CE - 110010315000202003531001SENTENCIA20230922162324

Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

Actor: UGPP

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ONCE (11) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2020-03531-00

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Tema: Causales de revisión previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de

2003. Pensión gracia. Vinculación como docente nacionalizado hasta el 31 de diciembre de 1980 . Tiempo de servicios con vinculación docente territorial o nacionalizada

FALLO

La Sala Once (11) Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante, UGPP), contra la sentencia proferida el 19 de julio de 2018 por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado1, mediante la cual se revocó el fallo del 20 de mayo de 2014, expedido por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

En ejercicio del medio de control de nuli dad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA), el señor Luis Miguel Chitiva Martín presentó demanda en contra de la UGPP, en la que solicitó2:

«PRIMERA: Declarar que es nula la Resolución No. RDP 013227 del 25 de octubre de 2012, proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP - mediante la cual se le niega a mi mandan te, el reconocimiento de la Pensión Gracia de Jubilación.

SEGUNDA: Declarar que es nula la Resolución RDP 020850 del 21 de diciembre de 2012, originaria del Director de Pensiones UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALUGPP -, por la cual se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución RDP 013227 del 25 de octubre de 2012, confirmándola en todas sus partes.

1 Índice 3 de SAMAI. Exp. nro. 25000-23-42-000-2013-05962-01, pág. 88

2 Índice 33 de SAMAI «29_RECIBEPRUEBAS_EXPEDIENTE201 35962(.PDF) NroActua 33». La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 15 de mayo de 2013, págs. 65 a 81.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

Actor: UGPP

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TERCERA: Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOC IAL, a que reconozca y pague a favor de mi mandante una pensión gracia de jubilación, a partir del 19 de septiembre de 2010, fecha en que cumplió el estatus de pensionado y en cuantía de $1.960.450,75 mensual, incluyendo para la liquidación del quantum pen sional no sólo la asignación básica, sino todos los factores salariales devengados por mi prohijado durante el año anterior a la causación del derecho.

CUARTA: Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL , para que sobre la pensión inicial de mi mandante, reconozca y pague los reajustes por concepto de la Ley 71 de

1988.

QUINTA: Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PRO TECCIÓN SOCIAL, a que sobre las sumas a que resulte condenada a pagar a mi mandante, le reconozca y pague las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor.

a que resulte condenada a pagar a mi mandante, le reconozca y pague las sumas necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor o al por mayor.

SEXTA: Ordenar a la UNIDAD ADMINIST RATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL , a que dé cumplimiento al fallo dentro del término de treinta (30) días a que se refiere el artículo 192 del CCA.

SÉPTIMA: Condenar a la entidad demandada a que si no da cumplimiento al fallo dentro del término de treinta (30) días, pague intereses moratorios conforme al artículo 192 del CCA, y conforme a la Sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999, de la Honorable Corte Constitucional»

[negrillas son originales].

Invocó la vulneración de los artículos 4, 13, 25, 28, 29, 53 y 58 de la Constitución Política, 1, 2, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913, 4 de la Ley 4ª de 1966, 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 2, 47, 49 y 53 del Decreto Ley 2277 de 1979, y 15 de la Ley 91 de 1989.

Expuso que el señor Luis Miguel Chitiva Martín nació el 20 de septiembre de 1960, es decir, cumplió 50 años de edad el 20 de septiembre de 2010, prestó sus servicios al magisterio por más de 20 años como docente con vinculación nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, esto es, a partir del 13 abril de 1980, primero nombrado como docente interino y después en propiedad de tiempo completo sin interrupción,

al magisterio por más de 20 años como docente con vinculación nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, esto es, a partir del 13 abril de 1980, primero nombrado como docente interino y después en propiedad de tiempo completo sin interrupción, por lo que el 30 de mayo de 2013 le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Por medio de la Resolución RDP 013227 del 25 de octubre de 2012, la UGPP negó la citada solicitud, porque el actor no demostró que antes del 31 de diciembre de 1980 su vinculación fuera nacionalizada, en tanto el nombramiento había sido en interinidad. Decisión confirmada mediante la Resolución RDP 20850 del 21 de diciembre de 2012.

Manifestó que la UGPP no tiene sustento jurídico para negar la pensión gracia, habida cuenta de que el servicio se prestó como docente territorial o nacionaliz ado, con vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 (desde el 13 de abril de ese año), durante más de 20 años de servicio y haber cumplido los 50 años de edad.

2. Contestación de la demandaRadicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

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El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la dem anda, con fundamento en lo siguiente3:

Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, prescripción, buena fe, compensación y la genérica e innominada.

Se refirió al literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 conforme con el cual los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 que por mandato

compensación y la genérica e innominada.

Se refirió al literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 conforme con el cual los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 31 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuvier en o llegaren a tener derecho a la pensión gracia se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

Concluyó que en este caso no había lugar al reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante, porque no cumplió los requisitos previstos en la ley para acceder a la misma.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida en audiencia inicial el 20 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, decidió lo siguiente4:

«Primero. Declarar probadas las excepciones de mérito formu ladas por la entidad demandada.

Segundo. Denegar las pretensiones de la demanda presentada por el señor LUIS MIGUEL CHITIVA MARTÍN, identificado con la cédula de ciudadanía nro. […], contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribu ciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, por las razones expuestas.

Tercero. Sin condena en costas.

Cuarto. […]».

Señaló que, conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 43 de 1975, la pensión gracia es un beneficio al que solo pueden acc eder los docentes territoriales

Cuarto. […]».

Señaló que, conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 43 de 1975, la pensión gracia es un beneficio al que solo pueden acc eder los docentes territoriales o nacionalizados, con el propósito de compensar la diferencia salarial respecto de sus pares nacionales, siempre que se hubieren vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.

Advirtió que el señor Luis Miguel Chitiva Martín incumplió el requisito de la vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, pues como consta en la Resolución nro. 3631 del 21 de diciembre de 1981, por la cual se reconocen unos pagos en la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Bogotá, el nombramiento fue del orden nacional toda vez que lo realizó el «Fondo Educativo Regional de Bogotá », con intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional.

Como dicho nombramiento fue de carácter nacional, no puede tene rse en cuenta para efectos del reconocimiento y pago de la pensión gracia, toda vez que solo pueden computarse las vinculaciones hechas por la entidad territorial de forma autónoma o aquellas nacionalizadas.

3 Índice 33 de SAMAI «29_RECIBEPRUEBAS_EXPEDIENTE201 35962(.PDF) NroActua 33», págs. 168 a 171. 4 Índice 33 de SAMAI «29_RECIBEPRUEBAS_EXPEDIENTE201 35962(.PDF) NroActua 33», págs. 241 a 247.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

Actor: UGPP

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Actor: UGPP

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Por lo anterior, concluyó que el señor Luis Miguel Chitiva Martín fue vinculado como docente nacional del 13 de abril hasta el 31 de diciembre de 1980, pues to que el nombramiento lo realizó el Fondo Educativo Regional de Bogotá y no la entidad territorial, lo que repercute en la imposibilidad de recono cer la pensión gracia reclamada.

4. Recurso de apelación

El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación 5 contra la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque, porque la vinculación fue realizada por el «Fondo Educativo Regional de C undinamarca» como docente interino, desde el 13 de abril hasta el 31 de diciembre de 1980, siendo de carácter nacionalizado por la intervención del gobernador de Cundinamarca, en su calidad de presidente de dicho fondo.

Adujo que esa designación se reali zó con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, la cual, en su artículo 15.2 establece que: «tendrán derecho a la pensión gracia los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» . Como en este caso se demostró que el docente tuvo v inculación nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 en calidad de interino y cumplió los demás requisitos exigidos en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, procede el reconocimiento de la pensión gracia.

Finalmente, discrepa de la conclusión del tr ibunal, conforme con la cual el nombramiento del docente fue nacional, al intervenir el Fondo Educativo Regional de

el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, procede el reconocimiento de la pensión gracia.

Finalmente, discrepa de la conclusión del tr ibunal, conforme con la cual el nombramiento del docente fue nacional, al intervenir el Fondo Educativo Regional de Cundinamarca con el visto bueno del delegado del Ministerio de Educación Nacional, puesto que el carácter de nacional, nacionalizado o terri torial que ostenta un educador depende de quien haya realizado el nombramiento, y que, para el caso concreto, lo hizo el gobernador de una entidad territorial en representación del citado fondo, por lo que se trata de un nombramiento nacionalizado.

5. Sentencia de segunda instancia

Mediante providencia del 19 de julio de 2018, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, resolvió6:

«REVOCAR la sentencia de 20 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segun da, Subsección C que negó las pretensiones de la demanda incoada por Luis Miguel Chitiva Martín contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para el reconocimiento de su pensión gracia, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia; y en su lugar:

PRIMERO.- Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 013227 del 25 de octubre de 2012, proferida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, mediante la cual le fue negada la pensión gracia al demandante; y la RDP 020580 del 21 de diciembre de 2012, signada por el Director de Pensiones de la misma entidad, que confirmó el acto que negó

la cual le fue negada la pensión gracia al demandante; y la RDP 020580 del 21 de diciembre de 2012, signada por el Director de Pensiones de la misma entidad, que confirmó el acto que negó la prestación al resolver la alzada gubernativa.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia del señor Luis Miguel Chitiva Martín, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales deven gados en

5 Índice 33 de SAMAI «29_RECIBEPRUEBAS_EXPEDIENTE201 35962(.pdf) NroActua 33», págs. 255 a 257. 6 Índice 3 de SAMAI «EXPEDIENTE DIGITAL-1-22781.pdf (.pdf) NroActua 3», págs. 115 a 135.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

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el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, con efectos fiscales a partir del 1º de junio de 2009 por prescripción trienal.

TERCERO.- La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final índice inicial

CUARTO.- La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.

por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final índice inicial

CUARTO.- La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.

QUINTO.- Abstenerse de condenar en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEXTO.- Reconocer personería […]».

Expuso que el a quo negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al considerar que el señor Luis Miguel Chitiva Martín no demostró su vinculación territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de d iciembre de 1980, to da vez que la Resolución nro. 3631 del 21 de diciembre de 1981 señaló que el nombramiento del actor, comprendido entre el 13 de abril y el 31 de diciembre de 1980, fue realizado por el Fondo Educativo Regional de Bogotá, con intervenció n del Delegado del Ministerio de Educación Nacional, lo que conduce a que sea de carácter nacional, de ahí que no se pueda computar para reconocer el derecho pensional.

Para resolver la litis, precisó que se acoge la tesis de la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018 7, según la cual, lo determinante para el reconocimiento de la pensión gracia es la naturaleza de la plaza docente, a saber, territorial o nacionalizada, indistintamente de la forma como se financia el salario.

Adujo que la citada sentencia de unificación señaló que no era dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales

la forma como se financia el salario.

Adujo que la citada sentencia de unificación señaló que no era dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional, así este último certifique la vacancia del cargo junto con la di sponibilidad presupuestal.

Sostuvo que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el derecho a la pensión gracia lo mantienen los docente s nacionalizados que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980.

En ese orden, consideró que e l demandante logró probar que prestó sus servicios como docente durante cuatro períodos discontinuos, estando los tres primeros (del 13 de abril de 198 0 al 8 de abril de 1981 como docente interino ), acreditados en el Formato Único para Expedición de Certif icado de Historial Laboral de l 4 de mayo de 2012, en el que se indica que la vinculación fue de carácter nacionalizada. El cuarto período se acredita mediante el Decreto 0416 del 2 de marzo de 1981 proferido por el Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bo gotá y el Formato Único para Expedición de Certificado de Historial Laboral de la Secretaría de Educación de Bogotá del 4 de

7 Exp. 3805-2014, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

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7 Exp. 3805-2014, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

Actor: UGPP

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mayo de 2012, en el que se certificó que desde el «2 de marzo de 1981 hasta el 1º de junio de 2012» prestó sus servicios como docente con vinculación nacionalizada.

Aclaró que, si bien entre los cuatro períodos registrados existen interrupciones, tal situación no altera la acumulación del término de 20 años en la docencia oficial, estimando que los tiempos válidos son aquellos servi dos en cualquier momento y sin importar la modalidad de vinculación, exigiéndose solamente que se originen en nombramientos territoriales o nacionalizados.

Ahora bien, respecto de la vinculación como docente territorial o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, puso de presente que «resulta diáfano para la Sala, que el nombramiento inicial como docente del actor ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 cargo del que tomó posesión el 13 de abril de 1980 y que ocupó hasta el 31 de diciembre de dicha anualidad». Además, que «la autoridad que nominó al demandante como docente para dichos periodos fue el Alcalde de Bogotá, y que respecto del último de los nombramientos realizados en su favor, aquel funcionario actuó en dicha condición y además como Presidente de la Junta Administradora FER» . Así mismo evidenció que «con relación a los dos primeros periodos en que fue designado como docente interino en la ciudad de Bogotá, los actos administrativos a través de los cuales le fueron reconocidos l os

además como Presidente de la Junta Administradora FER» . Así mismo evidenció que «con relación a los dos primeros periodos en que fue designado como docente interino en la ciudad de Bogotá, los actos administrativos a través de los cuales le fueron reconocidos l os pagos por los servicios prestados fueron suscritos por la Secretaría de Educación de esta ciudad y el Delegado Regional ante Bogotá del Ministerio de Educación Nacional».

