CE - 110010315000201802588001SENTENCIA20230922095238

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 2 ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., once (11) de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2018-02588-00

Recurrente: Jaime Lafaurie Vega

Demandado: Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT, Secretaría de

Tránsito y Transporte de Bogotá D.C.

Asunto: Recurso Extraordinario de Revisión contra la sentencia del 29 de noviembre de 2017, proferida por la Sección Tercera,

Subsección B, del Consejo de Estado.

FALLO

1. La Sala Especial de Decisión 2 decide el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor JAIME LAFAURIE VEGA contra la sentencia del 29 de noviembre de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda que, en ejercicio de la acción contractual , instauró el Fondo de Educación y

Seguridad Vial FONDATT de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. contra Jaime Lafaurie Vega , con el número de radicación 25000 -23-26-000-200500009-01.

ANTECEDENTES

La sentencia objeto de recurso de revisión

2. El 29 de noviembre de 2017, la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia en el proceso de controversias

contractuales seguido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C.,

2. El 29 de noviembre de 2017, la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia en el proceso de controversias

contractuales seguido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., en representación del Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT contra elRadicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

Recurrente : Jaime Hernando Lafaurie Vega c/ Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá- FONDATT

2 señor Jaime Hernando Lafaurie Vega, cuyo síntesis del caso precisó en los siguientes términos:

“[…] El FONDATT celebró con Jaime Hernando Lafaurie Vega un contrato de concesión para la prestación del servicio de patios de los vehículos inmovilizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte del distrito capital, en el que se pactó la realización del remate de aquellos automotores que llevaran más de 5 años en los patios. La entidad concedente declaró mediante acto administrativo el incumplimiento contractual de l concesionario, por impedir la realización de las diligencias tendientes a materializar las ventas forzadas, pero demandó ante esta jurisdicción, pidiendo que se declarara dicho incumplimiento y que se condenara al demandado a indemnizar los perjuicios, q ue adujo que se produjeron en un monto superior al de la cláusula penal pecuniaria, cuya efectividad ordenó en el mencionado acto […]”.

3. En dicha sentencia se decidió:

“[…] REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de

mencionado acto […]”.

3. En dicha sentencia se decidió:

“[…] REVÓCASE la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 19 de septiembre de 2007, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLÁRASE de oficio la nulidad parcial del otrosí suscrito el 2 9 de enero de 2001 al contrato de concesión No. 0093 de 1996 celebrado entre el Fondo de Educación y Seguridad VialFONDATT y Jaime Hernando Lafaurie Vega, en relación con la facultad de la entidad concesionaria de imponer multas y declarar el incumplimiento del contrato en forma unilateral.

SEGUNDO: Declárase el incumplimiento contractual de la parte demandada, señor Jaime Hernando Lafaurie Vega, en los términos expuestos en la presente providencia.

TERCERO: Condénase en abstracto a la parte demandada, s eñor Jaime Hernando Lafaurie Vega, a indemnizar los perjuicios materiales causados a la parte actora, Fondo de Educación y Seguridad Vial FONDATT-Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, los cuales serán liquidados en incidente posterior, con base en los parámetros expuestos en la presente providencia.

CUARTO: Sin condena en costas, por no aparecer acreditadas […]”.

4. La Sección Tercera consideró que era jurisprudencia reiterada que, para la fecha en que se suscribió e l otrosí del 29 de enero de 20 01, la ley no les atribuía competencia a las entidades estatales para declarar el incumplimiento del contrato,

en que se suscribió e l otrosí del 29 de enero de 20 01, la ley no les atribuía competencia a las entidades estatales para declarar el incumplimiento del contrato, pues sólo contaban con la facultad excepcional de declarar su caducidad, con las consecuencias que de ello se derivaran; como podía ser la orden de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria que se hubiera pactado por las partes en el contrato; contrario a lo que consagraba el anterior estatuto de contratación, Decreto -ley 222 de 1983, antes de ser derogado por la Ley 80 de 1993. En la sentencia se precisóRadicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

Recurrente : Jaime Hernando Lafaurie Vega c/ Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá- FONDATT

3 que “[…]Según se observa, ni en ésta [artículo 14], ni en ninguna otra disposición de la misma Ley 80, se establece la facultad del Estado para incluir como cláusulas excepcionales la de multas o la penal pecuniaria, de donde se infiere que la de rogatoria que se hizo del Decreto 222, incluyó así mismo la de estas dos figuras como potestades excepcionales del Estado […]”.

5. Que, por lo anterior, era evidente la ilegalidad de lo pactado en el otrosí del 29 de enero de 2001 , en cuanto a la facultad de imposición de multas y declaratoria de incumplimiento unilaterales por parte de la entidad concedente, por lo tanto, procedía declarar su nulidad.

6. Por otra parte, la Sección Tercera consideró que se debía declarar el

incumplimiento unilaterales por parte de la entidad concedente, por lo tanto, procedía declarar su nulidad.

6. Por otra parte, la Sección Tercera consideró que se debía declarar el incumplimiento del con trato 093 de 1996 , con fundamento en lo decidido en la Resolución No. 160 del 17 de mayo de 2004 por medio de la cual el FONDATT adoptó la misma decisión respecto del mencionado contrato “[…] por el incumplimiento a las cláusulas establecidas en el Contrato y en los Otrosís al Contrato de fecha 31 de Diciembre de 1997, en el cual se acuerda que las partes contratantes se comprometen a colaborar y adelantar el proceso de remate de los rodantes y Otrosí suscrito el 29 de enero de 2001, en el cual se estableció que el desarrollo del programa de jurisdicción coactiva no implicaba el desmonte del Programa de Remates de los Rodantes Abandonados en los Patios, que contractualmente venían desarrollando las partes […]”.

7. Advirtió que si bien la Resolución No. 160 de 2004 no fue demandada en este proceso, sí fue impugnada ante la jurisdicción contencioso administrativa, que, mediante sentencia, que cobró ejecutoria, denegó las pretensiones anulatorias en su contra; razón por la cual el acto se encuentra en firme, el juez de la presente controversia no puede referirse a su validez y , en virtud de la presunción de legalidad que lo cobija y del principio de la cosa juzgada, no puede desconocerlo; y

así consideró:

“[…] la Sala procederá a declarar el incumplimiento del contrato por la parte demandada, en reiteración de lo expuesto en el acto administrativo proferido en tal

así consideró:

“[…] la Sala procederá a declarar el incumplimiento del contrato por la parte demandada, en reiteración de lo expuesto en el acto administrativo proferido en tal sentido por el FONDATT, que está en firme, goza de la presunción de legalidad y que fue corroborado con el material probatorio obrante en el proceso, el cual esRadicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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4 demostrativo de las conductas del concesionario que entorpecieron las diligencias de remate que pretendía llevar a cabo la entidad concedente r especto de los vehículos inmovilizados en los patios, en relación con los cuales sus titulares habían incumplido con sus obligaciones pecuniarias, entre ellas los costos para el retiro de dichos automotores –párrafos 3.3, 3.4, 8.14, 8.15, 8.16 y 8.18-, teniendo en cuenta, además, como lo reconoció esta Corporación en otro proceso surtido con ocasión del mismo contrato de concesión, que “(…) el concesionario no tenía la función ni la potestad de cobro coactivo, la cual estaba en cabeza del Organismo de Tráns ito concedente y además, no existe asidero normativo para entender que esa facultad había sido asignada en forma integral y exclusiva al concesionario, por cuanto tal acuerdo habría constituido un pacto contrario a los dictados de la Constitución Política1” y que “Por el contrario, se debe tener en cuenta que, de conformidad con el otrosí firmado el 30 de julio de 2002, el concesionario solo asumió la obligación

acuerdo habría constituido un pacto contrario a los dictados de la Constitución Política1” y que “Por el contrario, se debe tener en cuenta que, de conformidad con el otrosí firmado el 30 de julio de 2002, el concesionario solo asumió la obligación de sustanciación, en la prórroga del contrato, para facilitar el cobro coactivo por parte del FONDATT”2 […]”.

8. En consecuencia, ordenó un dictamen pericial, con los parámetros señalados en el fallo, para la liquidación de los perjuicios, teniendo en cuenta que se desconocía, con certeza, cuántos vehículos en condiciones de ser rematados quedaron en poder de la enti dad contratante , cuándo se terminó el contrato de concesión con el demandado, y cuál fue el destino de los mismos, así como cuáles eran las obligaciones incumplidas por sus titulares y su monto, y el resultado de los cobros coactivos que hubiera adelantado la entidad por cuenta de las deudas de los propietarios o poseedores de tales vehículos, o las órdenes de remate que hubiera impartido.

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

9. El 3 0 de julio de 201 8, el señor Jaime Hernando Lafaurie Vega, a través de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida, el 29 de noviembre de 2017, por la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado. Invocó como causal la prevista en el numeral 1 del artículo 250

1 [54] “Corte Constitucional, sentencia C-224 de 18 de abril de 2013, referencia: expediente D-9266, demanda

Consejo de Estado. Invocó como causal la prevista en el numeral 1 del artículo 250

1 [54] “Corte Constitucional, sentencia C-224 de 18 de abril de 2013, referencia: expediente D-9266, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 66 (parcial) de la Ley 1480 de 2011, actor: Carolina Jerez Montoya, Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. // “La Corte considera que la previsión normativa que habilita a las entidades estatale s para contratar apoderados encargados de adelantar los procedimientos de cobro coactivo, desconoce las limitaciones constitucionales para el ejercicio de funciones públicas por particulares, en la medida en que vacía de contenido las competencias de las a utoridades públicas, en tanto les permite desprenderse integralmente de ellas, y en que transfiere una función que solo podría ser adelantada por las propias agencias estatales”. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de julio de 2016, expediente 47309, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.Radicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente en “Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

10. Para el recurrente, este documento decisivo es la sentencia proferida el 6 de febrero de 2014 por la Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , mediante la cual se declaró la nulidad absoluta de las Resoluciones 078 del 14 de febrero de 2003, 960 del 26 de febrero de 2003, y 1480 de 2003, que establecieron los remates de rodantes que estaban abandonados en los patios oficiales del FONDATT de la STT, y que fueron el sustento legal del incumplimiento del contrato 093 de 1996, declarado mediante la Resolución 160 de

2004.

11. Señaló que este hecho era determinante para el litigio y no fue planteado como problema jurídico, motivo por el cual surgió un vacío de proporciones inimaginables que repercuti ó en una decisión injusta, pues el fallo recurrido debió haberse preguntado si las obligaciones contractuales de rematar los vehículos existían, si estaban vigentes al momento de ser declaradas como incumplidas y si el demandado de aquel proceso tenía o no la obligación de cumplirlas.

12. Y la respuesta a estos interrogantes hubiera sido diferente, pues el fallo recurrido tuvo como prueba cierta e irrefutable la presunción de legalidad de la Resolución 960 de 2003 (Punto 8.13, hoja 23 del fallo) ya que ella fue el desarrollo de las estipulaciones señaladas en los otrosíes respecto de los remates, y era el

960 de 2003 (Punto 8.13, hoja 23 del fallo) ya que ella fue el desarrollo de las estipulaciones señaladas en los otrosíes respecto de los remates, y era el complemento de las reglas contractuales existentes en estos. Por ello, si se hubiera tenido en cuenta la decisión del 6 de febrero de 2014, la discusión legal, fáctica y probatoria, hubiera sido más precisa en cuanto al análisis de si , para el año 2003, estaban o no vigentes las obligaciones o estas habían sido derogadas, modificadas o suspendidas por los artículos 128 y 170 de la Ley 769 de 2002.Radicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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13. Explicó que las resoluciones que fueron anuladas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, habían sido las que desarrollaron las obligaciones establecidas en los OTROSÍ, expedidos en el curso de la ejecución contractual, como son los 3 otrosí del 31 de diciembre de 1997, 29 de enero de 2001 y 27 de junio de 2001, en los que estaba inmersa la obligación de no desmontar remates, y esa fue la prueba base para decretar el incumplimiento.

14. Precisó que la sentencia de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es importante , porque su parte motiva expresa toda una serie de situaciones de hecho, de derecho y probatorias, que reabren la discusión de la inexistencia o no, de la supuesta obligación de rematar carros y el deber, del ahora

Cundinamarca es importante , porque su parte motiva expresa toda una serie de situaciones de hecho, de derecho y probatorias, que reabren la discusión de la inexistencia o no, de la supuesta obligación de rematar carros y el deber, del ahora recurrente, de prestarse a realizar esos actos ilegales; sin embargo, el fallo recurrido no la conoció y, por ello, la discusión fue diferente, sin preguntarse si la facultad que tenía el director del FONDATT para expedir actos administrativos para rematar carros existía y estaba vigente para el año 2003 o si había sido derogada por la Ley 769 de 2002. El fallo del Consejo de Estado no podía cuestionar la validez de los actos administrativos que imponían los remates, pues estos gozaban de presunción de legalidad.

15. Transcribió las consideraciones plasmadas en el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a cada resolución que anuló: 078 del 14 de febrero de 2003; 960 del 26 de febrero de 2003 y 1480 del 7 de abril de 2003 , todas del Director

Ejecutivo del FONDATT.

16. Frente a los requisitos de la causal explicó que el documento existía antes de proferirse el fallo cuestionado ; que el asunto tratado en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca era determinante, pues allí se determinó que el director del FONDATT carecía de competencia para expedir las Resoluciones 078, 960 y 1480 de 2003, que determinaban el procedimiento y la obligación de remates; que dicho funcionario usurpó funciones del legislador al decretar la extinción de

director del FONDATT carecía de competencia para expedir las Resoluciones 078, 960 y 1480 de 2003, que determinaban el procedimiento y la obligación de remates; que dicho funcionario usurpó funciones del legislador al decretar la extinción de dominio, que es de reserva legal; que estos aspectos no se tuvieron en cuenta enRadicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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7 la sentencia recurrida, porque no se conocía de la nulidad de estos actos administrativos y que, de haberlo sabido, otra hubiera sido la decisión.

17. Que o tro aspecto que no se tuvo en cuenta en el fa llo recurrido, por falta del documento encontrado, fue determinar si los otrosíes del año 2001, y los actos administrativos de carácter Distrital (Acuerdo 9 de 1989, el Decreto 304 de 1989 reglamentario del acuerdo 9, y las resoluciones 1111 y 163 de 1998, que otorgaban competencia al director Ejecutivo de la entidad para di sponer de los vehículos abandonados) tenían vigencia para el año 2003, época en que se impuso por el FONDATT STT al señor Lafaurie la obligación de realizar remates de rodantes que se encontraban en los patios de la CONCESION - contrato 093 de 1996 -; y que como se puede observar, fue uno de los fundamentos que determinaron el incumplimiento contractual.

18. Señaló que al no establecerse la existencia o no de las obligaciones y al imponer perjuicios, como se dio en el fallo recurrido, se genera una injusticia, pues, conforme

incumplimiento contractual.

18. Señaló que al no establecerse la existencia o no de las obligaciones y al imponer perjuicios, como se dio en el fallo recurrido, se genera una injusticia, pues, conforme lo demostró el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al declarar nulas las Resoluciones 078, 960 y 1480 de 2003 , esas obligaciones contractuales, de permitir remates, o de colaborar para hacer remates , ya habían sido derogadas, tácitamente, por la Ley 769 de 2002, artículo 170, al establecer que se derogarían todas aquellas disposiciones que le fueran contrarias al nuevo Código Nacional de Tránsito, en par ticular por ser contrarias al artículo 128 ibidem, que otorgaba la facultad de reglamentar el procedimiento para la disposición y subasta pública de los vehículos declarados en abandono al Ministerio de Transporte. Que de haber tenido en cuenta estos hechos procesales el Consejo de Estado no hubiera declarado el incumplimiento del contrato, por haberse obstruido el remate, pues habría considerado que no podían ser aceptadas disposiciones contractuales que estaban en contravía de la Constitución y la ley y, de existir, se entendían como no escritas, pues atentaban contra el orden público y las buenas costumbres, y habría seguido la jurisprudencia de la misma Sección, como la sentencia del 20 de octubre de 2014.Radicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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19. Indicó que el FONDATT en lugar de hacer una buena planeación del contrato o

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19. Indicó que el FONDATT en lugar de hacer una buena planeación del contrato o de cobrar las deudas coactiv amente, como lo advirtió el Tribunal, lo que hizo fue generar otrosí tras otrosí extendiendo la duración del contrato y haciendo más onerosa su ejecución, adem ás pretendiendo inducir a su contratista a actos delictivos, como es apropiarse ilegalmente de un bien ajeno; y señaló: “[…] Como aparece probado en la sentencia, existen los otrosí del año 2001 en el que se expone el no desmonte de los programas de remate, y est á probado la existencia de la RESOLUCI ÓN 960 DE 2003, mediante el cual se establecen los procesos de remates, punto 8.13 hoja 23 inciso final, esta RESOLUCI ÓN 960 DE 2003, viene acompañada de las resoluciones 078 y 1480 de 2003, que a pesar de no estar registradas en la sentencia, aparecen a folios 165 y siguientes del cuaderno de pruebas, y es aquí donde quiero detenerme, ya que la esencia de la RESOLUCIÓN 960 DE 2003, está diseñada para aplicar la ley 769 de 2002, ley esta que modifica todo lo pertinente a remates, y la disposición de carros que estaban en patios oficiales o autorizados por los organismos de tránsito a nivel nacional.

[…]

Pero ya encontrada esta sentencia que declara la nulidad del ACTO ADMINISTRATIVO 960 de 2003, y los demás actos expedidos 078 y 1480 de 2003,

[…]

Pero ya encontrada esta sentencia que declara la nulidad del ACTO ADMINISTRATIVO 960 de 2003, y los demás actos expedidos 078 y 1480 de 2003, que complementan esta resolución 960, que impone los remates y que modifica la obligación expuesta en el otrosí de 2001, el cual estaba soportado en la s resoluciones 111 y 163 de 1998; debo decir, que al analizar la decisión de la MAGISTRADA LOZZI MORENO DE LA SECCION PRIMERA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, y de haber sido tenida esta sentencia en el momento oportuno por EL CONSEJERO DR. ROJAS BETANCOURTH, otro sería el cantar, otro sería el sentido del fallo que se lleva a revisión en recurso extraordinario.

[…]”.

20. Señaló que en la contestación de la demanda del proceso de controversias contractuales se hicieron varias consideraciones sobre la actuación irregular e indebida del FONDATT al querer vincular a la fuerza, al ahora recurrente, a realizar actos ilegales, delictuales y contrarios al orden público y las buenas costumbres, sin embargo, esto no se pudo analizar en la sentencia recurrida por cuanto las resoluciones 960 y siguientes del 2003 estaban vigentes, pues no se conocía la sentencia del año 2014 que ya las había declarado nulas.Radicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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21. Explicó que l a sentencia del 6 de febrero de 2014 no pudo ser aportada al

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21. Explicó que l a sentencia del 6 de febrero de 2014 no pudo ser aportada al proceso, porque se enteró de su existencia después de notificada la decisión objeto del recurso de revisión, al buscar antecedentes de los remates del año 2003, y las fuentes que se indicaban en la decisión. Señaló que el ahora recurrente nunca fue vinculado al proceso de nulidad de las resoluciones 078, 960 y 1480 de 2003; que solo fue vinculado el FONDATT, quien conoció de la decisión pero que nunca informó que tales actos administrativos habían sido anulados , obrando con deslealtad procesal y contrario a la buena fe, desconociendo sus deberes, conforme con los artículos 78 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

22. Que el FONDATT, una vez notificado del fallo que declaró la nulidad de las mencionada resoluciones, también debió dar aplicación al artículo 93 del CPACA y revocar directamente la resolución 160 de 2004, que declaró el incumplimiento del contrato 093 de 1996 y que estaba basada en dichos actos administrativos . Esta resolución 160 de 2004, desde el año 2014, había perdido su fuerza ejecutoria, por haber desaparecido sus fundamentos de hecho y de derecho.

23. Indicó que los anteriores hechos constituyen una circunstancia de fuerza mayor para el ahora recurrente quien en el proceso ordinario contestó la demanda y enfocó

haber desaparecido sus fundamentos de hecho y de derecho.

23. Indicó que los anteriores hechos constituyen una circunstancia de fuerza mayor para el ahora recurrente quien en el proceso ordinario contestó la demanda y enfocó su defensa y las pruebas al momento his tórico que se suscitaba y que no pudo allegar la sentencia del 6 de febrero de 2014, porque el FONDATT nunca avisó ni comunicó de su existencia.

Trámite del recurso extraordinario de revisión

24. Repartido el recurso extraordinario de revisión , por auto del 7 de diciembre de 2018, el magistrado sustanciador dispuso que la Secretaría General de la Corporación solicitara a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado la constancia de ejecutoria de la sentencia recurrida.

25. Cumplido lo anterior, mediante auto del 5 de julio de 2019, se admitió el recursoRadicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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10 extraordinario de revisión y se ordenó notificar personalmente al Secretario de Tránsito y Transporte de Bogotá.

26. Mediante providencia del 2 0 de marzo de 2020 se tuvieron como pr uebas las documentales aportadas con el recurso extraordinario de revisión y se decretaron las pruebas solicitadas por la parte recurrente. Mediante auto del 23 de febrero de 2021 se ordenó a la Secretaría General que requiriera nuevamente para el envío de las pruebas decretadas.

27. Por auto del 21 de junio de 2021 el despacho sustanciador negó la expedición

2021 se ordenó a la Secretaría General que requiriera nuevamente para el envío de las pruebas decretadas.

27. Por auto del 21 de junio de 2021 el despacho sustanciador negó la expedición de una certificación, aceptó la renuncia del apoderado de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y reconoció personería del nuevo apoderado de la entidad.

28. El 11 de agosto de 2021 el apoderado judicial de la parte recurrente allega al proceso el certificado de defunción del señor Jaime Hernando Lafaurie Vega, sin embargo, no inform ó si exist ían herederos o las personas que lo suceder ían procesalmente.

29. Por auto del 17 de septiembre de 2021, el despacho sustanciador ordenó que, por Secretaría General, se requiriera al apoderado del recurrente para que informara si tenía conocimiento de la existencia de las personas que pudieran suceder procesalmente al señor Jaime Hernando Lafaurie Vega en el presente recurso extraordinario de revisión, así como sus datos de contacto.

30. Teniendo en cuenta que no se hicieron presentes ni el señor Esteban Lafaurie Vargas, quien, según el apoderado judicial, es hijo del señor Lafaurie Vega y fue informado sobre el requerimiento del Consejo de Estado, ni otros sucesores procesales del señor Jaime Hernando Lafaurie Vega, el despacho sustanciador, por auto del 4 de ago sto de 2022 , dispuso continuar con el trámite procesal correspondiente, pues el fallecimiento de la parte actora no producía la suspensión o interrupción del proceso, y sus intereses seguirían protegidos por su apoderado,

auto del 4 de ago sto de 2022 , dispuso continuar con el trámite procesal correspondiente, pues el fallecimiento de la parte actora no producía la suspensión o interrupción del proceso, y sus intereses seguirían protegidos por su apoderado, conforme lo dispuesto en el artículo 76 del Código General del Proceso, por lo tantoRadicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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11 lo procedente era dictar sentencia.

Oposición al recurso extraordinario de revisión

31. La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, a través de apoderado judicial, solicitó que fuera declarado i nfundado el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Jaime Hernando Lafaurie Vega, por no configurarse la causal alegada en el recurso.

32. Señaló que en el proceso contencios o administrativo existen oportunidades probatorias, bien sea para aportar o para solicitar aquellas pruebas que se encuentren en poder de otro ; así como para decretarlas y practicarla s. Que en el caso que dio origen al presente recurso extraordinario de revisión, el señor Lafaurie participó en cada una de las etapas del proceso, sin que en ninguna de ellas hubiese aportado el documento que hoy pretende hacer valer como primordial para la decisión.

33. La causal que se aduce cons iste en no haber podido aportar documentos decisivos, por fuerza mayor o caso fortuito, lo cual le corresponde acreditarlo al recurrente, sin embargo, el señor Lafaurie se limitó a señalar la causal, sin la prueba

33. La causal que se aduce cons iste en no haber podido aportar documentos decisivos, por fuerza mayor o caso fortuito, lo cual le corresponde acreditarlo al recurrente, sin embargo, el señor Lafaurie se limitó a señalar la causal, sin la prueba o evidencia de aquella circunstancia que i mpidió el aporte de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictada en el expediente 2007-00282-01.

34. Indicó, además, que el recurrente pretende hacer valer documentos que no fueron aportados en el curso del proceso de controversias con tractuales, lo que implicaría una manifiesta desigualdad para la contraparte, quien ya que no tendría la oportunidad de controvertirlos en su momento procesal oportuno, causando una vía de hecho, por violación al derecho a la defensa y el debido proceso.

35. Consideró que el ahora recurrente tenía el deber de haber aportado las pruebas que pretendía hacer valer y sobre las cuales el juez de instancia tomaría la decisión; y no pretender con este medio extraordinario de impugnación generar una terceraRadicación : 11001-03-15-000-2018-02588-00

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12 instancia. Por lo tanto, como fue la misma parte, quien con su comportamiento por acció