutivo 2009-00692, por las presuntas irregularidades relacionadas con la omisión de presentar informes de su gestión y la falta de depósito de los bienes en el almacén general de depósito.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el referido proceso disciplinario fue abierto y adelantado hasta la etapa de indagación preliminar por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare ; la cual se transformó en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá el 13 de enero de 2021.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, en Auto del 12 de julio de 2022, manifestó que, con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, perdió competencia para «[…] evaluar la investigación disciplinaria y tomar la determinación correspondiente ». Lo anterior por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, dicha competencia

Disciplinario (Ley 1952 de 2019) el 29 de marzo de 2022, perdió competencia para «[…] evaluar la investigación disciplinaria y tomar la determinación correspondiente ». Lo anterior por cuanto, de acuerdo con el nuevo código disciplinario, dicha competencia recae en la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, en los alegatos presentados ante esta Sala, indicó que la com petencia para su investigación y juzgamiento recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 10 de 26

Al respecto, la Personería Municipal de Tunja ha manifestado que su competencia para adelantar procesos disciplinarios se restringe a servidores públicos o particulares que presten servicios en la administración Municipal.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración. ii) Competencia de l extint o Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración.

entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración. vi) Competencia de las personerías municipales para adelantar actuaciones disciplinarias en contra de particulares disciplinables. Reiteración. vii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. viii) Consideración adicional. Reiteración. ix) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración6 El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 20127, que señala: Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experi encia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 1100103-06-000-2021-00025-00(C).

actuar, cuando fuere el caso.

6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 1100103-06-000-2021-00025-00(C). 7 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00160-00 Página 11 de 26

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. (Resaltado fuera de texto original).

Ahora bien, la Corte