En ese orden, concluyó que el señor Luis Miguel Chitiva Martín acreditó plenament e los requisitos necesarios para acceder a la pensión gracia, como lo son: (i) haber prestado los servicios como docente en planteles distritales por 20 años, (ii) estar vinculado antes del 31 de diciembre de 1980 (13 de abril de 1980), (iii) contar con 50 años de edad, cumplidos el 20 de septiembre de 2010 y (iv) observar una buena conducta en su desempeño.

6. Acción de tutela

Mediante sentencia del 28 de marzo de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela interpuesta por l a UGPP contra la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta corporación y Luis Miguel Chitiva Martín, expediente radicado nro. 11001 -03-15-000-2019-00716-00 por inobservancia del principio de subsidiaridad. Trámite en el que se pretendía que se dejara sin efectos el fallo del 19 de julio de 2018, que es objeto de revisión en este proceso8.

La anterior decisión fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de la sentencia proferida el 22 de mayo de 20199.

fallo del 19 de julio de 2018, que es objeto de revisión en este proceso8.

La anterior decisión fue confirmada por la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de la sentencia proferida el 22 de mayo de 20199.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Demanda

El 6 de agosto de 2020 10, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP11, mediante apoderada y con fundamento en el

8 Índice 3 de SAMAI «EXPEDIENTE DIGITAL-1-22781.pdf(.pdf) NroActua 3», C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, págs. 68 a 75. 9 Índice 3 de SAMAI «EXPEDIENTE DIGITAL-1-22781.pdf(.pdf) NroActua 3», C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, págs. 217 a 227. 10 Índice 1 de SAMAI.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

Actor: UGPP

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artículo 20 de la Ley 797 de 2003, interpuso recurso extraordinario de r evisión contra la sentencia del 19 de julio de 2018, proferida por la Subsección “B”, Sección Segunda del Consejo de Estado, que revocó la sentencia del 20 de mayo de 2014, expedida por la Subsección “C” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La citada entidad formuló las siguientes pretensiones12:

«Por configurarse la causal de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se

Cundinamarca.

La citada entidad formuló las siguientes pretensiones12:

«Por configurarse la causal de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se persigue con el ejercicio de la presente acción, que el Honorable Consejo de Estado, decl are:

PRIMERA: Revocar la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”, de fecha 19 de julio de 2018, dentro del Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000234200020130596201 promovido por el señor Benítez López (sic).

SEGUNDA: Condenar en costas a la parte demandada» [negrillas son originales].

Indicó que, en el Lineamiento 187 Acta 1979 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la UGPP del 5 de diciembre de 201 8 (que hace referencia a la sentencia de unificación SUJ -11-S2 del 21 de junio de 2018, proferida por el Consejo de Estado), reafirmado en el Acta Pensional nro. 2004 A del 16 de enero del 2019 y modificado en el Acta Pensional nro. 2069 del 8 de abril de 2019, se señalaron nuevas subreglas para el caso del reconocimiento de la pensión gracia en sede administrativa, así: Subregla A, conforme con la cual, el reconocimiento de la pensión gracia por vía administrativa solo se hará en relación con las personas que acrediten los siguientes requisitos en forma concurrente: (i) 50 años de edad, (ii) 20 años de servicio como docente territorial y/o nacionalizado (se excluye a los nacionales o

gracia por vía administrativa solo se hará en relación con las personas que acrediten los siguientes requisitos en forma concurrente: (i) 50 años de edad, (ii) 20 años de servicio como docente territorial y/o nacionalizado (se excluye a los nacionales o tiempos nacionales), (iii) vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 , (iv) haber actuado con honradez o buena conducta y (v) que la fuente de financiación del cargo docente sea con recursos propios de la entidad territorial, o los provenientes del situado fiscal pero solo para los docentes nacionalizados con ocasión de la Ley 43 de 1975.

Expuso que la sentencia objeto de revisión otorgó el derecho pensional sin el cumplimiento de los requisitos legales , toda vez que : (i) no se tuvo en cuenta que conforme al literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 solo son acreedores de la pensión gracia los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 y (ii) computó los tiempos de servicio de vinculación nacional y territorial , pese a ser incompatibles en los términos de la Ley 114 de 1913, lo que genera erogación de los recursos públicos sin la correspondiente justificación legal.

Agregó que, mediante la Ley 29 del 15 de febrero de 1989 que modificó la Ley 24 de 1988, se le otorgaron facultades al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales para administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y la s disponibilidades presupuestales correspondientes, reiterando que los salarios y

establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y la s disponibilidades presupuestales correspondientes, reiterando que los salarios y prestaciones sociales de este personal continuarán a cargo de la Nación.

11 Creada con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, a dscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 12 Índice 3 de SAMAI «SAMAI «EXPEDIENTE DIGITAL-1-22781.pdf (.pdf) NroActua 3», págs. 1 a 23.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

Actor: UGPP

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De otro lado, anotó que fue en vigencia de la Ley 60 de 1993 que se incorporaron los FER a las entid ades territoriales y se dispuso la cesión de los recursos del situado fiscal de la educación por parte de la Nación a los municipios, departamentos y distritos. Asimismo, con el Decreto Reglamentario 2886 de 1994 se estableció que los FER estarían en cabeza de las aludidas entidades territoriales.

Teniendo en cuenta lo anterior y en atención a la fuente de financiación de los gastos que generó el docente, que estuvieron a cargo del FER, concluyó que los tiempos laborados entre el 13 de abril de 1980 al 24 de enero de 2014, son de carácter nacional, razón por la cual, el señor Luis Miguel Chitiva Martín no podía acceder al reconocimiento de la pensión gracia ordenada por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

nacional, razón por la cual, el señor Luis Miguel Chitiva Martín no podía acceder al reconocimiento de la pensión gracia ordenada por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Por último, puso de pre sente que en este caso «se indujo en error a los jueces respectivos presentando certificaciones laborales en las cuales se evidencia que tenía tipo de vinculación nacional, por lo anterior dicho tiempo no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia […]».

2. Trámite procesal

Mediante auto del 24 de septiembre de 2020 13, se admitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP en contra de la sentencia del 19 de julio de 2018, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 25000-23-42000-2013-05962-01.

En dicho proveído se ordenó la notificación al señor Luis Miguel Chitiva Martín 14 (demandante en el proceso ordinario) , al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronunciaran sobre la solicitud de revisión.

En esa misma providencia se rechazó por improcedente la solicitud de medida cautelar (numeral 5).

En escrito del 28 de enero de 2021 la magistrada sustanciadora presentó manifestación de impedimento con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP 15, el cual fue declarado infundado por la Sala mediante providencia del 12 de mayo del mismo año16.

3. Intervenciones

manifestación de impedimento con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP 15, el cual fue declarado infundado por la Sala mediante providencia del 12 de mayo del mismo año16.

3. Intervenciones

3.1 La parte demandante en el proceso ordinario

Luis Miguel Chitiva Martín, quien actúa a través de apoderado judicial, se opuso a los argumentos de la solicitud de revisión 17, y propuso las excepciones de : (i) falta de

13 Índice 4 de SAMAI. 14 La notificación se llevó a cabo el 29 de septiembre 2020. Índice 9 de SAMAI. 15 Al advertir que como integrante de la Sección Cuarta de esta corporación suscribió la sentencia de primera instancia del 28 de marzo de 2019, proferida dentro de la acción de tutela con radicado nro. 11001 -03-15-0002019-00716-00, interpuesta por la UGPP contra el fallo del 19 de julio de 2018, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, el cual se cuestiona en el presente recurso extraordinario de revisión. Índice 14 de SAMAI. 16 Índice 18 de SAMAI. 17 Índice 12 de SAMAI «RECIBE MEMORIALES POR CORREO E LECTRONICO-2-Recurso de Revisi ón.pdf(.pdf) NroActua 12», págs. 2 a 6.Radicado: 11001-03-15-000-2020-03531-00

Actor: UGPP

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legitimación en la causa por pasiva, porque no tuvo que ver con la expedición de la sentencia objeto de revisión y (ii) caducidad, toda vez que, en los térm inos del

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legitimación en la causa por pasiva, porque no tuvo que ver con la expedición de la sentencia objeto de revisión y (ii) caducidad, toda vez que, en los térm inos del artículo 251 del CPACA , el recurso solo puede interp onerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia, lo que tuvo ocurrencia el 10 de septiembre de 2018, y el escrito del recurso de revisión se presentó hasta el 13 de marzo de 2020, lo que desborda el término señalado.

Sostuvo que el recurso extraordinario de revisión no cumple el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 252 del CPACA, en tanto que no se indicó de manera precisa y razonada la causal invocada. Agregó que «al leer el contenido del recurso no aparece en este que sea originada por alguna de las causales de revisión a las que nos llama el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011».

Expuso que «resulta extraño, por decir lo menos, que la parte actora invoque protección del erario y abuso del derecho como causales para interponer el recurso extraordinario de revisión», evidenciando que lo pretendid