CE - 110010315000202101221001SENTENCIAFALLOPRIM20230530080208

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 12 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, veintinueve (29) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)

Demandante: LUIS ALFREDO CASTRO BARÓN

Demandado: GERMÁN ALCIDES BLANCO ÁLVAREZ

Medio de control: PÉRDIDA DE INVESTIDURA

Causal: VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE

INTERESES

Síntesis del caso: el señor Lu is Alfredo Castro Barón demandó la investidura del congresista Germán Alcides Blanco Álvarez con fundamento en la causal de violación del régimen de conflicto de intereses por considerar que actuó en calidad de integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (CIACR) pese a haber sido previamente recusado y tener supuesto interés en ocultar la comisión de conductas punibles.

Decide la Sala en primera instancia la solicitud de pérdida de investidura formulada por el señor Luis Alfredo Castro Barón en contra del representante a la Cámara señor Germán Alcides Blanco Álvarez.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 25 de marzo de 2021 (índice 1), el señor Lu is Alfredo Castro Barón demandó la investidura del representante a la Cámara señor Germán Alcides Blanco Álvarez1 con sustento en la causal de “violación del régimen de conflicto de

El 25 de marzo de 2021 (índice 1), el señor Lu is Alfredo Castro Barón demandó la investidura del representante a la Cámara señor Germán Alcides Blanco Álvarez1 con sustento en la causal de “violación del régimen de conflicto de intereses” prevista en el artículo 183 de la Constitución ; pese a que el escrito de demanda es abultadamente farragoso y contiene en forma descontextualizada diferentes imputaciones en contra de servidores y exservidores públicos de las distintas Ramas del Poder Público y de los organismos de control, la Sala extracta

1 Mediante escrito que luego sustituyó (índice 63) con el fin de subsanar los defectos advertidos en el auto inadmisorio (índice 9).2

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

los siguientes hechos y fundamentos relevantes acerca del contenido y sustento de la petición de pérdida de investidura elevada con la demanda:

1. El demandado fue elegido Representante a la Cámara para los períodos constitucionales 2014–2018 y 2018–2022; en el segundo de dichos períodos fue designado como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (CIACR).

1. El demandante fungió como empleado en la Personería Distrital de Bogotá donde afirma haber sido víctima de persecución laboral por parte del entonces personero Germán Varón Cotrino, a quien denunció por esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación; ante la supuesta inacción de este último ente

donde afirma haber sido víctima de persecución laboral por parte del entonces personero Germán Varón Cotrino, a quien denunció por esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación; ante la supuesta inacción de este último ente de control, el señor Castro Barón denunció al señor Alejandro Ordóñez Maldonado (Procurador General de la Nación para esa época) ante el Consejo de Estado para que lo investigara disciplinariamente, trámite que se radicó con el número 11001031500020140179400 y se archivó sin actuación alguna mediante providencia del 21 de febrero de 2014.

1. El señor Castro Barón formuló una denuncia penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representante s del Congreso de la República (CIACR) en contra de los Consejeros de Estado de la época Roberto Augusto Serrato Valdés, Jorge Octavio Ramírez Ramírez y Danilo Rojas Betancourth por el hecho de no haberle impartido trámite a su denuncia en contra del entonces Procurador General de la Nación, actuación que se tramitó con el número de radicación 4862; en el curso de la esa investigación, el demandante Luis Alfredo Castro Barón recusó a todos los miembros de la referida Comisión, incluido el aquí demandado, por considerar que aquellos y este último t enían interés en el resultado del proceso, pese a lo cual los integrantes de dicha Comisión profirieron resolución inhibitoria en favor de los exconsejeros de Estado investigados, sin apartarse del caso, con la finalidad de “tapar con el manto de la impunidad la desaparición forzada del sacerdote y capellán de la Universidad

Comisión profirieron resolución inhibitoria en favor de los exconsejeros de Estado investigados, sin apartarse del caso, con la finalidad de “tapar con el manto de la impunidad la desaparición forzada del sacerdote y capellán de la Universidad Javeriana Abel de Jesús Barahona Castro” (fl. 10 – índice 63).

