CE - 110010315000202106772011SENTENCIA20220520152018

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECRETARÍA GENERAL Y TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, DESPACHO No. 4

Temas: Tutela contra autoridades judiciales. Tardanza en dar trámite a acción de tutela contra providenci a judicial . Carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora, mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 11 de noviembre de 2021 , dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Subsección “A”, en la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El abogado Camilo Andr és Ru iz Perilla manifestó que el 2 de junio de 2021 presentó ante el Tribunal Administrativo de Boyacá acción de tutela , en representación de la señora Yaneth Ramírez Angarita, en la que pretend ía que se dejaran sin efectos las providencias de 10 de diciem bre de 2020 y 12 de marzo de 2019, proferidas , en su orden, por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Duitama, que negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho radicada bajo el No. 15238 -33-33-002-2017-00009-00/01 (demandado: municipio Paz del Río).

Refirió que a la solicitud de amparo se le asignó el número de radicado 15001-2333-000-2021-00452-00 y que el 3 de junio de 2021 el Despacho No. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá profirió auto en el que, con base en las reglas de reparto contempladas en el Decreto 333 de 2021, resolvió remitir la solicitud de amparo al Consejo de Estado.

No obstante, aseguró que desde esa fecha no se le ha notificado el auto admisorio de la acción de tutela, ni la sentencia de primera instancia.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora promovió acción de tutela 1 con el fin de que se amparen sus

de la acción de tutela, ni la sentencia de primera instancia.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora promovió acción de tutela 1 con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y de

1 La solicitud de amparo se presentó el 4 de octubre de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

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2 acceso efectivo a la administración de justicia, así como al principio de seguridad jurídica, los cuales considera vulnerados, supuestamente, por la tardanza del Consejo de Estado, Secretaría General y el Tribunal Administrat ivo de Boyacá, Despacho No. 4, en dar trámite y emitir el fallo correspondiente en el marco de la solicitud de amparo radicada bajo el No. 15001-23-33-000-2021-00452-00.

Manifestó que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad dado que (i) goza de relevancia c onstitucional p orque lo que se discute es el desconocimiento del término de diez (10) días para emitir decisión de primera instancia en acciones de tutela establecido por el artículo 86 de la Constitución Política; (ii) se agotaron los medios de defensa ju dicial al alcance de la persona afectada, dado que ya se acudió a l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y se presentó acción de tutela contra las

Constitución Política; (ii) se agotaron los medios de defensa ju dicial al alcance de la persona afectada, dado que ya se acudió a l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y se presentó acción de tutela contra las providencias allí proferidas; y (iii) cumple con el requisito de la inmediatez , pues la vulneración de los derechos fundamentales invocados ocurrió el 2 de junio de 2021, por lo que fue presentada dentro de un término razonable.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERA. - Con fundamento en lo precedente, solicito de los Honorables Consejeros de Estado, TUTELAR los derechos y principios fundamentales sustentados en esta acción (V/gr. Debido Proceso, Defensa, Acceso Efectivo a la Administración de Justicia, Seguridad Jurídica) y/o los demás derechos que la Sala encuentre vulnerados al estudiar de fondo el presente asunto.

SEGUNDA. – Como consecuencia de tal amparo, darle tr ámite acción de tutela 15001233300020210045200.

TERCERA. – Ordenar a la SECCIÓN DE CONSEJO ESTADO que dé tramite a la tutela 150012 33300020210045200, aplicar al caso concreto la Sentencia de unificación por importancia jurídica Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho . Radicado: 05001 -23-33-000-2013-01143-01 (1317CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011. Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho . Radicado: 05001 -23-33-000-2013-01143-01 (13172016). Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz Demandado: municipio de MedellínPersonería de Medellín y otro s. Temas: Contrato estatal de prestac ión de servicios, relación laboral encubierta o subyacente, temporalidad, solución de continuidad, pago de prestaciones sociales, aportes al sistema de Seguridad Social en salud, y ordenar anular y/o dejar sin efectos en contra de la Sentencia proferida po r el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE DUITAMA, pronunciada en primera Instancia el 12 de marzo de 2019 negando las pretensiones de la demanda y, en contra de la Sentencia del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE DECISIÓN No. 5, M.P . Dr. OSCAR ALFONSO GRANADOS NARANJO (QEPD), pronunciada en Segunda Instancia el 10 de diciembre de 2020, mediante la cual [se resolvió] confirmar la sentencia de primera instancia, dentro del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Rad icado en el Sistema Judicial Siglo XXI con el No. 15238333300220170000900, pero identificado en las Sentencias con el No. 15238333300220170000902, que cursó en contra del Municipio de Paz del Río - Boyacá, dentro del tema Contrato Realidad de Bibliotecaria Municipal, primera instancia notificada el día 26 de marzo de 2019 y la notificación de la segunda instancia se dio el día 14 de diciembre de 2020 y, ordenar que se adopten los

primera instancia notificada el día 26 de marzo de 2019 y la notificación de la segunda instancia se dio el día 14 de diciembre de 2020 y, ordenar que se adopten los lineamientos contenidos en la mencionada sentenci a de unificación dado que se presentan todos los indicios y requisitos en el caso de la señora YANETH RAMÍREZ

ANGARITA.

CUARTA. – Se realice un estudio adecuado a la acción de tutela 15001233300020210045200, y no se apresuren a sacar una decisión por la presente tutela”.

4. Pruebas relevantes

En el expediente reposa correo electrónico de 15 de octubre de 2021, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Boyacá remitió el hipervínculo de acceso a laRadicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

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3 Sede Electrónica para la Gestión Judicial -SAMAIen donde reposan cada una de las actuaciones judiciales surtidas en el marco de la acción de tutela radicada bajo el No. 15001233300020210045200, actora: Yaneth Ramírez Angarita.

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de noviembre de 2021 , la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por el señor Camilo Andrés Ru iz Perilla, en nombre propio, y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 4 y a la Secretaría General del Consejo

Consejo de Estado admitió la acción de tutela presentada por el señor Camilo Andrés Ru iz Perilla, en nombre propio, y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 4 y a la Secretaría General del Consejo de Estado.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Secretaría General del Consejo de Estado

Mediante escrito de 15 de octubre de 2021, el secretario general manifestó que el 3 de junio de 2021 recibió mediante correo electrónico el hipervínculo de OneDrive que contenía el expediente de tutela con radicado No. 15001 -23-33-000-202100452-00, con el fin de que fuera tramitado en esta corporación judicial. No obstante, ese mismo día se envió un requerimiento a dicha corporación judicial, toda vez que se “generaba un error, por lo que no fue posible acceder a dicho expediente”.

Expuso que una vez se tuvo conocimiento de los hechos que motivaron la presente acción de tutela, estableció comunicación con el secretario del Tribunal Administrativo de Boyacá, quien mediante correo electrónico de 15 de octubre de 2021 remitió el expediente digital a través del aplicativo SAMAI.

Por último, i ndicó que en cumplimiento de dicha decisión se le asignó al expediente el radicado No. 11001-03-15-000-2021-07035-00, el cual correspondió por reparto al Consejero Fredy Hernando Ibarra Martínez de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4

En escrito de 20 de octubre de 2021, el titular del despacho judicial pidió que se

la Sección Tercera del Consejo de Estado.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 4

En escrito de 20 de octubre de 2021, el titular del despacho judicial pidió que se nieguen las pretensiones formuladas por la parte actora dado que no se vulneraron sus derechos fundamentales.

Adujo que el 2 de junio de 2021, le fue asignada por reparto la acción de tutela No. 15001-23-33-000-2021-00452-00, presentada por la señora Yanet Ramírez Angarita contra el Juzgado Segundo Administrativo de Duitama y el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Expresó que mediante auto de 3 de junio de 2021, ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado con el fin de dar aplicación a la regla d e reparto prevista el numeral 5 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021, en virtud de la cual las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas para su conocimiento en primera instancia al respectivo superior funcional de la a utoridad jurisdiccional accionada, por lo que el conocimiento de la misma le correspondía al Consejo de Estado.

Sostuvo que l a decisión fue notificada por la Secretaría de la Corporación el 3 de junio de 2021, al correo drcamiloruizperilla@hotmail.com. Además, refirió que mediante oficio No. F.A.R.R.0133 de 3 de junio de 2021, se remitieron las diligencias al Consejo de Estado, para lo de su cargo.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

diligencias al Consejo de Estado, para lo de su cargo.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

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4 En este sentido, indicó que con las actuaciones de splegadas por su despacho judicial no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante dado que “(i) se imprimió celeridad por parte del Despacho para hacer el estudio de admisión y de remisión de la tutela a la autoridad judicial compe tente; (ii) la decisión adoptada se ajustó a las reglas de reparto fijadas por el Gobierno Nacional para el conocimiento de las acciones de tutela, encontrándose así debidamente motivada; (iii) la decisión adoptada fue notificada en debida forma a la parte interesada y (iv) las diligencias fueron remitidas al Consejo de Estado, autoridad competente para conocer la mencionada solicitud tutelar”.

Con el escrito de respuesta se allegó informe de la escribiente de la Secretaría General del Tribunal demandado e n el que detalló cada una de las actuaciones surtidas en el trámite de tutela , indicando que a pesar de haber enviado el expediente al Consejo de Estado el 3 de junio de 2021, el link de acceso al mismo presentó dificultades, por lo que el pasado “15 de octubre de 2021, una funcionaria de Consejo de Estado llamó al Señor Secretario de la Corporación, para que se enviara el expediente e informarle que habían requerido para su envío. Es donde

presentó dificultades, por lo que el pasado “15 de octubre de 2021, una funcionaria de Consejo de Estado llamó al Señor Secretario de la Corporación, para que se enviara el expediente e informarle que habían requerido para su envío. Es donde me percató, revisando el correo, es decir al mismo que yo envié, como lo expliqué, porque no hubo una llamada ni nada más con anterioridad y procedí a enviar el link de la plataforma SAMAI (archivo 4)”.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” , en sentencia de 11 de noviembre de 2021, declaró la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que “el señor Camilo Andrés Ru iz Perilla carece de legitimación en la causa para cuestionar, a través de la acción de tutela, la actuación seguida por la parte accionada, pues, se recuerda, el ejercicio de este mecanismo de protección de rango constitucional exige que el accionante cuente con una posición que le otorgue la titularidad del derecho que invoca en protección, lo que implica que tiene la carga de demostrar que le asiste un interés jurídico subjetivo en el petitum”.

Aseguró que no es al señor Camilo Andrés Ruíz Perilla a quien le corresponde censurar la presunta mora judicial, dado que aun cuando funge como apoderado de la señora Yaneth Ramírez Angarita en el trámite de tutela, dicha condición no le da la calidad de interviniente o parte del proceso.

En cualquier caso, advirtió que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto la acción de tutela ya está siendo estudiada por esta Corporación Judicial.

da la calidad de interviniente o parte del proceso.

En cualquier caso, advirtió que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto la acción de tutela ya está siendo estudiada por esta Corporación Judicial.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó la anterior decisión, por lo que solicitó que se revocara y se accediera a las pretensiones de la acción de tutela.

Indicó q ue “[e]l fallador de primera instancia sostuvo que era improcedente la acción por no tener poder para actuar, pero omitió verificar que sí tenía poder para defender los derechos de la señora YANETH RAMÍREZ ANGARITA en la tutela No. 15001233300020210045200 y que de ahí nace la segunda vulneración de derecho fundamentales hoy tutelados, y además tenía todas las facultades y recurso para que esa acción surtiera efecto entre otras presentar una tutela como es la del presente caso a quien se le vulnera n los dere chos fundamentales Derecho al Debido Proceso, a la Defensa y Contradicción, el Acceso Efectivo a la Administración de Justicia, el derecho a la Seguridad Jurídica es a mí que tengo la representación de la señora en mención”.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

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5 Además, sostuvo que el consejero a cargo del trámite judicial de primera instancia

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5 Además, sostuvo que el consejero a cargo del trámite judicial de primera instancia no le solicitó poder para actuar, pues había podido subsanar el defecto.

Finalmente, refirió que se comunicó con la señora Yaneth Ramírez Angarita quien ya le otorgó poder para tramitar en su nombre y representación la presente acción de tutela y acepta que tenía la representación de ella desde el principio de esa acción legal. En este sentido, aseguró que al allegar el poder se subsana cualquier falencia procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si se debe revocar la sentencia de 11 de noviembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” , en la que se declaró la falta de legitimación en la causa por activa del señor Camilo Andrés Ru iz Perilla, teniendo en cuenta que con el escrito de impugnación aportó poder especial para actuar en representación de la señor a Yaneth Ramírez Angarita, con l o cual se entiende subsanado ese presupuesto procesal.

teniendo en cuenta que con el escrito de impugnación aportó poder especial para actuar en representación de la señor a Yaneth Ramírez Angarita, con l o cual se entiende subsanado ese presupuesto procesal.

Superado ese requisito de procedencia de la acción de tutela, se deberá establecer si se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto la acción de tutela respecto de la cual se alega la mora judicial injustificada ya fue tramitada y decidida en primera y segunda instancia.

3. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza.

Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales la informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solici tud de amparo constitucional.

No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e interés del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, de la siguiente manera:

“Artículo 10. Legitimidad e interés . La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

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También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.

La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la legitimación en la causa por activa, señalándolos así:

“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados, sin embargo la Sala encuentra que a partir d e las normas de la Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de represent antes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial

ejercicio directo de la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de represent antes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso”2.

Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que lo faculta p ara actuar3, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una empresa, debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.

En conclusión, están legit imados para interponer la acción de tutela: i) el interesado directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre que se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.

Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar estudio de fondo. Pero si comprueba la falta de legitimación en la causa por activa, deberá declararla.

4. Estudio y solución del caso concreto

continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar estudio de fondo. Pero si comprueba la falta de legitimación en la causa por activa, deberá declararla.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El abogado Camilo Andrés Ru iz Perilla impugnó la decisión de primera instancia que declar ó la improcedencia de la acción de tutela por no haber acreditado la legitimación en la causa por activa y por haberse configurado la carencia actual de objeto por hecho superado.

No obstante, en el escrito de impugnación únicamente manifestó su desacuerdo con la decisión en cuanto a la falta de legitimación en la causa por activa, por lo que indicó que ese requisito estaba cumplido, dado que contaba con poder para defender los derechos de la señora Yaneth Ramírez Angarita en la acción de tutela cuya mora judicial originó el presente trámite constitucional. A lo que agregó

2 Sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 3 Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T 531 de 2002, precisó que el acto por el que se confiere poder tiene las siguientes c aracterísticas: “(i) es un acto jurídico formal que debe realizarse por escrito; (ii) se presume auténtico; (iii) debe ser especial con el fin de interponer una acción de tutela; (iv) es para la promoción o para la defensa de los intereses en un determinad o proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el destinatario del acto

proceso, por lo que no se entiende conferido para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den fundamento tengan origen en un proceso ordinario; y (v) el destinatario del acto de apoderamiento solo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional”.Radicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

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7 que debió solicitarse en el trámite de la primera instancia para actua r en representación de la señora Ramírez Angarita.

En cualquier caso, mencionó que se comunicó con su poderdante quien le otorgó poder para tramitar en su nombre y representación la presente acción de tutela.

4.2. Al respecto, la Sala observa que el señor Ruiz Perilla presentó la demanda de tutela bajo el convencimiento de que estaba habilitado para actuar por tener la condición de apoderado de la señora Yaneth Ramírez Angarita en la acción de tutela radicada bajo el No. 15001-23-33-000-2021-00452-00 / 11001-03-15-0002021-07035-00. No obstante, como lo advirtió el juez constitucional de primera instancia dicha circunstancia no e ra suficiente para interponer una nueva acción de tutela con el fin de proteger los derechos de su poderdante, pues era necesa rio que allegara poder especial que cumpliera los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional4 y el Decreto 2591 de 19915.

de tutela con el fin de proteger los derechos de su poderdante, pues era necesa rio que allegara poder especial que cumpliera los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional4 y el Decreto 2591 de 19915.

Ahora bien, al haberse aportado con el escrito de impugnación poder suficiente para presentar la demanda de tutela , es posible concluir que la ausencia de poder se subsanó en debida forma 6, por lo que se entenderá superado el requisito de la legitimación en la causa por activa.

4.3. En cualquier caso, como lo advirtió el a quo en el asunto bajo examen , se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado , dado que la acción de tutela fue debidamente tramitada e incluso ya cuenta con sentencias de primera y segunda instancia, por lo que cualquier pronunciamiento en torno a la supuesta mora judicial caería en el vacío.

En efecto, de conformidad con las pruebas allegadas al expediente de tutela y la información suministrada por el Sistema de Consulta de Procesos Nacional Unificada se observa que la acción de tutela fue radicada el 2 de junio de 2021, ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y se le asignó el radicado No. 15001-2333-000-2021-00452-00. Sin embargo, mediante auto de 3 del mismo mes y año el Magistrado Ponente Feliz Alberto Rodríguez dispuso su remisión al Consejo de Estado con el fin de dar cumplimie nto a las reglas de reparto contempladas en el Decreto 333 de 2021. Ese mismo día, a través de oficio No. F.A.R.R. 0133 se remitió el expediente al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.

Decreto 333 de 2021. Ese mismo día, a través de oficio No. F.A.R.R. 0133 se remitió el expediente al correo electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado.

Como se observa a continuación , el 3 de junio de 2021, la Secretaría General de esta Corporación solicitó al Tribunal de origen que lo remitiera nuevamente porque el archivo adjunto presentaba error y no podía descargarse.

4 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 5 “Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”. 6 Ver al respecto, sentencia de 28 de marzo de 2019, exp. No. 20001-23-33-000-2018-00301-01 y auto de 17 de agosto de 2017, C.P. Jorge Octavio Ramírez RamírezRadicado: 11001-03-15-000-2021-06772-01

Demandante: YANETH RAMÍREZ ANGARITA

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Adicionalmente, en razón a la notificación del auto admisorio de la presente

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Adicionalmente, en razón a la notificación del auto admisorio de la presente solicitud de amparo la Secretaría General del Consejo de Estado estableció comunicación con el secretario general del Tribunal demandado , por lo que mediante correo electrónico de 15 de octubre de 2021, se remitió nuevamente el expediente.

Ese mismo día, se procedió a asignarle el radicado No. 11001-03-15-000-202107035-00 y se repartió al despacho del Consejero Fredy Hernando Ibarra Martínez de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado para que efectuara el trámite correspondiente. Por sentencia de 23 de noviembre de 2021 se declaró improcedente la acción de tutela, por considerar que no se cumplió con el requisito de inmediatez.

La decisión fue confirmada por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de 25 de marzo de 2022, pero bajo el argumento de que no se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional , en tanto se presentó como una instancia adiciona l. Además, se indicó que tampoco cumplía con e l requisito de la subsidiariedad porque presentó argumentos de carácter probatorio que debieron alegarse dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la etapa procesal correspondiente.

4.4. En este orden de ideas, como quiera que la solicitud de amparo fue promovida con el fin de que se impartiera el trámite correspondiente a la solicitud de amparo interpuesta por la señora Yaneth Ramírez Angarita contra el Tribunal

4.4. En este orden de ideas, como quiera que la solicitud de amparo fue promovida con el fin de que se impartiera el trámite correspondiente a la solicitud de amparo interpuesta por la señora Yaneth Ramírez Angarita contra el Tribunal Admini