CE - 110010315000202100179011SENTENCIA20230418144521

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-00179-01

Accionantes: JOSÉ CAYETANO HERNÁNDEZ CASTRO Y OTROS

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se revoca el fallo impugnado – la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de procedibilidad atinente a la relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante, coadyuvada por la vinculada Shirley María Benítez, en contra del fallo de tutela de 11 de marzo de 2021, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano José Cayetano Hernández Castro, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años M.J.H.B., B.P.H.B. y G.P.H.B.1, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la «[…] protección especial de las personas con discapacidad, al

en representación de sus hijos menores de 18 años M.J.H.B., B.P.H.B. y G.P.H.B.1, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la «[…] protección especial de las personas con discapacidad, al mínimo vital de los menores de edad, a la seguridad social de las personas discapacitadas, al principio de unidad de ordenamiento jurídico de la posición de garante del Estado frente al incumplimien to de las obligaciones de las entidades encargadas de prestar los servicios de seguridad social […]», cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 6 de noviembre de 2019 y de 27 de noviembre de 2020, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-43-063-2018-00378-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

1 La Sala se abstiene de revelar los nombres completos de los menores de 18 años.2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-00179-01

Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

2.1. Afirmó que el 25 de julio de 2005 fue sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica Santa María de Sincelejo, procedimiento médico en el que le suministraron

2.1. Afirmó que el 25 de julio de 2005 fue sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica Santa María de Sincelejo, procedimiento médico en el que le suministraron anestesia por vía epidural causándole una lesión consistente en «[…] mielopatía del cono medular […]». Esa lesión le dejó como secuelas la pérdida de la movilidad y sensibilidad de los miembros inferiores, pérdida del control de esfínteres anal, incontinencia urinaria y disfunción eréctil, entre otros.

2.2. Comentó que, por lo anterior, el “Juzgado Primero Laboral del Circuito de Sincelejo”, mediante sentencia de 1° de abril de 2011, condenó a la sociedad Humana Vivir S.A. EPS y a la IPS Previmedic S.A. , solidariamente, a pagarle la suma de $232.319.123.75, por concepto de indemnización por los perjuicios que le fueron causados por la intervención quirúrgica. Decisión que fue confirmada por l a “Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Marta”.

2.3. Indicó que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante Resolución No. 806 de 14 de mayo de 2013 , ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa para liquidar a la sociedad Humana Vivir S.A. EPS.

2.4. Sostuvo que, e n el trámite de la liquidación de la sociedad Humana Vivir S.A. EPS, presentó oportunamente solicitud del pago de su acreencia por un valor de $243.047.265.00.

2.4. Sostuvo que, e n el trámite de la liquidación de la sociedad Humana Vivir S.A. EPS, presentó oportunamente solicitud del pago de su acreencia por un valor de $243.047.265.00.

2.5. Relató que , mediante Resolución No. 007 de 13 de abril de 2015 , el agente liquidador, entre otros asuntos, reconoció su acreencia y calificó su crédito como de quinta categoría. Posteriormente, se expidió la Resolución No. 015 de 11 de abril de 2016, por medio de la cual se declaró el desequilibrio financiero de la sociedad Humana Vivir S.A.S. en Liquidación, al considerar que era imposible efectuar el pago de lo adeudado con la masa liquidatoria.

2.6. Adujo que presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud , con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios causados como consecuencia del no pago de la sentencia condenatoria que fue proferida dentro del proceso ordinario laboral en mención.

2.7. El conocimiento del referido proceso le correspondió al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá, despacho judicial que, en sentencia de 6 de noviembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que si bien se adelantó la intervención forz osa de la EPS Humana Vivir S.A. por orden de la Superintendencia Nacional de Salud, ese trámite no tuvo ninguna injerencia con la falta de pago de las condenas, «[…] pues estos solo fueron de carácter administrativo, más no frente al manejo de recursos que componían la masa

de la Superintendencia Nacional de Salud, ese trámite no tuvo ninguna injerencia con la falta de pago de las condenas, «[…] pues estos solo fueron de carácter administrativo, más no frente al manejo de recursos que componían la masa liquidatoria y las acreencias de la liquidada […]».3

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Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

2.8. Inconforme con lo anterior, interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, mediante sentencia de 27 de noviembre de 2020 , mediante la cual confirmó en su integridad la decisión de primera instancia.

