CE - 110010315000202105727011SENTENCIASENTENCIA20220526172910

Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

Demandante: Óscar Adenis Arévalo Mosquera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2021-05727-01

Demandante ÓSCAR ADENIS ARÉVALO MOSQUERA

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas Acción de tutela contra provid encia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Retiro del servicio por disminución de capacidad psicofísica. Defecto sustantivo y por desconocimiento de precedente. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por Óscar Adenis Arévalo Mosquera , contra la sentencia del 22 de octubre de 2021 , proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que dispuso: “PRIMERO. DECLÁRASE improcedente la solicitud de tutela de Oscar Adenis Arévalo Mosquera contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 27 de agosto de 20211, a través de apoderado , Óscar Adenis Arévalo Mosquera interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 27 de agosto de 20211, a través de apoderado , Óscar Adenis Arévalo Mosquera interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, salud, trabajo y estabilidad laboral reforzada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERA: Se ampare el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, LA IGUALDAD, AL TRABAJO, A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, que se le violaron al PT. AREVALO (SIC) MOSQUERA OSCAR (SIC) ADENIS, con la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso de nuli dad y restablecimiento del derecho radicado con el No. 76001333300720150025001.

SEGUNDA: Se le garantice al PT. AREVALO (SIC) MSOQUERA (SIC), el disfrute de los DERECHOS HUMANOS como la protección del DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, en relación con su empleo en la Policía Nacional y la no discriminación por su disminución de la capacidad laboral, derecho y garantías violentado por el fallo de segunda instancia radicado 76001333300720150025001.

TERCERA: SE ORDENE A LA ACCIONADA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO V ALLE DEL CAUCA, proferir nueva sentencia de segunda instancia con fundamento y garantía de los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, LA CONSTITUCIONALIDAD, se tenga en cuenta los convenios y acuerdo de orden internacional, que en la condición de disminución de capacidad laboral, protegen al Patrullero por la discriminación a la que fue sometido con la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal administrativo del

tenga en cuenta los convenios y acuerdo de orden internacional, que en la condición de disminución de capacidad laboral, protegen al Patrullero por la discriminación a la que fue sometido con la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal administrativo del

1 Índice 2 Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho rad icado con el No. 76001333300720150025001.”

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Óscar Adenis Arévalo Mosquera , estando en servicio como patrullero de la Policía Nacional, sufrió una lesión consistente en el aplastamiento del dedo 4 de la mano derecha.

Por tal razón, s e le practicó Junta Médico Laboral, que por Acta No. 180 del 24 de octubre de 2013 le dictaminó una disminución de la capacidad laboral del 28.33%. Resultado de l recurso presentado, el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía en Acta Nro. TML 14 -0055 MDNSG-TML-41.1 del 23 de diciembre de 2014, modificó la decisión de la Junta Médico Lab oral, lo declaró no apto para el servicio y sin concepto favorable para reubicación laboral. Como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolución Nro. 00827 del 17

diciembre de 2014, modificó la decisión de la Junta Médico Lab oral, lo declaró no apto para el servicio y sin concepto favorable para reubicación laboral. Como consecuencia de lo anterior, mediante la Resolución Nro. 00827 del 17 de marzo de 2015, fue retirado del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica. 2.2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, pretendiendo la nulidad del Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión y de la resolución por medio de la cual fue retirado. A título de restablecimiento del derecho solicitó su reintegro al cargo que ocupaba y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. 2.3. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que mediante sentencia del 6 de marzo de 2020 (i) se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo respecto del Acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía ; y (ii) declaró la n ulidad de la Resolución No. 00827 del 17 de marzo de 2015 , por la cual se retiró al señor Óscar Adenis Arévalo Mosquera del servicio activo por disminución de la capacidad psicofísica. A título de restablecimiento del derecho, el Juzgado ordenó su reinteg ro al mismo cargo en labores administrativas, de docencia o de instrucción, que se acompasaran con su capacidad psicofísica, además del pago de salari os y prestaciones dejados de percibir. La decisión fue apelada por la entidad demandada.

mismo cargo en labores administrativas, de docencia o de instrucción, que se acompasaran con su capacidad psicofísica, además del pago de salari os y prestaciones dejados de percibir. La decisión fue apelada por la entidad demandada. 2.4. Mediante sentencia del 30 de junio de 2021, el Tribunal Administrati vo del Valle del Cauca revoc ó la decisión del Juzgado, y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. El a quem consideró que el acto de retiro no adolecía de ningún vicio que afectara su legalidad porque el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía realizó estudio de la condición sicofísica del patrullero ,Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 concluyendo que, en atención a su afección médica y a que las capacitaciones aportadas son para realizar labores de carácter operativo y no administrativas o de docente, no era procedente su reubicación laboral dentro de la Policía Nacional. La sentencia se notificó por correo electrónico el 27 de julio de 20212.

3. Fundamentos de la acción La parte actora ale ga la configuración del defecto por desconocimiento del precedente por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque para decidir su proceso, desconoció decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que en casos como el suyo ha señalado que se tiene una estab ilidad laboral reforzada y que la disminución de capacidad psicofísica no comporta como

decidir su proceso, desconoció decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que en casos como el suyo ha señalado que se tiene una estab ilidad laboral reforzada y que la disminución de capacidad psicofísica no comporta como primera medida el retiro del servicio, sino la reubicación en la institución en labores administrativas, de instrucción o de docencia. Precisó que la causal de retiro del servicio por disminución de la capacidad psicofísica, consagrada en el numeral 3º del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000, fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-381 de 2005, sin embargo, precisó que si bien es imperioso propender que la Policía cuente con personal idóneo para lograr su cometido constitucional, las personas que tienen algún tipo de disminución p sicofísica pueden llegar a ser aptas para efectos del desempeño de otras labores propias de esa Institución y distintas de las meramente policiales (cita ampliamente apartes de esa sentencia). Mencionó la sentencia T-499 de 2020, en la que se reitera la regla señalada en la sentencia C -381 de 2005, según la cual, una persona podrá ser retirada de la Policía Nacional, solo después de realizada la valoración correspondiente por parte de la Junta Médica y/o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y siempre que se concluya de manera objetiva y sustentada que la persona no tiene capacidad alguna aprovechable para otras labores. Indicó que el Tribunal accion ado también desconoció la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 1 º de diciembre de 2016, con Radicado Nro.

persona no tiene capacidad alguna aprovechable para otras labores. Indicó que el Tribunal accion ado también desconoció la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 1 º de diciembre de 2016, con Radicado Nro. 68001-23-31-000-2010-00220-01(2122-13), CP. César Palomino Cortes.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 10 de septiembre de 2021 se admitió la acción de tutela por el despacho sustanciador de primera instancia , que dispuso notificar a las partes, al igual que vincular, como tercero con interés, a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2015-00250-01. 4.2. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional, se pronunció por intermedio del jefe área jurídica de la Secretaría General.

Considera que la parte actora alega que se inobservó el precedente jurisprudencial respecto de la estabilidad laboral reforzada para los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, pero, no explica si el mismo es aplicable a su caso en particular. Agregó que no basta con citar sentencias ,

2 Expediente digitalizado del proceso ordinario que se ve a índice 10 Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

Demandante: Óscar Adenis Arévalo Mosquera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 sino que es necesario señalar que se encuentra en las mismas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 sino que es necesario señalar que se encuentra en las mismas circunstancias fácticas de los asuntos decididos en ellas, y esa f alta de claridad para mostrar que se trata de casos similares al suyo, implica la improcedencia de la acción de tutela. Y que, en todo caso, lo cierto es que existe una clara justificación por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para negar las pretension es del accionante, p orque nunca se acreditó en el plenario que el actor poseía capacidad residual para ejercer labores distintas las operativas , tampoco se logró desestimar el dictamen proferido por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Polic ía, por tanto, los fundamentos de la resolución de retiro siguen vigentes. Informó, y aportó prueba de ello, que en la actualidad el actor aparece afiliado como aportante a la EPS Sanitas, por lo tanto , tiene cubierto y garantizado su derecho a la atención en salud. Finalmente solicitó que no se concedan las pretensiones del accionante, toda vez que no se vislumbra la existencia de vulneración de sus derechos fundamentales. 4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , pese a haber sido notificado, guardó silencio.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia del 22 de octubre de 2021 , la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.

Como sustento de esa decisión, anotó que en la providencia cuestionada se negaron las pretensiones del actor “por la desvinculación de su cargo, como

Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela. Como sustento de esa decisión, anotó que en la providencia cuestionada se negaron las pretensiones del actor “por la desvinculación de su cargo, como consecuencia de la incapacidad relativa y permanente determinada por el Tribunal Médico Laboral de Revisió n Militar y de Policía, porque se demostró que esa autoridad sí realizó un estudio concreto de la condición psicofísica del solicitante que le permitió concluir que, por su afectación médica no era apto para el servicio y no había lugar a recomendar su reu bicación en labores administrativas, de docencia y de instrucción en la Policía Nacional, ya que no contaba con la formación académica suficiente para desempeñarse en otra labor distinta a la operativa”. Luego, dijo que “la tutela contra providencia judicial tiene un carácter excepcional, por ello, no le corresponde al juez del amparo revisar, ni evaluar la interpretación y el alcance dado por el juez natural del asunto a los preceptos aplicados al resolver la controversia. Este recurso judicial tampoco constituye una instancia adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o para que la parte desfavorecida por una decisión proponga “una mejor solución” al caso. Como no se a dvierte que las decisiones cuestionadas sean caprichosas o arbitrarias y los argumentos expuestos por el solicitante están encaminados a volver sobre la controversia decidida por los jueces naturales, la tutela es improcedente”.

6. Impugnación La parte ac tora impugnó la decisión de primera instancia, para que se revoque y,

por el solicitante están encaminados a volver sobre la controversia decidida por los jueces naturales, la tutela es improcedente”.

6. Impugnación La parte ac tora impugnó la decisión de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

Demandante: Óscar Adenis Arévalo Mosquera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Argumentó que resulta grave que el juez de tutela “se convierta en cómplice, al dar un trato desproporcionado gravoso para el personal de la Policía Nacional, pues en la demanda de tutela se allegó el precedente que justifica respecto a estabilidad laboral reforzada y por lo tanto las personas discapacitadas son sujetos de especial protección cons titucional conforme reiterada jurisprudencia”. Insistió en que se deben tutelar sus derechos fundamentales “como bien lo hizo el Juzgador de primer grado en su sentencia ” en el proceso ordinario, “donde concedió las pretensiones (sic) constitucional del derecho a la estabilidad laboral reforzada”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Si n

para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Si n embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso.

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinario s y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trat e de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defec to procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

Demandante: Óscar Adenis Arévalo Mosquera

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

Demandante: Óscar Adenis Arévalo Mosquera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico 3.1. Previo a plantear el problema jurídico, y teniendo en cuenta que el a quo constitucional determinó la improcedencia de la acción de tutela al considerar que no es el escenario para volver sobre la controversia decidida por el juez natural ni constituye una instancia adici onal al proceso ordinario, la Sala se referirá a este requisito.

Para el análisis del requisito de relevancia constitucional por instancia adicional, esta Sala ha estimado, entre otros criterios, que es posible acudir al contraste o confrontación de los argumentos que se exponen en el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia en el respectivo proceso ordinario y los fundamentos de la demanda de tutela7, a fin de establecer si el mecanismo constitucional es usado con el fin de prolongar la discusión sobre aspectos ya resueltos por el juez natural. En el caso concreto , encuentra la Sala que la decisión de primera instancia

mecanismo constitucional es usado con el fin de prolongar la discusión sobre aspectos ya resueltos por el juez natural. En el caso concreto , encuentra la Sala que la decisión de primera instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue favorable a las pr etensiones de l señor Óscar Adenis Arévalo Mosquera , y que, fue la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional quien apeló la decisión, por lo que, en ese contexto, no podría argumentarse una reiteración de argumentos, o que la acción de tutela se haya tomado como una instancia adicional. Como consecuencia de la declaratoria de improcedencia, la sentencia de tutela de primera no hizo mención alguna a las sentencias que la parte actora alegó como precedentes desconocido s, y pese a que el tutelante no haya dicho que esas providencias definieron casos similares al suyo, considera la Sala que tal omisión no impide al juez de tutela verificar esa situación , máxime que la parte actora afirma que el Tribunal accionado no acogi ó las precisiones hechas por la Corte Constitucional en la sentencia C -381 de 2005 y, en particular, asegura que no tuvo en cuenta sentencia del 1º de diciembre de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado. 3.2. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala establecer si, como lo sostiene el actor, en la sentencia de segunda instancia del 30 de junio de 2021, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nro. 76001-33-33-007-2015-00250-01, mediante la cual el Trib unal Administrativo del Valle del Cauca revocó decisión de primera instancia y

en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nro. 76001-33-33-007-2015-00250-01, mediante la cual el Trib unal Administrativo del Valle del Cauca revocó decisión de primera instancia y negó las súplicas de la demanda, se incurrió en defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente.

7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de tutela del 19 de agosto de 2021. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2021-03795-00. Magistrado ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

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4. Alcance del defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente.

Análisis en el caso concreto 4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.

Según la jurisprudencia constitucional 8, el defecto sustantivo se presenta, entre otras razones, cuando: (i) la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d) ha sido declarada

entre otras razones, cuando: (i) la decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente, b) ha perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemp lo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador; y ii) pese a la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes o cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial.

De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado este defecto se produce cuando el juez toma una decisión co n fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso, lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión 9. E igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación

incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente. En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación inadecuada puede considerarse v ulneradora del derecho al debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.

En atención a lo anterior, si bien el juez ordinario goza de autonomía e independencia para interpretar y aplicar las disposiciones del or denamiento jurídico, el ejercicio de estas potestades no puede ser caprichoso. 4.2. El defecto por desconocimiento del precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano.

8 Ver entre otras sentencias SU-448 de 2011 y SU-573 de 2017. 9 Sentencia SU-159 de 2002 proferida por la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2021-05727-01

Demandante: Óscar Adenis Arévalo Mosquera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial implica que10, “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con

www.consejodeestado.gov.co 8 La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial implica que10, “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucio nado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. Para la Sala 11, puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente; (iii) que la decisión jud icial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante. Finalmente, debe decirse que e l desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii) cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata de sentencias de unificación.

sentencias de constitucionalidad y/o (ii) cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata de sentencias de unificación. 4.3. De la revisión de la providencia cuestionada, al confrontarla con l as pautas señaladas en la sentencia C-381 de 2005, que declaró exequible el numeral 3º del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000 12, para la desvinculación del servicio activo por disminución de capacidad psicofísica, no encuentra la Sala que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca las haya desconocido , ni mucho menos lo que concierne a la protección laboral reforzada en esos casos. Lo anterior, toda vez que el Tribunal, luego de trascribir el artículo 55 y otros del Decreto 1791 de 2000 , se refirió a lo señalado por la Corte en el fallo de exequibilidad y en otros de tutela sobre la referida causal y la protección laboral reforzada, en el entendido que el retiro por disminución de la capacidad sicofísica sólo procede cuando el concepto razonado de la Junta Médico Laboral y/o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía sobre reubicación no sea favorable y las capacidades del policía retirado no puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción. Además, p recisó que los exámenes médicos para la determinación de la capacidad psicofísica se realizan en primera instancia por la Junta MédicoLaboral de Policía y en caso de reclamación, como lo hizo el actor, conocerá el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, organismo que

capacidad psicofísica se realizan en primera instancia por la Ju