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Título
CE - 110010306000202300211001AUTOQUERESUELDECLARACO20230914085921
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00211-00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y Comisión Seccional

de Disciplina Judicial del Huila.

Asunto: Autoridad competente para conocer proceso disciplinario contra empleados judiciales por determinar.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), modificados por los artículos 2 ° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, respectivamente, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. La Corte Constitucional mediante Auto del 19 de julio de 2021 efectuó la selección y reparto de expedientes de tutela cuyos fallos serían objeto de revisión por parte de ese Tribunal. Señaló en dicha providencia , que los expedientes correspondientes a las acciones de tutela 2020-0403 y 2020-0454 le fueron remitidos de forma tardía por el

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Los antecedentes relatados en este acápite se extraen de los documentos allegados al expediente del

Administrativo - Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 Los antecedentes relatados en este acápite se extraen de los documentos allegados al expediente del presente conflicto que reposa en SAMAI. 3 La acción de tutela radicada bajo el número 2020-040 fue interpuesta por la señora Gloria Cecilia Gómez Cortés como agente oficiosa de su esposo Guillermo Liévano Rodríguez , en contra de la entidad «Nueva EPS», por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la vida, la seguridad social, la igualdad y la dignidad humana. La acción fue admitida mediante Auto del 19 de junio de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Neiva, autoridad judicial que, mediante providencia del 6 de julio de 2020, resolvió el asunto, tutelando los derechos del señor Liévan o Rodríguez. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva conoció de la impugnación del fallo, la cual resolvió mediante Sentencia del 18 de agosto de 2020 por la cual lo confirmó y aclaró. 4 La acción de tutela radicada bajo el número 2020-045, fue interpuesta por el señor César Julián Sala s Escobar contra la Comisión Nacional del servicio Civil (CNSC) , por la presunta vulneración de su derecho fundamental a la igual dad, al trabajo y al debido proceso. Fue admitida mediante Auto del 8 de julio de 2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Neiva, autoridad judicial que, mediante providencia del 23 de julio de 2020 declaró improcedente la acción . El Tribunal Superior del

2020 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Neiva, autoridad judicial que, mediante providencia del 23 de julio de 2020 declaró improcedente la acción . El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva conoció de la impugnación del fallo, frente a lo cual se pronunció en Sentencia del 3 de septiembre de 2020 confirmando la decisión.Radicación 11001030600020230021100 Página 2 de 22

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en fechas, 30 de abril de 2021 y el 3 de mayo de 2021, respectivamente.5

2. Como consecuencia de lo anterior, en la citada providencia del 21 de julio de 2021, la Corte Constitucional ordenó compulsar copia de los expedientes de tutela a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila , para efectos de evaluar la procedencia de adelantar las actuaciones disciplinarias a que pudiese haber lugar, en relación con la eventual responsabilidad ante la remisión tardía de los citados expedientes para fines de revisión.

3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila recibió el asunto y asignó a cada expediente un número de radicación, a saber, radicación número 2021-00406 para el expediente de tutela 2020-040, y radicación número 2021-00407 para el expediente de tutela 2020-045.

4. A través del Auto del 19 de enero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, «con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta denunciada, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de

del Huila, «con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta denunciada, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad conforme a los hechos expuestos », en el marco del expediente disciplinario número 2021 -406 ordenó indagación preliminar en contra de empleados por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

5. Mediante Auto del 9 de febrero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, con fundamentó en el principio de economía procesal, ordenó la acumulación de los expedientes disciplinarios 2021-406 y 2021 -407, al considerar que los hechos materia de investigación de ambos casos, guardaban relación e identidad entre ellos .

Resolvió, por ende, incorporar el expediente 2021-407 al expediente 2021-406 para ser tramitados en un solo proceso.

6. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila mediante Auto del 6 de febrero de 2023 manifestó que los hechos materia de investigación ocurrieron en el año 2020, época para la cual aún no se encontraba en funcionamiento, lo que establece su falta de competencia para investigar a los empleados por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. En consecuencia, a través de la citada providencia remitió el asunto al Tribunal citado, y planteó desde ese momento, c onflicto de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil , en caso de no ser acogida su posición.

7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva , mediante Auto del 2 de mayo de 2023 decidió no aceptar la competencia para conocer de la actuación disciplinaria , y

posición.

7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva , mediante Auto del 2 de mayo de 2023 decidió no aceptar la competencia para conocer de la actuación disciplinaria , y consideró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila es la entidad

5 Las acciones de tutela se identifican en este documento con los n úmeros de radicación originarios ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva (2020-040 y 2020-045).Radicación 11001030600020230021100 Página 3 de 22

competente para ello, por cuanto , la presunta falta en la que habrían incurrido los empleados por determinar, de la Secretaría de esa corporación, no se configuró de manera exclusiva en el año 2020, sino que constituyó una presunta omisión que se prolongó en el tiempo hasta el momento en que cesó , en abril y mayo de 2021, esto es, al momento en que los expedientes de tutela fueron enviados a la Corte Constitucional.

8. En el referenciado Auto del 2 de mayo de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva declaró su falta de competencia, aceptó el conflicto de competencia administrativa propuesto por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, y remitió las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL6

La Secretaría de la Sala fij ó edicto por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y l os particulares interesados en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el

La Secretaría de la Sala fij ó edicto por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y l os particulares interesados en el trámite del conflicto. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

En informe secretarial del 26 de junio de 2023 consta que se comunicó sobre la existencia del presente conflicto de competencia administrativa , al Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Neiva, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Huila, a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación.

En el informe secretarial mencionado se señaló que ninguna de las autoridades involucradas en el presente trámite presentó consideraciones sobre el asunto materia del mismo.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES7

a. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila

No presentó consideraciones ni alegatos. Se toman los argumentos presentados en el Auto del 6 de febrero de 2023, mediante el cual, declaró su falta de competencia y ordenó remitir el asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva , en dicha providencia manifestó lo siguiente:

Que el fallo de segunda instancia de la acción de tutela número 2020-0040 fue proferido el 18 de agosto de 2020 , y el correspondiente a la acción de tutela número 2020-0045, se emitió el 3 de septiembre de 2020.

6 La información que se anota en este acápite fue tomada del expediente del presente conflicto que reposa en SAMAI.

se emitió el 3 de septiembre de 2020.

6 La información que se anota en este acápite fue tomada del expediente del presente conflicto que reposa en SAMAI. 7 Ibidem.Radicación 11001030600020230021100 Página 4 de 22

Al respecto, señaló que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 257A de la Constitución Política, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisio nes seccionales, entraron en funcionamiento el 13 de enero de 2021, fecha en la cual se posesionaron sus magistrados. En virtud de ello, la competencia de dicha jurisdicción se concreta frente a las actuaciones disciplinarias cuyos hechos hayan ocurrido co n anterioridad al inicio de sus funciones, o frente a los procesos iniciados por la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Bajo los anteriores supuestos concluyó que, para la ép oca de los hechos, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no había entrado en funcionamiento, y por ello, debe darse aplicación a la norma de competencia anterior a la creación de la citada comisi ón y sus seccionales, norma según la cual, los empleados judiciales son disciplinados por el superior jerárquico, lo que justifica la remisión del asunto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

b. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva

Esta autoridad tampoco presentó consideraciones o alegatos, por lo cual, se tienen en cuenta los argumentos anotados en el Auto del 2 de mayo de 2023, mediante el cual, se pronunció respecto de la declaratoria de falta de competencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila en el asunto de la referencia.

cuenta los argumentos anotados en el Auto del 2 de mayo de 2023, mediante el cual, se pronunció respecto de la declaratoria de falta de competencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila en el asunto de la referencia.

Manifestó que las fechas de configuración de los hechos presuntamente constitutivos de falta disciplinaria que motivaron a la Corte Constitucional a compulsar copias a la CSDJHuila, no se circunscriben solamente al año 2020.

Lo anterior, por cuanto, si bien las decisiones de segunda instancia en las acciones de tutela del asunto fueron emitidas en dicha vigencia, la remisión de los expedientes a la Corte Constitucional con fines de revisión se efectuó el 30 de abril de 2021, respecto del expediente de tutela número 2020-0040, y el 3 de mayo de 2021 en el caso del expediente de tutela número 2020-0045.