2.9. Manifestó que la anterior decisión vulnera sus derechos fundamentales porque se desconoció su condición de sujeto de especial protección por ser una persona en situación de discapacidad 2 y la posición de g arante del Estado . Al respecto, explicó lo siguiente:

[…] Al tenor de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derecho Internacional, soy un sujeto de protección constitucional reforzada, calidad adquirida por las fallas del mismo sistema de seguridad social colombiano que, como ya lo he dicho, me convirtieron en un discapacitado. No resulta ni lógico ni constitucional, ni justo ni equitativo que un sistema de seguridad social —que funcionó deficientemente y que generó un perjuicio por el cual fueron condenadas las instituciones prestadoras de los servicios de salud — con simpleza, eluda el pago de la indemnización por cuanto entraron en un proceso de liquidación la EPS y la IPS y el crédito fue calificado dentro de la 5ª categoría.

condenadas las instituciones prestadoras de los servicios de salud — con simpleza, eluda el pago de la indemnización por cuanto entraron en un proceso de liquidación la EPS y la IPS y el crédito fue calificado dentro de la 5ª categoría. No alcanzó la plata… lo sentimos […].

2.10. Afirmó que en las autoridades accionadas en las sentencias acusad as se limitaron a desarrollar un estudio académico y exegético de las disposiciones legales que, según el criterio de los fallado res, exoneran al Estado de pagar los perjuicios que se le ocasionaron por el Sistema de Seguridad Social de Colombia, «[…] con el argumento de que ni la Superintendencia ni el Ministerio de Salud tienen la obligación de pagar las sentencias judiciales que no son pagadas por las EPS e IPS liquidadas […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] De manera respetuosa solicito al juez constitucional de tutela, proteja mis derechos vulnerados por las providencias aludidas por cuanto son una evidente vía de hecho y en su lugar se declare que: (i) El Estado nunca se ha desprendido de su responsabilidad po r los hechos dolosos o culposos que las EPS o IPS causen a sus afiliados y que, en caso de que éstos no asuman efectivamente tal responsabilidad, ésta recae nuevamente en cabeza del Estado. (ii) En consecuencia se declare que; La Nación, Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia de Salud, son solidariamente responsables en el pago de las condenas derivadas de las sentencias que resultaron impagadas por liquidación tanto de EPS como de IPS; y (iii) Se dejen sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso identificado en la referencia,

condenas derivadas de las sentencias que resultaron impagadas por liquidación tanto de EPS como de IPS; y (iii) Se dejen sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso identificado en la referencia, por las cuales se resolvió desfavorablemente mi reclamación para que dichas entidades asumieran el pago de las condenas contenidas en la reclamación que legítimamente adelanté y gané ante la Jurisdicción Laboral […].

2 Sentencia T-933 del 2013; T-575 de 2007; T-310 de 2016.4

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Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 16 de febrero de 2021 , admitió la acción de tutela de la referencia, asimismo, vinculó «[…] a la Nación - Ministerio de Salud y de la Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la

señora Shirley María Benítez […]».

5. Mediante auto de 25 de marzo de 20213, la magistrada de la Sección Quinta del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso concedió la impugnación interpuesta por el aquí actor.

6. Posteriormente, y mediante acta de reparto de 10 de marzo de 20234, el presente expediente fue asignado al Despacho a cargo del consejero que actúa co mo ponente en esta providencia, el cual fue efectivamente remitido el día 13 de ese mismo mes y año5.

expediente fue asignado al Despacho a cargo del consejero que actúa co mo ponente en esta providencia, el cual fue efectivamente remitido el día 13 de ese mismo mes y año5.

V. INTERVENCIONES

7. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se

advierte que se allegó el siguiente informe:

7.1. La Juez Sesenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá rindió informe en el que advirtió que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, habida cuenta que la decisión que profirió se fundamentó «[…] en todas y cada una de las pruebas aport adas al expediente y atendiendo la normatividad y las disposiciones jurisprudenciales que rigen a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa […]».

VI. EL FALLO IMPUGNADO

8. Mediante fallo de tutela de 11 de marzo de 2021, la Sección Quinta del Consejo de Estado resolvió negar el amparo deprecado por la parte actora, luego de

considerar, en síntesis, lo siguiente:

[…] 59. Ahora bien, en su escrito de tutela el accionante indicó que el referido defecto sustantivo se configuró ya que la autoridad judicial accionada dio una aplicación exegética y académica de las normas que exoneran al Ministerio y Superintendencia de Salud de pagar los perjuicios que se le ocasionaron.

60. En ese sentido, si bien es cierto que la autoridad judicial accionada hizo un análisis detallado de todas las disposiciones legales que rigen la materia, como se evidenció anteriormente, en el escrito de tutela el actor no identificó ninguna

60. En ese sentido, si bien es cierto que la autoridad judicial accionada hizo un análisis detallado de todas las disposiciones legales que rigen la materia, como se evidenció anteriormente, en el escrito de tutela el actor no identificó ninguna norma como desconocida o indebidamente interpretada para sustentar el defecto sustantivo, ni tampoco explicó las razones consistentes en la supuesta vulneración en la que incurrió el Tribunal accionado, no cumpliendo así con la

3 Índice 23 del aplicativo Samai. 4 Índice 2 del aplicativo Samai 5 Índice 2 del aplicativo Samai5

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Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

carga mínima requerida para proceder a su estudio, motivo por el cual el yerro será negado.

61. Por otro lado y contrario a lo afirmado por accionante, no se desconoció su condición de discapacidad pues frente al punto en la sentencia acusada se expuso que, se encontraba probado que mediante sentencia del 1° de abril de 2011 el Juzgado Primero La boral del Circuito de Sincelejo condenó a la sociedad Humana Vivir S.A. EPS y a la IPS Previmedic S.A. a pagar solidariamente al señor José Cayetano Hernández la suma de $232.319.123.75, por concepto de indemnización de los perjuicios que le fueron causados en una intervención quirúrgica, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Descongestión Laboral de Santa Marta el 30 de abril de 2013. No obstante lo anterior, el Tribunal accionado manifestó que no era posible

causados en una intervención quirúrgica, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Descongestión Laboral de Santa Marta el 30 de abril de 2013. No obstante lo anterior, el Tribunal accionado manifestó que no era posible conceder las pretensiones de la demanda ya que no se encontraba probado el daño antijuridico alegado por las siguientes razones que se sintetizan a continuación: i) de conformidad con las normativas que gobiernan el proceso de liquidación, la Superintendencia Nacional de Salud está facultada p ara administrar y liquidar las entidades vigiladas, bajo el procedimiento del artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993, ii) los actos administrativos del liquidador que decidan lo relativo a la calificación o graduación de créditos, gozan de presunción de legalidad, y su inconformidad frente a los mismos debe ser dirimida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, iii) el liquidador tiene el deber de establecer si es procedente realizar el pago parcial o total de los créditos a cargo de la masa de la liquidación, y para ello debe acatar la prelación de pagos establecida por la ley y declarar el desequilibrio financiero del proceso de liquidación forzosa administrativa; iv) de conformidad con las normas que regulan las funciones tanto del Ministerio como de la Superintendencia de Salud no está la de asumir el pago de las acreencias que son presentadas en los procesos liquidatorios: v) el demandante contó con la posibilidad de exigir la totalidad de la obligación a la sociedad Previmedic IPS, “sin embargo, tampoco existe en elemento probatorio que permita conocer si ello ocurrió.”

62. Por lo expuesto el referido yerro no tiene la vocación de prosperar pues tal

totalidad de la obligación a la sociedad Previmedic IPS, “sin embargo, tampoco existe en elemento probatorio que permita conocer si ello ocurrió.”

62. Por lo expuesto el referido yerro no tiene la vocación de prosperar pues tal y como se explicó, la autoridad judicial accionada no descoció la condición de discapacidad del actor, simplemente del estudio de las normas relativas al procedimiento de liquidación y el marco normativo de las funciones de las entidades demandadas, concluyó que no se logró acreditar el daño antijuridico alegado […].

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, reiterando en líneas generales los argumentos expustos en el escrito inicial de tutela.

10. Adicionalmente, aclaró lo siguiente: «[...] nunca pretendí tutelar lo atinente a las costas procesales; sencillamente, utilicé ese argumento para demostrar lo ilógico del Derecho por cuanto, como lo he planteado a lo largo de todo el proceso y en la presente tutela, yo era un hombre sano, capacitado para el trabajo y velaba por mi familia, tenía una vida de pareja plena y por una falla en la prestación de los Servicios de Seguridad Social, quedé discapacitado. Debido a lo anterior, demandé a las entidades responsables de esta situación y gané el proceso obteniendo una condena en dinero para hacer más llevadera mi situación [...]». Sin embargo, «[...] las referidas instituciones entraron en proceso de liquidación y no se me pagó el dinero compensatorio que me correspondía [...]».6

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Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

dinero compensatorio que me correspondía [...]».6

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Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

11. Adujo que el juez que conoce de una acción de tutela cuenta con amplias facultades, por lo que su análisis no debe estar centrado únicamente en las disposiciones legales, sino que «[...] tiene que hacer una valoración total de las normas constitucionales e incluso supraconstitucionales (tratados de derecho internacional, etc) para precisar el alcance de la estructuración de la vulneración de los derechos fundamenatles del accionante por vía de tutela [...]».

12. Anotó lo siguiente:

[...] es absolutamente injusto y contrario a la filosofia del Estado Social y Democrático de Derecho concluir, como se ha hecho por todas las instancias judiciales que han intervenido en mi caso, que por que no alcanzó el dinero para pagar mi indemnización por parte de las entidades particulares que se liquidaron, el Estado no tiene obligación alguna de asumir ese pago, por cuanto no existe norma alguna que le atribuya esa obligación “No le pagaron, ide malas!” parece leerse entre líneas en los fallos.

3°. Sin embargo, se ha desconocido sistemáticamente la posición de garante que tiene el Estado frente a los Derechos fundamentales de los ciudadanos en los temas referentes a la salud y Seguridad Social [...]

La sentencia recurrida afirma que no se ha desconocido la calidad de sujeto de protección constitucional reforzada, ni la de sujetos de especial protección constitucional de mis menores hijas. Debo aclarar el hecho de que se sepa por parte de los administradores de justicia que estoy discapacitado eso no significa

protección constitucional reforzada, ni la de sujetos de especial protección constitucional de mis menores hijas. Debo aclarar el hecho de que se sepa por parte de los administradores de justicia que estoy discapacitado eso no significa que estén amparando mi situación como tal, ni mucho menos brindándome el amparo constitucional que reclama mi condición especial y la de mis hijas.

[...]

Lo anterior implica que, comparativamente hablando, se justifica un tratamiento igual para los iguales y desigual para los desiguales. En principio, aceptemos que el Estado no tiene la obligación de asumir las deudas de las empresas privadas prestadoras de los servicios de salud. Sin embargo, mi caso no puede tratarse con el rasero de igualdad de todos los casos puesto que quedé discapacitado por el sistema de seguridad social nacional y fuera de eso, ese mismo sistema no me pagó la compensación dineraria por haberme lesionado de por vida y por haber arruinado mi existencia. En estas eventualidades surge la posición de garante del Estado y la obligación de bridarnos a los sujetos de especial protección constitucional y de protección constitucional reforzada un tratamiento diferente al del común de las personas y asumir la carga que tiene para garantizar nuestros derechos constitucionales fundamentales.

4°. Si no se le paga una indemnización a una persona completamente sana, indudablemente se le perjudica, pero no se afectan sus derechos fundamentales, en principio, puesto que puede seguir trabajando. Empero, si no se le paga una indemnización a una persona discapacitada, como es mi caso, se le niega la oportunidad de sacar adelante a su familia por cuanto no puede trabajar ni tiene vía alguna para compensar de otra forma la falta de ingresos

se le paga una indemnización a una persona discapacitada, como es mi caso, se le niega la oportunidad de sacar adelante a su familia por cuanto no puede trabajar ni tiene vía alguna para compensar de otra forma la falta de ingresos requeridos para atender la manutención personal y familiar. Nótese como las situaciones son diferentes y requieren diferente tratamiento constitucional [...].7

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Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

13. Igualmente, destacó que: «[...] si es posible buscar el pago de perjuicios a través de la acción de tutela como lo ha establecido la Honorable Corte Constitucional en sentencia T 179 de 2015 [...]».

14. Con fundamento en las anteriores premisas, la parte actora solicitó revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se accediera al amparo deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

15. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19916, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20157, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20178.

VIII.2. Problemas jurídicos

16. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante le atribuyó la

noviembre de 20178. VIII.2. Problemas jurídicos

16. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-43-063-2018-0037800/02, el presente análisis se centrará en determinar si en esta última providencia se incurrió en los defectos invocados, dado que es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis9.

17. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado10, la Sala debe establecer lo siguiente:

A) si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Si ello es así se deberá determinar:

B) Si la sentencia de 27 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 11001-33-43-063-2018-00378-02, vulneró los derechos fundamentales de la

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 7 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 7 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 8 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 9 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 10 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-00179-01

Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

parte actora, al haber confirmado la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

18. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 201211, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

20. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

21. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

22. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial12, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución13.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 12 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 13 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.

que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-00179-01

Accionante: José Cayetano Hernández Castro y otros

23. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»14 que se encaje en dichos parámetros.

24. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

25. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100125. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII