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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2023

Número único: 11001-03-06-000-2023-00370-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín y Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín Asunto: autoridad competente para conocer de una solicitud de teletrabajo

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 31 de marzo de 2017, el señor Mauricio Echeverri Rodríguez se posesionó como juez sexto civil del Circuito de Medellín.

2. Mediante el Acuerdo PCSJA22-12024 del 14 de diciembre de 2022 2, el Consejo Superior de la Judicatura estableció la modalidad de «teletrabajo» en la Rama Judicial, precisando los requisitos de acceso al mismo y el procedimiento para su solicitud, trámite y formalización.

3. El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PCSJA23-12042 del 1° de febrero de 2023, modificó algunas disposiciones del Acuerdo PCSJA22-12024,

solicitud, trámite y formalización.

3. El Consejo Superior de la Judicatura, por medio del Acuerdo PCSJA23-12042 del 1° de febrero de 2023, modificó algunas disposiciones del Acuerdo PCSJA22-12024, relacionadas, entre otros, con las condiciones para acceder al teletrabajo.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Por el cual se establece la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 2 de 38

4. El Anexo No. 2 del Acuerdo PCSJA22-12024, modificado por el Acuerdo PCSJA2312042, comprende los formatos de solicitud , el cual debe ser diligenciado por el trabajador; de anuencia, que debe estar suscrito por el nominador, y de formalización del teletrabajo, el cual debe diligenciarse por ambos.

5. El 25 de enero de 2023, con el fin de hacer más expedito el trámite, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial gestionó el desarrollo de una herramienta a través de la cual los servidores judiciales podrían realizar, a partir de ese mismo día, las solicitudes de teletrabajo y, de igual forma, los nominadores podrían verificar y dar la anuencia a las mismas a partir del 26 de enero de 2023, siempre y cuando se cumplieran las condiciones para acceder a esa modalidad de trabajo.

6. El 25 de enero de 2023, el señor Mauricio Echeverri Rodríguez, juez sexto civil del

cumplieran las condiciones para acceder a esa modalidad de trabajo.

6. El 25 de enero de 2023, el señor Mauricio Echeverri Rodríguez, juez sexto civil del Circuito de Medellín , presentó solicitud de teletrabajo, mediante el diligenciamiento del formato correspondiente a través del aplicativo web habilitado por el Consejo Superior de la Judicatura , seleccionando como nominador al Tribunal Superior del

Distrito Judicial de Medellín.

7. De conformidad con lo indicado en oficio del 23 de febrero de 2023, el Tribunal Superior de l Distrito Judicial de Medellín recibió 153 solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces adscritos a ese distrito, a través del link habilitado por el Consejo Seccional de la Judicatura , dentro de las cuales se encontraba la solicitud

del juez Mauricio Echeverri Rodríguez.

8. El mismo día, el Tribunal Superior de Medellín remitió las solicitudes de teletrabajo a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, toda vez que, previa delegación efectuada por la Sala Plena de esa Corporación para absolver las citadas solicitudes, la Sala de Gobierno decidió declararse incompetente para pronunciarse al respecto.

9. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, mediante oficio del 3 de marzo de 2023, manifestó carecer de competencia para atender las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces del Distrito Judicial de Medellín. En consecuencia, promovió el conflicto negativo de competencias administrativas ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Por medio de Auto del 15 de junio de 2023, emitido dentro del expediente 11001-03-06la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Por medio de Auto del 15 de junio de 2023, emitido dentro del expediente 11001-03-06000-2023-00127-00, el Consejero Ponente ordenó conformar expedientes independientes y asignar número de radicación a los conflictos relacionados con las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces del Distrito Judicial de Medellín. EnRadicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 3 de 38

cumplimiento de lo anterior, por Secretaría se asignó el radicado 11001-03-06-000-202300370-00 al conflicto relacionado con la solicitud de teletrabajo del señor Mauricio Echeverri Rodríguez, juez sexto civil del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) , el 03 de agosto de 2023 se fijó edicto3 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta, en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial DEAJ, al Consejo Superior de la Judicatura y al juez Mauricio Echeverri Rodríguez.4

Según informe secretarial del 11 de agosto de 20235, durante el término de fijación del

Consejo Superior de la Judicatura y al juez Mauricio Echeverri Rodríguez.4

Según informe secretarial del 11 de agosto de 20235, durante el término de fijación del edicto la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín presentaron consideraciones. Las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín

Mediante oficio del 02 de agosto de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín presentó consideraciones y manifestó que carece de competencia para conocer de las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces adscritos a ese distrito judicial. En primer lugar, señaló que , de conformidad con la Ley 1221 de 2008 , quien debía dar anuencia a las solicitudes de teletrabajo era el empleador de los funcionarios judiciales, esto es, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó.

