CE - 110010315000201500545001SALVAMENTODEV20230829091231

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N° 2

Salvamento de voto Magistrado CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Radicado : 11001-03-15-000-2015-00545-00

Recurrente : Miguel Alfredo Maza Márquez Demandada : Fiscalía General de la Nación y otros Medio de control : Recurso Extraordinario de Revisión contra la sentencia del 29 de enero de 2014, proferida por la Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado, en la acción de reparación directa de Alberto Alfredo Jubiz Hazbum y otros contra la Nación – FGN y otros.

Magistrado Ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Salvamento de voto a la sentencia del 14 de agosto de 2023

Con mi acostumbrado respeto por la decisión mayoritaria de la Sala, consagro a continuación las razones por las cuales salvo mi voto en la decisión de la referencia , que corresponden, en síntesis, a las consideraciones de la ponencia que presenté a esta Sala Especial de Decisión y que no fueron acogidas por la mayoría de sus miembros.

La Sala Especial decidió declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Miguel Alfredo Maza Márquez contra la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercer a del Consejo de Estado que modificó la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 2 de agosto de 2006, parcialmente estimatoria de las pretensiones

modificó la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 2 de agosto de 2006, parcialmente estimatoria de las pretensiones de la demanda de reparación directa presentada por Alberto Alfredo Júbiz Hazbum y otros contra la Nación – FGN y otros, dentro del proceso No. 1995-10714-01.

Considero que el recurso debió prosperar y, conforme con lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 255 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procedía declarar la nulidad de la sentencia, devolver el proceso a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado para que dictara sentencia de nuevo, pues, a mi juicio, sí hubo nulidad originada en la sentencia por violación alSalvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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debido proceso, por carencia de motivación probatoria, como fue solicitado por el recurrente.

En el proyecto que fue improbado por la Sala se analizaba la importancia de la motivación de las sentencias como parte del núcleo esencial del debido proceso vinculado con la tutela judicial efectiva, en el que las partes procesales tienen derecho a conocer las razones legales, probatorias y fácticas de la decisión del juez. Ello para garantizar a las partes que sus controversias son resueltas por una administración de justicia transparente, imparcial y objetiva, legitimando la actividad jurisdiccional y evitando así la arbitrariedad de sus funcionarios.

garantizar a las partes que sus controversias son resueltas por una administración de justicia transparente, imparcial y objetiva, legitimando la actividad jurisdiccional y evitando así la arbitrariedad de sus funcionarios.

Sobre este deber de motivar las decisiones judiciales, resulta oportuno traer esta jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentada en sentencia T-214 de 2012, en la que precisó:

“[…] 4.1. La motivación de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posición jurídica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivación consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpreta ción de las disposiciones normativas, de una parte, y determina cómo, a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la hipótesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de h echo de una regla jurídica aplicable al caso. (T-247/06, T-302/08, T-868/09).

[…]

4.4. Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer cómo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las vías legales de decreto y práctica de pruebas.

La comprensión del razonamiento en materia de hechos como uno de carácter primordialmente inductivo, dirigido más a fortalecer la probabilidad de una

práctica de pruebas.

La comprensión del razonamiento en materia de hechos como uno de carácter primordialmente inductivo, dirigido más a fortalecer la probabilidad de una hipótesis que a lograr la certeza sobre ésta , la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hipótesis, el análisis individual de cada medio de convicción y el posterior análisis conjunto de las pruebas , la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa fáctica. (C-202/05, T589/10, T-1015/l0).

4.5. La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los estándares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinación de los hechos del caso y ha explicado cómo el deber de motiva ción no se agota en una exposiciónSalvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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sobre la interpretación de las normas jurídicas, sino que involucra también la explicación de ese paso entre pruebas y hechos , a través de la sana crítica, la aplicación de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hipótesis de hecho alternativas. (ibidem).

[…]” (Resaltado fuera del texto).

Frente a la falta de motivación como causal de nulidad originada en la sentencia en el

hipótesis de hecho alternativas. (ibidem).

[…]” (Resaltado fuera del texto).

Frente a la falta de motivación como causal de nulidad originada en la sentencia en el recurso extraordinario de revisión, esta Corporación ha señalado que tal irregularidad tiene la virtualidad de hacer prospera la revisión cuando hay carencia absoluta de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que sirvieron de fundamento a la decisión 1, o cuando se sustenta en circunstancias manifiestamente erróneas, incompletas o de actitudes dolosas 2. No aplica, así, para controvertir las razones del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador3.

Sin embargo, como quedó planteado e n el proyecto que se presentó a la Sala, la carencia absoluta de motivación no puede entenderse como aquella decisión que solo refleja la voluntad del juez, desprovista de cualquier argumentación, porque también hay ausencia de motivación en aquellos casos en los que la resolución judicial contiene un relato de razones que aparentan un juicio jurídico adecuado y debidamente soportado, pero que realmente no responde acertadamente al porqué de la decisión. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha considerado:

“[…] Se ha dicho usualmente que la nulidad originada en la sentencia, cuando de argumentación se trata, supone la ausencia total de motivación. No obstante, en ese contexto casi sería imposible hallar una sentencia totalmente carente de razon es, lo cual impone que en el camino de aplicar la carencia de argumentos como fuente de la nulidad de la sentencia, sea necesario un esfuerzo adicional, ya que normalmente los

contexto casi sería imposible hallar una sentencia totalmente carente de razon es, lo cual impone que en el camino de aplicar la carencia de argumentos como fuente de la nulidad de la sentencia, sea necesario un esfuerzo adicional, ya que normalmente los juzgadores abonan algunos motivos para decidir, de modo que resultaría estéril l a búsqueda de una sentencia radicalmente ayuna de fundamentos. A partir de esta circunstancia, parece necesario dejar sentado como premisa, que no basta la presencia objetiva de argumentos en la sentencia para que el fallo quede blindado y a resguardo de l a nulidad, pues la mirada debe penetrar en la médula misma del acto de juzgamiento, para averiguar si la motivación puesta apenas tiene el grado de aparente, y si de ese modo puede encubrir un caso de verdadera ausencia de motivación; de esta manera, el juez de la revisión no puede negarse a auscultar los argumentos y su fuerza, tomando recaudos, eso sí, para no hacer del recurso de revisión una tercera

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009, rad. 200300133-00. 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de septiembre de 2015, rad. 2002 -0245601(35824), M.P. Stella Conto Díaz del Castillo. 3 Ver, entre otras, sentencia de 11 de octubre de 2005, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, exp. 20030794-01 (Rev) y sentencia de 16 de agosto de 2018, Sección Tercera, Subsección C, exp. 2007-00107-01(47300), M.P. Guillermo Sánchez Luque.Salvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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instancia espuria. Desde luego que en ese ejercicio de desvelar la nulidad en la sentencia a partir de la carencia o precariedad grave de la motivación, y en presencia del cumplimiento apenas formal del deber de dar argumentos, podría el juez del recurso de revisión caer en la tentación de sustituir los argumentos del fallo, por otros que considerara de mejor factura, lo cual desnaturalizaría el recurso de revisión e invadiría los terrenos de otras formas de impugnación, en franco desdoro del principio de la cosa juzgada. No obstante, la prudencia y buen juicio del juez colectivo que conoce del recurso de revisión, es prenda suficiente de que tal cosa no ocurrirá.

Síguese de todo ello, que no basta con la existencia objetiva de argumentos como apoyo de la sentencia, sino que el fallo debe estar soportado en consideraciones que superen el simple acto de voluntad del juez, pues el ideal de un sistema jurídico evolucionado hace de la sentencia el instrumento de la voluntad concreta de todo el ordenamiento jurídico, que en el fallo encuentra el momento de realización estelar, y no la expresión de aquel sentido de la sentencia que daría cuenta apenas de la elección personal del juez y de sus preferencias, hecha bajo el manto de unos motivos cuya

ordenamiento jurídico, que en el fallo encuentra el momento de realización estelar, y no la expresión de aquel sentido de la sentencia que daría cuenta apenas de la elección personal del juez y de sus preferencias, hecha bajo el manto de unos motivos cuya presencia objetiva no impide el vacío argumentativo en atención a lo intolerable de dicha forma de justificar […]”4.

En este sentido, considero que la labor del juez del recurso extrao rdinario se debe limitar a establecer si la argumentación de la decisión recurrida es real, y no aparente, o que no se trate de una simple existencia objetiva de argumentos que impliquen una grave deficiencia de motivación, pues ello constituiría una irregularidad superlativa que nulitaría la sentencia y, por lo tanto, daría lugar a su revisión. Sin embargo, esta tarea no significa que el juez extraordinario tenga la competencia para inmiscuirse en el juicio jurídico o probatorio llevado a cabo por el opera dor de instancia, o, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corporación, para controvertir las razones del fallo ni la apreciación que de los hechos y de las pruebas hizo el fallador, pues es importante tener presente que este medio impugnativo no es una oportunidad adicional para discutir o “corregir” las motivaciones jurídicas y probatorias que soportaron la decisión de la providencia que se revisa, como si fuera una tercera instancia .

Descendiendo al caso concreto, la causal de nulidad de la sentencia invocada por el recurrente se sustent ó, concretamente, en que la decisión recurrida carec ió de motivación frente a la condena impuesta al señor Miguel Maza Márquez, pues no se expresó ninguna razón puntual, ni se indic ó un solo medio probatorio sobre alguna

recurrente se sustent ó, concretamente, en que la decisión recurrida carec ió de motivación frente a la condena impuesta al señor Miguel Maza Márquez, pues no se expresó ninguna razón puntual, ni se indic ó un solo medio probatorio sobre alguna conducta del general Maza Márquez con las que se pudieran sustentar las afirmaciones que se hicieron en el fallo censurado, así como del actuar culposo del

4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de agosto de 2008, Exp. 2004 -00729-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla.Salvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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recurrente. Señal ó que no exist ió una sola valoración individua l, ni en conjunto, de ninguna prueba y que la cita que se hizo en el píe de página No. 129, en relación con publicaciones que se hicieron en distintos medios periodísticos, no significa motivar, mucho menos se acreditó la autenticidad, ni tampoco de quien provinieron en cuanto a su contenido.

Ahora bien, de los hechos probados que se relacionaron en el fallo recurrido, los más relevantes para el caso, fueron los siguientes:

“[…]

a.- La noche del 18 de agosto de 1989 fue capturado por miembros de la Policía Nacional el señor Héctor Manuel Cepeda Quintero mientras realizaba una llamada desde un teléfono público en la ciudad de Bogotá, el cual fue identificado por la Central

a.- La noche del 18 de agosto de 1989 fue capturado por miembros de la Policía Nacional el señor Héctor Manuel Cepeda Quintero mientras realizaba una llamada desde un teléfono público en la ciudad de Bogotá, el cual fue identificado por la Central de Radio de la Policía Nacional como el aparato telefónico desde donde una voz masculina sostuvo: “Yo trasladé a los duros que le dieron al doctor Galán hasta el barrio Valencia”5.

b.- Mediante providencia proferida el 19 de agosto de 1989 por el Juzgado Tercero de Orden Público el señor Héctor Manuel Cepeda Quintero fue vinculado al proceso penal adelantado por el homicidio del Candidato Presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento6.

c.- Mediante proveído del 21 de agosto de 1989 el Juzgado 58 de Instrucción Penal Militar de Bogotá comisionó al Jefe de la Sección de Estupefacientes, Capitán de la Policía Nacional Hernando Arciniegas Sánchez, para la práctica de un allanamiento y registro en diferentes inmuebles, entre los cuales se incluyó el denominado “Edificio Mezanine” ubicado en la carrera 4 # 19 -78 de Bogotá, pues con base en “escaneo de frecuencias, informantes y medidas de inteligencia, se tenía conocimiento de que en ese lugar se encontraban personas u objetos vinculados a actividades de narcotráfico”7.

