CE - 110010315000202106151011SENTENCIA20220302153544

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)

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Accionante: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / actos de determinación de contribución / defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente judicial

ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por ECOPETROL contra la sentencia del 22 de octubre de 2021 mediante la cual la Sección Tercera, Subsección C declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La Empresa Colombiana de Petróleos, en adelante ECOPETROL, interpuso acción de tutela contra la Sección Cuarta de esta corporación, por la presunta vio lación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, con fundamento en los siguientes:

1. Hechos

1.1. Presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del

por la presunta vio lación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, con fundamento en los siguientes:

1. Hechos

1.1. Presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra 25 actos de determinación de contr ibución proferidosRadicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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2 por la DIAN respecto de contratos de obra pública suscritos en el año 2008, así como contra los respectivos actos que resolvieron los recursos de reconsideración.

1.2. De la demanda conoció en prime ra instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, que mediante providencia del 5 de abril de 2018 anuló 24 de los actos cuestionados, al considerar que aunque según el artículo 6.º de la Ley 1106 de 2006, los contratos de obra pública suscritos por una entidad pública están sujetos al pago de una contribución, el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 estableció una excepción únicamente referida a aquellos que versan sobre actividades de exploración y explotación de petróleo, como era el caso de los allí analizados.

1.3. Encontrándose el expediente surtiendo el recurso de apelación formulado por las partes, ECOPETROL solicitó declarar la nulidad de todo lo actuado, al considerar que en virtud de la nueva postura asumida por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, los derechos de contradicción y defensa de los contratistas se verían afectados, razón suficiente para vincularlos a

asumida por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, los derechos de contradicción y defensa de los contratistas se verían afectados, razón suficiente para vincularlos a dicho proceso.

1.4. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de sentencia del 4 de marzo de 2021, recha zó la nulidad planteada por la parte demandante, toda vez que eran los directamente afectados quienes debían alegarla.

Asimismo, revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda , por cuanto estableció que ninguno de los contrato s determinados por la DIAN con el tributo de obra pública pretendió la exploración o explotación de hidrocarburos; por el contrario, estos recaían sobre actividades de construcción, reparación y mantenimientoRadicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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3 de bienes inmuebles. Además, en virtud de la postura decantada en la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, no era posible aplicar el criterio de conexidad entre la obra y la destinación del inmueble.

2. Fundamentos de la acción

ECOPETROL sostiene que la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en los siguientes defectos:

Sustantivo: porque, en su entender, aplicó indebidamente el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y desconoció la propia interpretación que en reiteradas oportunidades había realizado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que no analizó el objeto de cada

Sustantivo: porque, en su entender, aplicó indebidamente el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 y desconoció la propia interpretación que en reiteradas oportunidades había realizado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que no analizó el objeto de cada contrato y simplemente se limitó a determinar que se trataba de actividades materiales sobre bienes inmuebles, desconociendo que los mismos tenían por objeto el desarrollo, la producción, la determinación de reservas y la comercialización de hidrocarburos, que se regulan por un régimen especial y no deben gravarse con la contribución por suscripción de contratos de obra pública.

En ese orden de ideas, desconoció que el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 estableció una exclusión respecto de los contratos que versan sobre exploración y explotación de petróleo.

Adicional a lo anterior, sostuvo que la Sala confundió el concepto de caducidad con el de prescripción e incurr ió en un error al afirmar que la DIAN es la encargada de fiscalizar y determinar el tributo y que, como consecuencia de ello, las normas procesales que se deben aplicarRadicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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4 en el proceso de cobro tributario son las que se encuentran en el Estatuto Tributario Colombiano.

Desconocimiento del precedente jurisprudencial: por cuanto desconoció una línea jurisprudencial que favorecía las pretensiones de ECOPETROL y se limitó a dar aplicación a la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020.

Al respecto, citó in extenso, apartes de las siguientes providencias:

desconoció una línea jurisprudencial que favorecía las pretensiones de ECOPETROL y se limitó a dar aplicación a la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020.

Al respecto, citó in extenso, apartes de las siguientes providencias:

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, Consejero Ponente Milton Chaves García, en sentencia de 31 de mayo de 2018, radicación No. 2014-00616-01 (22388).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, Consejera Ponente Stella Jannette Carvajal Basto, en sentencia de 3 de mayo de 2018, radicación No. 2015 -01316 01

(23378).

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, Consejera Ponente Stella Jannette Carvajal Basto, en sentencia de 24 de mayo de 2018, radicación No. 2015-00771 01 (23362), además de reiterar lo indicado en la sentencia de 22 de febrero de 2018, expediente No. 22536.

Asimismo, señaló que las magistradas Stella Jannette Carvajal Basto y Gloria Isabel Cáceres Martínez, en las sentencias del 22 de febrero de 2018 (radicación No. 2014 -00994-01 N.I.22536), de l 19 de abril de 2018 (radicación No. 2013 -00626-01) del 23 de noviembre de 2016 (radicación No. 2014-00015-00), precisaron que los contratos suscritos por ECOPETROL corresponden a actividades relacionadas con laRadicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

(radicación No. 2014-00015-00), precisaron que los contratos suscritos por ECOPETROL corresponden a actividades relacionadas con laRadicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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5 exploración y explotación de recursos naturales a los cuales no se les puede aplicar la contribución de obra pública.

Procedimental: toda vez que se limitó a dar aplicación a las reglas contenidas en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2020, identificada con el radicado 2014-00721-01, pero no realizó un análisis minucioso de cada uno de los contratos debatidos en las resoluciones de determinación para poder establecer si se trataban o no de contratos de obras públicas.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

DECLARAR, que el auto interlocutorio del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN #. 5, integrada por los Magistrados EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS, JEAN PAUL VASQUEZ GOMEZ y LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ, en el auto #. 089 – 2021 de fecha 12 de marzo del 2021, notificado el día 7 de mayo del 2021, violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

ORDENAR, la revisión del auto interlocutorio proferido por el TRIBUNAL

notificado el día 7 de mayo del 2021, violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

ORDENAR, la revisión del auto interlocutorio proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN #. 5, integrada por los Magistrados EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS, JEAN PAUL VASQUEZ GOMEZ y LUIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ, el día doce (12) de marzo de 2021, a fin de que se garantice el debido proceso y el acceso a la Justicia.

DECRETAR, AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR – SALA DE DECISIÓN #. 5, integrada por los Magistrados EDGAR ALEXI VASQUEZ CONTRERAS, JEAN PAUL VASQUEZ GOMEZ y L UIS MIGUEL VILLALOBOS ALVAREZ. Que me reconozca el derecho por la errónea contabilización del término legal de la caducidad, tal como lo estipulan los artículos 76, 87, núm. 2 Artículo 136 del CPACA, por violarme las garantías constitucionales y legales».

4. Intervenciones

Mediante proveído del 14 de septiembre de 2021, la Sección Tercera, Subsección C de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenóRadicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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6 notificar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado como accionado y a la DIAN y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,

6 notificar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado como accionado y a la DIAN y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B como terceros interesados en las resultas del proceso.

4.1. La DIAN se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, aduciendo que la providencia del 4 de marzo de 2021 contiene fundamentos jurídicos suficientes que no vulneran derecho fundamental alguno.

4.2. No se rindieron más informes.

5. La providencia impugnada

la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de octubre de 2021 declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que los argumentos expuestos por ECOPETROL carecen de relevancia constitucional, puesto que lejos de exponer las circunstancias en que la sentencia del 4 de marzo de 2021 vulneró sus derechos fundamentales con la configuración de un defecto, pretende utilizar este mecanismo para plantear de nuevo el debate de orden legal que ya fue abordado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y para cuestionar una sentencia de unificación que se encuentra en firme y que no fue objeto de la pretensión de la tutela.

6. Impugnación

ECOPETROL recurrió el fallo de primera instancia, aduciendo que en este la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado no abordó ninguno de los argumentos de fondo que sustentan su inconformidad frente a la sentencia del 4 de marzo de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

ninguno de los argumentos de fondo que sustentan su inconformidad frente a la sentencia del 4 de marzo de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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7 Asimismo, insistió en los argumentos señalados en el escrito inicial relacionados con que la Sección Cuarta del Consejo de Estado desconoció el criterio jurisprudencial fijado de manera reiterada por la misma Sala y se remitió a la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2020, sin que dicha providencia fuera aplicable al asunto bajo examen, en tanto los contratos fueron suscritos con ant erioridad a su expedición.

En ese sentido, precisó que aplicar de manera intempestiva un cambio jurisprudencial afecta de manera grave e injustificada la competitividad de ECOPETROL frente a otras empresas del sector, toda vez que:

• Anula el efecto qu e busca el artículo 76 de la Ley 80 de 1993 (ya indicado) que, entre otras cosas, es garantizar que las empresas estatales que compiten en mercados privados de explotación de hidrocarburos lo puedan hacer en igualdad de condiciones para propender por su eficiencia financiera.

• Trae como consecuencia una carga fiscal para Ecopetrol que no debería soportar, pues no es el sujeto pasivo de la contribución y lo pone en la situación de recobrar a los contratistas las sumas que tendría que pagar a la DIAN. Sin embargo, dado que son contratos celebrados hace muchos años, estos ya están liquidados, no existe entonces relación contractual para realizar el cobro y, en muchos casos las

pone en la situación de recobrar a los contratistas las sumas que tendría que pagar a la DIAN. Sin embargo, dado que son contratos celebrados hace muchos años, estos ya están liquidados, no existe entonces relación contractual para realizar el cobro y, en muchos casos las empresas contratistas ya no existen, ocasionando a la empresa un esfuerzo financiero que no le correspondería si se hubiera mantenido la línea jurisprudencial vigente durante el desarrollo de las discusiones propias del proceso.

Además, insistió en que la Sección Cuarta de esta corporación no analizó adecuadamente el objeto de cada uno de los contratosRadicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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8 determinados por la DIAN, de los cuales se desprende claramente su relación con actividades de producción o exploración de hidrocarburos.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solic itud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará si:

• ¿La Sección Cuarta del Consejo de Estado al proferir la providencia del 4 de marzo de 2021 mediante la cual negó las pretensiones de la demanda instaurada contra los actos de determinación de contrib ución sobre contratos de obra pública , incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y desconocimiento del precedente?

pretensiones de la demanda instaurada contra los actos de determinación de contrib ución sobre contratos de obra pública , incurrió en los defectos procedimental, sustantivo y desconocimiento del precedente?

Para dar respuesta a los problemas jurídicos planteados se analizarán i) los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela co ntra providencias judiciales ; ii) el marco teórico d e los defectos procedimental, sustantivo y desconocimiento del precedente , para llegar al iii) caso concreto.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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2. La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama d el poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser cont rolada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio

impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilib rio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-000-2009-0132801(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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10 Los presupuestos generales responden al caráct er subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medio s de defensa, tanto ordinarios como

interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medio s de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) q ue no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgán ico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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11 2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», contado desde la fecha de notificación de la decisión cuestionada (12 de marzo de 2021) hasta la radicación de la acción de tutela (10 de septiembre de 2021).

2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos procedimental, sustantivo y de desconocimiento del precedente en que presuntamente incurrió la autoridad judicial cuestionada.

2.2. Del defecto procedimental

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido 3. La jurisprudencia constitucion al ha precisado que este defecto puede

En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa completamente al margen del procedimiento judicial establecido 3. La jurisprudencia constitucion al ha precisado que este defecto puede configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto4.

3 Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018. 4 Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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12 En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte Constitucional que este se materializa cuando el o los administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n] etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso” 5 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”6 […]».

procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”6 […]».

En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 7. Este defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar8.

5 Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018. 6 Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013. 7 Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012., 8 Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y

T-053 de 2012.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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13 Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también requieren: i) que trate de un error procedimental grave y trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos fundamentales9.

2.3. Defecto sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 10, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales 11, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y c omo consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es

pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y c omo consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalme nte, (v) cuando un poder

9 Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014. 10 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 11 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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14 concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición”12.

2.4. Del desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de iguald ad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de iguald ad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las autorida des judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma13.

En ese sentido, el precedente judicial 14 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho15.

En ese orden, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido 16. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al juez para resolver

12 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 13 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 14 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que precedente

de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 14 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”. 15 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 16 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06151-01

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15 el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no signif ica que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”17.

Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado ; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y (iii ) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una

enmarcan un caso del pasado ; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso presente; y (iii ) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”18.

No obstante lo anterior, el som etimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales19, siempre y cuando cumplan con (