CE - 110010315000202003659001SENTENCIA20230705090158

Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767) 1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO Bogotá, veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia Recurso extraordinario de revisión Radicación 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767)

Demandante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE

PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPDemandado MIRYAM LEONOR FERNÁNDEZ CRISTANCHO SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social -UGPPcontra la sentencia del 29 de agosto de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado dentro del proceso de radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00804-01, por medio de la cual , en últimas, se reconoció la pensión gracia a Miryam Leonor Fernández Cristancho.

ANTECEDENTES

1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1.1. Demanda

medio de la cual , en últimas, se reconoció la pensión gracia a Miryam Leonor Fernández Cristancho.

ANTECEDENTES

1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 1.1. Demanda A través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Miryam Leonor Fernández Cristancho presentó demanda para obtener la nulidad de las Resoluciones Nro. RDP 039804 del 29 de agosto, RDP 042211 del 11 de septiembre, y RDP 042325 del 12 de septiembre, todas de 2013, por medio de las que se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, y se resolvieron de manera desfavorable los recursos de reposición y apelación interpuestos, respectivamente.

Como consecuencia de esa declaración solicitó, a título de restablecimiento del derecho, (i) el reconocimiento, a través del FOPEP, de la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de salarios devengados durante el año anterior a la consolidación del estatus pensional; (ii) la cancelación de las mesadas pensionales desde que adquirió el estatus pensional, las cuales debían indexarse; (iii) los intereses moratorios a los que hubiere lugar; y, (iv) el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del C.P.A.C.A. Lo anterior, porque, en su sentir, cumplió con los requisitos legales exigidos para el reconocimiento pensional, específicamente el relativo al tiempo de servicios, pues se vinculó a la docencia desde el 14 de marzo de 1978 -esto es, antes del 31 de diciembre de 1980y prestó dicho servicio por 20 años. Para ello señaló que:Recurso extraordinario de revisión

se vinculó a la docencia desde el 14 de marzo de 1978 -esto es, antes del 31 de diciembre de 1980y prestó dicho servicio por 20 años. Para ello señaló que:Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767) 2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Nació el 28 de septiembre de 1957 y prestó sus servicios por más de 20 años como docente del orden territorial, pues laboró al servicio del departamento de Boyacá 1, del municipio de Somondoco (Boyacá) 2, del municipio de Duitama (Boyacá) mediante órdenes de prestación de servicios 3, y del municipio de Duitama (Boyacá) 4. • No obstante, la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia porque no se cumplía con el tiempo de servicios en la docencia oficial del orden departamental, distrital o municipal, sumado a lo cual resultaba improcedente tener en cuenta los periodos de docencia desarrollados bajo la modalidad de contratos de prestación por servicios. 1.2. Sentencia de primera instancia El 16 de marzo de 2015, la Sala Nro. 1 del Tribunal Administrativo de Boyacá, negó las pretensiones de la demanda porque no se reunían los requisitos legales para el reconocimiento de la pensión gracia: no se cumplió con el tiempo de servicio mínimo exigido para el reconocimiento pensional. Además, porque el tiempo laborado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, esto es, el laborado al servicio del municipio de Duitama (Boyacá)

exigido para el reconocimiento pensional. Además, porque el tiempo laborado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, esto es, el laborado al servicio del municipio de Duitama (Boyacá) desde 1994 a 1998 no podía ser computado para la pensión gracia al no tratarse de una vinculación legal y reglamentaria o a una relación laboral reconocida judicialmente. 1.3. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 29 de agosto de 2018 revocó la sentencia apelada, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y, consecuencialmente, reconoció la pensión gracia a la señora Fernández Cristancho en cuantía “equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus de pensionada con la inclusión de los factores salariales, a partir del 8 de julio de 2009, pero con efectos fiscales desde el 30 de julio de 2010 por prescripción trienal” y ordenó su reajuste anual con base en el IPC del año inmediatamente anterior. Como fundamento de la decisión, y luego de exponer el contexto normativo de la pensión gracia, concluyó que la accionante sí cumplió con el tiempo de servicio requerido para acceder al reconocimiento pensional. Primero, porque existió una vinculación territorial -no nacional - anterior al 31 de diciembre de 1980, como se desprendía de la respuesta del 10 de septiem bre de 2014 suscrita por la Institución Educativa José Santos Gutiérrez y de la certificación del 30 de noviembre de 2012 emitida por la misma institución educativa de carácter departamental.

2014 suscrita por la Institución Educativa José Santos Gutiérrez y de la certificación del 30 de noviembre de 2012 emitida por la misma institución educativa de carácter departamental.

1 Del 14 de mayo de 1978 al 30 de marzo de 1980. 2 Del 30 de agosto de 1990 al 1° de marzo de 1993. 3 La vinculación bajo esta modalidad correspondió a los siguientes periodos: (i) del 1° de febrero de 1994 al 30 de noviembre de ese mismo año; (ii) del 1° de febrero de 1995 al 30 de noviembre de esa anualidad; (iii) del 5 de febrero al 5 de diciembre de 19 96, (iv) del 1° de febrero al 31 de diciembre de 1997, (v) del 21 de enero al 14 de diciembre de 1998; y, (vi) del 21 de enero al 11 de diciembre de 1999. 4 Del 17 de enero de 2000 al 29 de octubre de 2013.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767) 3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Segundo, porque el periodo de docencia comprendido entre 1994 y 1999 bajo las órdenes de prestación de servicios Nro. 021, 33, 10 -junto con su otrosí-, 024, y la orden sin número que acreditó el tiempo del año 1998, sí era computable para el reconocimiento pensional al tenor de lo establecido por la jurispruden cia de las secciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con base en lo cual

orden sin número que acreditó el tiempo del año 1998, sí era computable para el reconocimiento pensional al tenor de lo establecido por la jurispruden cia de las secciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con base en lo cual concluyó: De acuerdo con lo anterior, se equivoca el a quo cuando afirma que el tiempo laborado por la demandante entre el 1 de febrero de 1994 y el 11 de diciembre de 1999, no puede ser tenido en cuenta para completar los 20 años de servicio que exige la norma para que se reconozca la pensión gracia, porque durante dicho lapso se entienden configurados los elementos de la relación laboral que son inherentes a la labor de los maestros, sumado a que la ley que regula la prestación reclamada, no exige para su reconocimiento un nombramiento bajo una relación legal y reglamentaria, sino que se demuestre suficientemente haber servido al magisterio como docente departamental, municipal o distrital en diversas épocas, tal como ocurre en el sub judice. Tercero, porque, en aplicación de la sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 2018, la participación del delegado del Min isterio de Educación Nacional ante el FER de Somondoco -visible en el Decreto 046 - no otorgaba per se la calidad de docente nacional a la señora Fernández Cristancho ya que: “…en términos de la citada providencia, una vez los recursos del Sistema General de Participaciones son transferidos a las entidades territoriales, estos se incorporan a sus presupuestos locales, es decir, pasan a ser de su exclusiva propiedad, como sus titulares directos, por mandato de la Constitución Política de 1996 (art. 356). Luego entonces, no queda

Participaciones son transferidos a las entidades territoriales, estos se incorporan a sus presupuestos locales, es decir, pasan a ser de su exclusiva propiedad, como sus titulares directos, por mandato de la Constitución Política de 1996 (art. 356). Luego entonces, no queda duda de que los dineros girados a las entidades territoriales provenientes del Sistema General de Participaciones, con el propósito de cubrir gastos en educación y otros sectores, hacen parte de los recursos propios de los entes territoriales, razón por la cual el carácter del docente nombrado y pagado con dichos recursos es territorial y no nacional.”

2. Recurso extraordinario de revisión

2.1. Demanda La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social -UGPP-, a través de apoderada judicial, solicitó se revoque la sentencia del 29 de agosto de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral identificado con el radicado Nro. 15001-23-33-000-2013-00804-01, que accedió a las pretensiones de la demanda y reconoció la pensión gracia a la señora Miryam Leonor Fernández Cristancho. Para el efecto, se invocó la causal prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, literales a) y b), según los cuales procede la revisión de pensiones cuando (i) el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso o (ii) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Todo, porque no era procedente el reconocimiento de la pensión gracia. A su juicio:

cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Todo, porque no era procedente el reconocimiento de la pensión gracia. A su juicio: • Antes del 31 de diciembre de 1980, la señora Fernández Cristancho no estuvo vinculada como docente territorial , sino como docente nacional, pues en el Decreto 345 de 1978 participó el delegado del Ministerio de EducaciónRecurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767) 4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Nacional; cuestión que se refuerza porque se actuó con disponibilidad presupuestal del FER. • De conformidad con la certificación del 22 de mayo de 2013, emitida por la Secretaría de Educación de Boyacá, los tiempos de servicios discontinuos desde el 8 de agosto de 1989 al 15 de diciembre de 1993 fueron prestados en calidad de docente nacional. No obstante, el juez de segunda instancia apreció erróneamente esa información y los tuvo como periodos de docencia territorial. • El período comprendido entre 1994 y 1999 tampoco podía ser computado para efectos del reconocimiento pensional por haberse prestado al amparo de contratos u órdenes de prestación de servicios y no a la luz de una relación legal y reglamentaria o laboral reconocida judicialmente. Esa conclusión fue sostenida por la entidad en el lineamiento Nro. 208 del 2 de octubre de 2019 al señalar, en términos generales, que “[l]as vinculaciones de

legal y reglamentaria o laboral reconocida judicialmente. Esa conclusión fue sostenida por la entidad en el lineamiento Nro. 208 del 2 de octubre de 2019 al señalar, en términos generales, que “[l]as vinculaciones de contratos de prestación de servicios, orden de prestación de servicios y ordenes de autorización laboral NO serán válidas para el reconocimiento de pensión gracia en sede administrativa, salvo que se declare judicialmente, una relación laboral con la administración pública…”. • Por último, el periodo comprendido entre el 17 de enero de 2000 y el 22 de septiembre de 201 4 también era de carácter nacional, por lo que no podía computarse para el tiempo de servicio de la pensión gracia. Ello, “habida cuenta que para la nueva vinculación a partir del año 2000, la educación ya había sufrido el proceso de transformación y se encontraba totalmente a cargo de la Nación, de lo cual se concluye que estos tiempos se prestaron con vinculación de tipo NACIONAL, razón por la cual es válido afirmar que los mismos no pueden ser tenidos en cuent a para el otorgamiento de la prestación.” (Resalto del original). No obstante, el Consejo de Estado “olvidó verificar que conforme lo consagrado en el artículo 10° de la Ley 43 de 1975, a partir del 1° de enero de 1976, la creación de nuevas plazas o cargos docentes, debían tener una aprobación previa del Gobierno Nacional – Ministerio de Educación Nacional y su financiación estaba a cargo de la Nación, por lo q ue dichos cargos se entendían con carácter NACIONAL, con cargo al situado fiscal que continuaba atendiendo obligaciones o servicios a cargo de la Nación, por lo que no podía

dichos cargos se entendían con carácter NACIONAL, con cargo al situado fiscal que continuaba atendiendo obligaciones o servicios a cargo de la Nación, por lo que no podía entenderse que estos eran recursos propios del municipio.” Siendo así las cosas , se vulneró el debido proceso al momento de efectuar el reconocimiento pensional pues se impuso una carga prestacional sin fundamento legal y con grave afectación del interés general. 2.2. Intervención de la señora Miryam Leonor Fernández Cristancho La señora Miryam Leonor Fernández Cristancho no intervino en el proceso de la referencia pese a la notificación del auto admisorio al correo electrónico informado por la parte actora5. 2.3. Intervención del Ministerio Público6 La Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado se opuso a las pretensiones de la demanda. Luego de efectuar un recuento normativo de la

5 Índice 8 del SAMAI. 6 Índice 18 del SAMAI.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767) 5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co pensión gracia -en el que determinó los beneficiarios y requisitos para el reconocimiento de la prestación - y de relacionar las reglas de un ificación establecidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, concluyó que en el caso concreto los tiempos de servicio tenidos en cuenta correspondieron a los de docencia territorial, y no nacional como se afirmó en la demanda.

unificación del 21 de junio de 2018, concluyó que en el caso concreto los tiempos de servicio tenidos en cuenta correspondieron a los de docencia territorial, y no nacional como se afirmó en la demanda. Adicionalmente, como se estableció en la providencia de unificación, “no es el origen de los recursos con que se financia el pago de los servicios docentes lo que determina la naturaleza del vínculo (nacional, territorial o nacionalizado) para efectos de acceder al reconocimiento de la pensión gracia, es el hecho de que acredite que la plaza a ocupar sea de carácter territorial o nacionalizada, pues, en lo que respecta a los educadores territoriales o nacionalizados, el pago de sus salarios y prestaciones provenían directamente de los recursos propios del ente territorial, o de los procedentes del situado fiscal cuando se realizaban los pagos a través de los Fondos Educativos Regionales, situación que se demostró́ en este caso toda vez que, la nominación provino de los entes territoriales y las plazas en las que prest ó los servicios la docente fue dichos municipios, quedando probado que el vínculo fue de carácter nacionalizado.” Por último, señaló que sí era posible computar los tiempos de docencia desarrollados bajo la modalidad de órdenes o contratos de prestación de servicios puesto que, a la luz de la jurisprudencia de la corporación, “bajo esta modalidad ejercen las mismas funciones que los vinculados en propiedad mediante un acto legal y reglamentario, lo importante es que dicho servicio haya sido prestado en establecimientos del nivel territorial o nacionalizado.” Todo, por cuanto la Ley 114 de 1913 retribuye a quien ejerciera la labor docente sin importar la naturaleza ni la clase de vinculación.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

nacionalizado.” Todo, por cuanto la Ley 114 de 1913 retribuye a quien ejerciera la labor docente sin importar la naturaleza ni la clase de vinculación.

CONSIDERACIONES

1. Competencia De acuerdo con los artículos 111 y 249 del C .P.A.C.A., la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación7.

Se agrega que, en ejercicio de las atribucion es conferidas por el artículo 107 del C.P.A.C.A. 8, mediante el Acuerdo 80 de 20199, que compiló, entre otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado, se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de resolver los recursos

7 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que sean de su competencia”. “Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”. “Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.

“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”. 8 “Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”. “Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso. “La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno”. 9 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767) 6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta Corporación10. Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de esta Corporación es competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión.

2. Legitimación por activa La UGPP se encuentra habilitada para adelantar el presente trámite de conformidad

Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de esta Corporación es competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión.

2. Legitimación por activa La UGPP se encuentra habilitada para adelantar el presente trámite de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 6 del Decreto 575 de 2013, según el cual: “Artículo 6. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplirá las siguientes funciones:

(…)

6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen”.

3. Oportunidad de la acción El inciso cuarto del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 prevé el término de caducidad del recurso extraordinario de revisión para los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en “cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial”.

En el presente asunto, la sentencia del 29 de agosto de 2018 , proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, quedó ejecutoriada el 4 de octubre de la misma anualidad, según constancia de ejecutoria expedida por el Secretario de la Sección el 9 de noviembre de ese mismo año -2018-. Por lo tanto, como la demanda se presentó el 13 de agosto de 2020 huelga concluir que se realizó oportunamente.

4. Problema jurídico Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si en el caso concreto se configuran las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la

que se realizó oportunamente.

4. Problema jurídico Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si en el caso concreto se configuran las causales establecidas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, por haberse obtenido el reconocimiento pensional con violación del debido proceso y/o haberse reconocido el derecho por una cuantía superior a la que corresponde según la ley aplicable.

Para el efecto, se procederá, en primer lugar, con la exposición de las características y la finalidad del recurso especial de revisión ; posteriormente, se presentarán las causales a) y b) del artículo 20 de la L ey 797 -que fueron las aducidas en la demanda-; y, finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.

5. Recurso especial de revisión. Características y finalidad La revisión de las providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública se

10 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767) 7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co encuentra establecida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 en los siguientes términos: “ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación. La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial. La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además: a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”11 Esa revisión, cuyo trámite es el del recurso extraordinario de revisión, tiene un carácter sui generis12, pues, más allá de que puede dar lugar a la infirmación de una

pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”11 Esa revisión, cuyo trámite es el del recurso extraordinario de revisión, tiene un carácter sui generis12, pues, más allá de que puede dar lugar a la infirmación de una sentencia ejecutoriada, presenta unos aspectos particulares que le dan entidad propia. Dentro de esas notas características pueden referirse las siguientes: • Procedencia. El recurso procede no solo frente a sentencias ejecutoriadas sino también respecto de otro tipo de providencias cuyo efecto sea el reconocimiento de una prestación (v.gr., autos que terminan anormalmente el proceso, o actos que sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación). De ahí, entonces, que las providencias denegatorias del derecho no serían susceptibles del recurso. Con todo, el recurso no procede para la revisión de derechos reconocidos en cuantías que estén por debajo de lo dispuesto por la ley, pacto o convención aplicable. • Legitimación por activa. La legitimación para su interposición recae en el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, al tenor de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. También se encuentran legitimadas las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones públicas. • Propósito del recurso. El objetivo principal del recurso es la protección del patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema pensional13

11 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C -835 de 2003.

patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema pensional13

11 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C -835 de 2003. 12 Tal como se señaló en la sentencia C.835 de 2003. 13 Y es que tal como lo ha sostenido esta corporación: “[la] revisión de los montos de las pensiones reconocidas en contra de lo establecido por la ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, así́ como también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sos tenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo gobierna”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 4, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 1° de agosto de 2017. radicado: 11001-03-15-000-2016-02022-00.Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2020-03659-00 (5767) 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co • Alcance del recurso . El análisis que se efectúa en el recurso de revisión impide que el proceso se utilice como instancia adicional para la resolución de aspectos que fueron abordados en el proceso ordinario correspondiente. No se trata de un mecanismo para la exposición y resolución de simples discrepancias respecto de las determinaciones adoptadas en las instancias. Por eso, como lo ha expresado esta corporación, “no se trata de una tercera

se trata de un mecanismo para la exposición y resolución de simples discrepancias respecto de las determinaciones adoptadas en las instancias. Por eso, como lo ha expresado esta corporación, “no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación de aquel (literal b), cuando se reconoció con vulneración del debido proceso o de la Ley, o en un valor mayor al que corresponde14” 5.1. Reconocimiento obtenido con violación al debido proceso De acuerdo con lo establecido en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso especial de revisión procede cuando el reconocimiento con cargo al tesoro público o a fondos de naturaleza pública se obtuvo con violación al debido proceso. Así, la causal se configurará cuando en el reconocimiento de la prestación se desconoció alguna o algunas de las garantías que integran el debido proceso, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: (i) el derecho a juez natural o funcionario compet ente, (ii) el derecho a ser juzgado según las normas de cada juicio o procedimiento, (iii) el derecho a la defensa y/o contradicción -que incluye, entre otros, la presentación y participación en la producción de las pruebas, la defensa técnica, el proceso público y sin dilaciones injustificadas, la motivación de la decisión, el derecho a impugnar la decisión- , y (iv) el derecho a la independencia o imparcialid