CE - 110010315000202106671011SENTENCIA20220502085224

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

Demandante: MIGUEL ENRIQUE GALLÓN GUTIÉRREZ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2021-06671-01

Demandante: MIGUEL ENRIQUE GALLÓN GUTIÉRREZ

Demandado: COMSIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario . Defecto fáctico. Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el señor Miguel Enrique Gallón Gutiérrez contra la sentencia de 5 de noviembre de 2021, dictada por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela en la que negaron sus pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El demandante afirmó que el señor Fernando Jurado Sánchez le otorgó poder para que lo representara, en su calidad de a bogado, en una audiencia de conciliación

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El demandante afirmó que el señor Fernando Jurado Sánchez le otorgó poder para que lo representara, en su calidad de a bogado, en una audiencia de conciliación prejudicial en la que solicitó el pago de los perjuicios causados por Metrocali S.A. por la entrega de su vehículo de transporte público, pues recibió menos dinero de l que este devengaba por el uso del automotor.

Relató que el señor Jurado Sánchez formuló queja disciplinaria en su contra, al considerar que el ahora accionante no presentó demanda de reparación directa, a pesar de que acordaron los honorarios a cancelar por la mencionada diligencia.

Sostuvo que el Consejo Seccional de la J udicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria , en fallo de 11 de mayo de 2020, declaró disciplinariamente responsable al señor Miguel Enrique Gallón Gutiérrez, lo suspendió por dos meses en el ejercicio de la pro fesión de abogado y le impuso multa de un salario mínimo legal mensual vigente, por la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 , al considerar que las afirmaciones realizadas por el disciplinado en la audiencia de 22 de octubre de 2019, constituyen una confesión en su contra que demostraba la obligación de presentar la demanda de reparación directa del señor Fernando Jurado Sánchez.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

Demandante: MIGUEL ENRIQUE GALLÓN GUTIÉRREZ

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2 Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sentencia de 25 de agosto de 2021, la confirmó, bajo el argumento de que si bien en el poder otorgado por el señor Jurado Sánchez no se consignó un mandato relacionado con la presentación de la demanda de reparación dire cta, lo cierto es que en la audiencia de 22 de octubre de 2019, aceptó que pactó con el antes mencionado su presentación, por consiguiente, al no cumplir con ello, se configuró la falta disciplinaria.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso , al trabajo, al buen nombre y al mínimo vital, supuestamente vulnerados po r la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , con la sentencia de 25 de agosto de 2021, por medio de la cual confirmó la decisión del a quo que lo declaró disciplinariamente responsable al omitir la presentación de la demanda de reparación directa contra Metro Cali S.A.

Afirmó que la apreciación probatoria realizada por la autoridad judici al accionada constituye un ejercicio arbitrario e irracional, lo que configura el defecto fáctico en una dimensión negativa , pues malinterpretó lo expuesto en el recurso de apelación , toda vez que “nunca argumenté en la apelación que la versión fue fraccio nada

una dimensión negativa , pues malinterpretó lo expuesto en el recurso de apelación , toda vez que “nunca argumenté en la apelación que la versión fue fraccio nada porque no se tratara de una versión libre, es decir mi argumento no se basó en que esa no fuera la oportunidad procesal, sino que fui interrumpido por el magistrado porque él no me había dado la palabra para tal fin, y alcance a decir parte de mi versión libre. No pude decirla completa porque lo que alcanc é a manifestar quedó totalmente descontextualizado, pero fue considerado por el magistrado como una confesión porque al tomarlo sin el contexto global, al formar una frase completa puede tener un sent ido claro, pero deforma en su integridad lo que se quería manifestar al sacarlo fraccionado de la declaración completa, la cual no me permitió hacer el magistrado y luego utilizo lo que alcancé a decir, como una confesión”.

Agregó que “el argumento del fa llo se sop orta en una supuesta confesión que en realidad es un testimonio fraccionado, pues fue interrumpido abruptamente por el magistrado para advertir que no era la oportunidad para tal declaración, pero la fracción del testimonio, que al ser fragmentad o no trasmite el propósito de la declaración y viola gravemente el debido proceso, pues fue el magistrado oportunista y parcializado al utilizar una fracción de un testimonio para calificar la actuación cuando lo correcto era, que una vez corregido el curs o de la audiencia y al decirme que no era la oportunidad para declarar sino para hacer preguntas al quejoso, desechara lo manifestado pues lo interrumpió para decir que no era pertinente, y seguidamente permitir que yo entregara mi declaración íntegramente”.

que no era la oportunidad para declarar sino para hacer preguntas al quejoso, desechara lo manifestado pues lo interrumpió para decir que no era pertinente, y seguidamente permitir que yo entregara mi declaración íntegramente”.

Por último, s ostuvo que la sentencia objetada se sustentó en una declaración que debe considerarse nula , pues fue obtenida en forma incompleta y fraccionada, pues fue interrumpido por parte de la autoridad judicial accionada y , en consecuencia, se tomó por cierta una afirmación realizada por fuera de contexto.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

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3 “Se ordene la anulación de la sanción impuesta al abogado MIGUEL ENRIQUE GALLON GUTERREZ, identificado con cédula de ciudadan ía no 16.744.380 Y T.P 105290 mediante fallo no. Del 25 de agosto de 2021, según acta de comisión no. 051, de la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, notificado por edicto hasta el 21 de septiembre de 2021, comenzando a regir desde el 23 de septiembre de 2021 y por consigu iente se ordene la cancelación de la anotación en el registro nacional de abogados y se anule el respectivo antecedente en la página de la rama judicial”.

4. Pruebas relevantes

anotación en el registro nacional de abogados y se anule el respectivo antecedente en la página de la rama judicial”.

4. Pruebas relevantes

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial allegó el expediente digital N o. 7600411-02-000-2017-00233-01, que contiene las actuaciones del proceso disciplinario que se inició con la queja radicada por el señor Fernando Jurado Sánchez contra el abogado Miguel Enrique Gallón Gutiérrez.

5. Trámite procesal

Por auto de 5 de octubre de 2021, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial accionada, así como al señor Fernando Jurado Sánchez.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

En correo electrónico de 7 de octubre de 2021 , la magistrada ponente solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que los argumentos planteados en la solicitud de amparo ya fue ron resueltos en la sentencia objetada y en atención al carácter residual del mecanismo constitucional, el accionante no puede utilizarlo como una tercera instancia.

Sostuvo que de la lectura de la providencia objetada, los argumentos del recurso de apelación y del escrito de tutela, se evidencia que materialmente son los mismos, por lo que, se reitera, el accionante pretende constituir una tercera instancia para insistir en sus puntos de vista que ya fueron estudiados y resueltos.

Indicó que el fallo de 25 de agosto de 2021 se sustentó en lo expresado en la

en sus puntos de vista que ya fueron estudiados y resueltos.

Indicó que el fallo de 25 de agosto de 2021 se sustentó en lo expresado en la audiencia de calificación, en los alegatos de conclusión y lo declarado por el quejoso, elementos de convicción que dieron como resultado la certeza necesaria para asignar la responsabilidad disciplina ria al abogado, frente a la indiligencia reprochada, pues se acreditó que el vínculo no solo consistió en radicar y acudir a una conciliación prejudicial, sino que se extendió a la presentación de la demanda.

Señaló que realizó un análisis de los medios de convicción obrantes en el plenario, y respecto de ellos determinó la responsabilidad del abogado, sin que por el hecho de que la conclusión arribada por la autoridad judicial accionada no haya sido la que propuso el accionante, se genere una violación a algún derecho fundamental, pues lo cierto es que se probó la incursión de aquel en la falta disciplinaria reprochada.

6.2. El señor Fernando Jurado Sánchez, guardó silencio aun cuando fue notificado en debida forma.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado mediante sentencia de 5 de noviembre de 2021 , negó las pretensiones de la acción de tutela, bajo el

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7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado mediante sentencia de 5 de noviembre de 2021 , negó las pretensiones de la acción de tutela, bajo el argumento de que no se demostró la ocurrencia del defecto fáctico alegado.

En primer lugar, aclaró qu e las normas procesales no establece n que, en una audiencia celebrada con el fin de practicar un interrogatorio, no sea factible hacer una confesión. Además , que la afirmación referente a que existía un acuerdo para presentar la demanda de reparación directa posterior a la audiencia de conciliación cumple con las exigencias del artículo 191 del C ódigo General del Proceso, pues el accionante es una persona capaz, toda vez que manifestó que conocía los hechos por los que era investigado, tenía la entidad de pr oducirle consecue ncias jurídicas adversas y el marco normativo no la proscribía en el esc enario en que se produjo y fue “expresa, consciente y libre”.

Luego precisó que si bien se interrumpió al accionante cuando tenía el uso de la palabra en la audiencia de 22 de octubre de 2019, en razón a que debía interrogar al quejoso y no rendir su versión de los hechos por los que era procesado, no se evidencia que ello incidiera en el sentido de lo afirmado por él, p orque fue claro en indicar que “el compromiso sí era a delantar un proceso, no voy a negarlo por el hecho de que no esté el poder” , pacto que, se reitera, incumplió, en razón a que no requirió del señor Fernando Jurado Sánchez el poder para promover el medio de

hecho de que no esté el poder” , pacto que, se reitera, incumplió, en razón a que no requirió del señor Fernando Jurado Sánchez el poder para promover el medio de control de reparación directa, por tanto, no lo inició.

Por último, manifestó que el hecho de que las pruebas del proceso disciplinario no fueran valoradas como lo pretendía el demandante, no configura el defecto fáctico alegado, toda vez que en el ejercicio de sus competencias la autoridad judicia l accionada tienen la potestad de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos probatorios obrantes en el expediente, así como la de brindarles diferentes grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y baj o los criterios de la sana crítica, como aconteció en el asunto materia de controversia.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia, bajo el ar gumento de que no se incurrió en alguna falta disciplinaria en su actuar, por lo que se debió dejar sin efecto la sentencia de 25 de agosto de 2021.

El demandante insistió en que el argumento del fallo objetado se soporta en una supuesta confesión que en realidad es un te stimonio fraccionado, pues fue interrumpido abruptamente para advertir que no era la oportunidad para tal declaración, razón por la cual no tra nsmite el propósito de la declaración y viola gravemente el debido proceso, toda vez que lo corr ecto era que se d esechara lo manifestado.

Afirmó que el quejoso nunca le otorgó poder para presentar la demanda , solo para

gravemente el debido proceso, toda vez que lo corr ecto era que se d esechara lo manifestado.

Afirmó que el quejoso nunca le otorgó poder para presentar la demanda , solo para adelantar la conciliación prejudicial, por lo que no podía ejercer el medio de control de reparación directa en nombre del señor Fernando Jurado Sánchez.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

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5 Sostuvo que “nunca expuse que no se pudiera hacer una confesión en medio de una oportunidad procesal con otro objeto, sino que mi propósito no era confesar pues no tenía nada que confesar, y mi expresión «el compromiso sí era adelant ar un proceso, no voy a negarlo por el hecho de que no esté el poder», era el preámbulo a una declaración que en su contexto global se entendería que ese propósito cambi ó por diferentes hechos por lo que nunca acepte poder del quejoso para iniciar la acció n sobreviniente a la conciliación, por lo que se tomó como confesión una declaración sesgada y fraccionada, lo cual está probado en el audio de la audiencia”.

Finalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada no puede apoyarse probatoriamente en una declaración qu e se interrumpió, a pesar de que lo afirmado tenga un sentido, toda vez que lo manifestado fue excluido por la autoridad judicial accionada al considerar que la declaración rendida por el actor no correspondía a la actuación judicial que se estaba adelantando.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

tenga un sentido, toda vez que lo manifestado fue excluido por la autoridad judicial accionada al considerar que la declaración rendida por el actor no correspondía a la actuación judicial que se estaba adelantando.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Con sejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si debe confirmar la sentencia de 5 de noviembre de 2021 , dictada p or la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela o, si por el contrario , la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , en el fallo de 25 de agosto de 2021, mediante el cual se confirmó la decisión de 11 de mayo de 2020 emanada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria , que declaró disciplinariamente responsable al actor por la comisión de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, lo suspendió por dos meses en el ejercicio de la profesión de abogado y multó con un salario mínimo legal mensual vigente, incurrió en defecto fáctico, toda vez que se tomó por confesión una declaración fraccionada que realizó en el curso del proceso discipli nario y que fue interrumpida por el magistrado sustanciador de primera instancia.

que se tomó por confesión una declaración fraccionada que realizó en el curso del proceso discipli nario y que fue interrumpida por el magistrado sustanciador de primera instancia.

De manera previa, la Sala advierte que a pesar de que se esta en segunda instancia, el juez de tutela, oficiosamente, puede revisar el cumplimiento de los r equisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que en el presente asunto se verificará específicamente el de la relevancia constitucional , como una salvaguarda de los principios de autonomía judicial, seguridad juríd ica y cosa juzgada.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

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3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la aut onomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones1.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de

definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de l a tutela contra de cisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.

Al respecto, estableció que este requisito tiene un a doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sal a4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de maner a suficiente y raz onable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales .

Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo s e acompasen con la s razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la

1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 3 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

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7 demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el e studio con una exp ectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un m ecanismo que permi ta a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia ac usada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en

ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumpl e esta condición d e aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora considera que la sentencia de 25 de ago sto de 2021 , proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , mediante la cual se confirmó la decisión de 11 de mayo de 2020 emanada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria , que declaró discip linariamente responsable al actor, lo suspendió por dos meses en el ejercicio de la profesión de abogado y le impuso multa de un salario mínimo legal mensual vigente, por la comisión de la falta prevista en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 20 07, incurrió en defecto fáctico, toda vez que se tomó por confesión una declaración fraccionada que realizó en el curso del proceso disciplinario y que fue interrumpida por el magistrado sustanciador de primera instancia.

Por sentencia de 5 de noviembre de 2021, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la afirmación del accionante cumple con los requisitos para considerarse una confesión y que si bien es cierto se interrumpió al accionante cuando tenía el uso de la palabra

Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la afirmación del accionante cumple con los requisitos para considerarse una confesión y que si bien es cierto se interrumpió al accionante cuando tenía el uso de la palabra en la audiencia de 22 de octubre de 2019, que se adelantó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en razón a que debía interrogar al quejoso y no rend ir su versión de los he chos por los que era procesado, lo cierto es que no se evidencia que ello incidiera en el sentido de lo afirmado por él, pues indicó que “el compromiso sí era adelantar un proceso, no voy a negarlo por el hecho de que no esté el pode r”, pacto que se incumplió, en razón aRadicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

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8 que no requirió del señor Fernando Jurado Sánchez el poder para promover el medio de control de reparación directa, por tanto, no lo inició.

En el escrito de impugnación el accionante reiteró sus alegatos frente a l d efecto fáctico, es decir, insistió en el debate relacionado con las declaraciones realizadas en la audiencia de 22 de octubre de 2019 y que consideró que debieron excluirse en razón a que fue interrumpido.

4.2. Previo a cualquier análisis, la Sala adviert e que en el prese nte asunto la acción

la audiencia de 22 de octubre de 2019 y que consideró que debieron excluirse en razón a que fue interrumpido.

4.2. Previo a cualquier análisis, la Sala adviert e que en el prese nte asunto la acción de tutela se torna improcedente por no cumplir el requisito de la relevancia constitucional, tal como se expone a continuación:

4.2.1. El señor Fernando Jurado Sánchez radicó ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Ca uca una queja contra el señor Miguel Enrique Gallón Gutiérrez en su calidad de abogado, al considerar que le había pagado $500.000 con el fin de que presentara demanda de reparación directa contra Metro Cali S.A., sin embargo, la gestión s olo la adelantó h asta e l agotamiento de la conciliación prejudicial.

Agotados los tramites de vinculación y notificación se procedió a desarrollar la audiencia de pruebas y calificación , en la que el accionante manifestó que “no voy a contradecir a don F ernando porque la idea y el compromiso si era adelantar un proceso, no voy a negarlo por el hecho de que no esté el poder allí, pues porque no quiero ser antiético ni nada de eso, pero lo que yo siempre quise le quise hacer entender a él era que el tema no era individual, sino que es un problema colectivo, yo trabajé el tema con una asociación de transportadores”.

Igualmente, en los alegatos de conclusión manifestó que “no se procedió a instaurar la acción aunque ese era el propósito inicial porque por una política general todos los fallos estaban saliendo en contra y condenando en costas a los accionantes con el argumento de que aunque existía el derecho primaba el interés general sobre el

la acción aunque ese era el propósito inicial porque por una política general todos los fallos estaban saliendo en contra y condenando en costas a los accionantes con el argumento de que aunque existía el derecho primaba el interés general sobre el particular, por lo que se buscaron alternativas a nivel general, po r ejemplo con la agencia de defensa jurídica del Estado”.

El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en sentencia de 11 de mayo de 2020, declaró la responsabilidad disciplinaria del señor Miguel Enrique G allón Gutiérrez , con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos meses y multa equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, por la infracción del deber consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, desarrollado como falt a contra la debida diligencia profesional, establecida en el artículo 37 numeral 1 de la mencionada normativa.

Lo anterior , con sustento en que el abogado confesó que en su momento aceptó adelantar las diligencias encargadas por su mandan te, en concreto, la tramitación de la demanda de reparación directa con el fin de obtener la reparación por los daños ocasionados con Ia implementación del sistema integrado masivo MIO, sin embargo, dicha gestión nunca se llevó a cabo sin que existiera mot ivo que justifica rá que el profesional del derecho dejara de realizar las labores que le fueron encargadas, toda vez que no se tenía ningún elemento que permitiera siquiera inferir un razón.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

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vez que no se tenía ningún elemento que permitiera siquiera inferir un razón.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06671-01

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9 Contra la anterior decisión el ahora demandante interpuso recurso de apelación, e n el que manifestó que “el argumento del fallo se soporta en una supuesta confesión que en realidad es un testimonio fraccionado, pues fue interrumpido abruptamente por el magistrado para advertir que no era la oportunidad para tal declaración, pero la fracción del testimonio, que al ser fragmentado no tra nsmite el propósito de la declaración y viola g