CE - 110010315000202004314001SENTENCIASENTENCIA20230830104842

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Número único de radicación: 11001031500020200431400

Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA , contra el fallo de 30 de mayo y el auto de 18 de julio , ambos de 2019, proferidos por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de los cuales se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 4 de mayo de 20111 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico , y se negó la solicitud de aclaración y corrección de dicha sentencia, respectivamente.

I. ANTECEDENTES

1.1. El señor GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 El fallo del ad quem resolvió confirmar la sentencia proferida el 4 de mayo de 2011 por el Tribunal, salvo el numeral sexto que quedó así : “En el evento de haber sido deducida, al momento de pagar el valor liquidado en el artículo segundo de la resolución 000068 de 3 de febrero de 2004, la

salvo el numeral sexto que quedó así : “En el evento de haber sido deducida, al momento de pagar el valor liquidado en el artículo segundo de la resolución 000068 de 3 de febrero de 2004, la suma de $165.084.00 por concepto de prima de navidad año 2001, CONDENASE al Departamento del Atlántico – Contraloría General del Departamento del Atlántico al reintegro a favor del actor de dicha suma, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”2

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restablecimiento del derecho , por conducto de apoderado, en contra del artículo primero parcial y segundo de la Resolución 000068 de 3 de febrero de 2004 , expedid a por la Contraloría General del Departamento del Atlántico que reconoció y ordenó el pago de unas cesantías definitivas y prestaciones sociales a su favor.

1.2. La solicitud de nulidad también recayó en el acto administrativo ficto negativo que se originó por la omisión de respuesta del Departamento del Atlántico a la petición de 11 de mayo de 2004, en la que solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional del 8.75% por el aumento salarial del 2001 y del 6% frente a los años 2002 y 2003, no reconocidas en la Res olución 000068 de 3 de febrero de 2004. A esta solicitud se le sumó la nulidad del Oficio SH -0232 de 22 de junio de 2004, a través del cual se dio traslado de la petición a la referida Contraloría.

esta solicitud se le sumó la nulidad del Oficio SH -0232 de 22 de junio de 2004, a través del cual se dio traslado de la petición a la referida Contraloría.

A título de restablecimiento pidió: i) la reliquidación de las cesantías definitivas y prestaciones sociales, ii) la reliquidación de las vacaciones causadas y de aquellas proporcionales del 4 de agosto de 2003 al 12 de enero de 2004, iii) la reliquidación de las3

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cesantías definitivas y las demás prestaciones sociales 2, iv) pagar los intereses causados por el no pago oportuno de las cesantías, v) reconocer y pagar los valore s deducidos en el artículo 2 ° de la Resolución 000068 de 2004, vi) que se consideren los porcentajes del 8,75% sobre las vigencias 2001, 2002 y 2003 , vii) que lo s valores a pagar se indexen y viii) que se condene al pago de las costas y agencias en derecho.

1.3. Para mayor entendimiento, la Sala relacionará los hechos que dieron lugar a la sentencia objeto del recurso, así:

El recurrente prestó sus servicios en la Secretaría de Salud del Departamento del Atlántico, entre el 4 de agosto de 1998 y el 15 de enero de 2001; y en la Contraloría General del Atlántico, desde el 16 de enero de 2001 al 9 de enero de 2004 . Según el señor

Departamento del Atlántico, entre el 4 de agosto de 1998 y el 15 de enero de 2001; y en la Contraloría General del Atlántico, desde el 16 de enero de 2001 al 9 de enero de 2004 . Según el señor PARDO CORTINA, los efectos salariales y prestacion ales en esta última entidad tuvieron efectos hasta el 12 de enero de 2004.

En razón a la finalización del vínculo laboral, el recurrente solicitó ante dicha Contraloría la liquidación y el pago de cesantías y también de sus prestaciones sociales. Asimismo, pidió adicionar a la liquidación el incremento del 8.75% del año 2001 y también los correspondientes a los años 2002 y 2003 ; e informó que se

2 Con tal fin solicitó que se t uvieran en cuenta la asignación básica mensual , los gastos de representación, los dominicales y feriados, la prima de navidad, la bonificación por servicios prestados y la prima de vacaciones.4

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desconoció la continuidad que traía como empleado público de la Gobernación del Atlántico.

A través de la Resolución 000068 de 2004 , la Contraloría accedió al reconocimiento de las cesantías y las vacaciones no disfrutadas, decisión contra la cual procedía el recurso de reposición.

En virtud de la decisión de la Contraloría , el recurrente radicó con posterioridad petición ante la Gobernación del Atlántico para que

decisión contra la cual procedía el recurso de reposición.

En virtud de la decisión de la Contraloría , el recurrente radicó con posterioridad petición ante la Gobernación del Atlántico para que ésta le reconociera las diferencias salariales que no consideró la Resolución 000068 de 2004. Tal petición no fue contestada expresamente.

1.4. Frente a dichos actos e l actor ejercitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La demanda se decidió por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia de 4 de mayo de 2011, en la que se declaró: i) no probaba la excepción de inepta demanda, propuesta por el Departamento del Atlántico, y la de falta de legitimación por pasiva, formulada por el ente territorial y la Contraloría Departamental; ii) declaró la nulidad parcial de la Resolución 000068 de 2004, en cuanto “no reconoció el período proporcional de las vacaciones del actor entre el período5

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del 4 de agosto de 2003 y el 12 de enero de 2004”3; iii) declaró la nulidad del acto ficto presunto negativo a la petición de 11 de mayo de 2004 y del Oficio SH-0232-04 de 22 de junio de 2004; iv) condenó a los entes accionados a reconocer y pagar : 1) la compensación en dinero de las vacaciones entre el 4 de agosto de

mayo de 2004 y del Oficio SH-0232-04 de 22 de junio de 2004; iv) condenó a los entes accionados a reconocer y pagar : 1) la compensación en dinero de las vacaciones entre el 4 de agosto de 2003 y el 12 de enero de 2004, 2) a reintegrar4, en caso de haber sido deducidas , las sumas por concepto de bonificación por servicios, prima de servicios año 2001 y prima de navidad de ese año5, y 3) que los factores reconocidos se reajustaran teniendo en cuenta el incremento salarial dispuesto por el gobierno para lo s años 2001, 2002 y 2003, a partir del 11 de mayo de 2001 a 2003; y v) negó las demás pretensiones.

1.5. Contra la anterior decisión la parte accionada , comprendida por el Departamento del Atlántico y la Contraloría Departamental de ese ente territorial, interpusieron recurso de apelación.

Según el trámite judicial ordinario , el Departamento de l Atlántico insistió en su falta de legitimación y adujo que las

3 En relación con esta condena también dijo: “[…] dispuso deducir de la liquidación definitiva del señor GIOVANNI PARDO CORTINA, los valores reconocidos por concepto de la Bonificación por Servicios Prestados año 2001, prima de servicio año 2001 y Prima de Navidad año 2001. […]” 4 En la sentencia se señaló: “[…] que era procedente el reintegro de los valores deducidos en el acto demandado, toda vez que la bonificación por servicios prestados se reconoce por el año de servicios prestados y el actor se vinculó con el Departamento del Atlántico a partir del 4 de ago sto de 1998

demandado, toda vez que la bonificación por servicios prestados se reconoce por el año de servicios prestados y el actor se vinculó con el Departamento del Atlántico a partir del 4 de ago sto de 1998 hasta el 15 de enero de 2001 y del 16 de enero de 2001 al 12 de enero de 2004, sin que mediara solución de continuidad para efectos de la liquidación de dicha bonificación, situación que opera también con relación a las primas de servicios y de navidad […]” 5 A esta determinación agregó que: “[…] SEXTO: En el evento de haber sido deducidas , al momento de pagar al actor el valor total liquidado en el artículo primero de la Resolución No. 000068 del 3 de febrero de 2004, la suma de $607.789,oo por concepto de Bonificación por Servicios Prestados año 2001, la suma de $868.270.oo por concepto de Prima de Servicios año 2001, la suma de $156.084.oo por concepto de Prima de Navidad año 2001, CONDÉNASE al Departamento del Atlántico, Contraloría General del Departamento del Atlántico al reintegro a favor del actor de dichas sumas de acuerdo a lo expresado en la parte motiva de esta providencia […]”6

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Contralorías Departamentales gozan de autonomía administrativa y presupuestal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Por su parte, la Contraloría General del Departamento del

y presupuestal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

Por su parte, la Contraloría General del Departamento del Atlántico alegó la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad respecto de la Resolución 000068 de 20046, teniendo en cuenta que la demanda se presentó hasta el 26 de agosto de ese año; e indicó que era inoportuna la reclamación contra el Oficio SH0232 de 22 de junio de 2004, expedido por el Secretario de Hacienda del Departamento del Atlántico, pues este se hizo con el ánimo de revivir términos para acudir a la jurisdicción contenciosa.

A lo anterior agregó, que no tiene la vocación de acudir como parte accionada, por cuanto su representación judicial está a cargo de la Gobernación del Atlántico.

II. PROVIDENCIAS RECURRIDAS EN REVISIÓN

2.1 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la sentencia de 30 de mayo de 2019, proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación que,

6 La resolución cobró ejecutoria el 11 de febrero de 2004.7

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al resolver los recursos de apelación interpuestos, CONFIRMÓ la sentencia7 del Tribunal a quo, SALVO el numeral sexto, en lo que respecta al REINTEGRO de la bonificación por servicios prestados y la prima de servicios.

al resolver los recursos de apelación interpuestos, CONFIRMÓ la sentencia7 del Tribunal a quo, SALVO el numeral sexto, en lo que respecta al REINTEGRO de la bonificación por servicios prestados y la prima de servicios.

En relación con el planteamiento de caducidad de la acción no lo encontró probado, por cuanto verificó que el ejercicio del medio de control fue oportuno al presentarse el 10 de junio de 2004.

El problema jurídico que delimitó el ad quem se circunscribió a establecer si: i) el actor tenía derecho al reconocimiento y pago de las vacaciones por el período comprendido entre el 4 de agosto de 2003 y el 12 de enero de 2004 ; ii) si tenía el derecho al reintegro de la bonificación por servicios prestados, prima de servicios y prima de navidad, las cuales le fueron deducidas a través del artículo segundo de la Resolución 000068 de 3 de febrero de 2004; y iii) si procedía el reajust e de los factores salariales y prestacionales reconocidos a favor del accionante con ocasión de su retiro del servicio de la Contraloría General del Departamento del Atlántico, teniendo en cuenta la diferencia salarial por concepto del incremento salarial de los años 2001, 2002 y 2003.

7 Que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.8

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RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Bajo el desarrollo de estos planteamientos, que resultan de interés para este recurso extraordinario de revisión, el Consejo de Estado

Actor: GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA

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Bajo el desarrollo de estos planteamientos, que resultan de interés para este recurso extraordinario de revisión, el Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal a quo frente al reintegro de las deducciones que se le hicieron en la Resolución 000068 de 3 de febrero de 2004, para lo cual adujo:

“[…] En este orden de ideas, en relación con la prima de navidad pagada al actor, la Sala estima que no hay lugar a ordenar su descuento, toda vez que, como se aclaró antes, de acuerdo con el Decreto 1919 de 27 de agosto de 2002, los empleados públicos de las entidades a las que se les aplique dicho decreto, entre ellas, las contralorías territoriales , tendrán derecho a las prestaciones sociales consagradas para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional, dentro de las que se encuentra la referida prima de navidad prevista en el Decreto 1045 de 1978.

