CE - 110010315000202003604001SENTENCIASENTENCIA20230830103330

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Número único de radicación: 11001031500020200360400

Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL - UGPP

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, con fundamen to en el artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero 20031, contra la sentencia proferida el 29 de junio de 2018 por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que confirmó el fallo de 7 de abril de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar.

1 ”Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”. En el escrito del recurso extraordinario de revisión la UGPP solicita: “Por configurarse la causal de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se persigue con el ejercicio de la presente acción, que el Honorable Consejo de Estado, declare:

En el escrito del recurso extraordinario de revisión la UGPP solicita: “Por configurarse la causal de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 se persigue con el ejercicio de la presente acción, que el Honorable Consejo de Estado, declare: PRIMERA: Revocar la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CESAR de fecha 07 de abril de 2016 confirmada por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” mediante fallo de fecha 29 de junio de 2018, dentro del Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 20001233900220150009600 promovido por la señora Arzuaga Muñoz. SEGUNDA: Condenar en costas a la parte demandada. […]”2

Número único de radicación: 11001031500020200360400

Actora: UGPP

Recurso Extraordinario de Revisión

I.- ANTECEDENTES

1.1.- La señora RUBYS MAGDALENA ARZUAGA MUÑOZ, actuando por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda2 con el fin de obtener la nulidad de las resoluciones núms. RDP 021305 de 10 de julio de 2014, RDP 024389 de 6 de agosto de 2014 y RDP 024545 de 8 de agosto de 2014, por medio de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia y resolvió los recursos de reposición y apelación, en el sentido de confirmar tal decisión.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de

reconocimiento de la pensión gracia y resolvió los recursos de reposición y apelación, en el sentido de confirmar tal decisión.

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia y el pago de las mesadas a partir de l momento en el que adquirió el status pensional junto con los reajustes legales de acuerdo con el índice de precios de al consumidor, sumas que pidió indexar.

1.2.- La actora fundó su demanda en la vulneración de los artículos 2°, 6°, 25 y 58 de la Constitución Política, 5° de la Ley 114 de 1913, 1° al 5° de la Ley 37 de 1933, 4° de la Ley 4a de 1966 y 15 de la Ley 91 de 1989.

2 A la demanda le correspondió el radicado número 20001-23-39-000-2015-00096-01.3

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Actora: UGPP

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Estimó que cumplió con los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión gracia, pues prestó sus servicios como docente del orden departamental y municipal, según los nombramientos contenidos en los Decretos núms.: i) 058 de 16 de febrero de 19733, por el cual se le designó como maestra de primaria en la Escuela Rural de Varones del municipio de San Diego (Cesar); ii) 073 de 27 de mayo 1991 en el Colegio Nacionalizado José Guillermo Castro del municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar), iii) 077 de 5 de junio de

Rural de Varones del municipio de San Diego (Cesar); ii) 073 de 27 de mayo 1991 en el Colegio Nacionalizado José Guillermo Castro del municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar), iii) 077 de 5 de junio de 1991 y iv) la Resolución núm. 417 de 18 de febrero de 1994, en la Institución Educativa Manuel Rodríguez Torices del municipio de San Diego y Becerril (Cesar).

1.3.- El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 7 de abril de 2016: i) declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, y ii) ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la actora, a partir del 4 de abril de 20114, liquidada con el 75% de todo lo devengado en el último año en que se consolidó su estatus pensional, esto es, entre el 8 de marzo de 2005 y el 9 de marzo de 2006.

1.4.- La anterior decisión fue apelada por la entidad accionada, siendo resuelto por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que la confirmó.

3 Fue expedido por la Gobernación del Cesar. 4 Esta fecha al considerar la prescripción trienal.4

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Actora: UGPP

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II.- SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN

Mediante sentencia de 29 de junio de 2018, la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación confirmó el fallo proferido por el Tribunal, para lo cual adujo las siguientes razones:

Mediante sentencia de 29 de junio de 2018, la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación confirmó el fallo proferido por el Tribunal, para lo cual adujo las siguientes razones:

En primer lugar, fijó el marco normativo de la pensión gracia y destacó que dicha prestación se estableció por la Ley 114 de 4 de diciembre de 19135, para los educadores que cumplan 20 años de servicio en establecimientos educativos oficiales del orden territorial o nacionalizado, y 50 años de edad, siempre y cuando demuestren haber ejercido la docencia con honradez, eficacia, consagración y observando buena conducta, prestación esta que es compatible con la pensión de jubilación.

También aludió a la interpretación jurisprudencial efectuada en la materia por parte de la Sala Plena del Consejo de Estado 6, respecto de la normativa que dio origen a la pensión gracia, en la que se precisó con valor coercitivo que la ”prestación se causa únicamente para los docentes que c umplan 20 años de servicio en colegios del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, sin que sea posible acumular tiempos del orden nacional”.

5 “Por medio de la cual se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela”. 6 Aludió a las sentencias de: i) 29 de agosto de 1997, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, con ponencia del Consejero Nicolás Pájaro Peñaranda y ii) 17 de noviembre de 2016 Rad. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.5

Número único de radicación: 11001031500020200360400

noviembre de 2016 Rad. 2114-2016, M.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.5

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Actora: UGPP

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Precisó que , de conformidad con el artículo 15 7 de la Ley 91 de 19898, el derecho a la pensión gracia se mantuvo para los docentes nacionalizados y territoriales que se hubieren vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980, descartándose así para aquellos que siendo nacionales hubieren sido nombrados dentro de dicho límite temporal, es decir que “el tiempo de servicio corresponde a 20 años que deben ser prestados exclusivamente en instituciones educativas territoriales o nacionalizadas”.

Agregó que, según el artículo 6° de la Ley 116 de 19289, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, es viable la sumatoria de los años servidos en cualquier época, tanto en la primaria como la de normalista, inclusive las labores de inspección , pues la voluntad de legislador fue la de establecer el referente del tiempo de servicio y no la naturaleza en que este sea prestado, ni el título que tenga ; y que cuando se estable ce la sumatoria en cualquier tiempo, implica interpretar que no se requiere de la continuidad del servicio , como un todo del per íodo, sino la totalización de los 20 años en las condiciones de docencia territorial o nacionalizada.

7 “Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen

7 “Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubiere desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”. 8 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio” 9 Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.6

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Actora: UGPP

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Con fundamento en el marco normativo expuesto, la Sección Segunda examinó las pruebas que se acompañaron para determinar la viabilidad de la prestación, y que se proceden a enlistar así:

1. la señora Rubys Magdalena Arzuaga Muñoz, nació el 14 de septiembre de 1954; ii) laboró como Maestra de Enseñanza Primaria, Segunda Categoría de la Escuela Rural de Varones de San Diego, municipio de Robles

(Cesar), nombrada mediante Decreto No. 00058 de 18 de febrero de 1973, suscrito por el Gobernador y Secretario de Educación del Departamento del Cesar 10, y que el 23 de febrero de la misma anualidad mediante acta11, tomó posesión;

de 1973, suscrito por el Gobernador y Secretario de Educación del Departamento del Cesar 10, y que el 23 de febrero de la misma anualidad mediante acta11, tomó posesión; iii) a la actora se le se aceptó la renuncia a partir del 14 de mayo de 1978, por medio de la Resolución No. 01144 de 8 de agosto de 1978; iv) Que la accionante fue nombrada a través de Decreto No. 073 de 27 de mayo de 199112, suscrito por el Alcalde y el Secretario de Gobierno del municipio de la Jagua de Ibirico (Cesar); v) fue nombrada mediante Resolución 00417 de 18 de febrero de 199413, en el Colegio Manuel Rodríguez Torice del municipio de San Diego (Cesar), y aclarada a través de la Resolución No. 00057 de 1º de marzo de 1994, vi) por medio de certificado de historia laboral de 6 de febrero de 201514, expedido por la Secretaria de Edu cación del Cesar, se informó que la demandante prestó sus servicios como docente nacionalizado desde el 23 de febrero de 1973 hasta el 14 de mayo de 1978, en el municipio de San Diego (Cesar), vii) Que mediante certificado de historia laboral de 6 de febrero de 201415, proferido por la Secretaria de Educación del Cesar, se señaló que la accionante laboró desde el 27 de mayo de 1991 al 3 de marzo de 1994, donde se expresó que la vinculación era del orden nacional, y viii) Que de acuerdo al certificado de historia laboral de 6 de febrero de 201516, expedido por la Secretar ia de Educación del Cesar, se

de marzo de 1994, donde se expresó que la vinculación era del orden nacional, y viii) Que de acuerdo al certificado de historia laboral de 6 de febrero de 201516, expedido por la Secretar ia de Educación del Cesar, se indicó que la accionante se desempeñó como docente desde el 13 de marzo de 1994 al 6 de febrero de 2015, con tipo de vinculación nacional […]”.

10 Folios 14, 15 y 16. 11 Folio 147. 12 Folio 30, Cuaderno No.2 13 Folio 19. 14 Folio 23. 15 Folio 21. 16 Folio 22.7

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Actora: UGPP

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Descendiendo al caso concreto, la Sección Segunda advirtió que “[…] de un análisis desprevenido de los certificados de tiempo de servicio aducidos al proceso, permite suponer que en efecto, las vinculaciones de la actora fueron asociadas al nivel nacional, y también al nacionalizado” […]. No obstante, consideró que los actos de nombramiento se expidieron por el Gobernador del Departamento del Cesar 17 y el Alcalde de la Jagua de Ibirico 18, lo que indica que los actos de nombramiento se hicieron por autoridades del orden territorial, es decir, que la demandante se vinculó a la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

Así, la alegación de la apelante , -UGPP-, frente a que no se puede acceder al derecho a la pensión con tiempos de servicios del orden nacional no fue de recibo para el ad quem, por cuanto de las pruebas

Así, la alegación de la apelante , -UGPP-, frente a que no se puede acceder al derecho a la pensión con tiempos de servicios del orden nacional no fue de recibo para el ad quem, por cuanto de las pruebas obrante en el plenario se clarificó que “[...] la vinculación de la actora fue de carácter nacionalizado, pese a la existencia de certificados que señalaron que era de carácter nacional, pues conforme a los actos de nombramiento, estos fueron efectuados por autoridades gubernativas del orden departamental y municipal [...]”, interpretación que fijó la Corporación19 para determinar el carácter de vinculación de los docentes.

17 Se refiere al Decreto No. 00058 de 1973, y la vinculación entre el 23 de febrero de 1973 hasta el 14 de mayo de 1978 y la Resolución No. 00417 de 1994, aclarada mediante Resolución No. 000577 de 1994, desde el 3 de marzo de 1994 al 1º de enero de 2015. 18 Desde el 27 de mayo de 1991 hasta el 3 de marzo de 1994. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia 28 de junio de 2012, Radicación No. 76001-23-31-000-2009-00657-01 (0209-12). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.8

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Actora: UGPP

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Concluyó entonces que la actora cumplió con la vinculación como docente nacionalizada y con los demás requisitos exigidos en la ley para que le fuera reconocida la pensión gracia , y por tal motivo,

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Concluyó entonces que la actora cumplió con la vinculación como docente nacionalizada y con los demás requisitos exigidos en la ley para que le fuera reconocida la pensión gracia , y por tal motivo, confirmó la sentencia de primera instancia20.

III.- EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La UGPP por conducto de apoderada judicial presentó demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, sustentada en que se indujo en error a los jueces al presentar certificaciones laborales en las cuales se evidencia que tenía tipo de vinculación nacional, tiempo que n o puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia, evidenciándose una irregularidad ostensible frente a la orden de reconocimiento de dicha prestación, contabilizando tiempos que no coinciden con la realidad, causando un grave detrimento al patrimonio del Estado.

Refirió que revisado el cuaderno administrativo se puede examinar tal alegación, porque:

“[…] 1. Decreto No 00058 del 16 de febrero de 1973, por medio del cual nombran a la señora RUB YS MAGDALENA maestra de escuela Primaria escuela rural de varones San Diego, del municipio de Robles, firmada por el Secretario de Educación Pública y por el delegado del Ministerio de Educación Nacional.

20 La sentencia resolvió: “PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIONES la sentencia de 7 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo dl Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Rubys Magdalena Arzuaga Muñoz contra la Unidad Administrativa Especial de

de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo dl Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda incoada por Rubys Magdalena Arzuaga Muñoz contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para el reconocimiento de su pensión gracia, EXCEPTO el inciso SEXTO que se REVOCA, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”. Este numeral sexto se refiere a la condena en costas en primera instancia9

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2. Acta de posesión del 23 de febrero de 1973, por medio del cual toma posesión la docente al cargo por el cual fue nombrada con el Decreto No 00058 del 16 de febrero de 1973.

3. Decreto 073 del 27 de mayo de 1991, por medio del cual nombran a la señora RUBYS MAGDALENA especialidad en Ciencias Sociales, séptimo Grado en el escalafón Nacional, en la plaza oficial vacante en el colegio Nacionalizado, firmado por el Alcalde Municipal, Secretariado de Gobie rno y Director de Núcleo Educativo; (sic) En el mismo se estableció que se envió copia del Decreto al Delegado Permanente del Ministerio de Educación ante

el FER César.

4. Decreto No 000417 del 18 febrero de 1994, por medio del cual se nombra a la señora RUBYS MAGDALENA (BETTY ARZUAGA ARZUAGA) firmado por el Gobernador del César, el Secretario de

4. Decreto No 000417 del 18 febrero de 1994, por medio del cual se nombra a la señora RUBYS MAGDALENA (BETTY ARZUAGA ARZUAGA) firmado por el Gobernador del César, el Secretario de Educación del Dpto. y por el Representante del Ministerio de

Educación Nacional ante FER del César.

5. Decreto No 000577 por medio del cual se aclara el nombre de la Docente en el Decreto No 000417 del 18 de febrero de 1994

[…]”.

Con estas pruebas construye el reproche de este recurso extraordinario que se concreta en que la señora RUBYS MAGDALENA ARZUAGA MUÑOZ, no cumple las condiciones para ser beneficiario de la pensión gracia, en razón a que las vinculaciones “desde el 23 de febrero de 1973 al 08 de agosto de 1978, desde el 27 de mayo de 1991 al 03 de marzo de 1994 y desde el 03 de marzo de 1994 al 06 de febrero de 2014” son de carácter nacional, toda vez que en los actos de nombramiento hubo intervención de una autoridad de dicho orden.

Alegó que el Decreto 102 de 22 de enero de 1976, en su artículo 1° determinó que los planteles a cargo de la NACIÓN serían administrados por el FER, para lo cual se revisarían y adicionarían los10

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contratos con gobernadores, intendentes, comisarios y el alcalde del Distrito Especial de Bogotá , lo que implica una administración

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contratos con gobernadores, intendentes, comisarios y el alcalde del Distrito Especial de Bogotá , lo que implica una administración delegada mas no una cesión de obligaciones ni de recursos.

Así, indicó que para verificar si realmente un docente es de carácter nacional, territorial o nacionalizado, es necesario evidenciar de donde provienen los dineros con los cuales se financian dichos cargos, la plaza docente y los actos de nombramiento de este.

IV.- TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

4.1. El Despacho sustanciador admitió el recurso extraordinario de revisión mediante auto de 2 de julio de 2021 21, decisión que fue notificada a la señora RUBYS MAGDALENA ARZUAGA MUÑOZ y al Ministerio Público. También se declaró improcedente la solicitud de suspensión provisional de la sentencia recurrida , solicitada por la UGPP.

4.2. La señora RUBYS MAGDALENA ARZUAGA MUÑOZ , por conducto de apoderado judicial22, contestó la demanda. Sustentó su defensa en que la sentencia recurrida no conculcó los precedentes jurisprudenciales, pues se profirió bajo la óptica y

21 SAMAI, índice número 4 2_AUTOADMITIENDORECURSO(.doc) NroActua 4 22 El escrito de contestación obra en el aplicativo SAMAI y se constató en el Índice 15 con el documento 13_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_ANEXORER2020030(.pdf) NroActua 1511

22 El escrito de contestación obra en el aplicativo SAMAI y se constató en el Índice 15 con el documento 13_RECIBEMEMORIALESPORCORREOEL ECTRONICO_ANEXORER2020030(.pdf) NroActua 1511

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aplicación de la evolución jurisprudencial reiterada por la Sección Segunda del Consejo de estado en este tema y en la decisi ón de unificación de 21 de junio de 2018, en la que se decantó sobre la vinculación de los docentes territoriales, nacionalizados y nacionales.

Destacó que si bien se invoca la causal de revisión del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la UGPP se limitó a mencionarla en términos generales sin realizar una descripción precisa acerca de la causal concreta en que fundamenta la solicitud de revisión, lo que deriva en que carezca de fundamentación lógica y argumentativa, en la medida en que utiliza un recurso extraordinario, cuyo objeto es delimitado y su análisis se dirige a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.

A pesar del anterior planteamiento, refirió frente a la causal del literal a) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, que la UGPP contó tanto en sede administrativa como en sede judicial, con la oportunidad de oponerse, presentar recurso, recibir notificaciones y controvertir las pruebas, incluso ejercitó una acción de tutela contra las providencias judiciales dictadas en el proceso ordinario.

Respecto a la causal del literal b) del artículo 20 de la ley 797 de

controvertir las pruebas, incluso ejercitó una acción de tutela contra las providencias judiciales dictadas en el proceso ordinario.

Respecto a la causal del literal b) del artículo 20 de la ley 797 de 2003, indicó que la UGPP no hizo ninguna referencia a la cuantía excesiva del derecho reconocido. En todo caso, afirmó que el valor12

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de la mesada pensional es tuvo enmarcado en la realidad laboral de la pensionada, suma reconocida con base en los factores devengados dentro del año inmediatamente a la adquisición de su estatus.

Finalmente, propuso a título de excepción de mérito la improcedencia del recurso de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Indicó que la UGPP se limitó a argumentar que la señora RUBYS MAGDALENA ARZUAGA MUÑOZ fue docente del orden nacional, y por tal razón no es acreedora de la pensión gracia ; y que esta situación fáctica fue objeto de discusión en el debate probatorio dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que deriva en extender un reproche que fue decidido dentro de las garantías procesales.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces administrativos.13

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de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces administrativos.13

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Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo 249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.

En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el artículo 10723 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.

De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019, reglamentó la integración24 y funcionamiento de las Salas Especiales y les asignó, entre otras, la competencia para resolver 25 los recursos

23 “[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […] Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que es ta les encomiende , salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de

que es ta les encomiende , salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno […]” 24 “ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado. La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en el sitio web del Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas Especiales de Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por apellido […]”. 25 “ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o

Subsecciones del Consejo de Estado.

la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o

Subsecciones del Consejo de Estado.

2. […]”14

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extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.

5.2 Generalidades del recurso extraordinario de revisión

Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario establecido por el legislador como excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a cosa juzgada26.

Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de 2003, que se tramitan bajo este procedimiento especial.

El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador con lo cual procede la infirmación27, tanto para “enmendar los errores o

26 Y excepcionalmente de algunos autos que finalizan el proceso. 27 El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.15

27 El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.15

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Recurso Extraordinario de Revisión

ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”28.

En estos términos, la Corte constitucional precisó:

“[…] La revisión , que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana . La acción de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las causales taxativamente señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas . Y esta ta xatividad es razonable, pues se trata de una figura que modifica providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”29.

Además, es oportuno d estacar que su objeto y la naturaleza de constituir un nuevo trámite ajeno al proceso donde se dictó la decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en razón

constituir un nuevo trámite ajeno al proceso donde se dictó la decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en razón a que está vedado cues tionar la interpretación normativa y la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural; es decir, que en este trámite únicamente pueden