CE - 110010306000202300168001AUTOQUERESUEL20230829103700

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Número de radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín (Antioquia) y Defensoría de Familia, adscrita al Centro Zonal Suroeste del ICBF, Andes, Regional Antioquia Asunto: Competencia del juez de familia para definir la situación jurídica de un menor de edad cuando hay vencimiento de términos

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en el artículo 39, en concordancia con el artículo 112 numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con fundamento en la información consignada en los documentos que obran en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dieron origen al presente conflicto de competencias y que dan cuenta de la ocurrencia de tres episodios de amenazas que fueron conocidas por la Comisaría de Familia de Andes, Antioquia:

Hechos conocidos el 3 de septiembre de 2021

1. El 3 de septiembre de 2021, la Comisaría de Familia de Andes, Antioquia, por remisión

Hechos conocidos el 3 de septiembre de 2021

1. El 3 de septiembre de 2021, la Comisaría de Familia de Andes, Antioquia, por remisión de la Comisaría de Familia de Cocorná1, conoció los hechos relacionados con un posible abandono del menor de edad S.O.Q.2 por parte de la madre.

Los hechos fueron denunciados a través de una llamada anónima, donde informaron a la Comisaría que la progenitora del niño lo había «regalado» a una amiga suya para irse a vivir con su pareja.

1 Mediante el oficio del 3 de agosto de 2021, fue remitido por competencia territorial. Esta información se encuentra en la resolución de apertura del 13 de junio de 2022. SAMAI, fls. 5-10, Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 2 La Sala se reserva el nombre del menor, por su protección y seguridad.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 2 de 30

2. El 29 de abril de 2022, l a Comisaría de Familia de Andes adoptó el fallo correspondiente y dispuso que el menor de edad fuera ingresado a un hogar sustituto3.

3. Durante la etapa de seguimiento y luego de realizar una valoración sicológica y médica por parte del equipo psicosocial de la Comisaría y del Comité Privado de Asistencia a la Niñez (PAN), se ordenó el reintegro del niño al medio familiar con su madre biológica, lo cual se hizo efectivo el 2 de mayo de 20224.

Hechos conocidos el 2 de junio de 2022

Niñez (PAN), se ordenó el reintegro del niño al medio familiar con su madre biológica, lo cual se hizo efectivo el 2 de mayo de 20224.

Hechos conocidos el 2 de junio de 2022

4. El 2 de junio de 2022, la Comisaría de Familia de Andes conoció, por medio de correo electrónico5, otros hechos de amenaza y vulneración de derechos en contra del menor de edad S.O.Q., con l os cuales se allegó una copia de la historia clínica del niño. Ese mismo día la madre acud ió a la Comisaría y n egó que hubiese agredido a su hijo. Sin embargo, la Comisaría de Andes resolvió trasladar al niño S.O.Q a un hogar de paso y ordenó su valoración por parte de Medicina Legal6.

En la valoración realizada por el médico legista se d eterminó que las escoriaciones epidérmicas que presentaba el menor de edad no sugería maltrato infantil . Con fundamento en dicho dictamen, la Comisaría de Familia de Andes dispuso que el niño regresara con la madre biológica.

Hechos conocidos el 6 de junio de 2022

5. El 6 de junio de 2022, el ICBF de la localidad de Andes informó a la Comisaría de Familia de Andes nuevos hechos de amenaza o vulneración de derechos al menor de edad S.O.Q., por presunto maltrato del que era víctima por parte de su padrastro, quien lo cuidaba mientras la progenitora salía a trabajar.7.

6. El 13 de junio de 2022, la Comisaría de Familia de Andes recibió, por correo electrónico, una solicitud de verificación y restablecimiento de derechos en favor del niño

lo cuidaba mientras la progenitora salía a trabajar.7.

6. El 13 de junio de 2022, la Comisaría de Familia de Andes recibió, por correo electrónico, una solicitud de verificación y restablecimiento de derechos en favor del niño S.O.Q. por parte del intendente de Protección a la Infancia y Adolescencia MEVAL.

El mismo día, un trabajador social de la Fundación Hospitalaria San Vicente de Medellín, Antioquia, informó a la Comisaría de Familia de Andes sobre una sospecha de maltrato,

3 Esta información se encuentra en la resolución de apertura de investigación administrativa del 13 de junio de 2022, sin que se cuente en el expediente digital con la decisión adoptada por la Comisaría. SAMAI, fls. 5 -10, Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 4 Esta información se encuentra en la resolución de apertura de investigación administrativa del 13 de junio de 2022. SAMAI, fls. 5-10, Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 5 Se desconoce el remitente de dicho correo. 6 Esta información reposa en la Resolución n.º 03 del 6 de febrero de 2023, por medio de la cual la Comisaría de Familia de Andes remitió el PARD a la Defensoría de Familia del C.Z. Suroeste del ICBF, Andes, Regional Antioquia. Fls. 1-2 Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 7 Información suministrada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín (Antioquia) . SAMAI. Archivo 3. 0006autoremitedevuelvecompetencia.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 3 de 30

0006autoremitedevuelvecompetencia.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 3 de 30

pues el menor de edad ingresó el 11 de junio a dicha institución, trasladado del Hospital San Rafael de Andes, por presentar serios politraumatismos, trauma hepático y pancreático, con lesiones en tórax y abdomen . Dicho funcionario dio cuenta de que el niño quería de una intervención quirúrgica y tenía que ser trasladado a la UCI8.

7. El 13 de junio de 2022, la Comisar ía de Familia de Andes ordenó la apertura del proceso de restablecimiento de derechos en favor del niño, por los hechos conocidos el 6 de junio de 2022 . En la decisión se ordenó como medida de protección el retiro inmediato del menor de edad S.O.Q. del medio familiar y su ubicación en un hogar sustituto9, junto con la amonestación a los progenitores y representantes legales10.

8. El 14 de junio de 2022, la Comisaría de Familia de Andes remitió las diligencias a la Fiscalía Local para que se investigara la posible comisión del delito de violencia intrafamiliar contra del menor de edad S.O.Q.11. Al día siguiente, el niño fue ingresado al hogar sustituto -Corporación PANdel Municipio de Jardín (Antioquia). En el «acta de colocación» se refiere que el niño contaba para la fecha con 19 meses de edad12.

9. El 7 de diciembre de 2022, mediante la Resolución n.º 022, la Comisaría de Familia de Andes declaró en situación de vulneración de derechos al menor de edad S.O.Q.,

9. El 7 de diciembre de 2022, mediante la Resolución n.º 022, la Comisaría de Familia de Andes declaró en situación de vulneración de derechos al menor de edad S.O.Q., confirmó la medida de protección de ubicación en un hogar sustituto y ordenó a un equipo psicosocial realizar seguimiento a la medida, con una evaluación bimestral por el término de 6 meses13.

10. El 6 de febrero de 2023 , mediante la Resolución n.º 03, la Comisaría de Familia de Andes remitió a la Defensoría de Familia del Centro Zonal Suroeste del ICBF, sede Andes, Regional Antioquia, el expediente contentivo del PARD, para que se procediera a estudiar la posible declaratoria de adoptabilidad del menor de edad S.O.Q., en los términos del numeral 14 del artículo 82 de la Ley 1098 de 2006. Así mismo, confirmó la medida de ubicación del niño en el hogar sustituto -Corporación PANdel Municipio de Jardín. Por último, ordenó el cierre del PARD14.

11. El 22 de febrero de 2023, mediante auto sin número, la defensora de familia declaró su pérdida de competencia para continuar conociendo del PARD, por considerar que se presentó una causal de nulidad derivada de la indebida notificación al progenitor.

8 Esta información reposa en la Resolución n.º 03 del 6 de febrero de 2023, por medio de la cual la Comisaría de Familia de Andes remitió el PARD a la Defensoría de Familia del C.Z. Suroeste del ICBF, Andes, Regional Antioquia. Fls. 1-2 Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf.

Familia de Andes remitió el PARD a la Defensoría de Familia del C.Z. Suroeste del ICBF, Andes, Regional Antioquia. Fls. 1-2 Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 9 Según información suministrada por la Defensoría de Familia, el menor de edad S.O.Q. se encuentra ubicado en hogar sustituto del operador PAN en el Municipio de Jardín, Antioquia. SAMAI, 3_110010306000202300168003EXPEDIENTEDIGI20230517160714 (2).pdf 10 SAMAI, fls. 5-10, Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 11 SAMAI, fl. 141, Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 12 SAMAI, fl. 205, Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 13 SAMAI, fls. 368-377, Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf. 14 SAMAI, fls. 1-2, Archivo 1.H.A.SOQ-SIM 1014127.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 4 de 30

Además, porque la definición de la situación jurídica del menor de edad se hizo por fuera del término legal15.

12. Como consecuencia de lo anterior, el 27 de febrero de 2023, la Defensoría de Familia remitió las diligencias al Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín, Antioquia16.

13. El 17 de marzo de 2023 , el Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín ratificó las diligencias adelantadas por la Comisar ía de Familia de Andes y ordenó remitir el PARD

13. El 17 de marzo de 2023 , el Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín ratificó las diligencias adelantadas por la Comisar ía de Familia de Andes y ordenó remitir el PARD del menor de edad S.O.Q. a la Coordinación del C entro Zonal Suroeste del ICBF, Regional Antioquia, para continuar con el seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisaría17. De igual forma, consideró que no se había configurado ninguna causal de nulidad dentro del proceso y tampoco se había presentado pérdida de competencia de la autoridad administrativa.

14. El 9 de mayo de 2023, la Defensoría de Familia de Andes, adscrita al Centro Zonal Suroeste del ICBF, sede Andes, Regional Antioquia solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirimir el conflicto de competencias presentado con el Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín, Antioquia 18. Insistió en la existencia de las causales de nulidad y en el vencimiento de términos, razón por la cual reiteró que la competencia era del juez de familia.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala de Consulta y Servicio Civil comunicó la presentación del conflicto de competencias a las partes involucradas, mediante correo electrónico19. Así mismo, fijó un edicto por el término de cinco (5) días, entre el 24 y el 30 de mayo de 202320, con el objeto de que presentaran sus alegatos o consideraciones pertinentes.

electrónico19. Así mismo, fijó un edicto por el término de cinco (5) días, entre el 24 y el 30 de mayo de 202320, con el objeto de que presentaran sus alegatos o consideraciones pertinentes.

15 Información suministrada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín (Antioquia) . SAMAI. Archivo 3. 0006autoremitedevuelvecompetencia.pdf. Así mismo, esta decisión obra en SAMAI, fls. 395-399, Archivo 1.H.A.SOQSIM 1014127.pdf 16 SAMAI, Archivo 2.202331013000038491REMISIÓNPARDNNASOQ SIM 12014127 NULIDAD Y PÉRDIDA DE COMPETENCIA.pdf. 17 SAMAI, Archivo 3.006Autoremitedevuelvecompetencia.pdf. 18 SAMAI, Archivo 3_110010306000202300168003EXPEDIENTEDIGI20230517160714 y 3_110010306000202300168003EXPEDIENTEDIGI20230517160714 (3).pdf. 19 La comunicación fue enviada a la Defensoría de Familia del ICBF, Centro Zonal Suroeste, Andes, Regional Antioquia, al ICBF, al Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín, Antioquia, a la Comisaría de Familia de Andes, a la Personería Municipal de Andes, al Hospital San Rafael de Andes y a tres personas: los progenitores del menor y la directora del hogar de paso en el que dicho menor fue ubicado. SAMAI, archivo 10_1100103060002023001680010EXPEDIENTEDIGI20230517160714 (1).pdf. 20 SAMAI, archivo 10_110010306000202300168001POREDICTO20230523151035.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 5 de 30

20 SAMAI, archivo 10_110010306000202300168001POREDICTO20230523151035.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 5 de 30

Dentro del término de fijación del edicto únicamente el Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín (Antioquia) presentó consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio21.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín (Antioquia)

El 30 de mayo de 2023, d urante el término de las alegaciones, el Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín (Antioquia) afirmó que no había negado su competencia para conocer del presente asunto.

Señaló, además, que, desde el 27 de febrero de 2023 , la Defensoría de Familia Centro Zonal Suroeste, sede Andes, Regional Antioquia radicó ante el Juzgado el PARD del menor de edad S.O.Q. por presentarse una nulidad y la pérdida de la competencia de la autoridad administrativa. Sin embargo, dicho despacho judicial, mediante el Auto del 17 de marzo de 2023, ratificó las diligencias adelantadas por la Comisaría de Familia de Andes y remitió el trámite a la Coordinación del Centro Zonal Suroeste del ICBF, para lo de su competencia22.

Al respecto, adujo:

Conforme la normatividad vigente, este Despacho debe resaltar que en el presente trámite procesal no hubo declaración de incompetencia, contrario sensu, se conoció y tramitó el expediente de restablecimiento de derechos del menor S.O.Q. adelantado por la

Conforme la normatividad vigente, este Despacho debe resaltar que en el presente trámite procesal no hubo declaración de incompetencia, contrario sensu, se conoció y tramitó el expediente de restablecimiento de derechos del menor S.O.Q. adelantado por la Comisaría de Familia de Andes, emitiéndose el respectivo pronunciamiento y tomando las decisiones de manera motivada, por cuanto sería improcedente el conflicto de competencia conforme el trámite procesal adelantado.

Por lo expuesto, al no existir falta de competencia (declaración de incompetencia) y al haber ratificado las diligencias adelantadas por parte del Comisario de Familia Municipal de Andes, Antioquia, en el proceso de restablecimiento de derechos del menor S.O.Q., respetuosamente le solicito declarar improcedente el conflicto de competencia presentado por la Defensoría de Familia, Centro Zonal Suroeste Regional de Antioquia.

A lo anterior se agregan los argumentos esgrimidos en el Auto del juzgado del 17 de marzo de 2023 23. En dicha decisión el juez concluyó que , en cuanto a la posible configuración de una causal de nulidad, si bien dentro del PARD no reposaban constancias expresas de notificación del auto que dio apertura al PARD, se observaba que dentro del trámite se respetaron y se cumplieron con las garantías procesales, por cuanto el progenitor del menor de edad S.O.Q., tuvo pleno conocimiento de la presunta

21 SAMAI, archivo 19_110010306000202300145001ALDESPACHOPOR20230504133205.pdf. 22 SAMAI, archivo 12_110010306000202300168002ALEGATOSDECON20230531080850.pdf.

21 SAMAI, archivo 19_110010306000202300145001ALDESPACHOPOR20230504133205.pdf. 22 SAMAI, archivo 12_110010306000202300168002ALEGATOSDECON20230531080850.pdf. 23 SAMAI, Archivo 3.006Autoremitedevuelvecompetencia.pdf.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 6 de 30

amenaza o vulneración de derechos, así como del proceso y situación administrativa por la cual estaba pasando su hijo.

Así mismo, p uso de presente que en el proceso reposa ban las constancias de los mensajes de WhatsApp entre los miembros de la Corporación Social PAN y el progenitor, en diferentes ocasiones, los cuales evidenciaban la notificación de los encuentros en el hogar sustituto donde estaba ubicado el menor de edad.

En relación con la falta de competencia, el juez señaló que la presunta amenaza o vulneración de derechos fundamentales del niño fue informada por el ICBF a la Comisaría de Familia de Andes el 6 de junio de 2022, debido a posibles maltratos protagonizados por el padrastro. Señaló que a partir de esa fecha es que se debían contabilizar los seis meses previstos en el artículo 100 de la Ley 1098 de 2006 y que por tanto los términos no se encontraban vencidos para la autoridad administrativa.

Anotó que el 7 de diciembre de 2022, la Comisar ía de Familia de Andes realizó la respectiva práctica de pruebas y definió la situación jurídica del menor de edad, sin que se hubiera presentado pérdida de competencia por vencimiento de términos y tampoco se había configurado causal de nulidad que invalidara la actuación.

respectiva práctica de pruebas y definió la situación jurídica del menor de edad, sin que se hubiera presentado pérdida de competencia por vencimiento de términos y tampoco se había configurado causal de nulidad que invalidara la actuación.

2. Defensoría de Familia, Centro Zonal Suroeste del ICBF, sede Andes ,

Regional Antioquia

La señora Jennifer Eugenia Cadavid Beltrán, en su condición de defensora de familia del Centro Zonal , Suroeste del ICBF, sede Andes, Regional Antioquia, no se pronunció durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos de l escrito mediante el cual planteó el conflicto.

