CE - 110010306000202300410001AUTOQUERESUEL20230914163615

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00

Referencia: conflicto negativo de competencias Partes: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja , Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Personería Municipal de Tunja Asunto: autoridad competente para continuar conociendo de un proceso disciplinario iniciado en contra de un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 5 de agosto de 2018, mediante Oficio No 081, el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja, en cumplimiento a su decisión del 18 de enero de 20182, compulsó copias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, para que se investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir el

señor Julio Ernesto Valencia Vera.

Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, para que se investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir el señor Julio Ernesto Valencia Vera.

Lo anterior, en su condición auxiliar de justicia (secuestre) y como consecuencia de una aparente omisión en la presentación del informe de gestión como auxiliar de justicia dentro del proceso de ejecutivo con radicado 1999 -00307 que cursa en el juzgado en mención.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 2 de 26

2. El 8 de marzo de 2018, mediante auto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá avocó conocimiento del proceso en contra del señor Julio Ernesto Valencia Vera, orden ó la apertura de indagación preliminar en su contra, bajo el número de radicado 201800142AJ4, y dispuso la práctica de las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para establecer los objetivos de la etapa procesal.

3. El 1º de julio de 2022, mediante auto, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare advirtió su pérdida de competencia para seguir conociendo del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Julio Ernesto Valencia Vera, en su condición de auxiliar de justicia (secuestre) , con fundamento en los artículos 2 y 92

Boyacá y Casanare advirtió su pérdida de competencia para seguir conociendo del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Julio Ernesto Valencia Vera, en su condición de auxiliar de justicia (secuestre) , con fundamento en los artículos 2 y 92 de la Ley 1952 de 2019, y el inciso primero del artículo 265. En consecuencia, ordenó la remisión por competencia del proceso disciplinario a la Procuraduría Provincial de Guateque.

4. Mediante Auto del 21 de octubre de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Guateque devolvió el proceso en mención a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, argumentando que, la entidad que conoce el proceso ejecutivo número 1999 -00307 y que ordenó la compul sa de copias en contra del auxiliar de la justicia Julio Ernesto Valencia Vera es el Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja y no el Juzgado Promiscuo de Familia de Garagoa. Por lo tanto, en virtud del factor territorial , la competencia para conocer del proceso disciplinario no correspondía a la Procuraduría de Instrucción de Guateque.

5. Mediante Oficio del 6 de marzo de 2023, en cumplimiento Auto del 6 de marzo de l mismo año , la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare remitió por competencia el proceso No. 201800142 -AJ a la Procuraduría Provincial de Tunja.

6. Mediante Auto del 24 de marzo de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja remitió por competencia a la Personería Municipal de Tunja el proceso disciplinario No. 201800142-AJ, adelantado en contra del señor Julio Ernesto Valencia Vera,

6. Mediante Auto del 24 de marzo de 2022, la Procuraduría Provincial de Tunja remitió por competencia a la Personería Municipal de Tunja el proceso disciplinario No. 201800142-AJ, adelantado en contra del señor Julio Ernesto Valencia Vera, aduciendo su falta de competencia y el ejercicio del poder preferente para enviar el proceso a la personería.

7. Mediante Auto del 24 de mayo de 2023, la Personería Municipal de Tunja manifestó su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario en contra del señor

Julio Ernesto Valencia Vera.

Por lo anterior, en el mencionado proveído resolvió remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil para que se dirim a el presunto conflicto de competencias administrativas suscitado entre esa entidad, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Boyacá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 3 de 26

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la existencia del conflicto de competencias a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, a la Personería Municipal de Tunja, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, al Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja y al señor Julio Ernesto Valencia Vela. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco días, contados a partir del 3 de agosto de 2023. Lo anterior , con el objeto de que se presentaran los alegatos o

Vela. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco días, contados a partir del 3 de agosto de 2023. Lo anterior , con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 11 de agosto de 2023, que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Estado 2, en el sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados. Adicionalmente, en el referido informe secretarial se señaló que, dentro del término de fijación del edicto, las partes involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Posteriormente, en el informe secretarial de 14 de agosto de 20233, se indicó al despacho que el procurador Provincial de Instrucción de Tunja presentó documentación en dos archivos en formato PDF, con uno y seis folios, respectivamente.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no presentó alegatos . Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 1 de julio de 2022 , mediante el cual ordenó la remisión del expediente de la investigación

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no presentó alegatos . Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 1 de julio de 2022 , mediante el cual ordenó la remisión del expediente de la investigación disciplinaria a la Procuraduría Provincial de Guateque.

2 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC. 3 Documento «INFORMESECRETARIAL_INFORMESECRETARIAL(.pdf). Expediente digital en SAMAI.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 4 de 26

En el mencionado proveído, la comisión advirtió su pérdida de competencia para seguir conociendo del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Julio Ernesto Valencia Vera, en su condición de auxiliar de justicia (secuestre), con fundamento en los artículos 2 y 92 de la Ley 1952 de 2019, y el inciso primero del artículo 265.

Sostuvo que, tanto las disposiciones de la Ley 1952 de 2019, reformadas por la Ley 2094 de 2021, como las que se mantuvieron incólumes, entraron en vigencia el 29 de marzo de 2022. Así mismo, que el cambio normativo en cuestión incidió en la parte sustancial y en la procedimental de la Ley 734 de 2022, Código Disciplinario Único , razón por la cual debían aplicarse las nuevas disposiciones a los procesos que carezcan de pliegos

y en la procedimental de la Ley 734 de 2022, Código Disciplinario Único , razón por la cual debían aplicarse las nuevas disposiciones a los procesos que carezcan de pliegos de cargos notificados o donde no se hubiere instalado la audiencia del proceso verbal.

Bajo estas premisas, señaló que los auxiliares de justicia están incluidos en el régimen de particulares previsto en el artículo 70 del nuevo código y, además, que el artículo 924 «derogó tácitamente» al artículo 41 de la Ley 1474 de 2011. En este orden de ideas, advirtió que de acuerdo con la nueva normativa la autoridad competente para seguir conociendo el proceso disciplinario adelantado en contra de un auxiliar de justicia es la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, en el caso particular estimó pertinente remitir las diligencias a la Procuraduría Provincial de Guateque; remisión que posteriormente corrigió , por el factor territorial, y envió el expediente a la Procuraduría Provincial de Tunja.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, mediante Oficio de fecha 10 de agosto de 2023 , presentó sus alegatos. Manifestó que la competencia para asumir conocimiento del asunto recae en la Personería Municipal de Tunja. Lo anterior con fundamento en los argumentos que pasan a sintetizarse.

En primer lugar, destacó el análisis planteado en el Auto de 28 de septiembre de 2022, según el cual la remisión de las diligencias a la Personería Municipal tuvo en consideración los factores de competencia establecidos en el artículo 91 de la Ley 1952

En primer lugar, destacó el análisis planteado en el Auto de 28 de septiembre de 2022, según el cual la remisión de las diligencias a la Personería Municipal tuvo en consideración los factores de competencia establecidos en el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019 y que dicha norma «establece que las tres entidades inmersas en el conflicto de competencias, ostentan potestad disciplinaria en el caso de investigaciones c ontra particulares, como lo son, los auxiliares de justicia». En relación con la competencia de las personerías para disciplinar particulares advirtió que e l artículo 92 de la Ley 1952 les otorga competencia para adelantar procesos disciplinarios en contra particulares dentro de su respectiva jurisdicción, cualquiera que

4 Cuyo tercer inciso establece: «El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el ARTÍCULO 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión ».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 5 de 26

sea la forma de vinculación y la naturaleza de la acción u omisión, salvo lo dispuesto por el artículo 76, que se refiere a los Notarios. En ese orden de ideas, estimó que la norma no limita la competencia de las personerías, a la administración municipal, por la calidad del sujeto disciplinable. A esto añadió que la norma autoriza a la Procuraduría General de la Nación a remitir a la personería municipal cualquier investigación, por presuntas infracciones al régimen disciplinario, realizadas en el municipio correspondiente.

norma autoriza a la Procuraduría General de la Nación a remitir a la personería municipal cualquier investigación, por presuntas infracciones al régimen disciplinario, realizadas en el municipio correspondiente. De conformidad con lo anterior y con fundamento en el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación, señaló que la entidad estaba facultada para remitir a la Personería Municipal de Tunja el conocimiento de presuntas infracciones al régimen disciplinario realizadas por particulares en e ste municipio, no limitados a la administración territorial. Así mismo, añadió: Considerando los elementos establecidos en la norma para la definición de competencias, no existe diferenciación legal c lara para determinar la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional o el de conexidad, pues ninguno de ellos es suficientemente claro para evadir la radicación de la competencia en la personería municipal. Así las cosas, reiteró su disenso respecto de los argumentos de la Personería Municipal de Tunja, consideró que en uso del poder preferente puede determinar que el asunto lo asuma otra entidad, en este caso la referida personería municipal. Finalmente, señaló: […] esta provincial no se opone a la petición de la personería Municipal, en el sentido de que se precise si la competencia para disciplinar a los particulares que están al servicio de la administración de justicia, corresponde a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial como señala el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 de forma exclusiva, y sin perjuicio del poder preferente asignado a este ente de control, y si es posible que esta competencia no le corresponda a la personería, pese a la inexistencia de vínc ulo causal con las Entidades (sic) del Municipio de Tunja.

y sin perjuicio del poder preferente asignado a este ente de control, y si es posible que esta competencia no le corresponda a la personería, pese a la inexistencia de vínc ulo causal con las Entidades (sic) del Municipio de Tunja.

3. Personería Municipal de Tunja La Personería Municipal de Tunja no presentó alegatos . Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 24 de mayo de 2023, mediante el cual la Personería manifestó su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario en contra del señor Julio Ernesto Valencia Vera y remitió el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil, para dirimir el conflicto de competencias.

Señaló que en materia disciplinaria la competencia se determina a través de los factores que están consagrados en el artículo 91 de la Ley 1952 de 2019, el cual establece:

Factores que determinan la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 6 de 26

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último. Como consecuencia de ello, manifestó que por disposición legal y antes de conocer del asunto, la autoridad disciplinaria tiene como obligación el verificar las reglas para la determinación de la competencia «so pena de incurrir en extralimitación de funciones y que a la postre sus actos sean objeto de declaratoria de nulidad […]».

En ese orden de ideas, advirtió que las funciones disciplinarias en cabeza de las

determinación de la competencia «so pena de incurrir en extralimitación de funciones y que a la postre sus actos sean objeto de declaratoria de nulidad […]».

En ese orden de ideas, advirtió que las funciones disciplinarias en cabeza de las personerías se relacionan con aquellos sujetos disciplinables que tienen una relación o vinculación directa con el municipio como entidad territorial, tal como dispone el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, que define las funciones del personero. Por ello, toda vez que el numeral 4 del artículo referido ordena al personero «ejercer vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas municipales; ejercer preferentemente la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales […]», extrajo de esa disposición que la competencia disciplinaria de las personerías está ligada a la conducta de los servidores públicos municipales, salvo los alcaldes, los concejales y el contralor municipal.

Más adelante, al referirse al ejercicio del poder disciplinario preferente como facultad excepcional y no sustitutiva de la competencia funcional de la autoridad disciplinaria, destacó que del artículo 91 de la Ley 1952 se puede concluir, en segundo lugar, que el factor funcional es determinante de la competencia en materia disciplinaria . Así mismo, que, frente a dichos requisitos, la Procuraduría Provincial de Tunja sólo había determinado la competencia a partir de los factores subjetivo y objetivo (relativos a la calidad del sujeto disciplinable y el territorio donde se cometió la falta), pero dejó de lado la valoración del factor funcional.

Aunado a la presunta aplicación indebida de los criterios para determinar la competencia por parte de la Procuraduría Provincial de Tunja, la Personería Municipal también arguyó

la valoración del factor funcional.

Aunado a la presunta aplicación indebida de los criterios para determinar la competencia por parte de la Procuraduría Provincial de Tunja, la Personería Municipal también arguyó que esta última adujo de manera antitécnica el poder disciplinario preferente para ordenar la remisión de las diligencias. A su juicio, el ejercicio de este poder preferente debe ceñirse a los parámetros de la Resolución 456 de 2017, expedida por el Procurador General de la Nación.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia 1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 7 de 26

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: ARTÍCULO 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocara el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior,

el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»5 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de

autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

5 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 8 de 26

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la

resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta). Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

Las tres autoridades involucradas en el presente trámite, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Personería Municipal de Tunja, han negado expresamente su competencia para seguir conociendo el proceso disciplinario iniciado en contra de l señor Julio Ernesto Valencia Vera, en su calidad de auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se encuentran involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación , por conducto de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Boyacá. Adicionalmente, hace parte del conflicto la Personería de Tunja , autoridad de orden territorial

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la

territorial

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para seguir conociendo el proceso disciplinario iniciado en contra del señor Julio Ernesto Valencia Vera, en calidad de auxiliar de la justicia, bajo el número de radicado 201800142 - AJ4, por la presunta omisión en que pudo incurrir en laRadicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 9 de 26

presentación de un informe pericial solicitado dentro del proceso de ejecutivo con radicado 1999-00307 que cursa en Juzgado Primero Civil Municipal de Tunja.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030 de 2023 6, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa. En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución. La Sala de Consulta y Servicio Civil se ha considerado competente para resolver los conflictos de competencia entre autoridades que cumplen función administrativa (la PGN y la personería) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata

La Sala de Consulta y Servicio Civil se ha considerado competente para resolver los conflictos de competencia entre autoridades que cumplen función administrativa (la PGN y la personería) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerzan, todas, función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»7.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

6 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la

Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Co nstitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023. 7 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00410-00 Página 10 de 26

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que

concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada