CE - 110010306000202300357001AUTOQUERESUEL20230922125915

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Édgar González López

Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00357-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría

Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá Asunto: Autoridad competente para conocer de una queja disciplinaria contra un auxiliar de justicia.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 12 de septiembre de 20223, el señor Daniel Arévalo Rodríguez radicó queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, contra la sociedad Calderón Wiesner y Clavijo S.A.S., en su calidad de auxiliar de la justicia - secuestre, por haber incurrido en una posible falta disciplinaria, al realizar la venta de un inmueble sin autorización alguna.

2. Mediante Auto del 30 de septiembre de 202 24, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá consideró que no era la competente para investigar a

inmueble sin autorización alguna.

2. Mediante Auto del 30 de septiembre de 202 24, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá consideró que no era la competente para investigar a la citada sociedad, y señaló que dicha competencia era de la Procuraduría General de la Nación. Adicionalmente, propuso, desde ese momento, un conflicto negativo de competencias administrativas, en el evento de que la procuraduría también rechazara su competencia.

1Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3Expediente digital, Archivo núm. 2, Folios 11 a 14. 4Expediente digital, Archivo núm. 2, Folios 3 a 8.Radicación 11001030600020230035700 Página 2 de 25

3. Mediante Auto del 17 de abril de 20235, la Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá, con fundamento en los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019, negó su competencia sobre el asunto y promovió, ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conflicto negativo de competencias administrativas entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011,

administrativas entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto 341 del 28 de julio de 2023, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto6.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bo gotá, al señor Daniel Arévalo Rodríguez, y a la sociedad Calderón Wiesner y Clavijo S.A.S.

Según el informe secretarial del 4 de agosto de 20237, dentro del término de fijación del edicto, la Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá presentó escrito de alegatos . Las demás autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá 8

Mediante escrito d el 28 de julio de 2023 , la Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá manifestó que, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019, no era la entidad competente para conocer de las

Distrital de Bogotá manifestó que, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019, no era la entidad competente para conocer de las actuaciones disciplinarias que se adelantan en contra de los auxiliares de justicia.

5 En este auto, la Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá le asigna un número de radicación a la actuación y la identifica con el núm. IUS E – 2023-106699. Expediente digital, Archivo 2, Folios 17 a 28. 6 Expediente digital, Archivo núm. 7. Folio 1. 7 Expediente digital, Archivo núm. 10. Folio 1. 8 Expediente digital, Archivo núm. 9. Folio 1.Radicación 11001030600020230035700 Página 3 de 25 Al respecto señaló que la competencia otorgada en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 a la Procuraduría General de la Nación para investigar disciplinariamente a particulares, no se predica de todos estos. Ello en la medida que , para esta autoridad, los auxiliares de justicia cumplen una labor de apoyo en el ejercicio de la función judicial que los hace objeto de una categorización especial, diferente a la de los demás particulares. Por lo que las actuaciones disciplinarias que se adelanten en su contra, se regirán por reglas diferentes acordes a la naturaleza de sus funciones.

En línea con lo anterior, la procuraduría señala que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 tiene en cuenta la naturaleza especial de los auxiliares de justicia, y le otorga la competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales

En línea con lo anterior, la procuraduría señala que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 tiene en cuenta la naturaleza especial de los auxiliares de justicia, y le otorga la competencia a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales para conocer las actuaciones disciplinarias que se adelanten en contra de estos. Competencia que fue reitera en los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019.

Ahora bien, respecto a la supuesta derogatoria del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, la entidad precisa que este se encuentra vigente, en tanto que, si bien el texto original del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 contenía una derogatoria expresa de ese artículo, este fue modificado por la Ley por la Ley 2094 y suprimida dicha derogación.

Finalmente, esta autoridad manifestó que el Consejo de Estado carecía de competencia para resolver el presente conflicto, puesto que una de las autoridades involucradas es jurisdiccional.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicita a la Sala de Consulta y Servicio Civil revisar la definición competencial del presente asunto al considerar que, para garantizar el respecto por los principios de legalidad, juez natural y debido proceso, es necesario asignarle la competencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá9

Esta autoridad no presentó alegatos, no obstante, los argumentos en los cuales se apoyó para declarar su falta de competencia se encuentran en el Auto del 30 de septiembre de 202 2. Según esta providencia la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia no puede recaer sobre la

apoyó para declarar su falta de competencia se encuentran en el Auto del 30 de septiembre de 202 2. Según esta providencia la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia no puede recaer sobre la Comisión, ya que los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019, establecen dicha competencia en cabeza de la Procuraduría General de la Nación.

Como sustento de lo anterior , trae a colación lo establecido por dicha corporación en Sentencia del 10 de agosto de 2022, en donde negó la competencia de la

9 Expediente digital, Archivo núm. 2. Folios 3 a 8Radicación 11001030600020230035700 Página 4 de 25 Comisión de Disciplina Judicial para conocer procesos disciplinarios contra auxiliares judiciales, cuyo pliego de cargos no haya sido notificado antes de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 . Lo anterior con fundamento en que , según la corporación, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que le otorgaba competencia expresa a la Comisión para conocer de dichos procesos, fue derogado expresamente por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019.

Así las cosas, una vez entró en vigencia la mencionada norma, esta autoridad , en aplicación de establecido en el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, solo podría conocer de aquellos procesos que, para el 22 de marzo de 202210, se haya surtido la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal.

Teniendo en cuenta lo anterior, declara su falta de competencia para conocer del asunto, pues en su criterio , dando aplicación armónica a los establecido en los

la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal.

Teniendo en cuenta lo anterior, declara su falta de competencia para conocer del asunto, pues en su criterio , dando aplicación armónica a los establecido en los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019 , la autoridad competente para hacerlo es la Procuraduría General de la Nación.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias . El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado , la

[…] [Subrayas añadidas]

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado , la

10 Fecha en la que entró en vigencia la mayoría de los artículos de Ley 1952 de 2019.Radicación 11001030600020230035700 Página 5 de 25 Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá carecen de un superior común.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»11 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá

competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el c onflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese a l

11 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación 11001030600020230035700 Página 6 de 25

perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación 11001030600020230035700 Página 6 de 25 despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, que se analizan a continuación, en relación con el caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en una queja presentada en contra de la sociedad Calderón Wiesner y Clavijo S.A.S., en su calidad de auxiliar de la justicia, por haber incurrido en una posible falta disciplinaria, al realizar la venta de un inmueble sin autorización alguna . El proceso se adelantaría, en principio, en relación con el representante legal o los miembros de la junta directiva.

En relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerzan, todas, función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación o el asuntoRadicación 11001030600020230035700 Página 7 de 25

Las dos autoridades involucradas en conflicto, la Procuraduría Segunda de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de B ogotá rechazaron competencia para continuar la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas todas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»12.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido

ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función

12 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230035700 Página 8 de 25 de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del exp ediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente

de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer la queja disciplinaria presentada por el señor Daniel Arévalo Rodríguez, el 12 de septiembre de 2022, contra la sociedad Calderón Wiesner y Clavijo S.A.S ., por el presunto incumplimiento de sus funciones como auxiliar de la justicia.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bo gotá remitió las diligencias a la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior, por considerar que , a partir del 29 de marzo de 2022, por disposición de la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación es la competente para conocer procesos contra auxiliares de Justicia.

A su vez, la Procuraduría Segunda de Instrucción Distrital de Bogotá señaló que, no es competente para conocer de procesos contra todos los particulares disciplinables. Al respecto considera que los auxiliares de justicia gozan de una naturaleza especial, por lo que en aplicación de lo establecido en los artículos 2 y 239 de la Ley 1952 de 2019, y en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, quien es competente para conocer de investigaciones disciplina rias que se adelanten en su contra, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

competente para conocer de investigaciones disciplina rias que se adelanten en su contra, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración;Radicación 11001030600020230035700 Página 9 de 25 iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Sujetos disciplinables por presuntas faltas de las personas jurídicas que actúan como auxiliares de la justicia. Reiteración; vii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración, y viii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración13

El ejercicio y la naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201214, que señala:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son

El ejercicio y la naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201214, que señala:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

[…] [Subrayas fuera del texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional 15 ha señalado que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas, de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas , sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expediente

artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expediente 11001-03-06-000-2021-00025-00. 14 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 15 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003.Radicación 11001030600020230035700 Página 10 de 25 En el mismo sentido, la Sala ha precisado16 que los auxiliares de la justicia prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración17

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia18, así:

la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia18, así:

Artículo 41 . Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o

16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001 -03-06-000-2019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00200-00(C). 17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-03-06-000-2021-00025-00(C), entre otras. 18 La Sala de Consulta y Servicio Civil, en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (rad. núm. 1100103-06-000-2014-00168-00), al evaluar si la asignación de competencias a la Jurisdicción Disciplinaria debía realizarse únicamente por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, o si era posible hacerlo mediante una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la

«[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisisRadicación 11001030600020230035700 Página 11 de 25 de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

En vigencia de las normas citadas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia correspondían al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales19.

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas h