CE - 110010306000202300477001AUTOQUERESUEL20231019104413

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Édgar González López

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00

Referencia: conflicto negativo de competencias

Partes: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría

Distrital de Instrucción de Bogotá, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para conocer y adelantar una actuación disciplinaria.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 17 de noviembre de 20222, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá, ofició al Consejo Superior de la Judicatura 3 para que investigue la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir la señora Jacqueline Villazón Moreno en el desempeño de sus labores como secuestr e dentro del proceso 11001 -40-03-0432012-0070-00. Lo anterior, por la supuesta inasistencia injustificada a una audiencia programada dentro de ese proceso para el día 12 de octubre de 2022.

2012-0070-00. Lo anterior, por la supuesta inasistencia injustificada a una audiencia programada dentro de ese proceso para el día 12 de octubre de 2022.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 SAMAI, Índice 1, Archivo «2_2_110010306000202300477002REPARTOYRADIC20230823163644», folio 23. 3 El Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá ordenó oficiar al Consejo Superior de la Judicatura, informándole de la presunta falta disciplinaria de la señora Jacqueline Villazón Moreno, pese a que para ese momento ya estaban en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina judicial y las Comisiones seccionales. No obstante, por el Auto del 28 de febrero de 2023 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, se infiere que el Cons ejo Superior de la Judicatura remitió el oficio del Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá .Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 2 de 25

2. El 28 de febrero de 2023 4, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá resolvió remitir, por competencia, el informe del mencionado juzgado respecto de la presunta falta disciplinaria de la señora Villazón Moreno a la Procuraduría General de la Nación. La remisión se realizó con fundamento en Ley 1952 de 2019, según la cual

presunta falta disciplinaria de la señora Villazón Moreno a la Procuraduría General de la Nación. La remisión se realizó con fundamento en Ley 1952 de 2019, según la cual los auxiliares de justicia son particulares en ejercicio de funciones públicas y, por lo tanto, disciplinados por la Procuraduría General de la Nación.

3. El 23 de junio de 2023, mediante oficio, la procuradora segunda distrital de instrucción de Bogotá, a quien le correspondió el asunto por reparto, rechazó la competencia para tramitar el proceso disciplinario, pues a su consideración, esta correspondía a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, debido a que se trata de un auxiliar de la justicia.

Por lo anterior, en el mismo oficio, decidió remitir el conflicto de competencia del expediente identificado con el radicado E -2023-238138 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado solicitando dirimir el señalado conflicto entre esa entidad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la existencia del conflicto de competencias 5 a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bo gotá, al Juzgado 43 Civil Municipal de Bogotá y a la señora Jacqueline Villazón Moreno. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco días, contados desde el 24 hasta el 30 de agosto de 20236. Lo anterior

de Bogotá y a la señora Jacqueline Villazón Moreno. Asimismo, se fijó un edicto por el término de cinco días, contados desde el 24 hasta el 30 de agosto de 20236. Lo anterior con el objeto de que se presentaran los alegatos o consideraciones pertinentes dentro del conflicto de competencias planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Al respecto, obra en el expediente informe de la Secretaría de la Sala del 31 de agosto de 20237, que da cuenta del acatamiento del referido trámite. Dentro de este se señala que la comunicación se llevó a cabo a través de correo electrónico, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020 del Consejo de Estado 8, en el sentido de que las actuaciones que competen a la Sala de Consulta y Servicio Civil pueden adelantarse por vía electrónica, aún en los periodos en que se encuentren

4 SAMAI, Índice 1, Archivo «2_2_110010306000202300477002REPARTOYRADIC20230823163644», folio 15. 5 SAMAI, Archivo, «5_5_110010306000202300477005REPARTOYRADIC20230823163644 » 6SAMAI, Fijación por edicto núm. 461, Archivo «5_5_110010306000202300477005REPARTOYRADIC20230823163644» 7 SAMAI, Archivo «8_8_110010306000202300477001ALDESPACHOPOR20230831150131» 8 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las

8 A través del Acuerdo 062 del 21 de abril de 2020, el Consejo de Estado adicionó su Reglamento, con el fin de facilitar y agilizar los trámites relativos a las actuaciones de su competencia, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 3 de 25

suspendidos los términos judiciales, garantizando el derecho de intervención de los interesados.

Adicionalmente, en el referido informe secretarial se señaló que, dentro del término de fijación del edicto, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no presentó alegatos . Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 28 de febrero de 202 39, mediante el cual ordenó la remisión del asunto a la Procuraduría General de la Nación. En el mencionado auto, la Comisión Seccional advirtió su falta de competencia y la fundamentó en los artículos 69 y 92 de la Ley 1952 de 2019, así como en la derogatoria de la Ley 734 de 2002 y del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011. La Comisión Seccional sostuvo que los auxiliares de la justicia son particulares que cumplen funciones públicas de manera transitoria, y que, por lo tanto, conforme el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, corresponde a la Procuraduría General de la Nación la competencia para disciplinar a los particulares.

cumplen funciones públicas de manera transitoria, y que, por lo tanto, conforme el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021, corresponde a la Procuraduría General de la Nación la competencia para disciplinar a los particulares.

Además, señaló que mediante la Ley 1952 de 2019 se derogó la Ley 734 de 2002 y algunos preceptos relacionadas con derecho disciplinario contenidas en la Ley 1474 de

2011. Entre los apartados derogados de la Ley 1474 de 2011 se encuentra el artículo 41, el cual establecía la competencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales para examinar las conductas y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia.

Por todo lo anterior, la Comisión Seccional consideró pertinente remitir el presente caso disciplinario a la Procuraduría General de la Nación.

2. Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Distrital de Instrucción de

Bogotá. La Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá no presentó alegatos. No obstante, la posición sobre su competencia en el proceso adelantado contra la auxiliar judicial Jacqueline Villazón Moreno se advierte en el Oficio del 23 de junio de 202310.

9 SAMAI, Archivo, «2_2_110010306000202300477002REPARTOYRADIC20230823163644». Folio 13. 10 SAMAI, Archivo, «2_2_110010306000202300477002REPARTOYRADIC20230823163644». Folio 1.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 4 de 25

10 SAMAI, Archivo, «2_2_110010306000202300477002REPARTOYRADIC20230823163644». Folio 1.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 4 de 25

En dicho oficio, la procuraduría distrital manifestó que la entidad competente para asumir el conocimiento del asunto recae en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, basándose en los argumentos que se resumen a continuación: En primer lugar, destacó que, si bien el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 otorgó competencia a la Procuraduría General de la Nación para conocer de investigaciones sobre particulares disciplinables, «[…] esta atribución no implica pe rse que se trate de una competencia exclusiva y excluyente […]». Para el caso puntual de los auxiliares de la Justicia, indicó que, aunque son particulares, no le corresponde a la Procuraduría General de la Nación disciplinarlos, según lo estipulado en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, apartado normativo que, según su criterio, no fue derogado por la Ley 1952 de 2019.

Lo que se traduce en que el artículo 41 de la Ley 1474 NO llegó a ser derogado, dada la modificación que ordenó el artículo 73 de la Ley 2094 de 29/06/2021, al artículo 265 de la Ley 1952 de 2019; en la medida que la disposición que le derogaba fue suprimida por el propio legislador, antes que este articulo 265 entrara en vigencia. [Negrillas?].

Finalmente, trajo a colación la Decisión del 27 de abril de 2023 de la Sala de Consulta y

el propio legislador, antes que este articulo 265 entrara en vigencia. [Negrillas?].

Finalmente, trajo a colación la Decisión del 27 de abril de 2023 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, por medio del cual se resolvió el conflicto de competencia con radicado 11001-03-06-000-2023-00012-00. En dich a decisión se discutió la competencia para adelantar el proceso disciplinario contra una auxiliar de la justicia . L as autoridades involucradas en esa oportunidad fueron la Personería Municipal de Tunja, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá. La Procuraduría sostiene que en e se caso específico, la Sala determinó que la competencia para llevar a cabo el proceso disciplinario correspondía a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

Por los anteriores argumentos, la Procuraduría Distrital planteó el presente conflicto de competencias y solicitó se le atribuyera a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá la competencia para continuar con el tramite disciplinario.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 5 de 25

especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone:Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 5 de 25

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá, no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»11 se encuentran en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado

Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»11 se encuentran en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitu d de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Est ado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o auto ridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta)

11 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 6 de 25

especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 6 de 25

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de u n solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. [Se resalta].

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o re clamen competencia para conocer de la actuación;

Las autoridades involucradas en el presente trámite, esto es, la Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, han rechazado su competencia para adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes en contra de la señora Jacqueline Villazón Moreno , auxiliar de la justicia, por la presuntas faltas en las que habría incurrido en condición de secuestre en

rechazado su competencia para adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes en contra de la señora Jacqueline Villazón Moreno , auxiliar de la justicia, por la presuntas faltas en las que habría incurrido en condición de secuestre en el proceso con radicado 11001-40-03-043-2012-0070-00, adelantado por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá y la Comisi ón Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , ambas autoridades del orden nacional.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes en contra de la señora Jacqueline Villazón Moreno, en calidad de auxiliar de la j usticia, y establecer las sanciones disciplinarias, si es del caso, por las presuntas irregularidadesRadicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 7 de 25

en el cumplimiento del cargo de secuestre dentro del referido proceso 11001-40-03-0432012-0070-00, adelantado por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá.

En relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que la

2012-0070-00, adelantado por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá.

En relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que la Sala de Consulta ha considerado12 que el asunto es de naturaleza administrativa cuando al menos una de las autoridades en conflicto ejerce funciones administrativas. Ahora bien, el presente conflicto involucra a la Procuraduría General de la Nación que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Distrital de Disciplina Judicial Bogotá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución13.

Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Cons ulta y Servicio Civil se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidido por la Sala, en cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos

señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

12 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 7 de diciembre de 2022. Rad. 1100103-06-000-2022-00233-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 14 de junio de 2022. Rad. 11001 -03-06-000-2022-00004-00. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civ il, Decisión del 2 de junio de 2022. Rad. 11001-03-06-000-2022-00026-00, entre otras. 13 La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. 14 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 8 de 25

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la p arte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Con sulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspec tos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad para conocer y adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes contra la señora Jacqueline Villazón Moreno, en su condición de auxiliar de la justicia, por presuntas irregularidades en el desarrollo de sus funciones como secuestre dentro del proceso 11001-40-03-043-20120070-00, adelantado por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal de Bogotá.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bogotá sostuvo que no es competente para conocer de los procesos disciplinarios, en primera o segunda instancia, contra los auxiliares de justicia y que dicha competencia es de la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior conforme a los previsto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, dónde se dispone que los particulares serán disciplinados por la Procuraduría General de la Nación, normativa aplicable a los auxiliares de la justicia , por tratarse de particulares que solo cumplen funciones públicas de manera transitoria.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 9 de 25

Por su parte, la Procuraduría Distrital de Instrucción de Bogotá considera que nunca fue derogado el artículo 41 de l a Ley 1474 de 2011 que atribuía competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para investigar a los

derogado el artículo 41 de l a Ley 1474 de 2011 que atribuía competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para investigar a los auxiliares de justicia y que estas funciones fueron asumidas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración. ii) Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración. iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración. iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración. vi) Funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación. vii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. viii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración15

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201216, que señala:

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos

artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201216, que señala:

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asu nto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-0306-000-2021-00025-00(C) 16 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00477-00 Página 10 de 25

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. [Resaltado fuera de texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e

justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

5.2. Competencia de la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración18

El artículo 256 de la Constitución Política consagró como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura las siguientes:

Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: […]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera de texto original]

En armonía con el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de l a Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia19, así:

adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia19, así:

17 Corte Constitucional Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 18 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-0306-000-2021-00025-00(C). 19 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Decisión del 18 de septiembre de 2014