Ahora bien, en lo que concierne a la PRIMA DE SERVICIOS Y A LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, se precisa que contrario a lo afirmado por el A quo, hay lugar al descuento de tales factores salariales, por razón a que estos solo se reconocen a empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, calidad que no ostentaba el demandante p ues sus servicios los prestó en la Contraloría General del Departamento del Atlántico. Al respecto, se reitera que el Decreto 1919 de 2002 extendió exclusivamente el régimen de prestaciones sociales de los empleados

servicios los prestó en la Contraloría General del Departamento del Atlántico. Al respecto, se reitera que el Decreto 1919 de 2002 extendió exclusivamente el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional a los del orden territorial.

En resumen, se tiene que en el caso particular del actor procedía como bien lo determinó el Tribunal Administrativo del Atlántico, el pago de la prima de navidad, por ser esta una prestación social reconocida a empleados públicos del orden territorial; sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto al reconocimiento de la prima de servicio y la bonificación por servicios prestados , las cuales no tiene derecho el demandante por cuanto se trata de factores salariales de índole territorial […]”.9

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2.1 AUTO QUE NEGÓ LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y

CORRECIÓN DEL FALLO

El actor del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó en oportunidad , que se reemplazara el término territorial por nacional, pues esta confusión da a entender que no se le puede reconocer ni la prima de servicios ni la bonificación por servicios prestados, por tratarse de factores salariales del orden territorial.

Al respecto , el Consejo de Estado aclaró que no procedía el reintegro de los valores deducidos porque “los mismos era n factores salariales que solo se reconocían a empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, calidad que no ostentó el señor Pardo Cortina, quien prestó sus servicios a la

reintegro de los valores deducidos porque “los mismos era n factores salariales que solo se reconocían a empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, calidad que no ostentó el señor Pardo Cortina, quien prestó sus servicios a la Contraloría General del Departamento del Atlántico”.

A pesar de ello, encontró que s í hubo una confusión al referir territorial con nacional, razón por la cual estim ó oportuno hacer esta mención8, la que, en todo caso, señaló no la habilitaba para acceder a la aclaración, toda vez que no surgía ninguna duda en la parte resolutiva de la sentencia.

8 “[…] En resumen, se tiene que en el caso particular del actor procedía como bien lo determinó el Tribunal Administrativo del Atlántico, el pago de la prima de navidad, por ser esta una prestación social reconocida a empleados públicos del orden territorial; sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto al reconocimiento de la prima de servicios y la bonificación por servicios prestados, a l os cuales no tiene derecho el demandante por cuanto se trata de factores salariales de índole territorial […]" (Resaltado por la Sala)10

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En cuanto a la solicitud de corrección , encontró la Sala que se incurrió en un erro r de digitación al referirse al año 2011, cuando correspondía al 2001, el cual estimó que comoquiera que no influía en la parte resolutiva, no procedía la corrección.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

correspondía al 2001, el cual estimó que comoquiera que no influía en la parte resolutiva, no procedía la corrección.

III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

3.1. El señor GIOVANNI FRANCISCO PARDO CORTINA presentó escrito ante esta Corporación, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del CPACA.

La decisión objeto del recurso es la sentencia de segunda instancia de 30 de mayo de 2019, proferida por Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 08001-23-31-000-200401066-01 (1657-2012)

Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, la que, a su juicio, se configuró por la violación al debido proceso y por constituir la sentencia una decisión incongruente, con fundamento en la siguiente argumentación:11

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Señaló que el motivo constitutivo de la causal de nulidad es la violación al debido proceso, puesto que el fallo de segunda instancia, proferido por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección “B”, se refirió a un argumento nuevo que no fue objeto de debate en el proceso.

Adujo que el reproche en el que se centró el fallador de segunda instancia no fue alegado por la Contraloría Departamental, ya que

refirió a un argumento nuevo que no fue objeto de debate en el proceso.

Adujo que el reproche en el que se centró el fallador de segunda instancia no fue alegado por la Contraloría Departamental, ya que la entidad se limitó a indicar que no tenía derecho a la continuidad, y ningún planteamiento realizó frente al derecho a la prima de servicios y a la bonificación por servicios . Tampoco refirió como argumento de oposición que las prestaciones objeto de la orden de devolución solo fueran d el nivel nacional , lo que las excluía de aplicación y reconocimiento a los empleados del nivel territorial.

A juicio del recurrente , de manera inexplicable, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se pronunció sobre aspectos que no se demandaron, pues eran las entidades la s que debieron controlar sus propios actos y cuestionar el reconocimiento y pago de la prima de servicios y la bonificac ión por servicios prestados durante la relación laboral con la Contraloría.12

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Estimó que el argumento de no reconocimiento es un fundamento expuesto por el juez, y la razón que esgrimió es que tales prestaciones se excluyeron porque se pagan únicamente a los empleados del nivel nacional y no a un servidor territorial.

Bajo su entender, era imposible, por ausencia de cuestionamiento judicial, que se ordenara el descuento de dineros que ingresaron a su patrimonio y que no fueron objeto de reproche, aunque se funde en el artículo 5° del Decreto 1919 de 2002, para tal efecto.

judicial, que se ordenara el descuento de dineros que ingresaron a su patrimonio y que no fueron objeto de reproche, aunque se funde en el artículo 5° del Decreto 1919 de 2002, para tal efecto.

Agrega que en caso de que la administración hubiese querido controvertir el pago de los valores reconocido s, ha debido demandar su propio acto mediante la acción de lesividad, razón por la que el ad quem no podía entrar a revocar como lo hizo , los derechos particulares y concretos sin el consentimiento de su titular.

IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO

4.1. Mediante proveído de 2 de julio de 2020 se rechazó el recurso extraordinario por extemporáneo. Contra esta decisión el recurrente ejercitó el recurso de reposición y , en subsidio, el de13

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súplica, sustentado en que los términos judiciales estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 20209.

4.2. Con auto de 15 de diciembre de 2021 se repuso la decisión de rechazo y, en su lugar, se concedió un término de 5 días para que el recurrente corri giera su demanda, en el sentido de precisar la causal invocada.

4.3. Corregido el escrito de demanda se admitió el recurso extraordinario de revisión, por auto de 4 de febrero de 2022, y se ordenó notificar al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y a la

4.3. Corregido el escrito de demanda se admitió el recurso extraordinario de revisión, por auto de 4 de febrero de 2022, y se ordenó notificar al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y a la CONTRALORÍA GENERAL de dicho ente territorial . Durante el término de traslado se contestó el recurso, así:

4.3.1. EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Se opuso a las pretensiones de este recurso, por cuanto estimó que no se amenazaron ni se vulneraron derechos de carácter particular. Sustentó su petición en lo siguiente:

“[…] tal como lo señala el auto que resolvió la solicitud de aclaración interpuesta por el actor se determinó que no hay lugar a aclarar la sentencia de 30 de mayo de 2019, toda vez que no surge duda o confusión en la parte resolutiva de la sentencia (como lo exige el artículo 185 del CGP), frente a si debía o no reintegrarse el valor deducido en

9 Según los Acuerdos PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 y PCSJA20 -11567 de 5 de junio de 2020.14

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el acto administrativo acusado por concepto de prima de servicios y bonificación por servicios prestados, ya que de conformidad con las consideraciones de la sentencia ES CLARO QUE NO PROCEDÍA A FAVOR DEL DEMANDANTE EL PAGO DE DICHOS FACTORES SALARIALES, puesto que solo se reconocen a empleados de

que de conformidad con las consideraciones de la sentencia ES CLARO QUE NO PROCEDÍA A FAVOR DEL DEMANDANTE EL PAGO DE DICHOS FACTORES SALARIALES, puesto que solo se reconocen a empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional, condición que no ostentaba el señor Giovanni Francisco Pardo Cortina como empleado de la Contraloría General del Departamento del Atlántico […]”.

4.4. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado, manifestó que el recurso extraordinario no tiene vocación de prosperidad, por lo cual debe declararse infundado.

Indicó que de acuerdo con la competencia funcional establecida en el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez puede pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante y también sobre los aspectos que resulten inescindiblemente relacionados u otros que pueda resolver oficiosamente.

Afirmó que en el fallo de segunda instancia no se incurrió en la causal de nulidad alegada po r el recurrente, pues su pronunciamiento se ocupó de resolver los recursos de apelación de los entes accionados, que tenían como propósito la revocatoria de la sentencia condenatoria de primer grado.

Refirió que en virtud del principio de la non reformatio in pejus, el superior funcional no solo adquiere competencia para revisar el objeto de la apelación en lo desfavorable, sino que adquiere15

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competencia para pronunciarse sobre aspectos , oficiosamente,

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competencia para pronunciarse sobre aspectos , oficiosamente, tales como: i) la defensa de un orden jurídico justo y del Estado social de derecho, ii) caducidad, iii) la falta de legitimación en la causa y iv) la indebida escogencia de la acción, aunque no fueren parte de los argumentos del recurso de alzada.

Que en el caso sub-lite se tiene que la sentencia de primera instancia fue apelada por las entidades demandadas, por lo que la competencia de la Sala en segunda instancia estaba determinada por los argumentos expuestos en el recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y lo consustancial a ellos.

Identificó que, de acuerdo con lo señalado en el fallo de segund o grado, los recursos de apelación en contra de la sentencia de 4 de mayo de 2011, del Tribunal Administrativo del Atlántico, se centraron en aspectos de la competencia de las entidades accionadas en relación con los reclamos del actor.

Afirmó que la congruencia vista en “el contexto de la competencia del fallador de segunda instancia, al resolver la apelación con apelante único, implica entonces la posibilidad de emitir o no pronunciamiento en relación con aspectos no planteados directa o expresamente en el recurso de alzada”.16

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directa o expresamente en el recurso de alzada”.16

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De acuerdo con ello, la congruencia en la decisión del recur so de apelación comporta la posibilidad del fallador de pronunciarse sobre las razones expresas de la apelación, empero también sobre aspectos consustanciales a aquellas, sin perjuicio de las cuestiones que de oficio se deban dirimir para producir un fallo que sea justo y en pleno derecho.

Bajo estos argumentos , reiteró que la sentencia cuestionada no incurrió en la causal de nulidad alegada por el recurrente, pues no vulneró el principio del debido proceso ni la regla procesal de congruencia, dado que el ad quem tenía plena competencia para pronunciarse sobre todos los tópicos de la condena , pues , a su juicio, los recursos de apelación controvirtieron la totalidad de la sentencia condenatoria.

De este modo, el reintegro de los valores deducidos en el artículo segundo de la Resolución 000068 de 3 de febrero de 2004, esto es, la bonificación por servicios prestados, la prima de servicio y la prima de navidad, representa ban un tema de análisis que podía adelantar el Consejo de Estado, porque tenía la atri bución para resolver la controversia conforme al ordenamiento jurídico aplicable, sin que allí, como lo asevera el recurrente, estuviera limitado por los argumentos de la apelación.17

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limitado por los argumentos de la apelación.17

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Es decir, el juez de segunda instancia, teniendo en cuenta la plena competencia para resolver la apelación, bien p odía armonizar la proposición jurídica bajo la cual decidir el litigio.

Por lo demás, no encontró que el Consejo de Estado se hubiese pronunciado, en la parte resolutiva de la sentencia censurada, sobre la legalid ad o ilegalidad de los actos administrativos de reconocimiento administrativo de la prima de servicios o de la bonificación por servicios prestados; tan solo no halló viable la prosperidad de la pretensión número nueve (9) de la demanda, en lo relativo al reintegro de los valores cuya orden de descuento se dispuso por la administración en cuanto a dichas prestaciones económicas.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 Competencia de la Sala

En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y los jueces administrativos.18

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Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo 249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del re curso extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo 249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del re curso extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.

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