CE - 110010315000202004137001SENTENCIA20230815090857

Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ONCE (11) ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP

Tema: Causales de revisión previstas en los literales a) y b) del artícul o 20 de la Ley 797 de 2003. Pensión gracia. Tiempo de servicios con vinculación territorial o nacionalizada

FALLO

La Sala Once (11) Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de G estión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante, UGPP), contra la sentencia proferida el 2 de agosto de 2018 por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado1, mediante la cual se revocó el fallo del 7 d e julio de 2014 del Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto

2014 del Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento A dministrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA) , la señora María Lilia Rivera Torres presentó demanda en contra de la UGPP, en la que solicitó2.

«2.1. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 027022 del 14 de Junio de 2013 , expedida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión Gracia, a la Señora MARÍA LILIA RIVERA

TORRES, C.C. […].

2.2. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 032833 del 19 de Julio de 2013 , expedida por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la cual

1 Índice 2 de SAMAI. Exp. 15001-23-33-000-2013-00697-01, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 2 Índice 38 de SAMAI «CUAD PPAL 201300697.pdf». La demanda se presentó ante el Tribunal Administrativo de Boyacá el 10 de septiembre de 2013. Págs.10 a 36.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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de septiembre de 2013. Págs.10 a 36.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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se resuelve un recurso de reposición en contra de la Resoluci ón 027022 del 14 de Junio de 2013.

2.3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 036536 del 12 de Agosto de 2013 , expedida por el Director de Pensiones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por la cual resuelve un recurso de apelación en contra de la Resolución No. 027022 del 14 de Junio de 2013.

2.4. Declarar que la Señora MARÍA LILIA RIVERA TORRES, C. C. […], tiene derecho a que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP -, le reconozca y pague, la pensión Gracia, a partir del día que cumplió el status, es decir, cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicio, en cuantía del 75% del salario, con la totalidad de los factores salariales, devengados durante el último año de servicio.

2.5. Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a pagar, a través del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL, a favor de mi mandante, el valor de las mesadas pensionales y adicionales con los correspondientes

través del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS DEL NIVEL NACIONAL, a favor de mi mandante, el valor de las mesadas pensionales y adicionales con los correspondientes reajustes de ley, desde la fecha de la adquisición del status de pensionada.

2.6. Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a que sobre las sumas adeudadas a mi poderdante, se i ncorporen los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor, o al por mayor, como lo autoriza el artículo 187 del C.P.A.C.A.

2.7. Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECC IÓN SOCIAL - UGPP, a que reconozca y pague los intereses moratorios de que trata el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

2.8. Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, sobre las sumas adeudadas a mi mandante, conforme a lo normado en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

2.9. Ordenar a la entidad demandada a que dé cumpli miento a lo dispuesto en el fallo, dentro del término perentorio señalado en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

2.10. Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada» [destacado original].

del término perentorio señalado en el artículo 192 del C.P.A.C.A.

2.10. Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada» [destacado original].

Invocó la vulneración de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 23, 25, 46, 48, 53, 58, 228 y 336 de la Constitución Política, 1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913, 6 de la Ley 116 de 1928, 3 del Decreto 081 de 1976, 3 del Decreto -Ley 2277 de 1979 y 15 de la Ley 91 de 1989.

La parte demandante expuso que la señora Mar ía Lilia Rivera Torres nació el 18 de junio de 1960, es decir que, cumplió 50 años de edad el 18 de junio de 2010.

Destacó que prestó sus servicios en el magisterio por más de 20 años como docente en propiedad, así: (i) en el departamento del Cesar con vi nculación nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, esto es, del 12 marzo al 1º de agosto 1979 y (i i) en el departamento de Boyacá con vinculación departamental desde el 30 de noviembre de 1990 hasta el 9 de julio de 2010.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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En ese orden, el 26 de ma rzo de 2013, mediante radicado nro. SOP201300014808 se le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, de

Actor: UGPP

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En ese orden, el 26 de ma rzo de 2013, mediante radicado nro. SOP201300014808 se le solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933.

Por medio de la Resolución nro. RDP 027022 del 14 de junio de 2013, la UGPP negó la anterior solicitud, porque no se cum plió el requisito de los 20 años de servicio como docente con vinculación nacionalizada, desestimando la totalidad del tiempo laborado en el departamento de Boyacá, por considerarlo nacional. Este e s el único requisito que es objeto de discusión entre las partes.

El 10 de julio de 2013, con el radicado nro. SOP 201300031769 se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra dicha decisión.

Con las R esoluciones nros. RDP 032833 de l 19 de julio de 2013 y RDP 036536 del 12 de agosto del mismo año, la UGPP resolvió los recursos de reposición y apelación, respectivamente, confirmando la Resolución nro. RDP 27022 del 14 de junio de 2013, por la que se negó el reconocimiento de la pensió n gracia, pese al cumplimiento de todos los requisitos legales.

En relación con el requisito de los 20 años de servicio, precisó que los actos administrativos están falsamente motivados por considerar que la vinculación fue de carácter nacional al haber sido nombrada con posterioridad a 1990 en el departamento de Boyacá, olvidando que la discontinuidad en el perí odo de servicios

administrativos están falsamente motivados por considerar que la vinculación fue de carácter nacional al haber sido nombrada con posterioridad a 1990 en el departamento de Boyacá, olvidando que la discontinuidad en el perí odo de servicios prestados no es causal para que se niegue el reco nocimiento de la pensión gracia, lo cual sustentó con fundamento en el concepto del 2 de agosto de 2012 de la UGPP y en la sentencia de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, proferida el 20 de septiembre de 20213.

2. Contestación de la demanda

La apoderada de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente4:

Propuso las excepciones de inexistencia de la obl igación y cobro de lo no debido; inexistencia de vulneración de principios constitucionales y legales ; y la genérica e innominada.

Manifestó que no procedía el reconocimiento de la pensión graci a a favor de la demandante por incumplimiento del requisito de los 20 años de servicio, toda vez que el lapso laborado en el departamento de Boyacá (del 30 de noviembre de 1990 hasta el 9 de julio de 2010) no puede ser tenido en cuenta porque la vinculación fue de orden nacional.

Destacó que los actos administrativos demandados están amparados por la presunción de legalidad, la que no ha sido desvirtuada, teniendo en cuenta que la pensión gracia es una prestación social de carácter esp ecial (sentencia C -479/98), cuyos requisitos están previstos en la ley de forma clara, sin que sea admisible realizar una interpretación amplia, como lo pretende la parte actora.

pensión gracia es una prestación social de carácter esp ecial (sentencia C -479/98), cuyos requisitos están previstos en la ley de forma clara, sin que sea admisible realizar una interpretación amplia, como lo pretende la parte actora.

3 Exp. 0095-01, C.P. Alejandro Ordoñez Maldonado. 4 Índice 38 de SAMAI «CUAD PPAL 201300697.pdf», págs. 135 a 141.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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Aseguró que los docentes que antes de entrar en vigor la Ley 91 de 1989 (29 de diciembre de ese año), hubiere n completado todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia, tienen un derecho adquirido para su reconocimiento. En caso contrario, existía una mera expectativa, por lo que los docentes nacionales y nacionalizados únicamente podían gozar de la pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia proferida el 7 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Boyacá decidió lo siguiente5:

«PRIMERO.- Se niegan las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- CONDENAR EN COSTAS a la parte vencida, liquídense por Secreta ría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO.- FÍJESE como agencias en derecho la suma de cinco millones cuatrocientos

SEGUNDO.- CONDENAR EN COSTAS a la parte vencida, liquídense por Secreta ría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 366 del C.G.P.

TERCERO.- FÍJESE como agencias en derecho la suma de cinco millones cuatrocientos cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($5'405.864) en favor de la parte demandada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia».

Se refirió a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 e indicó que una de las condiciones exigidas para ser beneficiario de la pensión gracia , ya sea por los servicios como docente en primaria, s ecundaria o normalista , es que se hayan prestado a entidades territorial es (departamentos o municipios) con el propósito de compensar la diferencia salarial respecto de sus pares nacionales siempre que se hubieren vinculado antes del 31 de diciembre de 1980.

En el caso concreto, advirtió que, tal como consta en la Resolución nro. 00453 de 1979, la demandante fue nombrada por el gobernador del departamento del Cesar en la nómina docente territorial desde el 12 marzo al 1º de agosto de 1979. Posteriormente, el 27 de noviembre de 1990 fue nombrada en propiedad en la Concentración Escolar Nacionalizada Rural «El Hato» , mediante el Decreto 031 expedido por el alcalde del municipio de Ventaquemada , sin que se evidencie que la actora haya tenido nombramientos posteriores, pues solo se certifican novedades de traslados o cambios de sueldos.

Aludió a las implicaciones que tuvo la aplicación del artículo 9 de la Ley 43 de 1975 y

actora haya tenido nombramientos posteriores, pues solo se certifican novedades de traslados o cambios de sueldos.

Aludió a las implicaciones que tuvo la aplicación del artículo 9 de la Ley 43 de 1975 y señaló que el nombramiento realizado el 27 de noviembre de 1990 fue posterior a la culminación del proceso de nacionalización de la educación, que tuvo lugar entre el 1º de enero de 1976 al 31 de diciembre de 1980, por lo que concluyó que el acto administrativo de nominación fue expedido por la entidad territorial en representación de la Nación y la vinculación recayó en plantas nacionales, autorizada s y financiadas por esta.

Destacó que conforme al artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el docente nacionalizado es aquel nombrado por la entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 , y también lo es, en virtud de la Ley 43 de 1975, el vinculado a partir de esa fecha hasta el 31 de diciembre de 1980; pero, como la demandante fue nombrada el 27 de noviembre de 1990, su categoría corresponde a la de docente nacional. Posición que se sustentó

5 Índice 38 de SAMAI «CUAD PPAL 201300697.pdf», págs. 496 a 508.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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en la sentencia del 18 de febrero de 2010, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado6.

Así, consideró que el único tiempo válido para efectos de la pensión gracia corresponde al laborado por la actora en el departamento del Cesar, el cual resultó

Sección Segunda del Consejo de Estado6.

Así, consideró que el único tiempo válido para efectos de la pensión gracia corresponde al laborado por la actora en el departamento del Cesar, el cual resultó insuficiente para acreditar el cumplimiento de los 20 años de servicios con vinculación nacionalizada.

Finalmente, y con fundam ento en el artículo 365 del CGP condenó en costas a la parte vencida en el proceso, en el componente de agencias en derecho, acudiendo para ello al numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

4. Recurso de apelación

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación 7 contra la sentencia de primera ins tancia y solicitó que se revoque, porque la vinculación realizada mediante el Decreto 031 del 27 de noviembre de 1990, es de carácter municipal y no nacional, como lo determinó el tribunal.

Explicó que, para la fecha de expedición de dicho decreto, confo rme a lo previsto en los artículos 105 y 106 de la Ley 115 de 1994, la competencia para la vinculación del personal docente recaía exclusivamente en las entidades territoriales, de ahí que, como ocurrió en este caso, el acto de nombramiento fuera emitido por el alcalde del municipio de Ventaquemada.

Se opuso a que se considere como vinculación nacional cuando en el acto de nombramiento intervenga el delegado del Ministerio de Ed ucación Nacional ante el Fondo Educativo Regional (FER) y certifique sobre la disponibilidad presupuestal , porque el artículo 10 del Decreto 1706 de 1989 es claro en señalar que el delegado

nombramiento intervenga el delegado del Ministerio de Ed ucación Nacional ante el Fondo Educativo Regional (FER) y certifique sobre la disponibilidad presupuestal , porque el artículo 10 del Decreto 1706 de 1989 es claro en señalar que el delegado del citado ministerio cumple con funciones de vigilancia, control y certificación de la disponibilidad presupuestal, las que puede ejercer en in stituciones nacionales y nacionalizadas.

Señaló que la calidad de la vinculación se determina teniendo en cuenta la entidad que realizó el nombramiento, en este caso el municipio de Ventaquemada, por lo que debe restársele importancia a la procedencia de los recursos con los que se pagaron los salarios, a la intervención del delegado del Ministerio de Educación Nacional o lo que se indique en los certificados laborales de tiempo de servicios o de salarios.

Concluyó que resulta ilegal que se niegue el re conocimiento de la pensión gracia pese al cumplimiento de los requisitos previstos en la norma, incluido el de tiempo de servicios, porque la vinculación como docente nacionalizada se surtió antes del 31 de diciembre de 1980 y los servicios se prestaron en forma discontinua en el departamento del Cesar desde el 1 º de marzo de 1979 hasta el 1º de agosto del mismo año y , en el departamento de Boyacá desde el 30 de noviembre de 1990 hasta el 9 de julio de 2010.

5. Sentencia de segunda instancia

6 Exp. 25000-23-25-000-2006-07030-01 (2093-08), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

hasta el 9 de julio de 2010.

5. Sentencia de segunda instancia

6 Exp. 25000-23-25-000-2006-07030-01 (2093-08), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 7 Índice 38 de SAMAI «CUAD PPAL 201300697.pdf», págs. 520 a 528.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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Mediante provid encia del 2 de agosto de 2018, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió8:

«REVOCAR la sentencia del 7 de julio de 2014, proferida por la Sala de Decisión 3ª del Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las pretensiones de la demanda incoada por María Lilia Rivera Torres contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, para el reconocimiento de su pensión gracia, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia; y en su lugar:

PRIMERO.- Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 027022 de 14 de junio de 2013, expedida por la Subdirectora de Determinación de derechos Pensionales de la UGPP, mediante la cual le fue negada la pensión gracia; la RDP 032833 del 19 de julio de 2013 por la cual se resolvió el recurso de reposición en el mismo sentido del acto recurrido; y la RDP 036 353 del 12 de agosto de 2013, signada por el Director de Pensiones que confirmó la decisión tomada en el acto principal, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

de agosto de 2013, signada por el Director de Pensiones que confirmó la decisión tomada en el acto principal, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a la señora María Lilia Rivera Torres, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional, con efectos fiscales a partir del 18 de junio de 2010, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO.- La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 187 del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la a plicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de Estado, a saber:

R = Rh. índice final índice inicial

CUARTO.- La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA.

QUINTO.- Abstenerse de condenar en costas a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEXTO.- RECONOCER personería […]».

Destacó que el a quo negó las pretensiones de la demanda porque la actora (María Lilia Rivera Torres) no logró demostrar el tiempo de servicios como docente con vinculación territorial o nacionalizada durante 20 años, en tanto que los ejercidos a

Destacó que el a quo negó las pretensiones de la demanda porque la actora (María Lilia Rivera Torres) no logró demostrar el tiempo de servicios como docente con vinculación territorial o nacionalizada durante 20 años, en tanto que los ejercidos a partir de 1990 fueron desempeñados como maestra nacional, en plant eles financiados con recursos de ese orden. Todo, porque el nombramiento efectuado por la autoridad territorial obedeció a la autorización que concedía el delegado del Ministerio de Educación Nacional ante el FER de Boyacá sobre la disponibilidad de la plaza vacante y el presupuesto que financiaría el servicio educativo.

Para resolver la litis precisó que la Ley 29 de 1989 modificatoria de la Ley 24 de 1988, además de asignar a los representantes legales de las entidades territoriales las funciones de nombrar, trasladar, remover, cont rolar y, en general, administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados [art. 54], delegó en aquellos servidores la administración de los fondos educativos regionales, bajo la supervisión de un d elegado del Ministerio de Educación Nacional, y estableció que dichos fondos debían manejar separadamente

8 Índice 38 de SAMAI «CUAD PPAL 201300697.pdf» , págs. 646 a 675, e xp. 15001-23-33-000-2013-00697-01, C.P. Sandra

Lisset Ibarra Vélez.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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los recursos que la Nación y la entidad territorial respectiva destinen a la educación [art. 60].

Actor: UGPP

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los recursos que la Nación y la entidad territorial respectiva destinen a la educación [art. 60].

Aseguró que el Decreto 1706 de 1989 estableció el procedimiento para el nombramiento de los docentes nacionales y nacionalizados de que trata el artículo 54 de la Ley 24 de 1988, que además involucra al delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante los respectivos fondos educativos regiona les, quien certificará sobre la existencia de la disponibilidad presupuestal y la vacancia definitiva del cargo [art. 10].

Mencionó que de acuerdo con la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 21 de junio de 20 189, el carácter territorial o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el reconocimiento de la pensión gracia, al margen : (i) del origen de los recursos que financiaban el pago de los salarios y prestaciones de los educado res, que una vez incorporados a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes territoriales en calidad de rentas exógenas y (ii) también de la intervención que efectuaba el delegado del FER en su nominación.

Señaló que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, son docentes nacionalizados los nombrados directamente por el Gobierno Nacional, por lo que es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados no se convierten en educadore s nacionales por el hecho de que su financiación se a con recursos del orden nacional, en este caso, del situado fiscal, en tanto una vez son transferidos al ente territorial, forman parte de su presupuesto.

convierten en educadore s nacionales por el hecho de que su financiación se a con recursos del orden nacional, en este caso, del situado fiscal, en tanto una vez son transferidos al ente territorial, forman parte de su presupuesto.

Es así que consideró que el nombramiento de la señora María Lilia Rivera Torres efectuado por el alc alde del m unicipio de Ventaquemada, mediante el Decreto 031 del 27 de noviembre de 1990, le confi rió la calidad de docente nacionalizad a, además de que el mismo acto administrativo precis ó que la concen tración rural «El Hato» es un plantel nacionalizado que ofrece el servicio de educación primaria.

Destacó que la docente fue trasladada mediante el Decreto 032 de 1991 a la institución educativa «Puente de Piedra», que es un plantel perteneciente a la red de cobertura de Ventaquemada, lo que condujo a que mantuviera el vínculo de maestra nacionalizada.

Estimó que pese a que los tiempos de servicio ejercidos por la actora desde el 30 de noviembre de 1990 hasta el 18 de marzo de 2013 , fueron certificados como nacionales, lo cierto es que, luego de analizar los actos administrativos de nombramiento y traslado, los encontró válidos para el reconocimiento de la pensión gracia, en tanto la docente fue designada por el alcalde de Ventaquemada , mas no por el Gobi erno Nacional, lo que permite arribar a la conclusión de se desempeñó como maestra con vínculo nacionalizado.

Precisó que con anterioridad a 1980, la señora María Lilia Rivera Torres fue vinculada desde el 12 de marzo al 1º de agosto de 1979 como maestra

como maestra con vínculo nacionalizado.

Precisó que con anterioridad a 1980, la señora María Lilia Rivera Torres fue vinculada desde el 12 de marzo al 1º de agosto de 1979 como maestra nacionalizada, en propiedad, para prestar el servicio de educación básica primaria en la Escuela Rural de San José de Oriente del municipio de La Paz, según consta en el Decreto 0453 del 8 de marzo de 1979 emanado del gobernador del departamento del

9 Exp. 3805-14, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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Cesar, en el acta de posesión, en el certificado de Historia Laboral y en las certificaciones expedidas por la L íder de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Departamental del Cesar.

De acuerdo con lo anterior, concluyó que la demandante cumplió los requisitos para acceder a la pensión gracia, porque: (i) estuvo vinculada antes del 31 de diciembre de 1980, en su condición de docente nacionalizada , (ii) acumuló 23 años y 10 días en el servicio docente oficial nacionalizado, esto es , que superó los 20 año s de servicio exigidos por la ley , (iii) cumplió 50 años de edad el 18 de julio de 2010 y (iv) desempeñó su profesión con buena conducta, honradez y consagración.

Por consiguiente, revocó la sentencia apelada y, en su lugar , declaró la nulidad de los acto s admin istrativos demandados, ordenó a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora María Lilia Rivera

Por consiguiente, revocó la sentencia apelada y, en su lugar , declaró la nulidad de los acto s admin istrativos demandados, ordenó a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de la pensión gracia a la señora María Lilia Rivera Torres, equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmedia tamente anterior a la consolidación del estatus pensional, con efectos fiscales a partir del 18 de junio de 2010.

6. Acción de tutela

Mediante sentencia del 11 de abril de 2019, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de Estado 10 declaró improce dente la tutela interpuesta por la UGPP contra la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación, por inobservancia del principio de subsidiaridad. Trámite en el que se pretendía que se dejara sin efectos el fallo del 2 de agosto de 2018, que es objeto de revisión en este proceso11.

Decisión confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 30 de mayo de 2019, por considerar que «la acción de tutela no procede como mecanismo transitorio, por cuanto las razones sobre la afectación al patrimonio público, la violación del principio de sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social y el presunto abuso del derecho, son justamente las que permiten ejercer el recurso especial de revisión». Destacando que «[s]erá el juez que conozca del recurso especial de revisión el encargado de determinar si hay lugar a revisar la liquidación de la pensión de la señora María Lilia Rivera Torres. Así también lo concluyó la Corte Constitucional, en sentencia SUencargado de determinar si hay lugar a revisar la liquidación de la pensión de la señora María Lilia Rivera Torres. Así también lo concluyó la Corte Constitucional, en sentencia SU115 de 2018, al revisar una acción de tutela que presentó la UGPP por razones similares a las que aquí se estudian»12.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Demanda

El 22 de septiembre de 2020 13, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP14, mediante apoderada y con fundamento en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 2 de agosto de 2018, proferida por la Subsección

10 Exp. 11001-03-15-000-2019-00978-00, C.P. María Adriana Marín. 11 Índice 2 de SAMAI «ED-2-DEMANDA MARIA LILIA RIVER A TORRES.pdf(.pdf) NroActua 2», págs. 232 a 244. 12 Índice 2 de SAMAI «ED-2-DEMANDA MARIA LILIA RIVER A TORRES.pdf(.pdf) NroActua 2», págs. 216 a 225. 13 Índice 1 de SAMAI. 14 Creada con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.Radicado: 11001-03-15-000-2020-04137-00

Actor: UGPP

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“B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por m edio de la cual se revocó el fallo del 7 de julio de 2014, expedido por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

La citada entidad formuló las siguientes pretensiones15:

«Por configurarse la causal prevista en el literal a y b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según la cual procede la acción de revisión “( a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y (b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”, se persigue que, con el ejercicio del presente Recurso de Revisión, el Honorable Consejo de Estado, disponga:

PRIMERA: Revocar la sentencia proferida por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, de fecha 02 de agosto de 2018 , mediante la cual se declaró la nu