1. A juicio del demandante , la causal de pérdida de investidura de violación del régimen legal de conflicto de intereses invocada se configuró por lo siguiente:3

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

a) La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tardó más de quince ( 15) meses en decidir el re curso de reposición que el demandante interpuso en contra del auto por el cual decidió inhibirse para investigar a los referidos consejeros de Estado en la citada investigación número 4862.

b) Existía enemistad grave entre el demandante y el demandado por razón de la denuncia penal que instauró el primero en contra del segundo por la “desaparición forzada y ejecución extrajudicial contra el suscrito en la modalidad de tentativa y contra el Sacerdote y Capellán de la Universidad Javeriana (…) cuya motivac ión fue el arrebatamiento de la finca El Carmen, hoy en manos del Estado” (fl. 11 – índice 63).

c) El congresista demandado actuó , a pesar de que había sido previamente recusado, en las siguientes investigaciones penales: (i) expediente 5024 en contra

índice 63).

c) El congresista demandado actuó , a pesar de que había sido previamente recusado, en las siguientes investigaciones penales: (i) expediente 5024 en contra del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya; (ii) expediente 4915 en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernando Salazar Otero, Éyder Patiño Cabrera, Fernando Alberto Castro Caballero y Eugenio Fernánd ez Carlier y, (iii) expediente 4863 en contra del expresidente Juan Manuel Santos Calderón, no obstante que el artículo 108 de la Ley 600 de 2000 dispone que la actuación penal se suspende con el escrito de recusación.

2. Contestación de la demanda

El congresista demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento en lo siguiente:

1. No obró con dolo ni culpa grave en ejercicio de sus funciones como integrante de la CIACR; el pleno de dicha Comisión no encontró sustento para la configuración de la causal de recusación invocada por el ahora demandante, por lo cual no fue considerada.

1. La Constitución y la ley asignan competencia a la CIACR para investigar las conductas de los aforados constitucionales y el demandante no probó q ue se hubieran ejercido dichas competencias en forma dolosa o gravemente culposa.4

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

1. La demanda no refiere cuál es el supuesto interés individual o subjetivo del demandado en las referidas actuaciones como integrante de la CIACR ni señala

Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

1. La demanda no refiere cuál es el supuesto interés individual o subjetivo del demandado en las referidas actuaciones como integrante de la CIACR ni señala el beneficio personal que el demandado esperaba obtener.

1. Respecto de lo ocurrido en la investigación identificada con el número de radicación 4862, el Representante investigador presentó ponencia de auto inhibitorio y este fue aprobado por la CIACR en pleno el 26 de marzo de 2018 por cuanto las denuncias carecían de fundamento de hecho y probatorio.

1. Los procesos penales promovidos por el ahora demandante se dirigieron a realizar múltiples denuncias y peticiones sin ningún fundamento legal con las cuales se afectó el trámite normal de las denuncias que correspondía conocer a la CIACR.

1. Las apreciaciones del demandante son caprichosas y malintencionadas, dirigidas a pervertir, calumniar y agredir a las autoridades judiciales, sin ningún sustento probatorio.

1. Las recusaciones promovidas por el ahora demandante y a cargo de la CIACR fueron resueltas y se declararon infundadas porque carecían de fundamento.

1. El demandado no ha sido autor de delitos de desaparición forzada, prevaricato, no tuvo interés alguno en los procesos a su cargo ni conoce a los interesados.

1. Las causales de inhabilidad son taxativas y de interpretación restringida, por lo cual el conflicto de intereses corre idéntica suerte; en este caso, no hay ningún comportamiento del congresista con trario a la ética ni en la demanda se

1. Las causales de inhabilidad son taxativas y de interpretación restringida, por lo cual el conflicto de intereses corre idéntica suerte; en este caso, no hay ningún comportamiento del congresista con trario a la ética ni en la demanda se formularon de manera concreta acusaciones sobre el presunto interés del demandado que, según se afirma, determinó su actuación.

1. El juicio de pérdida de investidura implica un análisis subjetivo respecto de la conducta del congresista y, por ende, para la prosperidad de la demanda debía alegarse y acreditarse el supuesto interés particular y concreto que le asistía al demandado y que obró para favorecerlo.5

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

3. Audiencia pública

El 24 de abril de 2023 se adelantó la audiencia de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018, en la cual la Sala 12 Especial de Decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado escuchó las conclusiones de las partes, quienes reiteraron los argumentos pl anteados en el curso del proceso (índice 212 SAMAI).

El demandante se refirió nuevamente a supuestos delitos de desaparición forzada y de despojo de tierras que, en su sentir, permiten advertir el interés indebido del demandado en las investigaciones penales que conoció como integrante de la CIACR; por su parte, la parte demandada adujo que no se aportó ninguna prueba

y de despojo de tierras que, en su sentir, permiten advertir el interés indebido del demandado en las investigaciones penales que conoció como integrante de la CIACR; por su parte, la parte demandada adujo que no se aportó ninguna prueba sobre el alegado interés y que la demanda se basa en múltiples y temerarias acusaciones que no lograron demostrarse, así como en hechos que no guardan relación con la causal invocada y sin la fuerz a suficiente para soportar un juicio ético en contra de un congresista. El Ministerio Público solicitó denegar las pretensiones de la demanda , por considerar que no se presentó ninguna evidencia del supuesto interés del congresista demandado en los asunto s a su cargo como integrante del CIACR.

II. CONSIDERACIONES

Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala en primera instancia la solicitud de pérdida de investidura, para lo cual seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, (ii) naturaleza jurídica y finalidad del medio de control de pérdida de investidura de congresistas (iii) contenido y alcance de la causal invocada, (iv) el caso concreto y, (v) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El solicitante pretende que se despoje de su investidura de congresista al Representante a la Cámara de Representantes del Congreso de la República, (quien fue elegido para los períodos constitucionales 2014-2018 y 2018 -2022)6

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)

(quien fue elegido para los períodos constitucionales 2014-2018 y 2018 -2022)6

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

Germán Alcides Blanco Álvarez por violación del régimen de conflicto de interés, por el hecho de haber tomado decisiones en investigaciones penales en la condición de integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en las que había sido previamente recusado por la supuesta finalidad de aquel de encubrir conductas punibles y de acoso cometidas por quienes eran investigados ; el demandado niega haber tenido cualquier tipo de interés en dichos asuntos y sostiene que obró sin dolo o culpa grave.

La Sala mantendrá la investidura del demandado , porque no se acredit aron los supuestos fácticos de la demanda ni su interés en las decisiones que estuvieron a su cargo como integrante de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.

2. Naturaleza jurídica y finalidad del medio de control de pérdida de investidura de congresistas

1. La acción pública de pérdida de investidura puede ser ejercida por cualquier ciudadano como expresión del derecho fundamental de participación democrática en el control del ejercicio del poder político establecido en el artículo 40 de la Carta y su trámite en dos instancias está actualmente regulado en la ley 1881 de 20182.

1. Según lo ha precisado la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo de Estado 4 se trata de una acción ciudadana conducente a hacer

y su trámite en dos instancias está actualmente regulado en la ley 1881 de 20182.

1. Según lo ha precisado la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional3 como del Consejo de Estado 4 se trata de una acción ciudadana conducente a hacer efectiva, a través de un proceso de orden jurisdiccional, una responsabilidad ética y disciplinaria de los congresistas por razón de la comisión o configuración de una cualquiera de las causales previstas para el efecto en la Constitución Política5.

2 Con antelación a este cuerpo normativo el trámite estaba consagrado en la Ley 144 de 1994 la cual fue expresa e integralmente derogada por el artículo 24 de la Ley 1881 de 2018.

3 Véanse, entre otras, las sentencias C-319 de 1994 y C-247 de 1995.

4 Véanse por ejemplo, las sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 30 de mayo de 2000, expediente AC -9877; 13 de febrero de 2001, expediente AC -11.946 y 20 de noviembre de 2001, expediente 2001-0130.

5 Aunque debe anotarse que, según e l entendimiento dado por la jurisprudencia, la causal del artículo 110 constitucional es aplicable a todos los miembros de las corporaciones de elección popular.7

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza disciplinaria de este medio de control, en los siguientes términos:

Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza disciplinaria de este medio de control, en los siguientes términos:

“Por razón de su naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida de la investidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinari o que castiga la transgresión al código de conducta intachable que los congresistas deben observar por razón del inapreciable valor social y político de la investidura que ostentan. Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carácter disciplina rio exige al congresista que incurriere en la comisión de unas de las conductas que el Constituyente erigió en causal de pérdida de la investidura, es perfectamente diferenciable y separable de la penal que la misma pudiere también originar, por haber incu rrido en un delito, independientemente de la acción penal.” (destaca la Sala).

En ese entendimiento también ha destacado el eminente carácter ético del juicio de desinvestidura de los congresistas y su finalidad encaminada a preservar la dignidad del cargo y de la corporación pública correspondiente:

“La Corte debe insistir en que las normas constitucionales sobre pérdida de investidura tienen un sentido eminentemente ético. Buscan preservar la dignidad del congresista y, aunque se refieran a conductas q ue puedan estar contempladas en la legislación como delictivas, su objeto no es el de imponer sanciones penales, sino el de castigar la vulneración del régimen disciplinario impuesto a los

conductas q ue puedan estar contempladas en la legislación como delictivas, su objeto no es el de imponer sanciones penales, sino el de castigar la vulneración del régimen disciplinario impuesto a los miembros del Congreso en razón de la función que desempeñan. Al congresista no se lo priva de su investidura inhabilitándolo para volver a ser elegido en tal condición, por el hecho de haber incurrido en un determinado hecho punible y menos como consecuencia de haber sido hallado penalmente responsable. Lo que el Consejo de Estado deduce en el curso del proceso correspondiente es la violación, por parte del implicado, de las normas especiales que lo obligan en cuanto miembro del Congreso. Se trata de un juicio y de una sanción que no están necesariamente ligados al proceso penal que, para los respectivos efectos, lleve a cabo la jurisdicción, pues la Constitución exige más al congresista que a las demás personas: no solamente está comprometido a no delinquir sino a observar una conducta especialmente pulcra y delicada que, si presenta manchas, así no sean constitutivas de delito, no es la adecuada a la dignidad del cargo ni a la disciplina que su ejercicio demanda.”6 (negrillas de la Sala).

1. Por su parte, el artículo 1º de la reciente Ley 1881 de 2018, la cual instauró la doble instancia en el proceso de pérdida de investidura, establece que este se corresponde con un juicio de tipo subjetivo y dispone, en forma expresa e inequívoca, la necesaria acreditación del dolo o culpa grave en la actuación del

6 Ibidem.8

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)

inequívoca, la necesaria acreditación del dolo o culpa grave en la actuación del

6 Ibidem.8

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

servidor como presupuesto para la prosperidad de este medio de control, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.

Se observará el principio del debido proceso, conforme al artículo 29 de la Constitución Política.

PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una de pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal.” (se resalta).

Sobre ese preciso punto, debe advertirse que aún antes de la entrada en vigencia de la referida ley, la Corte Constitucional7 ya había enfatizado en la necesidad de que se encuentre acreditada la culpa o el dolo del congresista para que prospere

Sobre ese preciso punto, debe advertirse que aún antes de la entrada en vigencia de la referida ley, la Corte Constitucional7 ya había enfatizado en la necesidad de que se encuentre acreditada la culpa o el dolo del congresista para que prospere el juicio de pérdida de investidura , sobre la consideración de que imponer tan grave sanción sin acreditación del elemento subjetivo se ría contrario a las garantías fundamentales por tratarse de un juicio de carácter punitivo y que por tanto la responsabilidad que en este se decide no puede ser de carácter objetivo, lo cual explicitó en los siguientes términos:

“(viii) El análisis de re sponsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios sancionatorios, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta típica, antijurídica y culpable.

(ix) Una sentencia proferida en un proceso de pérdida de investidura, incurre en un defecto sustantivo, cuando sanciona a un Rep resentante a la Cámara sin analizar si su conducta se produjo con culpa o dolo.”.

3. Contenido y alcance de la causal invocada

1. Si bien el texto de la demanda no es precisamente un modelo de técnica jurídica, es lo cierto también que la petición cumple en lo esencial con la s

7 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016.9

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI)

Actor: Luis Alfredo Castro Barón

7 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016.9

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

exigencias básicas que sobre el particular consagra el literal c) del artículo 5 de la Ley 1881 de 2018 , en el sentido de que el actor fundamenta la petición de pérdida de investidura del congresista demandado en la causal conflicto de intereses prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política en los siguientes términos:

“Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses (…).” (se resalta).

1. El artículo 182 Superior dispone que los congresistas, en forma obligatoria, deben informar a la respectiva Cámara aquellos conflictos de carácter moral o económico que tengan la virtualidad de inhibir su participación en determinados

asuntos:

"Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de intereses y las recusaciones. "

1. La Ley 2003 de 2019 “por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones” , reglamentó la referida obligación de los congresistas de declarar los conflictos de interés para aquellos eventos en los que

1. La Ley 2003 de 2019 “por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones” , reglamentó la referida obligación de los congresistas de declarar los conflictos de interés para aquellos eventos en los que un proyecto de ley o de acto legislativo pueda re presentarles un beneficio particular, actual y directo, de igual manera, definió los elementos que configuran dichos conflictos en el ejercicio de la función legislativa; sin embargo, para el caso preciso del ejercicio de funciones judiciales la norma remite a las disposiciones especiales que regulan ese tipo de investigaciones, en los siguientes términos:

“Artículo 1. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así: Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación d e un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones10

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés p articular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regu la un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regu la un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.

Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.

PARÁGRAFO 1o. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los congresistas cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y votación del proyecto.

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de funciones judiciales, disciplinarias o fiscales de los congresistas, sobre conflicto de interés se aplicará la norma especial que rige ese tipo de investigación.

PARÁGRAFO 3o. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para todos y cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5 de 1992.” (destaca la Sala).

1. De conformidad con lo expuesto, cuando se cuestiona el supuesto interés de un congresista en asunto s en los cuales participa en el ejercicio de funciones11

Expediente: 11001-03-15-000-2021-01221-00 (PI) Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

judiciales de investigación, como ocurre en el presente caso, la norma legal remite

Actor: Luis Alfredo Castro Barón Pérdida de investidura – sentencia de primera instancia

judiciales de investigación, como ocurre en el presente caso, la norma legal remite a las disposiciones especiales que rigen el ejercicio de estas competencias ; con todo, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Código de Procedimiento Penal aplicable (Ley 600 de 2000) únicamente regulan el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero, no definen ni delimitan en forma expresa el conflicto de interés8, por lo cual debe acudirse al alcance que la jurisprudencia ha otorgado a la referida causal de pérdida de investidura, aspecto sobre el cual es relevante observar lo siguiente:

a) Dispone el artículo 133 de la Constitución Política que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa “representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común” 9, lo cual pone en evidencia que no les está autorizado anteponer frente a tan altos valores y cometidos estatales sus propios intereses o los de algunas otras personas cercanas a ellos, como por ejemplo por razón de parentesco, matrimonio o unión permanente, o de sociedad, etc; por el contrario, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 6 constitucional, en su condición de servidores públicos tan solo pueden hacer aquello que expresamente les está autorizado en la Constitución y en la ley y en la forma en ellas mismas preestablecida, tal como lo ordena el artículo 3 de la Constitución, so pena de responsabilidad por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, corroborado ello por lo dispuesto en el inciso final del artículo 133 de la Constitución en cua nto determina que el elegido es responsable políticamente

so pena de responsabilidad por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, corroborado ello por lo dispuesto en el inciso final del artículo 133 de la Constitución en cua nto determina que el elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura, todo ello aunado al desarrollo legal existente sobre la materia.

8 Por su parte, las normas de l Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) son aplic able