CE - 110010306000202300176001AUTOQUERESUEL20230804125242

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veintitres (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00

Referencia: conflicto negativo de competencias

Partes: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría

Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá , Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.

Asunto: autoridad competente para conocer y adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes frente a las presuntas faltas disciplinarias cometidas por un auxiliar de la justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. En Oficio de 7 de junio de 2022 2, el abogado Mauricio Morales Medina, fungiendo como apoderado de la señora Alejandra María Henao Granada, presentó una queja ante la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima , informando presuntas irregularidades en el curso de la diligencia de desalojo de predios rurales, ubicados en el municipio de San Luis (Departamento del Tolima) , las cuales atribuyó a la

Gerente Regional Centro Oriente.

irregularidades en el curso de la diligencia de desalojo de predios rurales, ubicados en el municipio de San Luis (Departamento del Tolima) , las cuales atribuyó a la Gerente Regional Centro Oriente.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Páginas 6 a 14 del Documento «002COMPULSADECOPIAS11202300237», ubicado en la carpeta «ED_08ANEXOCORREOONEDR» del expediente digital: Índice 2.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 2 de 27

2. Por medio de Auto de 30 de junio de 20223, la Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima remitió las diligencias a la Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá, por considerarla competente para adelantar la acción disciplinaria.

Lo anterior, bajo la consideración de que el sujeto disciplinable es Sandra Milena Rodríguez Díaz, Gerente Regional Centro Oriente de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con sede en Bogotá, D.C.

3. La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C., mediante Auto del 21 de diciembre de 20224, ordenó adelantar indagación previa en averiguación de responsables, con fundamento en la queja con radicado IUC – D-2022-2429806 (IUS

– 2022-321125).

21 de diciembre de 20224, ordenó adelantar indagación previa en averiguación de responsables, con fundamento en la queja con radicado IUC – D-2022-2429806 (IUS – 2022-321125).

4. Mediante A uto de l 22 de febrero de 2023 5, la Procuraduría Segunda Distrital de

Instrucción de Bogotá, D.C. declaró no evidenciar irregularidad alguna en la actuación desplegada por los f uncionarios públicos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. En consecuencia, dispuso el archivo de las diligencias.

Sin embargo, consideró que el señor Luis Fernando Yance Villamil, designado por la Sociedad de Activos Especiales como depositario provisional, había presuntamente incurrido en el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones a las que está sujeto en la administración de los bienes inmuebles a su cargo , en el marco del procedimiento establecido en el Decreto 2136 de 2015.

En consecuencia, frente a la presunta conducta irregular del auxiliar de justicia, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C. consideró que , a la luz del artículo 2.5.5.6.7 del referido Decreto 2136, el asunto «[…] escapa de la competencia de la Procuraduría General de la Nación» y corresponde su conocimiento a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y ordenó la remisión de las diligencias a la Comisión.

5. Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, mediante Auto del 10 de abril de 2023 6 negó su competencia sobre el asunto y resolvió remitirlo a

las diligencias a la Comisión.

5. Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, mediante Auto del 10 de abril de 2023 6 negó su competencia sobre el asunto y resolvió remitirlo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que resolviera el

3 Páginas 28 a 31 del Documento «002COMPULSADECOPIAS11202300237», ubicado en la carpeta «ED_08ANEXOCORREOONEDR» del expediente digital: Índice 2. 4 Páginas 42 y 43 del Documento «002COMPULSADECOPIAS11202300237», ubicado en la carpeta «ED_08ANEXOCORREOONEDR» del expediente digital: Índice 2. 5 Páginas 50 a 52 del Documento «002COMPULSADECOPIAS11202300237», ubicado en la carpeta «ED_08ANEXOCORREOONEDR» del expediente digital: Índice 2. 6 Documento « ED_03CONFLICTODECOMP» del expediente digital, Índice 2.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 3 de 27

conflicto negativo de competencias que se había suscitado entre esa autoridad administrativa y la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y los particulares interesados7. Asimismo, se fijó un edicto por

la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y los particulares interesados7. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco días, contados desde el 24 hasta el 30 de mayo de 2023. Lo anterior con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 31 de mayo de 20238, que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Estado9, en el sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados.

Adicionalmente, en el referido informe secretarial se señaló que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C.

La Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C. no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos

este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos

7 Mediante oficio de 23 de mayo de 2023 (Documento «ED_12INFORMECOMUNICAC» del expediente digital, Índice 2) , la Secretaría de la Sala dejó constancia de que dando cumplimiento al trámite de comunicaciones establecido en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, se publicó en el sistema de gestión judicial SAMAI y en la página web del Consejo de Estado, junto con el edicto, el oficio nro. 371, dada la falta de datos de contacto del señor Luis Fernando Yance Villamil. 8 Documento «ALDESPACHOPORREPARTO_INFORMESECRETARIAL» del expediente digital, Índice 4. 9 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 4 de 27

del Auto del 22 de febrero de 202310, mediante el cual remitió el asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima. En el mencionado proveído, manifestó que la competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Luis Fernando Yance Villamil, en su condición de auxiliar de la justicia, recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en virtud del artículo 2.5.5.6.7 del Decreto 2136 de 2015 (que reglamenta el Capítulo VIII del Título III del Libro

de la justicia, recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial en virtud del artículo 2.5.5.6.7 del Decreto 2136 de 2015 (que reglamenta el Capítulo VIII del Título III del Libro III de la Ley 1708 de 2014, Código de Extinción de Dominio). En ese sentido sostuvo (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

[…] De suerte, que con lo brevemente analizado, este Despacho advierte, hasta el momento, que no hay videncia de irregularidad en la actuación desplegada por funcionario público de la Sociedad de Activos Especiales -SAE en ejercicio de la función de policía administrativa para la recuperación física de los inmuebles bajo su administración, razón por la cual procede disponer el archivo de las diligencias. Sin embargo, Luis Fernando Yance Villamil, designado por la SAE como depositario provisional, tenía obligaciones y prohibiciones en el marco del procedimiento establecido en el Decreto 2136 de 2015 para la administración de los bienes inmuebles a su cargo, de ahí que , al encontrarnos frente a hechos en los cuales, presuntamente, se pudo haberse presentado conducta irregular, como quiera que en su condición de auxiliar de la justicia, según el artículo 2.5.5.6.7 del Decreto 2136 de 2015 escapa de la competencia de la Procuraduría General de la Nación, corresponde su conocimiento a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial […]. Con fundamento en lo anterior, resolvió remitir el asunto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicia l de Tolima para que conozca de las actuaciones disciplinarias que correspondan.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima

Disciplina Judicia l de Tolima para que conozca de las actuaciones disciplinarias que correspondan.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima El Despacho No. 03 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima , no se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, en auto de 10 de abril de 2023 11, se pronunció sobre su competencia ante la remisión de las diligencias efectuada por la

Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá.

Allí indicó que «[s]on considerados auxiliares de justicia los depositarios provisionales de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales mediante el Fondo Para La Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra El Crimen Organizado », en virtud d el artículo 2.5.5.6.7 del Decreto 2136 de 2015 que reglamenta la administración de los bienes dentro de los procesos de extinción de dominio.

10 Páginas 50 a 52 del Documento «002COMPULSADECOPIAS11202300237», ubicado en la carpeta «ED_08ANEXOCORREOONEDR» del expediente digital: Índice 2. 11 Documento «ED_03CONFLICTODECOMP» del expediente digital, Índice 2.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 5 de 27

Aunado a lo anterior , citando la Providencia del 10 de agosto de 2022 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, en la que esa jurisdicción disciplinaria consideró competente a la Procuraduría General

Aunado a lo anterior , citando la Providencia del 10 de agosto de 2022 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, M.P. Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo, en la que esa jurisdicción disciplinaria consideró competente a la Procuraduría General de la Nación y las personerías para conocer de los procesos disciplinarios contra los particulares discipl inables, salvo los notarios, concluyó que no es competente para conocer de los procesos disciplinarios en ninguna de sus instancias contra los auxiliares de justicia, salvo que en vigencia de la Ley 734 de 2002 se haya notificado pliego de cargos.

Finalmente, propuso conflicto negativo de competencia ante esta Sala, ya que no existe entre esa corporación y la Procuraduria Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá un superior jerárquico común directo que dirima el conflicto negativo de competencia, como prevé el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el

en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta d isposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C. y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio CivilRadicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 6 de 27

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Admi nistrativo General», cuyas «reglas generales»12 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Conse jo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriale s, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen

Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

Las autoridades involucradas en el presente trámite, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C. y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, han rechazado su competencia para adelantar las actuaciones disciplinaria s correspondientes en contra del señor Luis Fernando Yance Villamil, auxiliar de la justicia

12 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 7 de 27

en condición de depositario provisional de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos aut oridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C. y la

entre dos aut oridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C. y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes en contra del señor Luis Fernando Yance Villlamil , en condición de depositario provisional de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (auxiliar de la justicia).