d.- El 22 de agosto de 1989 fueron capturadas varias personas en el inmueble ubicado en la carrera 4 No. 19-78, entre ellas, el señor Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), y fue dejado a disposición del Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá ese mismo día.

en la carrera 4 No. 19-78, entre ellas, el señor Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), y fue dejado a disposición del Juzgado Tercero de Orden Público de Bogotá ese mismo día. En el respectivo oficio suscrito por el Capitán Hernando Arciniegas Sánchez, se lee “Según investigaciones adelantadas por esta Dirección estas personas pueden estar vinculadas en la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento”8.

e.- El 13 de septiembre de 1989 el Juzgado Tercero de Orden Público dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), Héctor Manuel Cepeda Quintero, como presuntos responsables de los delitos de homicidio con fines terroristas. En esa misma providencia se ordenó la vinculación al proceso penal del señor Norberto Hernández Romero y se libró orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva el 14 de septiembre de 1989, mientras se encontraba trabajando en un Hotel de la ciudad de Bogotá D.C9.

5 Fls. 242 a 244 C. 5. 6 Fls. 208 a 211 C. 5. 7 Fls. 208 a 211 C. 5. 8 Fls. 212 a 214 C. 5. 9 Fls. 5 a 39 C. 9.Salvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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Recurrente: Miguel Alfredo Maza Márquez Fallo del 14 de agosto de 2023

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[…]

g.- El 29 de marzo de 1990 el Tribunal Superior de Orden Público confirmó, en virtud

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[…]

g.- El 29 de marzo de 1990 el Tribunal Superior de Orden Público confirmó, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa, la medida de aseguramiento dictada contra los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero10.

h.- Mediante providencia proferida el 29 de diciembre de 1992, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Regionales de Medellín dictó cesación de procedimiento a favor de los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, entre otros; en consecuencia se les concedió el beneficio de libertad mediante caución juratoria.

En esa misma providencia se decretó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Pablo Emilio Escobar Gaviria, c omo presunto autor intelectual responsable de la comisión de los delitos de concierto para delinquir, homicidio y lesiones personales con fines terroristas.

Las razones que motivaron dicha decisión fueron, en lo sustancial, las que a continuación se transcriben:

“Es importante indicar que el objetivo del registro y allanamiento fue la búsqueda de elementos y personas relacionadas con actividades de narcotráfico, que se llevó a cabo cuatro días después de los crímenes conocidos y los señores capturados en el edificio Mezanine de la dirección mencionada, se convirtieron en noticia hablada y escrita, publicando inclusive sus fotografías y mostrándolas a través de videos,

conocidos y los señores capturados en el edificio Mezanine de la dirección mencionada, se convirtieron en noticia hablada y escrita, publicando inclusive sus fotografías y mostrándolas a través de videos, sin que existiera prueba alguna que permitiese relacionarlos directa o indirectamente con el magnicidio.

Lo anterior permitió que ciertos reconocimientos y testimonios que más adelante citaremos fueran posiblemente preconcebidos dada la magnitud del despliegue periodístico, que por ende originó medidas de excepción que limitaran la actividad periodística.

“(…).

“Resulta inexplicable para este Despacho que la Policía y el Instructor hubiesen incurrido en esas irregularidades en cuanto al manejo de estas primeras averiguaciones, pues no se entiende cómo una vez capturados los señores en el edificio Mezanine conocido (22 de agosto de 1989) sin que existiera sindicación en contra de aquellos por los acontecimientos del 18 de agosto de 1989 (registro y allanamiento tuvo otras motivaciones), difundieran dicha información, los filmaran, los fotografiaran y fuera de eso, mostraran sus retratos entre otros, a los habitantes de Soacha para que rindieran declaración y realizaran reconocimiento personal. […]”11 (negrillas y subrayas fuera del texto).

i.- La anterior decisión fue confirmada íntegramente por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional mediante providencia de fecha 2 de marzo de 1993 y, en

10 Fls. 39 a 114 C. 9. 11 Fls. 114 a 227 C. 9.Salvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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10 Fls. 39 a 114 C. 9. 11 Fls. 114 a 227 C. 9.Salvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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consecuencia, ordenó la libertad inmediata e incondicional de los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbu m (sic), Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, entre otros12 […]” (Los pies de página son propios de la transcripción).

