CE - 110010315000201702115001SENTENCIASENTENCIA20230222160341

Radicado: 11001-03-15-000-2017-02115-00

Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DIECISIETE ESPECIAL DE DECISIÓN

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Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02115-00

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPPDemandado: Luis Avelino Cortés Referencia: Recurso Extraordinario de Revisión -Ley 797 de 2003, Art.

20-.

Tema: Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública que impongan el pago de sumas periódicas de dinero -Ley 797 de 2003, artículo

20Recurso de Revisión de naturaleza especial. Subtema 1: Reconocimiento de la prestación pensional con violación del debido proceso. Falta de legitimación en la causa por pasiva del organismo encargado del reconocimiento pensional. Subtema 2: Inexistencia de actuación administrativa susceptible del ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a la reliquidación pensional. Privilegio de la decisión previa. Subtema 3: Marco de competencia del juez contencioso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Análisis de legalidad del acto administrativo expreso o presunto individualizado, conforme a normas violadas y concepto de violación expuestas en la demanda.

Subtema 3: Marco de competencia del juez contencioso en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Análisis de legalidad del acto administrativo expreso o presunto individualizado, conforme a normas violadas y concepto de violación expuestas en la demanda. Subtema 4: Violación del debido proceso por desconocimiento de la garantía de ser juzgado por juez competente.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 17 Especial de Decisión, resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPPcontra la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 10 de octubre de 2013, que confirmó parcialmente el fallo de primera instancia expedido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 11 de octubre de 2011.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La UGPP en ejercicio del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pretende que se invalide la sentencia dictada el 10 de octubre de 2013 por la Sección Segunda, Sala de Conjueces, del Consejo de Estado, que confirmó la providencia de primera instancia proferida el 11 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo del Tolima, únicamente en lo relativo a la orden impartida a la Caja Nacional de Previsión Social -Cajanalde reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor de Luis Avelino Cortés, con el ajuste de valor de la bonificación por compensación que percibió mientras ejerció el cargo de magistrado de Tribunal

Nacional de Previsión Social -Cajanalde reliquidar la pensión de jubilación reconocida a favor de Luis Avelino Cortés, con el ajuste de valor de la bonificación por compensación que percibió mientras ejerció el cargo de magistrado de Tribunal Superior, hasta alcanzar, por todo concepto, el 80% de la a signación que reciben los magistrados de las Altas Cortes, en virtud de la inaplicación de los Decretos 4040 de 2004 y 664 de 1999. La entidad recurrente sostiene que, a su juicio, la prestación se obtuvo con violación del debido proceso dado que Cajanal n o tenía legitimación en la causa por pasiva para dar cumplimiento a la orden judicial por no haber expedido el acto demandado declarado nulo y, además, porque la reliquidación ordenada excede lo debido conforme a la ley.Radicado: 11001-03-15-000-2017-02115-00

Demandante: UGPP

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II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda inicial y la sentencia cuestionada1

Luis Avelino Cortés, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Caja Nacional de Previsión Social, en la que solicitó la declaración de nulidad del oficio DEAJ08-1239 de febrero 1 de 2008, expedido por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, por medio del cual le negó el pago de la diferencia de valor de la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998, equivalente al valor que faltara para alcanzar el ochenta por

expedido por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, por medio del cual le negó el pago de la diferencia de valor de la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998, equivalente al valor que faltara para alcanzar el ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devengaban los Magistrados de las Altas Cortes. Pidió, a título de restablecimiento del derecho, i) declarar la nulidad del acto administrativo demandado y, como consecuencia, ii) condenar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Se ccional Tolima, a pagar a favor de Luis Avelino Cortés la diferencia presentada entre lo pagado por bonificación por compensación y lo que realmente debió recibir por ese factor desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de enero de 2002, fecha del retiro def initivo del servicio, iv) reliquidar los demás factores con la inclusión de lo realmente devengado por la bonificación citada y, iii) “ordenar” a Cajanal “reliquidar la pensión de vejez” desde el 1 de febrero de 2002, con la inclusión del valor actualizado de todos los factores que se reliquidaran con motivo del reajuste de la bonificación por compensación.

El Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de Conjueces, en sentencia expedida el 11 de octubre de 2011, (i) declaró no probadas las excepciones; (ii ) inaplicó por inconstitucionales los Decretos 4040 de 2004 y 664 de 1999; (iii) declaró la nulidad del oficio demandado; (iv) ordenó a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva, pagar al demandante la diferencia entre el salario mensual pagado y el que le corresponde para

oficio demandado; (iv) ordenó a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva, pagar al demandante la diferencia entre el salario mensual pagado y el que le corresponde para alcanzar el 80% de lo percibido por todo concepto por los magistrados de las Altas Cortes, desde el momento de entrada en vigencia del decreto 610 de 1998 hasta el 31 de enero de 2002, fecha de retiro del servicio de Luis Avelino Cortés y, (v) “ordenó” a la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANALen liquidación reliquidar la pensión de jubilación con la inclusión del 80% de lo que por todo concepto reciben los magistrados de las Altas Cortes.

La Sección Segunda del Consejo de Esta do, Sala de Conjueces, por medio de sentencia expedida el 10 de octubre de 2013, confirmó la providencia apelada que accedió a las pretensiones presentadas por Luis Avelino Cortés Forero, bajo el argumento de que para la época en que fue expedido el acto d emandado que negó el aumento de la bonificación por compensación hasta alcanzar el 80% de lo que por todo concepto devengaban los magistrados de las Altas Cortes, e l derecho se encontraba en discusión. En ese orden, precisó que, “la exigibilidad en este caso específico se reputa sólo hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia [de 14 de diciembre de 2011] que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, momento en el cual el demandante ya había interpuesto la demanda de nulidad y restablecimiento del der echo”. En lo relativo a la pretensión de reliquidación pensional, reiteró que tal derecho se hizo

que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, momento en el cual el demandante ya había interpuesto la demanda de nulidad y restablecimiento del der echo”. En lo relativo a la pretensión de reliquidación pensional, reiteró que tal derecho se hizo exigible a partir de la declaración de nulidad del Decreto 4040 de 2004, por lo que no se configuró la excepción de prescripción de las mesadas propuesta por la demandada Cajanal. En consecuencia, precisó que resultaba procedente ordenar a Cajanal “reliquidar la pensión de vejez desde el 1 de febrero de 2002 teniendo en cuenta los nuevos valores reconocidos según las anteriores pretensiones”.

1 Expediente digital, anexo.Radicado: 11001-03-15-000-2017-02115-00

Demandante: UGPP

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2.2. El recurso extraordinario de revisión2

El 17 de agosto de 2017, el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales –UGPPinterpuso ante esta Corporación recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 10 de octubre de 2013 expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, porque, primero, “la orden judicial se obtuvo con vulneración al debido proceso, en tanto que existía falta de legitimación por pasiva respecto a la entidad demandada CAJANAL, hoy UGPP” y, segundo, porque “la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo a la ley”. Como consecuencia, solicitó revocar las sentencias expedidas, la primera, por el

legitimación por pasiva respecto a la entidad demandada CAJANAL, hoy UGPP” y, segundo, porque “la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo a la ley”. Como consecuencia, solicitó revocar las sentencias expedidas, la primera, por el Tribunal Administrativo del Tolima el 11 de octubre de 2011, que concedió las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Luis Avelino Cortés y la segunda, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, el 10 de octubre de 2013, que confirmó la decisión de primera instancia. Adicionalmente, solicitó la revocación de la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 14 de diciembre de 2016, en el proceso radicado bajo el número 2013-00938-00, en el que Cajanal fungió como demandante, aun cuando no hizo alusión individualizada a éste, en las providencias objeto de la pretensión revisión.

Como fundamento de la revisión de la orden judicial, expuso que el juez contencioso no podía “ordenar” a Cajanal, reliquidar la pensión, porque la exigibilidad del ajuste de valor de la bonificación por compensación hasta alcanzar el 80% de los devengado por un magistrado de Alta Corte se encontraba en discusión ante el organismo pagador de los salarios que expidió el acto demandado, lo que demuestra que Cajanal, hoy UGPP, no era la llamada “a satisfacer las pretensiones de la demanda”.

