CE - 110010306000202300729001AUTOQUERESUEL20240201115759

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas (E)

Bogotá D.C., 25 de enero de 2024

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00729-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C. y

Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá D.C.

Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2º y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 5 de octubre de 2022, el señor Guillermo Hernández Romero presentó queja ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá , en contra del señor Iván Camilo Ariza Galvis, por presuntas irregularidades en su gestión como liquidador en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Datapoint de Colombia S.A.S. , adelantada por la Superintendencia de Sociedades.

2. Por medio de Auto del 4 de noviembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró que carece de competencia para conocer la queja elevada

adelantada por la Superintendencia de Sociedades.

2. Por medio de Auto del 4 de noviembre de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declaró que carece de competencia para conocer la queja elevada por el señor Guillermo Hernández Romero y, en consecuencia, ordenó su remisión a la Procuraduría General de la Nación.

3. Mediante Auto del 18 de enero de 2023, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá declaró su falta de competencia para conocer la queja y ordenó

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 2 de 27

remitir el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto negativo de competencias.

4. Por medio de Auto de 13 de septiembre de 2023, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró que no es competente para resolver el conflicto planteado, por cuanto no se presenta entre dos autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, finalmente, ordenó remitir la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del

Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 2 de noviembre de 2023, se fijó edicto en la

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) el 2 de noviembre de 2023, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta, en el expediente, que se libraron comunicaciones a la Corte Constitucional, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá, al señor Guillermo Hernández Romero y al señor Iván Camilo Ariza Galvis.

El 17 de noviembre de 2023, la Secretaría de la Sala informó al despacho que, dentro del término de fijación del edicto, la Comisión Seccional de Bogotá presentó consideraciones. L as autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Segunda Distrital de

Instrucción de Bogotá D.C. Aunque esta autoridad no presentó alegatos, en el Auto del 18 de enero de 2023, por medio del cual solicitó a la Corte Constitucinal dirimir el conflicto, sustentó su falta de competencia para conocer del asunto, con base en los siguientes argumentos:

En primer lugar, señaló que si bien el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 (el cual hace referencia al régimen de los particulares y su ámbito de aplicación) otorgó competencia

competencia para conocer del asunto, con base en los siguientes argumentos:

En primer lugar, señaló que si bien el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019 (el cual hace referencia al régimen de los particulares y su ámbito de aplicación) otorgó competencia a la Procuraduría General de la Nación para conocer de las investigaciones de los particulares disciplinables, en su criterio «esta atribución no implica perse que se trate de una competencia exclusiva y excluyente ». [Negrillas y subrayas en el texto original].Radicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 3 de 27

En lo que respecta a los particulares que ejercen una función de colaboración en el marco de un proceso judicial, como lo son los auxiliares de la justicia, esta autoridad manifestó que el legislador, mediante el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, le asignó la competencia para investigarlos a la jurisdicción disciplinaria.

Al respecto, precisó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, se encuentra vigente en la actualidad, en tanto que, si bien el texto original del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 contenía una derogatoria expresa de ese artículo, este fue modificado por la Ley 2094 de 2021, con lo cual, dicha derogación fue suprimida, por lo que, en esos términos, la jurisdicción disciplinaria conserva la competencia para investigar a los auxiliares de la justicia.

En esa medida, para fundamentar la competencia de la Comisión de Disciplina Judicial trajo a colación el inciso 6 del artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, que consagra la facultad de esta autoridad para investigar a los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los

trajo a colación el inciso 6 del artículo 2 de la Ley 1952 de 2019, que consagra la facultad de esta autoridad para investigar a los funcionarios y empleados judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como a los particulares disciplinables conforme a dicha ley.

En ese contexto, según la Procuraduría, el artículo 41 de la Ley 1474 no resultaba contradictorio con el Código General Disciplinario, sino que, más bien, complementaba la función jurisdiccional disciplinaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, que además se encuentra consagrada en la Constitución, como una norma que desarrolla el principio de autonomia judicial y de autocontrol del poder judicial sobre sus propios colaboradores o auxiliares, que, en este caso, son particulares.

Finalmente, reiteró su posición , de acuerdo con la cual la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para conocer de las actuaciones disciplinarias promovidas en contra de auxiliares de la justicia.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C.

Mediante escrito del 10 de noviembre de 2023, l a Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C. presentó consideraciones en los siguientes términos:

Precisó, en primer lugar, que si bien el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 atribuyó a las entonces salas jurisdiccionales disciplinarias, la función de investigar a los auxiliares de la justicia, esta norma fue derogada, a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952, modificado, a su turno, por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021.

la justicia, esta norma fue derogada, a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952, modificado, a su turno, por el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021.

En ese orden de ideas, explicó que, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019, la competencia para conocer de las investigaciones en contra de auxiliares de la justicia se consignó en la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 92 de la mencionada ley.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 4 de 27

Para la Comisión, entonces, los auxiliares de la justicia fueron incorporados entre los sujetos disciplinables dentro del régimen disciplinario de los particulares, por lo que, en su criterio, era evidente la competencia de la Procuraduría teniendo en consideración lo perceptuado por el artículo 92 de la Ley 1952, modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C. y la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá D.C. no tienen un superior común.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- (Ley 1437 de 2011) regula el « procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del « procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales»2 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

2 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las

por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

2 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que seRadicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 5 de 27

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autorid ades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta)

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para

orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito, y en armonía con el numeral 10 del artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá D.C. y la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá D.C. han negado su competencia para adelantar la investigación disciplinaria presentada en contra del señor Iván Camilo Ariza Galvis , en calidad de auxiliar de la justicia.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 6 de 27

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se encuentran involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de

Como se evidencia en los antecedentes, en este conflicto de competencias se encuentran involucradas dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por conducto de la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá D.C, y la Comisión Nacional de disciplina Judicial a través de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad que debe adelantar la investigación disciplinaria en contra del señor Iván Camilo Arisa Galvis, en calidad de auxiliar de la justicia, por las presuntas irregularidades en que pudo incurrir como liquidador en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Datapoint de Colombia S.A.S.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030 de 2023 3, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa. En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución. La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades

una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución. La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen función administrativa (la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá D.C) y otra que cumple función jurisdiccional (la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

3 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Co nstitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 7 de 27

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»4.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por

definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 8 de 27

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico En el presente caso, a la Sala le corresponde definir cuál es la autoridad competente para adelantar la actuación disciplinaria por las presuntas irregularidades en que pudo incurrir el señor Iván Camilo Ariza Galvis , en calidad de auxiliar de la justicia, como liquidador en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Datapoint de Colombia

S.A.S.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá manifiesta que de acuerdo con el nuevo Código General Disciplinario, especialmente los artículos

liquidador en el proceso de liquidación judicial de la sociedad Datapoint de Colombia S.A.S.

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá manifiesta que de acuerdo con el nuevo Código General Disciplinario, especialmente los artículos 70 y 92 ibidem, la competencia para disciplinar a los auxiliares de la justicia, como particulares que ejercen funciones públicas, recae en la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá declara no ser competente para adelantar actuación disciplinaria alguna, teniendo en cuenta que los auxiliares de la justicia, como particulares colaboradores de los procesos judiciales, deben ser disciplinados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales, de conformidad con el artículo 2, inciso 6, de la L ey 1952 de 2019. Adicionalmente, agrega que esas autoridades mantienen la competencia que consagró el artícu lo 41 de la Ley 1474 de 2011, para investigar a los auxiliares de la justicia, en tanto dicha norma se mantiene vigente.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la

1. Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración vi) El control disciplinario interno en la Superintendencia de Sociedades. Reiteración vii) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. viii) Caso concreto.Radicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 9 de 27

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado 5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración5

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 20126, que señala: Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o acti vidad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o acti vidad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. [Resaltado fuera de texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional7 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado fuera de texto original)

5.2. Competencia de la extintao Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración8 El artículo 256 de la Constitución Política, en su versión originaria, consagró como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura las siguientes:

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001 -0306-000-2021-00025-00(C)

atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura las siguientes:

5 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001 -0306-000-2021-00025-00(C) 6 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. 7 Corte Constitucional Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001 -0306-000-2021-00025-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2023-0729-00 Página 10 de 27

Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: […]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

7. Las demás que señale la ley. (Resaltado fuera de texto original)

En armonía con el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de l a Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia9, así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala

así:

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia. En vigencia de las anteriores normas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia, según lo indicado por el citado artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, en armonía con el numeral 7 del artículo 256 de la Constitución Política, correspondían al Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales10.

9 La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (Radicación 11001 -03-06-000-2014-00168-00(C)) al evaluar si la asignación de competencias a la jurisdicción disciplinaria debía realizarse únicamente en la Constitución Política y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, o si era posible a través de una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justica. La

auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisis». 10Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-0002019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-0020000(C). «En todo caso, es necesario mencionar que la Ley 1474 de 2011 (art. 41) adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia. Debe recordarse, que los denominados “auxiliares de la justicia” no ejercen la función jurisdiccional , sino que, como su nombre lo indica, prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resu