CE - 110010315000202003091001SENTENCIA20230815090448
Detalles
- Título
- CE - 110010315000202003091001SENTENCIA20230815090448
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
Actor: UGPP
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CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE (11) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2020-03091-00
Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Tema: Causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la L ey 797 de 2003. Pensión gracia. Tiempo de servicios con vinculación territorial o nacionalizada
FALLO
La Sala Once (11) Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensi onal y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP), contra la sentencia proferida el 23 de agosto de 2018 por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado 1, mediante la cual se revocó el fallo del 14 de junio de 2017 expedido por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
de 2017 expedido por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) , el señor Jorge Milton Galindo Alvarado presentó demanda en contra de la Caja Nacional de Previsión Social en Liquidación (en adelante, CAJANAL)2, en la que solicitó:
«1ª. Que se declare la NULIDAD ABSOLUTA de las Resoluciones Nº AMB 23447 DEL 23 DE MAYO DE 2007, emitida por CAJANAL E.I.C.E., LA RESOLUCIÓN Nº RDP 08059 del 07 de MARZO de 2 .014, emitida por UGPP, LA RESOLUCIÓN Nº RDP 013470 del 28 de ABRIL de 2.014, emitida por UGPP "Por medio de las cuales se le negó el Reconocimiento y Pago de una Pensión Gracia al Docente JORGE MILTON GALINDO ALVARADO.
2ª. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se impartan las siguientes órdenes y condenas:
1 índice 33 de SAMAI. Exp. nro. 25000 -23-42-000-2015-02599-01 «47_RECIBE PRUEBAS_Expediente 2 015 -2599.pdf(.pdf) NroActua 33», págs. 403 a 422.
1 índice 33 de SAMAI. Exp. nro. 25000 -23-42-000-2015-02599-01 «47_RECIBE PRUEBAS_Expediente 2 015 -2599.pdf(.pdf) NroActua 33», págs. 403 a 422. 2 Índice 33 de SAMAI «47_RECIBE PRUEBAS_Expediente 2 015-2599.pdf(.pdf) NroActua 33». La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 27 de mayo de 2015, págs. 73 a 105.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
Actor: UGPP
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a) Se ORDENE a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, a reconocer y pagar la Pensión de Jubilación Gracia al Docente JORGE MILTON GALINDO ALVARADO , identificado con la cédula de ciudadanía Nº […] en un monto mensual equivalente al 75% durante el año inmediatamente anterior a la fecha de consolidación del estatus de pensionado , esto es a partir del 22 de AGOSTO DEL 2006.
b) Se ORDENE que la mesada pensional sea incrementada con los aumentos legales y demás beneficios consagrados en la Ley, especialmente las mesadas adicionales.
c) Se CONDENE a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALE S DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a reconocer y pagar todas las Mesadas Pensionales que se han causado desde el día en que el Docente adquirió su status de pensionado hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de estas
CONTRIBUCIONES PARAFISCALE S DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a reconocer y pagar todas las Mesadas Pensionales que se han causado desde el día en que el Docente adquirió su status de pensionado hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de estas acreencias, ordenando ejecutar el pago de manera Indexada.
3ª. Se ORDENE a la entidad demandada aplicar a la suma adeudada el AJUSTE DEL VALOR conforme a la fórmula sentada para esos eventos por el Consejo de Estado, en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2 .011, según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es la diferencia dejada de percibir por la actora, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha d e ejecutoria de la providencia), entre el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago de cada mensualidad o prestación).
R = Rh x ÍNDICE FINAL
ÍNDICE INICIAL
4ª. Se CONDENE al pago de intereses previstos en el Art. 177 de la Ley 1437 de 2.011.
5ª. Se ORDENE a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, NO APLICAR descuentos para efectos de E.P.S. EN FORMA RETROACTIVA conforme la SENTENCIA UNIFICADA proferida por la Sección Segunda de l HONORABLE CONSEJO DE ESTADO de fecha 04 de agosto de 2010.
6ª. Se condene a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
UNIFICADA proferida por la Sección Segunda de l HONORABLE CONSEJO DE ESTADO de fecha 04 de agosto de 2010.
6ª. Se condene a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP al pago de las costas del juicio, expensas y agencias en derecho.
7ª. Se ordene a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP , a dar cumplimiento de la sentencia conforme lo establecido en Artículos 187, 189 y 195 de la L ey 1437 de 2011» [destacado original].
Invocó la vulneración de los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 46, 48, 53, 90, 121, 125, 128 y 209 de la Constitución Política, 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913, 6 de la Ley 116 de 1928, 3 de la Ley 37 de 1933, 1 y 3 del D ecreto 2285 de 1955, Decreto 223 de 1977, 17 de la Ley 6 de 1945, inciso 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, numeral 2 literal a) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Expuso que el señor Jorge Milton Galindo Alvarado nació el 22 de agosto de 1956, es decir, cumplió 50 años de edad e l 22 de agosto de 2006 , prestó sus servicios por más de 20 años a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá y a la
es decir, cumplió 50 años de edad e l 22 de agosto de 2006 , prestó sus servicios por más de 20 años a la Secretaría de Educación Departamental de Boyacá y a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y, desempeñó el cargo de docente con honradez y responsabilidad, por lo que el 13 de septiembre de 2006, se le solicitó a CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia de conformidad con las citadas normas.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
Actor: UGPP
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Por medio de la Resolución nro. AMB 23447 del 23 de mayo de 2007, CAJANAL negó la anterior sol icitud, porque no se demostró que el docente laboró por más de 20 años con vinculación territorial o nacionalizada, en tanto que prestó sus servicios para Bogotá desde el 17 de abril de 1989 al 12 de septiembre de 2006, dependiente del Ministerio de Educación Nacional.
El 23 de enero de 2014, presentó ante la UGPP una nueva solicitud de reconocimiento de pensión gracia, en la que incorporó los actos administrativos de nombramiento proferidos por el departamento de Boyacá y el municipio de Bogotá, que demo straban su vinculac ión como docente nacionalizado y, por ende, el cumplimiento de los requisitos para acceder a dicha prestación.
Mediante la Resolución nro. RDP 08059 del 7 de marzo de 2014, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia, porque en los certificados de tiempo de servicio aportados consta que el nombramiento fue del orden nacional. Decisión confirmada
reconocimiento de la pensión gracia, porque en los certificados de tiempo de servicio aportados consta que el nombramiento fue del orden nacional. Decisión confirmada mediante la Resolución nro. RDP 013470 del 28 de abril de 2014.
2. Contestación de la demanda
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente3:
Propuso las excepciones de presunción de legalidad de los actos administrativos acusados, la inexistencia de la obligación, prescripción y compensación.
Manifestó que no había lugar al recono cimiento de la pensión gracia a favor del demandante toda vez que, para el 31 de diciembre de 1980 el peticionario no se encontraba vinculado a la docencia oficial y no cumplió los requisitos de la Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, puesto que el cargo no se ejerció en calidad de docente nacionalizado.
3. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia proferida el 14 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, decidió lo siguiente:
«PRIMERO.- NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- Sin condena en costas.
TERCERO.- […]»4.
Señaló que, conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 43 de 1975, la pensión gracia es un beneficio al que solo pueden acceder los docentes territoriales o nacionalizados, con el propósito de compensar la diferencia salarial respecto de
pensión gracia es un beneficio al que solo pueden acceder los docentes territoriales o nacionalizados, con el propósito de compensar la diferencia salarial respecto de sus pares nacionales, siempre que se hubieren vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.
En el caso concreto, el demandante acreditó el requisito de edad en tanto que para el 22 de agosto de 2006 cumplió 50 años, pues nació el 22 de agosto de 1956.
3 Índice 33 de SAMAI «47_RECIBE PRUEBAS_Expediente 2 015-2599.pdf(.pdf) NroActua 33», págs. 185 a 195 4 Índice 33 de SAMAI «47_RECIBE PRUEBAS_Expediente 2 015-2599.pdf(.pdf) NroActua 33», págs. 295 a 319.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
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En lo que se refiere a los tiempos de servicio acreditados y la vinculación que ostentaba el actor, observó que se presentaban inconsistencia s que le impedían a la Sala tener certeza del tipo de vinculación que este tuvo a partir del 7 de febrero de 1992.
Explicó que, conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de l 30 de ago sto de 2016, expedido por la Secretaría de Educación de Bogotá, el demandante prestó sus servicios en calidad de docente naciona l. No obstante, en el Decreto 789 del 9 de noviembre de 1991 se observa que los nombramientos allí efectuados fueron en calidad de docente nacionalizado.
Por lo anterior concluyó que ante tal inconsistencia no es posible establecer con
obstante, en el Decreto 789 del 9 de noviembre de 1991 se observa que los nombramientos allí efectuados fueron en calidad de docente nacionalizado.
Por lo anterior concluyó que ante tal inconsistencia no es posible establecer con claridad cuál fue el tipo de vinculación existente entre el señor Jorge Milton Galindo Alvarado y la Secretaría de Educación de Bogotá, siendo improcedente ordenar el reconocimiento y pago de la pensión gracia pretendida, pues el actor solo acreditó un total de 11 años , 2 meses y 24 días como docente nacionalizado dependiente del departamento de Boyacá, tiempo insuficiente para ser acreedor de dicho beneficio, en tanto que la norma establece como requisito mínimo la prestación del servicio en calidad de docente territorial o nacionalizado por 20 años.
4. Recurso de apelación
La apoderada del demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia 5 y solicitó que se revoque , porque la duda manifestada por el tribunal en relación con la vinculación nacional o nacionalizada del docente para el reconocimiento de la pensión gracia, no está fundamentada.
Afirmó que el a quo se limitó a analizar de manera equivocada el for mato único de historia laboral en el que consta que la vinculación del docente era de cará cter nacional, por estar marcada la casilla con una «X», sin tener en cuenta que la clasificación de nacion al, nacionalizado o territorial depende de la autoridad administrativa que emite el nombramiento.
Señaló que la Secretaría de Educación de Bogotá interpretó de manera errada el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, al considerar que el demandante, por haberse
administrativa que emite el nombramiento.
Señaló que la Secretaría de Educación de Bogotá interpretó de manera errada el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, al considerar que el demandante, por haberse vinculado de nuev o a la docencia en el año de 1992, lo hizo con carácter nacional, situación que se predica para a quellos que ingresaban por primera vez al magisterio, lo que condujo a que se desconociera el nombramiento realizado el 30 de septiembre de 1977 por la Secretaría de Educación de Boyacá.
Agregó que la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá certificó de manera equivocada al actor como docente nacional, desconociendo el nombramiento realizado con anterioridad al año 1992, en el que fungió como docente nacionalizado.
Destacó que los certificados aportados al expediente prueban la calidad de l nombramiento del docente como nacio nalizado en forma interrumpida, en propiedad y en nivel de básica primaria, aunado a que en el oficio nro. 2016-EE-125124 del 19 de septiembre de 2016 de la Secretaría de Educación Nacional (prueba que no se valoró), existe plena certeza de que la vinculación del demandante no fue como
5 Índice 33 de SAMAI «47_RECIBE PRUEBAS_Expediente 2 015-2599.pdf(.pdf) NroActua 33», págs. 323 a 331.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
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docente nacional. Agregó que en la sentencia apelada el propio t ribunal admitió que
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docente nacional. Agregó que en la sentencia apelada el propio t ribunal admitió que el nombramiento realizado mediante el Decreto 789 de l 9 de noviembre de 1991, fue en calidad de docente nacionalizado, por lo que no existe lugar a duda de que en el caso concreto se cumplieron los requisitos para acceder a la pensión gracia.
5. Sentencia de segunda instancia
Mediante providencia del 23 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, resolvió6:
«REVOCAR la sentencia de 14 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que n egó las pretensiones de la demanda incoada por Jorge Milton Galindo Alvarado contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para el reconocimiento de su pensión gracia, conforme l o expuesto en la parte motiva de esta providencia; y en su lugar:
PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resoluciones AMB 23447 del 23 de mayo de 2007, suscrita por el Gerente General de Cajanal que negó la pensión gracia al actor; RDP 8059 del 7 de marzo de 2014, proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP que negó la pensión gracia al demandante; RDP 13470 del 28 de abril de 2014, signada por el Director de Pensiones de la misma entidad, que confirmó el acto que negó la pensión gracia al resolver la alzada gubernativa.
signada por el Director de Pensiones de la misma entidad, que confirmó el acto que negó la pensión gracia al resolver la alzada gubernativa.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a Jorge Milton Galindo Alvarado, equivalente al 7 5% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, esto es entre el 1° de septiembre de 2005 al 30 de agosto de 2006, pero con efectos fiscales a partir del 27 de mayo de 2012, por prescripción trienal.
TERCERO: La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) deI CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y media nte la aplicación de la fórmula matemática adoptada
por el Consejo de Estado, a saber:
R = Rh. índice final índice inicial
CUARTO: La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro d el plazo indicado en el artículo 192 del CPACA […]».
Expuso que el a quo negó el reconocimie nto y pago de la pensión gracia al considerar que el señor Jorge Milton Galindo Alvarado no probó el tiempo de servicios como docente con vinculación territorial o nacionalizada durante 20 años, toda vez que la certificación expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá da cuenta de que el servicio prestado desde el 7 de febrero de 1992 fue de carácter nacional.
toda vez que la certificación expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá da cuenta de que el servicio prestado desde el 7 de febrero de 1992 fue de carácter nacional.
Para resolver la litis, como cue stión previa, p recisó que se acoge la tesis de la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018 7, según la cual , el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para e l reconocimiento de la pensión gracia, al margen del: (i) nombramiento de autoridad territorial con intervención del delegado del FER, (ii) la financiación de sal arios con recursos del
6 Índice 33 de SAMAI «47_RECIBE PRUEBAS_Expediente 2 015-2599.pdf(.pdf) NroActua 33», págs. 403 a 422. 7 Exp. 3805-2014, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
Actor: UGPP
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antiguo situado f iscal y (iii) la financiación de salarios con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.
En ese orden, se evidenció que el demandante an tes del 31 de diciembre de 1980 fue vinculado como docente nacionalizado mediante el Decreto 1072 de l 30 de septiembre de 1977, en donde fungió como nomin ador el G obernador de Boyacá interviniendo, además, el Secretario de Educación Departamental y el Delegado Regional del FER Boyacá. Vinculación certificada hasta el 24 de octubre de 1989 como tiempo nacionalizado.
interviniendo, además, el Secretario de Educación Departamental y el Delegado Regional del FER Boyacá. Vinculación certificada hasta el 24 de octubre de 1989 como tiempo nacionalizado.
Anotó que esa particularidad del acto de nombramiento (intervención del gobernador y del delegado regional del FER) también se observó para el período que comenzó el 7 de febrero de 1992, por virtud de la designación que se le hizo al demandante mediante el Decreto 789 de l 9 de noviembre de 1991, pese a lo cual se certificó como tiempo nacional.
Advirtió que aunque el servicio prestado a partir de febrero de 1992 fue certificado el 30 de agosto de 2016 por la Secretaría de Educación de Bogotá como nacional financiado con recursos del situado fis cal, lo cierto es que ese hecho no altera la acumulación del tiempo de 20 años en la docencia oficial, toda vez que para el reconocimiento de la pensi ón gracia los tiempos válidos son aquellos prestados en cualquier período y modalidad de vinculación, siem pre que sea n nombramientos territoriales o nacionalizados en los términos del artículo 1 de la Ley 91 de 1989.
Consideró que el nombramiento del actor como docente nacionalizado ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 , en el cargo que ocupó desde el 23 de agosto de 1977 hasta el 24 de octubre de 1989 , estando certificado el perí odo del 7 de febrero de 1992 (Decreto 789 de 1991) al 30 de agosto de 2016 (cert ificado activo hasta esa fecha) y, si bien la prestación del servicio fue de forma discontinua, esa situación no
1992 (Decreto 789 de 1991) al 30 de agosto de 2016 (cert ificado activo hasta esa fecha) y, si bien la prestación del servicio fue de forma discontinua, esa situación no altera la acumulación del tiempo de 20 años en la docencia . Así, en este caso se acreditó en debida forma la vinculación y permanencia en el servicio oficial docente en ca lidad de nacionalizado en una plaza de primaria , perteneciente a la red de servicios educativos del Distrito de Bogotá.
En síntesis, concluy ó que el actor demostró el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia , destacando que se probó: (i) la prestación de los servicios como docente en planteles distritales y nacionalizados por más de 20 años , cumplidos el 22 de agosto de 2006, perí odos que son acumulables (SU del 29 de agosto de 1997) , (ii) tener 50 años de edad y (iii) observar una buena conducta en su desempeño como docente.
Por lo anterior, revocó el fallo de primera instancia, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados y como restablecimiento del derecho le ordenó a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia al demandante, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, esto es entre el 1° de septiembre de 2005 al 30 de agosto de 2006, pero con efectos fiscales a partir del 27 de mayo de 2012, por prescripción trienal.
6. Acción de tutelaRadicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
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de 2012, por prescripción trienal.
6. Acción de tutelaRadicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
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Mediante sentencia del 30 de mayo de 2019, la Sección Primera del Consejo de Estado8 declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por la UGPP contra la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación, por inobservancia del principio de subsidiaridad. Trámite en el que se pretendía que se dejara sin efectos el fallo del 23 de agosto de 2018, que es objeto de revisión en este proceso.
Decisión confirmada por la Sección Segunda del Consejo de Estado – Sala d e Conjueces9, mediante sentencia del 29 de octubre de 2019, por considerar que «la UGPP cuenta con otro medio de defensa judicial eficaz para la protección de los derechos que invoca. Asimismo, que la solicitud de amparo tampoco procede como mecanismo transitorio de protección, justamente, porque los argumentos alegados por la UGPP en la demanda, para acreditar el abuso del derecho, son los que debe exponer en la solicitud de revisión del fallo del 23 de agosto de 2018. Por tanto, será el juez que conozca d e ese proceso quien deba determinar si existe o no un abuso del derecho que haga procedente revisar la pensión reconocida».
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
1. Demanda
El 10 de julio de 2020 10, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP11, mediante apoderado y con fundamento en el
1. Demanda
El 10 de julio de 2020 10, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP11, mediante apoderado y con fundamento en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 23 de agosto de 2018, proferida por la Subsección “B”, Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó la sentencia del 14 de junio de 2017, expedida por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La citada entidad formuló las siguientes pretensiones12:
«Se configura la causal previst a en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, 29 de enero, que dispone: “b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran leg almente aplicables”, por lo que a través del recurso extraordinario de revisión, respetuosamente se le solicita al Honorable Consejo de Estado, resuelva:
PRIMERO: Infirmar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, de f echa 23 de agosto de 2018, que revocó la del A-quo, dentro del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho instaurada por Jorge Milton Galindo Alvarado contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Soci al – UGPP, radicado con el No. 25000234200020150259900,
y en su lugar:
por Jorge Milton Galindo Alvarado contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Soci al – UGPP, radicado con el No. 25000234200020150259900, y en su lugar:
SEGUNDO: Declarar que al señor Jorge Milton Galindo Alvarado , no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto no cumple con 20 años de docencia departamental, distrital, municipal o nacionalizado, dado que en las sentencias objeto de revisión, le fueron computados tiempos laborados de carácter NACIONAL dada la financiación
8 Exp. 11001-03-15-000-2019-01724-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez. 9 Exp. 11001 -03-15-000-2019-01724-01, Conjuez Henry Joya Pineda. El 9 de agosto de 2019 se aceptó el impedimento manifestado por los mag istrados de Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, porque la decisión judicial cuestionada se apoyó en una sentencia de unificación suscrita por todos los integrantes de dicha Sección. 10 Índice 1 de SAMAI. 11 Creada con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 12 Índice 2 de SAMAI «EXPEDIENTE DIGITAL-1-CD FOL. 6 6 DEMANDA.pdf(.pdf) NroActua 22».Radicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
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efectuada por la NACIÓN, y por lo tanto no hay lugar al pago de valor alguno en virtud de tal prestación.
TERCERA: Ordénese al señor Jorge Milton Galindo Alvarado , a restituirle a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, los dineros percibidos y recibidos en virtud de la ord en judicial, y el reconocimiento ilegal de la pensión gracia con la correspondiente indexación.
CUARTA: Ordénese al señor Jorge Milton Galindo Alvarado, que el pago que efectúe a la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, lo haga de forma actualizada e indexada de conformidad con el artículo 187 del CPACA, así como los intereses moratorios estipulados en el artículo 192 ibídem, sobre los valores pagados por concepto del reconocimiento de la pensión gracia».
Para el efecto , expuso que se configuró la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual, procede la revisión de las pensiones cuando la cuantía del derecho reconocido excede lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables, toda vez que en la sentencia objeto de revisión se le reconoció la pensión gracia al señor Jorge Milton Galindo Alvarado pese a que no cumplía los requisitos señalados en la Ley 91 de 1989, habida consideración de que en el acto de nombramiento realizado mediante el Decreto 1072 del 30 de s eptiembre de 1977, se observa la intervención
Ley 91 de 1989, habida consideración de que en el acto de nombramiento realizado mediante el Decreto 1072 del 30 de s eptiembre de 1977, se observa la intervención del Delegado Regional de Boyacá ante el MEN, como autoridad nacional, de ahí que esos tiempos de servicio no puedan computarse para el reconocimiento de la prestación, por no ser territoriales o nacionalizados.
Tampoco pueden ser tenidos en cuenta los períodos laborados para la Secretaría de Educación de Bogotá a partir del 17 de a bril de 1 989, porque como consta en los certificados de información laboral del 12 de septiembre de 2006 y de los factores salariales del 4 de julio de 2007, el docente estuvo vinculado como nacional y sus servicios fueron pagados con recursos del situado f iscal. Además, en el nombramiento realizado mediante el Decreto 789 del 9 de noviemb re de 1991, también intervino el Delegado Regional ante Santafé de Bogotá como autoridad nacional.
Sobre la fuente de financiación utilizada para el pago de salarios de los doce ntes puntualizó que antes de la Ley 60 de 1993 los FER eran de naturaleza nacional y su administración estaba a cargo de las entidades territoriales a título de delegación. Con posterioridad, pasaron a ser de naturaleza territoria l y administraban los recursos de l situado fiscal a título de rentas transferidas y sufragaban las obligaciones a cargo de la Nación (docencia nacional y nacionalizada).
Sostuvo que el reconocimiento de una pensión sin el cumplimiento de los requisitos legales pone en peligro la s ostenibilidad financiera del sistema pensional, que goza
obligaciones a cargo de la Nación (docencia nacional y nacionalizada).
Sostuvo que el reconocimiento de una pensión sin el cumplimiento de los requisitos legales pone en peligro la s ostenibilidad financiera del sistema pensional, que goza de la protección prevista en el artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2005.
Agregó que el pago de la pensión gracia reconocida en la sentencia cuestionada conduce a la disminución del erario y desconoce el objetivo de la preservación del orden jurídico, en cuanto permite que el beneficiado goce de una retribución a la cual no tiene derecho.
Por último, expuso que la providencia cuya revisión se solicita desconoce la sentencia de unificación de l 21 de junio de 2018, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en tanto que no se hizo distinción en el manejo y natural ezaRadicado: 11001-03-15-000-2020-03091-00
Actor: UGPP
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jurídica del situado fiscal antes y después de la Ley 60 de 1993. Por ello, la s transferencias que la Nación efectuaba a las entidades territoriales en vigencia del Acto L egislativo 01 de 1968, desarrollado por la Ley 46 de 1971, por concepto de situado fiscal, no eran recursos propios de las entidades territoria les y, por ende, no pueden ser calificados como recu
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