CE - 110010306000202300742001AUTOQUERESUEL20240212171250

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación -Procuraduría Provincial de Instrucción del Bucaramangay Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander Asunto: Autoridad competente para investigar disciplinariamente a un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10º, de la Ley 1437 de 20111, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de marzo del 20213, el señor Carlos Andrés Porras Pérez elevó una queja en contra el señor Eliseo Ramírez por el presunto incumplimiento de sus deberes como secuestre en el proceso con radicado núm. 2017-00306-00, tramitado ante el Juzgado

Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga.

2. El 31 de mayo del 20214, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander abrió indagación preliminar contra el señor Eliseo Ramírez. Sin embargo, el 29 de junio de 20225, la misma autoridad declaró su falta de competencia para conocer

Santander abrió indagación preliminar contra el señor Eliseo Ramírez. Sin embargo, el 29 de junio de 20225, la misma autoridad declaró su falta de competencia para conocer de la investigación disciplinaria y remitió el expediente a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, por considerar que esa autoridad deb ía continuar con el proceso.

3. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, mediante correo del

1 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposi ciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 SAMAI, índice 3, ZIP, documento 001QuejaDisciplinaria, Folio 5. 4 SAMAI, índice 3, ZIP, documento 004Auto31May2021, Folios 1 a 2. 5 SAMAI, índice 3, ZIP, documento 010Auto Remite x competencia Procuraduría, Folios 1 a 4.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 2 de 19

28 de febrero del 2023 6, remitió el expediente a la Corte Constitucional, sin consideraciones adicionales, ni auto que rechace o acepte la competencia del proceso disciplinario.

4. El 9 de agosto del 20237, la Corte Constitucional se declaró inhibida para dirimir el conflicto planteado y ordenó la remisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por considerar que es la autoridad competente para el efecto.

el conflicto planteado y ordenó la remisión a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, por considerar que es la autoridad competente para el efecto.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3 °, de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 721, por el término de cinco días hábiles, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones8.

En el expediente, consta que se comunicó la existencia del conflicto de la referencia a la Procuraduría General de la Nación (nivel central) , a la Procuradurí a Provincial de Instrucción de Bucaramanga, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, a la Corte Constitucional, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga (Santander) y a los señores Eliseo Ramírez y Carlos Andrés Porras Pérez9.

De acuerdo con el informe secretarial del 17 de noviembre del 2023, «[d]entro del término de fijación, mediante el sistema de gestión judicial SAMAI, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio»10.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander11

Esta autoridad no presentó alegatos, pero del Auto del 29 de junio del 202212, mediante el cual rechazó la competencia para conocer del proceso disciplinario en comento , se pueden extraer sus argumentos.

Esta autoridad no presentó alegatos, pero del Auto del 29 de junio del 202212, mediante el cual rechazó la competencia para conocer del proceso disciplinario en comento , se pueden extraer sus argumentos.

6 SAMAI, índice 4, ZIP, documento 02CJU-3761 Correo Remisorio, Folios 1 a 2. 7 SAMAI, índice 4, documento 04CJU-3761 Auto 1837-23, folios 1 a 6. 8 SAMAI, índice 2, folio1. 9 SAMAI, índice 1, documento 10. 10 SAMAI, índice 3 11 SAMAI, índice 1, ZIP, documento 2. 12 SAMAI, índice 1, ZIP, documento 10.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 3 de 19

Manifestó que , según e l artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 , le correspondía a esa autoridad asumir el conocimiento de la investigación disciplinaria ; s in embargo, esa norma fue derogada por el Artículo 265 de Ley 1952 de 2019 , adicionalmente, señaló que:

[…] Deviene de lo expuesto que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial NO es competente para conocer del presente asunto conforme a lo previsto en los artículos 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, cambio normativo que transformó tanto la parte sustancial como procedimental de la Ley 734 de 2002, debiendo aplicarse la nueva legislación en todos los procesos que no contaran con providencia de pliego de cargos notificada o instalada la audiencia del proceso verba l. […]

debiendo aplicarse la nueva legislación en todos los procesos que no contaran con providencia de pliego de cargos notificada o instalada la audiencia del proceso verba l. […]

En consecuencia, consideró que la autoridad competente para conocer de los procesos disciplinarios tramitados contra auxiliares de la justicia es la Procuraduría General de la Nación.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga13

Esta autoridad n o presentó alegatos, tampoco existen copias de la actuación de la entidad dentro del expediente, pues no contestó el requerimiento hecho por la Secretaría de la Sala al solicitar tales diligencias. No obstante, teniendo en cuenta que remitió el conflicto a la Corte Constitucional para que procediera a resolver el asunto, es claro que no asumió la competencia para tramitar el asunto disciplinario.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualm ente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

13 SAMAI, índice 5.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 4 de 19

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar esta disposición, debido a que las autoridades involucradas en el conflicto planteado - Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santandercarecen de un superior común.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ord inario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»14 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado

Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»14 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39. Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civ il del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

14 Artículo 34 . Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 5 de 19

En el mismo sentido, el numeral 10° del artículo 112 del código en cita, modificado por

En el mismo sentido, el numeral 10° del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los confli ctos de competencia administrativa, los cuales se mencionan y se analizan, a continuación, en relación con el caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en el proceso disci plinario abierto en contra del señor Eliseo Ramírez, por el presunto incumplimiento de sus deberes como secuestre en el proceso con radicado núm. 201700306-00, tramitado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, ejercía funciones

destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-030 de 2023 15, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

15 La Ley 2094 de 2021, en su artículo 1, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74, que modificaron los artículos 2, 238A y 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, l a Corte Constitucional, en la Sentencia C -030 de 2023, declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría, atribuidas por las referidas normas. Esta decisión fue dada a conocer por la Corte, con el comunicado número 04 del 16 d e febrero de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 6 de 19

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen, una de ellas, la función administrativa (la Procuraduría General de la

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen, una de ellas, la función administrativa (la Procuraduría General de la Nación), y la otra, la función jurisdiccional (la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o las seccionales), por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni entre autoridades que ejerzan -ambasla función jurisdiccional . De este modo, es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2 y 93 de la Ley 1952 de 2019.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen la competencia para conocer de la actuación o el asunto en particular.

Las dos autoridades involucradas en el conflicto -la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santanderrechazaron la competencia para continuar con la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación , por medio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, que forma parte de la Rama Judicial.

la Procuraduría General de la Nación , por medio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, que forma parte de la Rama Judicial.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»16.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

16 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 7 de 19

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimi ento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que,

de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimi ento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de l Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la función de definir la autori dad competente para iniciar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar el trámite disciplinario que se sigue en contra del señor Eliseo Ramírez , por el presunto

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar el trámite disciplinario que se sigue en contra del señor Eliseo Ramírez , por el presunto incumplimiento de sus deberes como secuestre en el proceso con radicado núm. 201700306-00, tramitado ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en el Auto del 29 de junio de 2022, declaró su falta de competencia para conocer el asunto, en particular señaló que, conforme a los artículos 70 y 92 de la Ley 2094 de 2021, los auxiliares judiciales son funcionarios públicos que deben ser disciplinados por la Procuraduría General de la Nación, por lo que decidió remitir el asunto a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, para lo de su competencia.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 8 de 19

En contraste, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga, remitió el asunto a la Corte Constitucional, para que resolviera el conflicto, sin que haya en el expediente referencia al fundamento utilizado para tal efecto.

Finalmente, la Corte Constitucional, en auto del 9 de agosto de 2023, se declaró inhibida para conocer del asunto, por no tratarse de un conflicto entre autoridades con funciones jurisdiccionales, y lo remitió a la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración;

jurisdiccionales, y lo remitió a la Sala de Consulta y Servicio Civil.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración17

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201218, que señala:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva m ateria y, cuando fuere el caso, garantía de su

públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva m ateria y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

[…] [Subrayas fuera del texto original].

17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expediente 11001-03-06-000-2021-00025-00. 18 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones .Radicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 9 de 19

Ahora bien, la Corte Constitucional 19 ha señalado que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas, de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la jus ticia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

En el mismo sentido, la Sala ha precisado 20 que los auxiliares de la justicia prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones del Co nsejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la J udicatura, para examinar y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia21, así:

19 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de junio de 2019 (rad. núm.

justicia21, así:

19 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 20 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de junio de 2019 (rad. núm. 11001-03-06-000-2019-00063-00), y el 16 de mayo de 2018 (rad. núm. 11001-03-06-000-2017-00200-00). 21 La Sala de Consulta y Servicio Civil, en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (rad. núm. 11001-03-06000-2014-00168-00), al evaluar si la asig nación de competencias a la Jurisdicción Disciplinaria debía realizarse únicamente por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, o si era posible hacerlo mediante una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta deRadicación: 11001-03-06-000-2023-00742-00 Página 10 de 19

Artículo 41. Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura . Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los

Superior de la Judicatura . Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

En vigencia de las normas citadas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia correspondían al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales22.

Mediante la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, se suprimió la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas homólogas de los consejos seccionales de la judicatura, y, en su lugar, se creó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionale s, con lo cual, además, se adoptó un nuevo modelo de disciplina en la Rama Judicial.

Dado que la citada enmienda constitucional eliminó las funciones disciplinarias a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales, y, no asignó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las seccionales la función de disciplinar a particulares en ejercicio de funciones públicas, ni defirió en el Legislador la facultad de otorgarles nuevas funciones, es necesario concluir que , una vez entró a regir el nuevo modelo disciplinario, perdió vigencia el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011.

En efecto, por un lado, desapare ció la autoridad a la que la norma legal otorgaba competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de jus ticia,

En efecto, por un lado, desapare ció la autoridad a la que la norma legal otorgaba competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de jus ticia, esto es, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las salas respectivas de los consejos seccionales; y, por otro lado, se establecieron, con criterio taxativo, las funciones otorgadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (artículo 257A) , dentro de las cuales no se incluyó la competencia para disciplinar a particulares en ejercicio de funciones públicas (como ocurre con los auxiliares de justicia), ni se habilitó al Legislador para asignar a tales organismos potestades adicionales (a diferencia del anterior régimen).

ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justicia». La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisis 22 Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisiones del 18 de junio de 2019 (rad. núm. 11001-03-06-000-201900063-00), y el 16 de mayo de 2018 (rad. núm. 11001 -03-06-000-2017-00200-00). «En todo caso, es necesario mencionar que la Ley 1474 de 2011 (art. 41) adicionó una función a la Sala Jurisdicciona l Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para conocer de los procesos disciplinarios contra los

necesario mencionar que la Ley 1474 de 2011 (art. 41) adicionó una función a la Sala Jurisdicciona l Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares d