CE - 110010315000202106807011SENTENCIA20220304170233

Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -20 21 -06807 -01

Accionantes: Osman Rafael Padilla Sierra y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022)

F.T: 60

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2021-06807-01

Accionantes: OSMAN RAFAEL PADILLA SIERRA Y OTROS

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B.

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial de reparación di recta, por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en la que se concedieron parcialmente las pretensiones de la demanda y, en ese entendido, se reconoció un porcentaje de la indemnización reclamada p or los perjuicios morales. Incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 29 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección B de la

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia del 29 de noviembre de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de reparación directa

El señor Osman Rafael Padilla Sierra , junto con sus familiares 1, en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandó a la NaciónDirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsable s por los daños y perjuicios materiales y morales sufrido s, con ocasión de la detención de la que fue objeto el 12 de marzo de 2015, por un lapso de cuatro horas, ante la omisión por parte del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de ca ncelar una orden de captura que no tenía vigencia.

1 Las menores Lui s Fernanda Padilla Parra y María Fernanda Padilla Parra, representadas por el señor Osman Rafael Padilla Sierra y Carmen María Parra Hernández , y los señores Carmen María Parra Hernández, María Cristina Parra Hernández y Elizabeth Johana Parra Hernández. .Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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El 23 de agosto de 2019 el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito

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El 23 de agosto de 2019 el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones del medio de control y, en consecuencia, condenó a la Dirección Ej ecutiva de Administración Judicial a pagar 0.075 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por perjuicios morales, en favor de cada uno de los demandantes. Por lo anterior, la parte demandante apeló la decisión. El 30 de julio de 2021 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, modificó el fallo de primera instancia, en el sentido de aumenta r el valor de la indemnización a 0.083 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

b) Inconformidad

Los señores Osman Rafael Padilla Sierra y Carmen María Parra Hernández, quienes actúan e n nombre propio y en representación de las menores Luisa Fernanda Padilla Parra y María Fernanda Padilla Parra , María Cristina Parra Hernández y Elizabeth Johanna Parra Hernández consideraron que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, vulneró sus derechos fundamentales a la i gualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Como fundamento de la solicitud, indicaron que aquel desatendió los pronunciamientos del 2 de mayo de 2016, expediente 2004 -01867; 6 de diciembre de 2017, expediente 2011 -00317; del 19 de julio de 2017, expediente 2010 -00477

pronunciamientos del 2 de mayo de 2016, expediente 2004 -01867; 6 de diciembre de 2017, expediente 2011 -00317; del 19 de julio de 2017, expediente 2010 -00477 y del 7 de febrero de 2018, expediente 2003 -03837, en los que el Consejo de Estado decidió asuntos de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad durante un período inferior a treinta días y reconoció como indemnización, por concepto de perjuicios morales, quince salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así, precisaron que expusieron ese argumento en el recurso de apelación, pero la corpo ración accionada decidió no acogerl o, por lo que transgredió sus garantías constitucionales.

PRETENSIONES

Los accionantes solicitaron, de un lado, amparar sus derechos fundamentales antes mencionados y, de otro, dejar sin efectos el ordinal primero de l a sentencia del 30 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. En consecuencia, requirieron ordenar a la corporación mencionada de segunda instancia conceder la indemnización, por concepto de pe rjuicios morale s, de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes.

CONTESTACIONES

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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La magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas aclaró que en la sentencia cuestionada determinó que el título de imputación no era el de privación injusta de la libertad , sino el defectuoso funcionamiento de la ad ministración de justicia, pues si bien el daño consistió en la retención transitoria del señor Padilla Sierra por parte de la Policía Nacional, debido a una orden de captura vigente registrada en su contra, tal situación se originó por la omisión del juez encargado de la vigilancia, quien debió cancelarla dos años y tres meses antes; asimismo, indicó que la sentencia de unificación del 28 de a gosto de 2014 , sobre la tasación de los perjuicios inmateriales, no era vinculante, pero podía aplicarse, de m anera analógica, el parámetro utilizado para calcular esa indemnización, en atención al tiempo en el que la víctima directa estuvo retenido a causa del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En esos términos, señaló que no desatendió el precedente jurisprudencial ni vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, en tanto que los supuestos fácticos y jurí dicos de los fallos citados difieren de los del caso bajo estudio.

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Paola Joana Espinosa Jiménez, abogada de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección, adujo que la acción de tutela no cumple con los re quisitos generales y

bajo estudio.

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Paola Joana Espinosa Jiménez, abogada de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección, adujo que la acción de tutela no cumple con los re quisitos generales y no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos judiciales, men os aun cuando las sentencias emitidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo hacen tránsito a cosa juzgada.

Igualmente, arguyó que el Tribuna l accionado no transgredió los derechos fundamentales de la parte accionante ni desconoció el criterio jurisprudencial del órgano de cierre de la jurisdicción precitada, por el contrario, aplicó las tablas de indemnización de perjuicios inmateriales defini das en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 y, a partir de las particulares circunstancias del caso, definió que por la retención del señor Padilla Sierra, durante cuatro horas, debía reconocerse la suma de 0.083 salarios mínimos legales me nsuales vigentes, para cada uno de los demandantes del medio de control.

Finalmente, recalcó que existe falta de legitimación en la causa por pasiva porque la vulneración de los derechos alegada por la parte accionante no se deriva de una acción u omisión atribuible a la entidad que representa.

Policía Nacional

El teniente coronel Francisco Javier Castro Gil, jefe del área jurídica de la institución, sostuvo que no existe una conculcación de los derechos fundamentales invocados ni puede realizarse un análisis de la responsabilidad de la Policía Nacional, comoquiera que fue desestimada en el proceso ordinario.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

fundamentales invocados ni puede realizarse un análisis de la responsabilidad de la Policía Nacional, comoquiera que fue desestimada en el proceso ordinario.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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De otra parte, indicó que el solicitante del amparo no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable derivado de la decisión cuestionada n i obra dentro del expediente de la acción de tutela p rueba de esa circunstancia, por lo que es improcedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 29 de noviembre de 2021 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la ac ción de tutela de la referencia porque no cumplió con el requisito de la relevancia constitucional. El fundamento de la decisión consistió en que los accionantes , con el fin de reabrir el debate del medio de control de reparación directa y al no encontrars e de acuerdo con el monto reconocido por concepto de perjuicios morales, reiteraron los argumentos que formularon en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del proceso ordinario, los cuales fueron resueltos por la corporación accionada.

IMPUGNACIÓN

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y señaló que el juez de tutela no analizó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en especial, la igualdad y, por tanto, decidió de manera inadecuada sobre la

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y señaló que el juez de tutela no analizó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en especial, la igualdad y, por tanto, decidió de manera inadecuada sobre la relevancia consti tucional. En ese sentido, arguyó que cumplió con la carga argumentativa mínima frente al cumplimiento de la exigencia mencionada y expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, incurrió en un desc onocimiento del prec edente judicial porque no acogió los cuatro pronunciamientos que invocó en el recurso de apelación, en los que el Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad por un término inferior o igual a un mes, recono ció una in demnización, por perjuicios morales, de quince salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Asimismo, insistió en que la autoridad judicial accionada incurrió en la causal mencionada porque, a pesar de que en el proceso ordinario invocó jurisprudencia sobre el monto mínimo de los perjuicios inmateriales reconocidos en casos similares al suyo, se apartó de esas decisiones y no reconoció el monto al que había lugar.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Es tado es la competente para conocer del asunto, d e conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20192, en

2 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20192, en

2 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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cuanto regula que « Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional 3 y del Consejo de Estado 4 ha sido admitir su procede ncia excepcional, siempre que se cumpla n los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la tesis de la v ía de hecho fijada en las sentencias C -543 de 1992 y T -079 de 1993, entre otras providencias, y su redefinición en la T -949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unifi cación por importancia

entre otras providencias, y su redefinición en la T -949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unifi cación por importancia jurídica del 5 d e agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos pre cisados por la Corte Constitucional.

Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Estos son los sig uientes:(i) la cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) cu ando se alegue una irregularidad proces al, la misma debe ser decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio y (vi) la pr ovidencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de

3 Al respecto ver, entre otras, sentencias T -573 de 1997, T -567 de 1998, T -001 de 1999, T -377 de 2000, TCausales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de

3 Al respecto ver, entre otras, sentencias T -573 de 1997, T -567 de 1998, T -001 de 1999, T -377 de 2000, T1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T -522 de 2001, T -842 de 2001, SU -159 de 2002, T -462 de 2003,T -205 de 2004, T -701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T010 de 2012, T1090 de 2012, T074 de 2012, T - 399 de 2013, T -482 de 2013, T - 509 de 2013, , T - 254 de 2014, T - 941 de 2014 y T -059 de 2015. 4Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-201202201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes 5: a) defecto orgánico, que se presenta cuando el juez care ce de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedi miento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoració n es absolutamente equivocada o no tiene

en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desc onozca lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionale s, en contravía de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fun damentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

condujo a tomar una decisión que afecta derechos fun damentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Cuestión previa

Una vez revisado el expedien te digital de la acción de la referencia, se observa que el día de hoy el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó su impedimento para conocer y decidir la presente solicitud de amparo, debido a que esta se dirige, por la expedición de la sentenc ia del 30 de julio de 2021, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la cual integra actualmente su hermana Clara Cecilia Suárez Vargas. Como fundamento de lo anterior, invocó la causal 6.ᵃ del artículo 54 del Códig o de Procedimiento Penal, que reza lo siguiente:

«[…] 6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar […]».

Pues bien, analizada la causal y el material probatorio, se advierte que la magistrada precitada suscribió, en calidad de ponente, la sentencia del 3 0 de julio de 2021 en el medio de control de reparación directa, cuya providencia hoy es objeto de controversia.

Por lo tanto, se encuentra configurada la causal alegada por el magistrado Rafael

de 2021 en el medio de control de reparación directa, cuya providencia hoy es objeto de controversia.

Por lo tanto, se encuentra configurada la causal alegada por el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, dado que en el caso se presentan ele mentos subjetivos

5Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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que llevan a considerar que la decisión que llegare a adoptarse en el asunto mencionado comporta para aquel una posible afectación de la objetividad e imparcialidad que se demanda de los titulares de la función jurisdiccional.

En consecue ncia, resulta procedente aceptar el impedimento manifestado y apartarlo del conocimiento del presente asunto, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y transparencia.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en la siguiente pregunta:

1. ¿La presente solicitud de amparo cumple con el requisito general de relevancia constitucional?

Para res olver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I) relevancia constitucional y (II) análisis de la relevancia constitucional en el presente asunto. Veamos:

I. Relevancia Constitucional

Para res olver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I) relevancia constitucional y (II) análisis de la relevancia constitucional en el presente asunto. Veamos:

I. Relevancia Constitucional

La jurisprudencia de la Corte Constitu cional ha sido reiterativa al sostener que el juez de tutela solamente puede analizar casos que tengan una marcada y evidente relevancia constitucional 6. Por el contrario, cuando la discusión se limite a aspectos eminentemente legales, en los que no esté involucra do un derecho fundamental, no hay lugar a un estudio de fondo del caso. En cuanto a ello, el máximo tribunal constitucional ha determinado que este requisito tiene tres finalidades: 1. Evitar que la acción de tutela se utilice para discutir a suntos de mera legalidad; 2. Impedir que dicha acción se convierta en una instancia adicional y 3. Preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

La afirmación precedente encuentra sustento en el entendido de que la omisión de este requi sito genera qu e el juez de tutela se pronuncie sobre asuntos que han sido asignados a autoridades judiciales específicas y, por ende, termine adoptando decisiones que excederían su marco de acción y que podrían causar inseguridad jurídica. En ese orden, so lo cuando un a sunto tenga marcada relevancia constitucional y cumpla los demás requisitos generales, puede entenderse que aquel está habilitado para el estudio del fondo de los reproches planteados.

En esa línea de ideas, para verificar esta exigencia g eneral, resulta esencial realizar un examen de lo alegado por la parte accionante en el escrito de tutela,

planteados.

En esa línea de ideas, para verificar esta exigencia g eneral, resulta esencial realizar un examen de lo alegado por la parte accionante en el escrito de tutela, con el fin de definir si los derechos referidos como amenazados o vulnerados revisten la condición de fundamentales al ser protegidos por la Constitu ción

6 Ver entre otras sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, T-160 de 2010 y SU-041 de 2018.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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Política, para lo cual es necesario comprobar, además, las finalidades de este requisito.

II. Análisis de la relevancia constitucional en el presente asunto

La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, mediante la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción por insatisfacción del requisito de la relevancia constitucional. Para el efecto, advirtió que esa exigencia se encuentra cumplida, puesto que invocó la protección de garant ías de orden constitucional, en especial, la igualdad y cumplió con la carga argumentativa mínima respecto a la razón por la cual la corporación accionada las transgredió. Sobre el particular, insistió en que el Tribunal A dministrativo de Cundinamarca, Sec ción Tercera, Subsección B, desconoció el precedente jurisprudencial sobre el monto mínimo de la

cual la corporación accionada las transgredió. Sobre el particular, insistió en que el Tribunal A dministrativo de Cundinamarca, Sec ción Tercera, Subsección B, desconoció el precedente jurisprudencial sobre el monto mínimo de la indemnización por perjuicios morales, en casos idénticos al suyo.

Pues bien, previo a analizar las inconformidades planteadas, es necesario determinar si la presente solicitud de amparo cumple con el primer requisito general de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, esto es, la relevancia constitucional o si, por el contrario, este no se encuentra satisfecho, para lo cual d eberán revisarse las tres finalidades que tiene el mencionado presupuesto. Así, se reitera que el máximo tribunal constitucional ha señalado que esta exigencia tiene tres propósitos: 1. Evitar que l a acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mer a legalidad; 2. Impedir que dicha acción se convierta en una instancia adicional y 3. Preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

En primer lugar, se advierte que la discusión planteada por los solicitantes del amparo se contrae a demostrar que la autoridad judicial accionada no acogió su postura frente al monto de los perjuicios morales, a pesar de que , en el recurso de apelación que interpusieron en contra de la sentencia de primera instancia del proceso ordinario , expusieron esa inco nformidad y citaron los pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado con que la sustentaron.

Por tanto, la Subsección observa que no se cumple con el primer objetivo fijado

proceso ordinario , expusieron esa inco nformidad y citaron los pronunciamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado con que la sustentaron.

Por tanto, la Subsección observa que no se cumple con el primer objetivo fijado jurisprudencialmente para esta causal, puesto que el desacuerdo de la parte accionante recae en el hecho de que el Tribunal no acogió favorablemente los argumentos que planteó en el recurso de alzada, concretamente, sobre el valor de la indemnización reconocida por los perjuicios inmateriales , sin que se evidencie un desacu erdo concreto frente a los razonamientos de la autoridad judicial . Por consiguiente, se denota que el propósito es que se acoja la exegesis que estima es la adecuada, para resolver su caso, a pesar de que este no tiene transcendencia desde el punto de vist a constitucional, lo cual impide la satisfacción de esta primera finalidad.

Asimismo, se observa que tampoco se encuentra superado el segundo fin, dadoRadi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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que, de acuerdo con los disensos expuestos en esta sede, se advierte que lo pretendido es crear una instancia adicional a las agotadas en el proceso ordinario. En cuanto a ello, se avizora que el T ribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al proferir el proveído del 30 de julio de 2021, explicó que el título de imputación de responsabilidad de la entidad condenada era

Sección Tercera, Subsección B, al proferir el proveído del 30 de julio de 2021, explicó que el título de imputación de responsabilidad de la entidad condenada era el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, por esa razón, no podía aplicarse el criterio unificado sobre los perjuicios inmaterial es a reconocerse por la privación injusta de la libertad. Igual mente, se evidencia que la corporación judicial explicó que, en apoyo del arbitrio iuris y las particularidades del caso, determinaría la indemnización económica, con base en el tiempo que la v íctima directa permaneció retenida transitoriamente, a causa de l defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, en armonía con el criterio del órgano de cierre, debiéndose hacer una operación matemática para el efecto.

De lo anterior, cier tamente, se desprende que el propósito de la parte accionante es proponer nuevamente la discusión sobre el monto de los perjuicios, pero más allá de insistir, en esta sede constitucional, en el hecho de que la autoridad judicial accionada no acogió los arg umentos del recurso de apelación, no explicó por qué la interpr etación que la corporación efectuó en cuanto al tema aquí debatido resulta contraria a las garantías constitucionales invocadas . En esa medida, se aclara que la acción de tutela no es una instancia adicional a la adelantada en sede judicial ni a través de ella puede intentarse reabrir el objeto de discusión del proceso contencioso, como lo procura n los solicitantes de la protección iusfundamental.

En tercer lugar, y en atención a lo expuesto en precedencia, se denota que entrar

sede judicial ni a través de ella puede intentarse reabrir el objeto de discusión del proceso contencioso, como lo procura n los solicitantes de la protección iusfundamental.

En tercer lugar, y en atención a lo expuesto en precedencia, se denota que entrar a analizar el fondo del asunto implicaría invadir la autonomía e interpretación de la autoridad judicial accionada, la cual, a partir del análisis de los supuestos fácticos, normativos y jurisprudenciales aplicables al asunto, calculó el monto de los perjuicios inmateriales que debí an reconocerse por la detención de l señor Padilla Sierra, teniendo en cuenta que aquella tuvo lugar por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia . En esos términos, la intervención del juez constitucional, en el sub examine , comportaría una suplantación de las competencias del juez natural.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida el 29 de noviembre de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores Osman Rafael Padilla Sierra y Carmen María Parra Hernández, quienes actúan en nombre propio y en representación de las menores Luisa Fernanda Padilla Parra y María Fernanda Padilla Parra , María Cristina Parra Hernández y Elizabeth Johanna Par ra Hernández, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.Radi cado: 11001 -03 -15 -000 -2021 -06807 -01

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