2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

El magistrado sustanciador, por medio de auto expedido el 14 de enero de 2020, admitió la demanda especial de revisión interpuesta en contra la sentencia proferida

2.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

El magistrado sustanciador, por medio de auto expedido el 14 de enero de 2020, admitió la demanda especial de revisión interpuesta en contra la sentencia proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, Sala de Conjueces, el 10 de oct ubre de 2013, después de que la Sala Especial de Decisión declaró fundadas las manifestaciones de impedimento presentadas por varios magistrados que la conforman, y de que el órgano demandante aportó la constancia de ejecutoria de la providencia cuestionada, que permitió determinar que “el recurrente se encontraba en término para la interposición del recurso”3. El auto fue notificado en debida forma a Luis Avelino Cortés Forero, al Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado4.

El apoderado judicial de Luis Avelino Cortés, en el escrito de contestación de la demanda, se opuso a las pretensiones bajo el argumento de que en la sentencia cuestionada “se delimitó al marco legal y jurisprudencial que ampara el derecho reclamado -Bonificación por compensación Decreto 610 de 1998 -” y fue expedida después de cumplidas las etapas procesales en primera y segunda instancia, “por lo que no existe vulneración al debido proceso” 5.

Además, el apoderado del pensionado precisó que la falta de legitimación en la causa por pasiva en la que el órgano sustentó la acción de revisión no se configura, porque, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho definido por medio de la sentencia cuestionada, “la vinculación de Cajanal hoy UGPP no obedeció a la

por pasiva en la que el órgano sustentó la acción de revisión no se configura, porque, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho definido por medio de la sentencia cuestionada, “la vinculación de Cajanal hoy UGPP no obedeció a la expedición del acto sometido a control de legalidad, sino que su llamado está

2 Expediente digital, cuaderno ppal., página 5. 3 Expediente digital cuaderno ppal., página 114. Constancia expedida por el secretario de la Sección Segunda de esta Corporación en la que consta que la sentencia cuestionada cobró ejecutoria el 1 de noviembre de 2013. 4 Expediente digital cuaderno ppal., página 116 y ss. 5 Expediente digital cuaderno ppal., página 173.Radicado: 11001-03-15-000-2017-02115-00

Demandante: UGPP

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ligado a la obligación de reliquidar la prestación social reconocida como pensión de vejez”, con la inclusión del valor reajustado de la bonificación por compensación y el valor total de otros factores salariales, “por lo que existe clara conexidad entre el proceder de la Nación -Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como empleador y la obligación de la entidad de previsión social UGPP, como pagador de la prestación económica” 6. Por último, aclaró que el recurso extraordinario de revisión no procede frente a la sentencia expedida en el proceso de lesividad radicado bajo el número 73001 -33-33-002-2013-00938-00 (sic), que negó las pretensiones de nulidad contra uno de los actos administrativos que reliquidó la pensión, dado que “que

bajo el número 73001 -33-33-002-2013-00938-00 (sic), que negó las pretensiones de nulidad contra uno de los actos administrativos que reliquidó la pensión, dado que “que no guarda consonancia con el asunto que se somete a consideración del Consejo de Estado”.

El agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio7.

El Despacho sustanciador, por medio de auto de pruebas expedido el 4 de octubre de 2021, ordenó requerir a la UGPP para que enviara a este proceso la copia del expediente administrativo pensional de Luis Avelino Cortés y certificación en la que conste el valor de las mesadas pagadas al demandado desde febrero de 2002, y al Tribunal Administrativo del Tolima para que remitiera el expediente radicado bajo el número 73001-33-33-002-2013-00938-00, en el que comparecen como demandante Cajanal, hoy UGPP, y como demandado Luis Avelino Cortés Forero 8. Al respecto, los documentos aportados dan cuenta de que la acción de nulidad en ese proceso se dirigió contra la Resolución nro. 4607 de 27 de febrero de 2004, por medio de la cual Cajanal dio cumplimiento a una orden de tutela que ordenó reliquidar la pensión de Luis Avelino Cortés a partir de 1 de febrero de 2002, en cuantía superior al tope de 20 salarios mínimos legales mensuales que regía esa prestación9.

Agotada la etapa probatoria, la Secretaría General de esta Corporación incluyó en la fijación en lista publicada el 20 de octubre de 2021 el traslado de las pruebas

salarios mínimos legales mensuales que regía esa prestación9.

Agotada la etapa probatoria, la Secretaría General de esta Corporación incluyó en la fijación en lista publicada el 20 de octubre de 2021 el traslado de las pruebas allegadas al expediente por el término de tres días, conforme a lo previsto en el artículo 110 del CGP10.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia y oportunidad del recurso extraordinario de revisión

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, acorde con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)11 y el artículo 20 de la Ley 797 de 200312, es competente para conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto, a través de las Salas Especiales de Decisión implementadas mediante el Acuerdo nro. 321 de 2014 de esta Corporación 13, por cuant o se trata de una providencia ejecutoriada dictada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

6 Expediente digital, cuaderno ppal., página 175. 7 Expediente digital, índice 72. 8 Ídem. 9 Expediente digital, “08/10/2021, 57_RECIBEPRUEBAS, 130826”, cuaderno 3, página 472. 10 Expediente digital, índice 83. 11 Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión (…)”. 12 “Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de

del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión (…)”. 12 “Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias (…)” [Apartes tachados declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-835 de septiembre 23 de 2003] 13 Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión.Radicado: 11001-03-15-000-2017-02115-00

Demandante: UGPP

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En relación con la oportunidad en la interposición del recurso extraordinario de revisión, la Sala adhiere a lo expuesto en el auto adm isorio, en cuanto estimó presentada en tiempo la demanda, dentro del plazo de cinco (5) años previsto en el último inciso del artículo 251 del CPACA, contados a partir de la firmeza de la sentencia cuestionada, porque la providencia expedida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación cobró ejecutoria el 1 de noviembre de 2013 y la demanda fue formulada el 17 de agosto de 2017[14].

3.2. Legitimación en la causa

La UGPP, en ejercicio de la acción de revisión especial de providencias, conciliaciones

fue formulada el 17 de agosto de 2017[14].

3.2. Legitimación en la causa

La UGPP, en ejercicio de la acción de revisión especial de providencias, conciliaciones o transacciones que le imponen al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero, solicitó infirmar la sentencia dic tada por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación el 10 de octubre de 2013, por considerar que la orden de pagar la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida a favor de Luis Avelino Cortés, impuesta a la extinta Cajanal, se obtuvo con violación del debido proceso y en cuantía que excede lo debido de acuerdo con la ley.

En relación con el ejercicio del recurso de revisión especial, el artículo 20 la Ley 797 de 2003, por medio de la cual se reformaron algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, dispone que las providencias judiciales que “impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza” , pueden ser revisadas a solicitud del Gobierno, por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, por dos causales: a) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o, b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley.

Además de las autoridades señaladas, la Ley 1151 de 2007 , al establecer la creación

reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso y/o, b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley.

Además de las autoridades señaladas, la Ley 1151 de 2007 , al establecer la creación de la UGPP para la gestión de obligaciones pensionales y contribuciones parafiscales de la protección social dispuso que ese organismo puede ejercitar el recurso especial de revisión de sumas periódicas a cargo de recursos públi cos de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003[15], como “gestiones inherentes” al reconocimiento de derechos pensionales y de las reliquidaciones de pensiones que se decreten respecto de las reconocidas por administradoras del régimen de prima media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional.

La Corte Constitucional, por medio de sentencias de constitucionalidad, también ha legitimado a diferentes entidades administradoras de pensiones para ejercer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, cuando consideran que el reconocimiento pensional está viciado por una de las causales previstas en esa normativa. En efecto, en sentencia C-258 de 2013, las legitimó para ejercer la acción de revisión especial cuando el reconocimiento pensional hubiera sido otorgado sin cumplir las previsiones fijadas en esa providencia respecto de la aplicación del régimen

14 Expediente digital, cuaderno ppal., páginas 19, 114 y 121. 15 Ley 1151 de 2007, por medio de la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, artículo 156. Por su parte, el Decreto Ley 169 de 2008 dispuso que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

15 Ley 1151 de 2007, por medio de la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, artículo 156. Por su parte, el Decreto Ley 169 de 2008 dispuso que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) tiene por objeto reconocer y administrar los derechos pensionales y prestaciones económ icas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional o de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. El Decreto 5021 de 2009, al establecer la estructura y organización de la UGPP, establece entre sus funciones la de “Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen” , atribución que fue reiterada por medio del Decreto 575 de 2013, que modificó la estructura de la Unidad.Radicado: 11001-03-15-000-2017-02115-00

Demandante: UGPP

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pensional especial previsto en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 y, determinó que la causal de revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho, prevista en el Acto Legislativo 01 de 2005, también sería tramitado por el procedimiento aplicable al recurso extraordinario de revisión. A su turno, la sentencia SU -427 de 11 de agosto de 2016 precisó: i) que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

recurso extraordinario de revisión. A su turno, la sentencia SU -427 de 11 de agosto de 2016 precisó: i) que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPPestá legitimada para presentar el recurso extraordinario de revisión por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 20 03 y por la de abuso del derecho prevista en el artículo 48 de la Constitución Política y, ii) que el plazo de cinco años para solicitar la revisión, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho pensional, no es aplicable a la UGPP “en atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal”, motivo por el cual decidió que el término no puede contarse antes del día en que la Unidad asumió las funciones de la extinta Caja Nacional de Previsión Social (12 de junio de 2013).

En ese orden, la Sala concluye que la UGPP está legitimada en la causa por activa para ejercer la acción de revisión especial prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por medio del trámite dispuesto para el recurso extraordinario de revisi ón especial, porque fue esa entidad la que asumió el pago de la suma periódica de dinero derivada de la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida por Cajanal a favor de Luis Avelino Cortés, ordenada en la sentencia cuestionada. Por su parte, el señor Luis Avelino Cortés está legitimado por pasiva, pues fue parte demandante en ese proceso.

3.3. Naturaleza y alcance de la acción de revisión de sentencias que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo de fondos de naturaleza pública

proceso.

3.3. Naturaleza y alcance de la acción de revisión de sentencias que imponen el pago de sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo de fondos de naturaleza pública

El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 establece la revisión de las decisio nes judiciales, transacciones o conciliaciones judiciales o extrajudiciales que reconocen sumas periódicas o pensiones de cualquier naturaleza a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, mecanismo judicial que, en los términos de la Corte Constitucional16, constituye una “acción especial o sui generis de revisión”.

La revisión de las providencias judiciales, de las conciliaciones o de las transacciones que comprometen recursos de naturaleza pública por involucrar el pago de prestaciones periódicas, por las causales expresamente dispuestas en la ley, constituye una herramienta para afrontar los graves casos de corrupción y tiene como propósito evitar el detrimento del tesoro público generado por el reconocimiento o reliquidación irregular de pensiones de cualquier naturaleza, porque permite la revocación de las prestaciones irregularmente otorgadas o la reliquidación de las reconocidas en exceso17.

En armonía con lo anterior, esta Corporación ha considerado que las causales de revisión de pensiones obtenidas con violación al debido proceso o con exceso del monto debido de acuerdo con la ley, constituyen un mecanismo para la defensa de los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación que rigen el servicio público esencial de seguridad social y una garantía al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional18.

16 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería.

que rigen el servicio público esencial de seguridad social y una garantía al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional18.

16 Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araujo Rentería. 17 Exposición de motivos de los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 contenida en la Gaceta del Congreso 350 del 23 de agosto de 2003. 18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión, sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000-2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019, expediente 11001 -03-15-000-2018-0188400(REV).Radicado: 11001-03-15-000-2017-02115-00

Demandante: UGPP

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En relación con el procedimiento de la revisión especial, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dispone que es el señalado para el recurso extraordinario de revisión previsto en el código respectivo, que procederá por la causales previstas en esa codificación y, además, i) cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y ii) cuando la cuantía del de recho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Respecto del recurso extraordinario previsto en materia contenciosa, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado

ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Respecto del recurso extraordinario previsto en materia contenciosa, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria y, por ende, excepcional del recurso de revisión19, que posibilita el análisis de las sentencias amparadas bajo la intangibilidad de la cosa juzgada ante el hallazgo de incur rir en una causal de revisión que permite infirmarlas por la demostración inequívoca de ser decisiones injustas20.

Las causales de revisión muestran la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario, como excepciones al principio de cosa juzgada. Sobre el tema, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del artículo 249 del CPACA21, reiteró que el recurso e xtraordinario de revisión previsto en la mayoría de las áreas del derecho ha sido diseñado para proceder contra las sentencias ejecutoriadas22, por las causales taxativas establecidas por el legislador en cada caso, que giran en torno a hechos o circunstancias posteriores a la decisión y que revelan que ésta es materialmente injusta. En lo que atañe al recurso de revisión contra sentencias expedidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Corte precisó que “ tiene su origen inmedia to en el recurso extraordinario de revisión en el campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias ejecutoriadas, buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada23”.

campo civil, y al igual que este, se dirige contra sentencias e