Indicó que los Acuerdos PCSJA22-12024 de 14 de diciembre de 2022 y PCSJA23-12042 de 1 de febrero de 2023 «se consideran inconstitucionales e ilegales por violación de normas superiores», pues imponen la obligación de viabilizar las solicitudes de

3 Fijación por edicto núm. 353, documento « 19_110010306000202300370001POREDICTO20230801084908», expediente digital. 4 Documento « 17_17_1100103060002023003700017REPARTOYRADIC20230801084707», expediente

19_110010306000202300370001POREDICTO20230801084908», expediente digital. 4 Documento « 17_17_1100103060002023003700017REPARTOYRADIC20230801084707», expediente digital. 5 Documento « 28_28_110010306000202300370001ALDESPACHOPOR20230811110824 », expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 4 de 38

teletrabajo elevadas por los jueces mediante el formato de anuencia, cuando legalmente le corresponde al empleador, y no al nominador.

Por lo anterior, considera que la autoridad competente para continuar con el trámite de las solicitudes de teletrabajo de los jueces del Distrito Judicial de Medellín, e ra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó.

2. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín

Por medio de escrito del 10 de agosto de 2023, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín solicitó que se declar ara que la competencia frente a la anuencia de las solicitudes de teletrabajo presentadas por los funcionarios judiciales era del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

Afirmó que en la Rama Judicial las calidades de empleador y nominador, de forma general, no confluyen en el mismo sujeto, toda vez que las Direcciones Seccionales fungen como empleador en cada jurisdicción y únicamente son nominadoras de los servidores adscritos a su dependencia.

Señaló que, en ejercicio de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PCSJA22 -120241 del 14 de diciembre de 2022 y PCSJA23-12042

servidores adscritos a su dependencia.

Señaló que, en ejercicio de la Ley 270 de 1996, el Consejo Superior de la Judicatura expidió los Acuerdos PCSJA22 -120241 del 14 de diciembre de 2022 y PCSJA23-12042 del 1 de febrero de 2023, en los cuales se estableció que la obligación de dar anuencia a las solicitudes de teletrabajo corresponde al nominador de cada servidor judicial.

En ese sentido, hizo referencia al numeral 7 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996, el cual consagra que el nominador de los cargos de jueces de la República es el respectivo Tribunal.

Por otra parte, indicó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al no dar cumplimiento a los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, ha desconocido la presunción de legalidad de los actos administrativos. Por último, manifestó que quienes imparten justicia no solo actúan en ejercicio de la función jurisdiccional, sino que, como directores del Despacho, también están llamados a ejercer función administrativa , de conformidad con los lineamientos que imparte el Consejo Superior de la Judicatura, y que es en ejercicio de esa función que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín debe viabilizar las solicitudes de teletrabajo presentadas por los funcionarios judiciales adscritos a ese distrito.

3. Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Mediante escrito del 09 de agosto de 2023, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial presentó consideraciones y solicitó que se declar ara competente al TribunalRadicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 5 de 38

Judicial presentó consideraciones y solicitó que se declar ara competente al TribunalRadicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 5 de 38

Superior del Distrito Judicial de Medellín para definir las solicitudes de teletrabajo presentadas por los jueces adscritos a ese distrito.

En primer lugar, indicó que, con fundamento en la Ley 1221 de 2008, reglamentada por los Decretos 884 de 2012 y 1227 de 2022, la Ley 2213 de 2022 y el Decreto Legislativo 806 de 2022, el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 270 de 1996, expidió los Acuerdos PCSJA22 -12024 de 2022 y PCSJA23-12042 del 2023, por medio de los cuales estableció la modalidad de teletrabajo en la Rama Judicial.

Señaló que, según el artículo 10 del acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el trámite para acceder al teletrabajo, en el caso concreto, es el siguiente:

• El funcionario judicial interesado en teletrabajar debió presentar a su nominador el formato de solicitud, • Una vez el servidor judicial presenta la solicitud el nominador verificará el cumplimiento de las condiciones para acceder al teletrabajo y de encontrarla viable, emite la anuencia y la remite a las dependencias de talento humano, • Con la anuencia las dependencias de talento humano lo remiten al correo definido por la ARL para el trámite de la inspección del puesto de trabajo (IPT) y la emisión del concepto, • Con el concepto favorable el nominador y el servidor judicial suscribirán el formato de

Acuerdo de Teletrabajo.

la ARL para el trámite de la inspección del puesto de trabajo (IPT) y la emisión del concepto, • Con el concepto favorable el nominador y el servidor judicial suscribirán el formato de Acuerdo de Teletrabajo.