Y de estos hechos probados, la decisión recurrida efectuó, entre otras, las siguientes conclusiones:

“[…] i) […] ii) El mismo día de su captura los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero fueron presentados por la Policía Nacional a los diferentes medios de comunicación de circulación nacional como los directos responsables del aludido magnicidio. […]

Así pues, las circunstancias descritas evidencian que los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero fueron objeto de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por haber sido sindicados de los delitos de homicidio y lesiones personales con fines terroristas con ocasión de la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y de dos personas más que lo acompañaban; sin embargo, el Fiscal de conocimiento, después de valorar detenidamente el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó

ocasión de la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y de dos personas más que lo acompañaban; sin embargo, el Fiscal de conocimiento, después de valorar detenidamente el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó que no existía prueba alguna sobre la responsabilidad penal respecto de la comisión de los ilícitos por los cuales se privó de la libe rtad a los referidos demandantes o, en palabras de la propia Fiscalía, las aludidas personas “ no tuvieron ninguna clase de participación en la comisión de los ilícitos que se le imputan ” (resaltado y subrayado del texto).

Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir a los ahora demandantes que asuman de forma impasible y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, durante más de tres años y medio, la privación de su derecho a la libertad, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado, mucho más si se tienen presentes los gravísimos hechos delictivos por los cuales fueron injustamente detenidos, tal y como lo reconoció y puso de presente la propia Fiscalía General de la Nación, además del amplísimo despliegue público y mediático que las propias autoridades del Estado promovieron e impulsaron para presentar ante el país y ante mundo a los ahora demandantes como responsables del magnicidio que les fue infundadamente atribuido, para con ello trasmitir, a costa de personas inocentes, una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito y el esclarecimiento de un ilícito de tanta trascendencia que constituyó un lamentable hito en la historia de Colombia y aún continúa

costa de personas inocentes, una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito y el esclarecimiento de un ilícito de tanta trascendencia que constituyó un lamentable hito en la historia de Colombia y aún continúa generando efectos nocivos sobre la institucionalidad democrática del país. […]”. (resaltado fuera del texto).

En lo que tuvo que ver con la responsabilidad del Estado por las falsas imputaciones realizadas contra los señores Alberto Alfredo Júbiz Hazbum, Héctor Manuel Cepeda

12 Fls. 223 a 293 C. 5.Salvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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Quintero y Norberto Hernández Romero, la sentencia recurrida destacó que se había presentado una grave violación a los derechos de buen nombre y honra de las aludidas víctimas, por las razones que se transcriben a continuación y sobre las cuales se adujo la causal de nulidad:

“[…] fue un hecho notorio a nivel nacional, tal y como lo reconoció la propia Fiscalía en el acápite atrás citado, que el propio Estado a través de autoridades del orden nacional (Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y Director de la Policía Nacional), sin que se hubiese adelantado el correspondiente proceso penal y sin que se hubiere declarado su responsabilidad penal por parte de la autoridad jurisdiccional competente, sometió a tales personas al escarnio público y se empecinó en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio del candidato presidencial

sin que se hubiere declarado su responsabilidad penal por parte de la autoridad jurisdiccional competente, sometió a tales personas al escarnio público y se empecinó en mostrarlas como los directos responsables del magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el cual fue un acontecimiento que conmocionó al país entero y, por esa razón, provocó el odio, el desprecio público y el rechazo frente a esas personas, quienes, a la postre, resultaron ser absolutamente inocentes13.