Así las cosas, el Tribunal rechaza la competencia y considera que la autoridad que debe adelantar la actuación disciplinaria es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, en tanto, el presupuesto fáctico de la mora que originó la compulsa de copias se extendió hasta los meses de abril y mayo de 2021, fecha posterior al 13 de enero de ese mismo año , y a partir de la cual entró en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinariosRadicación 11001030600020230021100 Página 5 de 22

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinariosRadicación 11001030600020230021100 Página 5 de 22

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20198, norma especial sobre la materia, que dispone:

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que ést e dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para

que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»9 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 202110, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se

8 «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario ». 9 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 10 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 10 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230021100 Página 6 de 22

considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales , o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el

nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas tran scritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

  1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, tanto la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva han negado tener la competencia para conocer de la investigación disciplinaria en contra de los empleados, por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, con ocasión de la remisión tardía a la Corte Constitucional para fines de revisión, de los expedientes de tutela 2020-040 y 2020045.

  1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de l Huila, y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva , autoridad territorialmente desconcentrada e integrante de la Jurisdicción Ordinaria de la Rama Judicial.

  1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación 11001030600020230021100 Página 7 de 22

integrante de la Jurisdicción Ordinaria de la Rama Judicial.

  1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.Radicación 11001030600020230021100 Página 7 de 22

El asunto discutido es particular y concret o. Se trata de determinar la competencia para conocer de la investigación disciplinaria en contra de empleados, por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva , como se ha dicho, con ocasión de la remisión tardía de los expedientes de tutela 2020-040 y 2020-045 a la Corte Constitucional.

Sobre la naturaleza del asunto, se observa que el presente conflicto involucra de una parte, a una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería función administrativa (Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva) 11, y de otra, una autoridad que, de ser declarada competente ejercería función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila)12.

Sobre este tipo de conflictos, la Sala de Consulta ha manifestado consideraciones importantes, como se indica a continuación13:

  • De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza , no es un conflicto entre jurisdicciones, ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan

(todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente para dirimirlo, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 14, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

  • En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales d e la Comisión

numeral 11, de la Constitución Política 14, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

  • En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales d e la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, t ambién ha señalado la Sala, 15 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente.

11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión núm. 110010306000201300020700 del agosto 13 de 2013: «Finalmente, el alto tribunal aclaró que si bien la función disciplinaria del juez sobre sus subalternos es de naturaleza administrativa y los actos definitivos son demandables ante esta misma jurisdicción, esto no conduce a que el funcionario pierda su condición de juzgador o que tales eventos no puedan ser resueltos por su superior funcional». 12 La función disciplinaria que ejerce la Comisi ón Nacional de Disciplina Judicial, a través de sus seccionales, sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, por expreso mandato constitucional contenido en el artículo 257A de la Carta Política, tiene naturaleza jurisdiccional 13 Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 2022 radicación 2022-00130; entre otras. 14 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala] 15 Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 20 22-00130; Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022-211, entre otras.Radicación 11001030600020230021100 Página 8 de 22

En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resulta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la d uda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al ius puniendi estatal, máxime cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA.

  • Dicho lo anterior, debe mencionarse que la Sala ha considerado16 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los

de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades buscarán que los procedimientos lo gren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Así las cosas, se reitera que, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»17.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

16 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014

administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

16 Decisión del 22 de junio de 2006 (radicación 2006 -00059); decisión del 18 de septiembre de 2014 (radicación 2014-00168); decisión del 16 de mayo de 2018 (radicación 2017 -00200); decisión del 18 de junio de 2019 (radicación 2019-00063), entre otros. 17La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230021100 Página 9 de 22

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o co menzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades

Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente asunto corresponde a la Sala definir cuál es la autoridad competente para conocer de la investigación disciplinaria en contra de empleados , por determinar, de la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, con ocasión de la remisión tardía a la Corte Constitucional, de los expedientes de tutela 2020 -040 y 2020-045 para efectos de revisión.

Entiende la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, que los presuntos hechos omisivos tuvieron lugar al momento de proferirse los fallos de segunda instancia de las acciones de tutela número 2020-0040 y 2020-0045, esto es, el 18 de agosto de 2020, y

omisivos tuvieron lugar al momento de proferirse los fallos de segunda instancia de las acciones de tutela número 2020-0040 y 2020-0045, esto es, el 18 de agosto de 2020, y el 3 de septiembre del mismo año, respectivamente. Bajo tal supuesto, y dado que para tales fechas no había en trado en funcionamiento, considera la comisión que, debe aplicarse en este caso, la regla de competencia disciplinaria prevista en la Ley 270 deRadicación 11001030600020230021100 Página 10 de 22

1996 respecto de los empleados judiciales, según la cual, corresponde al superior jerárquico adelantar la actuación disciplinaria, es decir, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva.

El Tribunal Superior del Dist

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