En consecuencia, resulta claro que , quien debe verificar el cumplimiento de las condiciones para acceder al teletrabajo y formalizarlo es el nominador, no la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ni sus seccionales, a menos que se trate de una solicitud elevada por el personal vinculado a esas dependencias administrativas. En el mismo sentido, afirmó que, en el trámite de las solicitudes de teletrabajo, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales únicamente tienen la obligación de recepcionar las anuencias emitidas por los nominadores y dar traslado a la ARL, para lo de su competencia.

Adicionalmente, manifestó que de acuerdo con el artículo 131 de la Ley 270 de 1996, la autoridad nominadora de los Jueces del Distrito Judicial de Medellín es el Tribunal Superior de ese distrito judicial.

Por último, señaló que los Acuerdos PCSJA22-12024 de 2022 y PCSJA23 -12042 del 2023 fueron expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de las facultades que le fueron asignadas por la Constitución Política, de conformidad con la Ley 270 de 1996.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 6 de 38

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil en los conflictos de competencias administrativas La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»6 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del ord en departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de

Estado. De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

6 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 7 de 38

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

En este caso, las dos autoridades involucradas en el presente trámite, esto es, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, han negado su competencia para emitir anuencia a la solicitud de teletrabajo presentada por el señor Mauricio Echeverri Rodríguez, juez

Superior del Distrito Judicial de Medellín y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, han negado su competencia para emitir anuencia a la solicitud de teletrabajo presentada por el señor Mauricio Echeverri Rodríguez, juez sexto civil del Circuito de Medellín.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia s administrativas sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto negativo de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional. Lo anterior teniendo en cuenta que , tanto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial forman parte de la Rama Judicial y constituyen una expresión del ejercicio desconcentrado de sus funciones.

Es importante destacar que dentro del organigrama de la Rama Judicial y de acuerdo con los artículos 98 y 131 de la Ley 270 de 1996, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín hace parte de la Jurisdicción Ordinaria, cuyo órgano de cierre es la Corte Suprema de Justicia, la cual funge como nominador y superior jerárquico de aquel. Por su parte, el superior jerárquico de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el Consejo Superior de la Judicatura. Por lo tanto, las entidades concerni das no tienen un superior jerárquico que deba conocer el conflicto de competencias.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la solicitud de teletrabajo presentada por el señor Mauricio Echeverri Rodríguez, juez sexto civil del

concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la solicitud de teletrabajo presentada por el señor Mauricio Echeverri Rodríguez, juez sexto civil del Circuito de Medellín, esto es, verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a esa modalidad de trabajo y emitir, a través del formato establecido para ello, la respectiva anuencia.

Se concluye, por tanto, que la Sala es competente para dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas planteado , en la medida en que se cumple con los tres elementos que habilitan su competencia.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 8 de 38

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»7.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

7 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 9 de 38

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para estudiar y decidir la solicitud de teletrabajo presentada por el señor Mauricio Echeverri Rodríguez, juez sexto civil del Circuito de Medellín , esto es, para verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a esa modalidad de trabajo y emitir , a través del formato establecido para ello, la respectiva anuencia.

Sobre el particular, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín afirmó que de conformidad con la Ley 1221 de 2008, quien debe dar anuencia a las solicitudes de teletrabajo es el empleador de los funcionarios judiciales, esto es, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Antioquia – Chocó, y que los Acuerdos sobre el teletrabajo, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, son inconstitucionales e ilegales, toda vez que imponen la obligación de viabilizar las solicitudes de teletrabajo elevadas por los jueces mediante el formato de anuencia, cuando legalmente le corresponde al empleador.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín manifestó que en los Acuerdos PCSJA22 -120241 del 14 de diciembre de 2022 y

corresponde al empleador.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín manifestó que en los Acuerdos PCSJA22 -120241 del 14 de diciembre de 2022 y PCSJA23-12042 del 1° de febrero de 2023 expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, se estableció que la obligación de dar anuencia a las solicitudes de teletrabajo corresponde al nominador de cada servidor judicial. En ese sentido, hizo referencia al numeral 7 del artículo 131 de la Ley 270 de 1996, el cual consagra que el nominador de los cargos de jueces de la República es el respectivo Tribunal.

Adicionalmente, indicó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al no dar cumplimiento a los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, ha desconocido la presunción de legalidad de los actos administrativos.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. El ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial. Reiteración. ii) Noción de empleador en la Rama Judicial. Reiteración. iii) Superiores funcionales y administrativos en la estructura jerárquica de la Rama Judicial. Reiteración. iv) Regulación del teletrabajo en Colombia. Reiteración v) La implementación del teletrabajo en la Rama Judicial. Reiteración. vi) Caso concreto.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 10 de 38

5. Consideraciones de fondo

5.1. Ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial. Reiteración8

En diferentes oportunidades, la Sala se ha pronunciado sobre la autonomía

5. Consideraciones de fondo

5.1. Ejercicio de funciones administrativas en la Rama Judicial. Reiteración8

En diferentes oportunidades, la Sala se ha pronunciado sobre la autonomía constitucional de la Rama Judicial, indicando que ésta no solo apunta a la forma como los órganos, dependencias y funcionarios que la integran cumplen su función primordial de administrar justicia, sino que también alude a la forma en que se organiza internamente y gestiona sus recursos humanos, físicos, técnicos y financieros, para lograr de manera eficiente su objetivo constitucional y misional.

Frente al particular se ha señalado lo siguiente:

Por tal razón el artículo 228 de la Constitución, además de señalar que las decisiones de la Administración de Justicia son independientes, establece que “su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”. Por el mismo motivo la Carta Política dio existenc ia a un Consejo Superior de la Judicatura, con una Sala Administrativa (artículo 254), entre cuyas funciones se encuentran las de “administrar la carrera judicial”; “crear, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia”, y “dictar los reglam entos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador” (artículos 256 y 257).

La distinción entre la función jurisdiccional propia del cuerpo de jueces que integran la Rama Judicial, y las funciones administrativas atinentes a la capacidad de autogestión o gobernanza interna de la Rama, se encuentra

La distinción entre la función jurisdiccional propia del cuerpo de jueces que integran la Rama Judicial, y las funciones administrativas atinentes a la capacidad de autogestión o gobernanza interna de la Rama, se encuentra ampliamente desarrollada en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, cuyo título IV se denomina justamente “De la administración, gestión y control de la Rama Judicial.” Dicho título establece y regula las funciones administrativas del Consejo Superior de la J udicatura, así como también las funciones, actividades y tareas administrativas a cargo de las diferentes corporaciones y despachos judiciales.

El título VI (“Disposiciones generales”) de la Ley Estatutaria regula otros asuntos de carácter administrativo que conciernen no solo a los órganos de administración general de la Rama Judicial sino que involucran a todas las

8 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisiones del 19 de julio de 2023, Rad. núm. 11001-03-06-000-2023-00127-00; del 23 de febrero de 2022, Rad. núm. 11001 -03-06-000-2021-0018300; del 28 de abril de 2020, Rad. núm. 11001-03-06-000-2019-00203-00 y del 2 de octubre de 2014, Rad. núm. 11001-03-06-000-2014-00121-00.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00370-00 Página 11 de 38

corporaciones y funcionarios judiciales. Se trata de asuntos tales como: nombramiento de funcionarios y empleados judiciales, verificación de requisitos

corporaciones y funcionarios judiciales. Se trata de asuntos tales como: nombramiento de funcionarios y empleados judiciales, verificación de requisitos para el desempeño de los cargos, provisión de los empleos, traslados, comisiones de servicios, provisión de vacancias temporales, licencias, permisos, autorización a invitaciones de gobiernos extranjeros, suspensión en el empleo, vacaciones, retiro del servicio y carrera judicial, temas todos que conciernen directamente a la organización interna y al adecua do funcionamiento de la Rama.9

De manera que, con el propósito de lograr el eficiente funcionamiento de la administración de justicia, en ejercicio de las funciones administrativas, las Altas Cortes, los Tribunales y los jueces actúan como superiores jerárquicos de los magistrados de los tribunales, de los jueces y de los empleados que laboran en los diferentes despachos judiciales, respectivamente, de conformidad con la estructura jerárquica de la Rama Judicial.

5.1.1. Funciones administrativas del Consejo Superior de la Judicatura. Reiteración10

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia , Ley 270 de 1996 , consagró las funciones del Consejo Superior de