Así pues, los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero fueron víctimas de la irracionalidad del poder que les arrebató injustamente la libertad y, como si ello fuera poco -cuando lo es todo, mancilló, además, su honra y su dignidad, al estigmatizarlos y hacerlos pasar ante la ciudadanía en general a través de los medios masivos de comunicación del orden nacional como los homicidas del entonces senador y candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, así como de las dos personas que lo acompañaban la noche de su muerte.

Así las cosas, resulta evidente que, con tales acusaciones públicas, difundidas a través de los medios masivos de comunicación, se afectaron gravemente los derechos al buen nombre y a la honra en perjuicio de los señores Alberto Alfredo Júbiz Hasbum (sic), Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, así como de sus respectivos grupos familiares. De igual manera, tales imputaciones y señalamientos afectaron ostensiblemente la propia verdad de los hechos y con ello el curso de las investigaciones penales respecto de los verdaderos responsables.

respectivos grupos familiares. De igual manera, tales imputaciones y señalamientos afectaron ostensiblemente la propia verdad de los hechos y con ello el curso de las investigaciones penales respecto de los verdaderos responsables.

Nadie -y menos las autoridades públicaspuede deshonrar la vida de una persona, ni mucho menos deshonrar a la justicia y a la verdad, y fue eso, sin eufemismo alguno, lo que en este caso ocurrió, pues -bueno es reiterarlo -, fue un hecho notorio a nivel nacional el despliegue periodístico que los diversos medios de comunicación le dieron a la noticia de la captura de los “asesinos del doctor Luis Caros Galán”, divulgación que fue auspiciada y respaldada por el propio Estado, que trasmitió una falsa imagen de eficiencia y eficacia en la lucha contra el delito. Al respecto, esta Corporación, ha señalado: […]

13 “Respecto de la captura y sindicación de tales personas consultar, publicaciones realizadas en el periódico El Tiempo de fechas 23 y 24 de agosto de 1989, noviembre 5 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, entre muchas otras, En http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-266257. Periódico El Espectador de fechas agosto 24 de 1989, diciembre 20 y 21 de 1989, http://www.elespectador.com/opinion/quien-creerle-columna-454759. Revista Semana, publicaciones del 10 de enero de 1993, 24 de enero de 1993, 2 de octubre de 1994, entre otras, http://www.semana.com/especiales/articulo/el-rostro-justicia/19155-3, entre otras publicaciones de circulación

Semana, publicaciones del 10 de enero de 1993, 24 de enero de 1993, 2 de octubre de 1994, entre otras, http://www.semana.com/especiales/articulo/el-rostro-justicia/19155-3, entre otras publicaciones de circulación nacional. Además de todo lo anterior se allegaron al proceso numeroso recortes de prensa y revistas de circulación nacional relacionadas con esa ignominiosa noticia (fls. 2 a 79 C. 2)”.Salvamento de voto Dr. César Palomino Cortés

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Cuando es el mismo Estado el que a través de sus más altos miembros, emplea sus medios e instrumentos para vulnerar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano, se quebranta el principio basilar del Estado Social de Derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político14.

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad patrimonial de la Nación - Presidencia de la República, advierte la Sala que si bien en los hechos 34 a 37 del líbelo introductorio sostuvieron los demandantes que los días 24 de agosto y 19 de diciembre de 1989, el entonces Señor Presidente de la República doctor Virgilio Barco Vargas, en alocuciones presidenciales trasmitidas por los can ales nacionales de televisión,

sostuvieron los demandantes que los días 24 de agosto y 19 de diciembre de 1989, el entonces Señor Presidente de la República doctor Virgilio Barco Vargas, en alocuciones presidenciales trasmitidas por los can ales nacionales de televisión, realizó varias incriminaciones en contra de los ahora demandantes, calificándolos como autores materiales del homicidio del señor Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989, en el municipio de Soacha, Cundi namarca, lo cierto es que no obra medio de prueba alguno dentro del proceso que acredite tales afirmaciones realizadas en la demanda.

En efecto, pese a que se allegaron varios recortes de periódicos y revistas de la época sobre la captura de los ahora dem andantes, ningun