Según la Defensoría de Familia en el trámite del PARD se evidenciaron varias situaciones que sustraen su competencia para seguir conocimiento del mismo, así:

a) Dentro del proceso administrativo no se encuentra debidamente notificado el auto de apertura del PARD a l progenitor y representante legal del niño , como lo ordenan los artículos 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006, lo que constituye una violación al debido proceso y configuraría una causal de nulidad.

b) La situación jurídica del niño se resolvió por parte de la Comisaría de Familia por fuera del término legal de seis meses , contados a partir del conocimiento de la presunta vulneración y/o amenaza de los derechos. Esto, por cuanto en el expediente se evidencia que la Comisaría venía conociendo el proceso del niño desde el mes de septiembre del año 2021, ordenándose por el despacho el reintegro del niño al medio familiar el 2 de

que la Comisaría venía conociendo el proceso del niño desde el mes de septiembre del año 2021, ordenándose por el despacho el reintegro del niño al medio familiar el 2 de mayo de 2022 y el correspondiente seguimiento por parte del equipo psicosocial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 7 de 30

Así mismo, sostuvo que, estando en la fase de seguimiento, la autoridad administrativa fue notificada de otros hechos el 2 de junio de 2022, fecha en la cual se adoptó una medida provisional de ubicación del menor de edad en un hogar sustituto, con posterior reintegro a la madre el 3 de junio de 2022.

Adujo que en el estado en el que se encontraba el PARD, no era posible para la Comisaría de Familia o para la Defensoría de Familia subsanar las irregularidades que configuraban las causales de nulidad, ni continuar con el conocimiento del asunto o modificar las medidas de restablecimiento de derechos, en los términos del artículo 103 de la Ley 1098 de 2006.

Lo anterior dio lugar a que la Defensoría de Familia declarara su pérdida de competencia y ordenara la remisión del proceso a los Jueces de Familia.

La Defensoría de Familia puso de presente que no estaba de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado Promiscuo Municipal de Jardín (Antioquia) , para no decretar la nulidad por indebida notificación del PARD al progenitor, en los términos del artículo 102 de la Ley 1098 de 2006. Señaló que, si bien se citó al padre a los encuentros familiares (visitas), esto no da ba cuenta de su conocimiento del proceso o de la posibilidad de solicitar

1098 de 2006. Señaló que, si bien se citó al padre a los encuentros familiares (visitas), esto no da ba cuenta de su conocimiento del proceso o de la posibilidad de solicitar pruebas y ejercer su derecho de defensa.

Sostuvo que , si el padre no se presentó a notificarse de manera personal, la norma establecía claramente la obligación de realizar el emplazamiento y publicación en el programa de difusión nacional, el cual se cumplía a través de la Franja «Me conoces» (realizada después de que se resolviera la situación jurídica del niño) y en la página web del ICBF, lo cual no se realizó.

La Defensoría de Familia también alegó que la decisión adoptada por el juez Promiscuo Municipal de Jardín dilataba la situación del menor de edad, pues la actuación no podía ser devuelta a la autoridad administrativa cuando se presentó pérdida de competencia por vencimiento de términos24.

IV. CONSIDERACIONES

1. Aspectos generales sobre la protección y garantía de los derechos de los niños25 . Fundamentos constitucionales y desarrollo legal. Reiteración26

24 SAMAI, 3_110010306000202300168003EXPEDIENTEDIGI20230517160714 (2).pdf. 25 Cuando en esta decisión se utilice la palabra «niño» o «niños», sin otro calificativo, debe entenderse referida a las personas menores de edad de ambos géneros, tal como corresponde a su uso en el idioma español, y como se utiliza en el artículo 44 de la Constitución Política y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (artículo 1), entre otras normativas.

personas menores de edad de ambos géneros, tal como corresponde a su uso en el idioma español, y como se utiliza en el artículo 44 de la Constitución Política y en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (artículo 1), entre otras normativas. 26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 14 de junio de 2022. Exp. 11001030600020220006400 y del 7 de junio de 2023. Exp. 11001-03-06-000-2023-00089-00, entre otras.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 8 de 30

El artículo 44 de la Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional los derechos de los niños, y estableció que prevalecen sobre los derechos de los demás.

Por tal razón, el mismo precepto obliga a la sociedad, a la familia y al Estado a asistir y proteger a los niños para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 27. La norma constitucional está en armonía con los postulados internacionales sobre la materia28.

La protección integral de los niños comprende la garantía y efectividad de sus derechos prevalentes, desde la prevención de cualquier situación que los amenace hasta el restablecimiento de tales derechos, cuando les son vulnerados. As í mismo, implica que siempre se debe aplicar la norma o la interpretación más favorable al interés superior del niño.

• Para dar cumplimiento a lo anterior, se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia

(Ley 1098 de 2006), que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio

(Ley 1098 de 2006), que tiene como objeto «establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento […]» (artículo 2).

El Libro Primero del citado código regula un conjunto de actuaciones administrativas que, para efectos de garantizar los derechos de los niños, estructuran un proceso de protección y restablecimiento de tales derechos, integrado por varias fases o etapas.

Dispone el artículo 50 que el restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes consiste en «la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que le han sido vulnerados». Por su parte, el artículo 51 consagra que dicha obligación de restablecimiento es responsabilidad del Estado, en su conjunto.

A partir del artículo 52, el código desarrolla las medidas de protección, los procedimientos, las competencias y los trámites mediante los cuales deben las autoridades administrativas hacer efectiva la responsabilidad del Estado en relación con los derechos de los niños.

• La Ley 1878 de 2018 29 introdujo modificaciones a la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), entre las cuales se destacan:

27 Ver la sentencia de la Corte Constitucional T-1015 del 7 de septiembre de 2010. 28 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989

28 La Declaración de Ginebra de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1989 (aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991). 29 Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 9 de 30

El artículo 1° de la referida ley modificó el artículo 52 de la Ley 1098, para precisar la competencia, el trámite y el plazo para la verificación de los derechos de los niños, «[e]n todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración o amenaza» de tales derechos.

La modificación señala que la verificación de los derechos debe hacerse «inmediatamente» y, excepcionalmente, en un plazo máximo de 10 días, cuando el niño o adolescente no se encuentra ante la autoridad administrativa competente.

El artículo 3 de la Ley 1878 modificó el artículo 99 de la Ley 1098 de 2006 y le adicionó el parágrafo tercero, conforme al cual los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades administrativas, en las fases del proceso regidas por dicha nor ma, serán resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098, para: i) precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten,

resueltos por los jueces de familia.

El artículo 6 modificó el artículo 103 de la Ley 1098, para: i) precisar las actuaciones que deben ser adelantadas como seguimiento de las medidas de protección que se adopten, en los términos de los artículos 99 y 100 de la misma ley, y ii) para establece r 18 meses como plazo para la decisión de fondo que resuelva la situación jurídica de los niños, con medidas definitivas, esto es, la ubicación en medio familiar o la adopción.

• La Ley 1955 de 201930 modificó el artículo 103 de la Ley 1098 de 2006, que había sido modificado por el artículo 6 de la Ley 1878 de 2018. De esta norma destaca la Sala:

El inciso segundo del artículo 208 reitera que «el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos con el seguimiento» debe adelantarse en el plazo de 18 meses, que inicia en la fecha «de conocimiento de los hechos».

El tercer inciso del artículo 208 introduce el enfoque diferencial como criterio para ampliar el término de la fase de seguimiento, para resolver de fondo y de manera definitiva la situación jurídica de los niños. El mismo inciso determina que el ICBF regl amentará el mecanismo para adelantar el estudio de los respectivos expedientes, determinará la viabilidad de la ampliación de los términos y emitirá el aval correspondiente a la autoridad administrativa para que amplíe dicho plazo.

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, las personas con discapacidad -mayores y menores de edad -. La modificación permite que la medida transitoria de protecci ón

El cuarto inciso del artículo 208 se circunscribe a una de las poblaciones comprendidas en el criterio de enfoque diferencial, esto es, las personas con discapacidad -mayores y menores de edad -. La modificación permite que la medida transitoria de protecci ón impuesta bajo la modalidad de prestación del servicio que la discapacidad requiera, pueda prolongarse hasta que el ICBF garantice dicho servicio.

El citado artículo 208 de la Ley 1955 de 2019 no modificó las reglas de competencia establecidas en el artículo 3 de la Ley 1878 de 2018, ni en la Ley 1098 de 2006.

30 Ley 1955 de 2019 (mayo 25) «Por el (sic) cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”». Publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2019».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00168-00 Página 10 de 30

El marco legal reseñado trata de garantizar y restablecer los derechos de los niños, cuando son vulnerados, desconocidos o puestos en riesgo, mediante un proceso de protección y restablecimiento que se adelanta por vía administrativa, en tres fases o etapas:

1. La verificación de los derechos (artículo 52, modificado por artículo 1 de la Ley 1878);

1. El procedimiento regulado en los artículos 99 y 100 del código (modificados por los artículos 3 y 4 de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y

1. El seguimiento a esas medidas transitorias (artículo 103, modificado por el artículo 6

artículos 3 y 4 de la Ley 1878), que concluye con la imposición de medidas transitorias de protección, y

1. El seguimiento a esas medidas transitorias (artículo 103, mod