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030-23, declaró inexequible la naturalez a jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución13. Al respecto, es importante señalar que, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha reiterado que, cuando el conflicto v ersa, de una parte, sobre una competencia de

artículo 257A de la Constitución13. Al respecto, es importante señalar que, la Sala de Consulta y Servicio Civil ha reiterado que, cuando el conflicto v ersa, de una parte, sobre una competencia de naturaleza administrativa y, de otra, de una competencia de naturaleza jurisdiccional, la Sala tiene competencia para resolver el asunto.

13 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 8 de 27

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre u na autoridad que cumple función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (La CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucion al y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren l os términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la dec isión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

14 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 9 de 27

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solic itud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinaria s contra el señor Luis Fernando Yance Villamil , en su condición de auxiliar de la justicia, por presuntas irregularidades en el desarrollo de sus funciones como depositario provisional de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha abierto proceso disciplinario en su contra.

Sobre el particular, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C. en Auto del 22 de febrero de 2023 manifestó que, Luis Fernando Yance Villamil, designado

su contra.

Sobre el particular, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, D.C. en Auto del 22 de febrero de 2023 manifestó que, Luis Fernando Yance Villamil, designado por la Sociedad de Activos Especiales como depositario provisional, tenía obligaciones y prohibiciones establecidas en el Decreto 2136 de 2015 , para la administración de los bienes inmuebles a su cargo , frente a las cuales pudo haberse presentado conducta irregular. Así, en su c ondición de auxiliar de la justicia , manifiesta esa autoridad que, según el artículo 2.5.5.6.7 del Decreto 2136 de 2015 , escapa de la competencia de la Procuraduría General de la Nación y corresponde su conocimiento a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Tolima indicó a la Sala que la jurisdicción disciplinaria no es competente para conocer de los procesos disciplinarios en primera o segunda instancia contra los auxiliares de justicia, salvo que en vigencia de la Ley 734 de 2002 se haya notificado pliego de cargos, caso en el cual deberá seguirse con el respectivo procedimiento.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Los d epositarios provisionales de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales mediante el Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado. ii) Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración. iii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración. iii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00176-00 Página 10 de 27

1. Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial .

Reiteración. vi) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración. vii) Funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación. viii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. ix) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado 5.1. Los depositarios provisionales de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales mediante el Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado Los depositarios provisionales de bienes administrados po r la Sociedad de Activos Especiales mediante el Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado – FRISCO –, en ejercicio de sus funciones, son considerados auxiliares de justicia y, por lo tanto, responden disciplinariame nte por los actos u omisiones que cometan en el ejercicio de su encargo.

crimen organizado – FRISCO –, en ejercicio de sus funciones, son considerados auxiliares de justicia y, por lo tanto, responden disciplinariame nte por los actos u omisiones que cometan en el ejercicio de su encargo. En efecto, el artículo 2.5.5.6.7. del Decreto 2136 de 2015 (Por el cual se reglamenta el Libro III de la Ley 1708 de 2014, Código de Extinción de Dominio) dispone: Responsabilidad de los depositarios : Los depositarios provisionales de Bienes del FRISCO, en cumplimiento de sus funciones, se consideran auxiliares judiciales y/o secuestres, y en consecuencia, responden civil, penal, fiscal y disciplinariamente por los actos u omisiones que cometan en ejercicio de su calidad de depositarios provisionales. En consecuencia, el régimen relativo a la competencia disciplinaria contra los depositarios provisionales de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales mediante el FRISCO es el de los auxiliares de la justicia15.

15 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Decisión del 1 de diciembre de 2021 (Radicación 11001-03-06-000-2021-00089-00) al evaluar las Funciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con respecto a la administración de bienes afectados con medidas cautelares dentro del proceso de extinción del dominio, precisó que a los depositarios provisionales de la SAE se les considera auxiliares de la justicia:

«[…] tras la modificación que al artículo 88 de la Ley 1708 hizo el artículo 20 de la Ley 1849 de 2017, la entidad