CE - 110010315000202106831011SENTENCIA20220307081524

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

Demandante: ÁLVARO HERNÁN GÓMEZ RINCÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

OTRO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala d ecide la impugnación interpuesta por el señor Álvaro Hernán Gómez Rincón, contra la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado , por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 7 de octubre de 20211 , Álvaro Hernán Gómez Rincón , por intermedio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Cali, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el municipio de Yumbo, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso , con ocasión de los autos proferidos el 22 de septiembre de 2020 y el 20 de agosto de 2021 por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con radicado 76001-33-33-004-2019-00136-00/01. Formuló la siguiente pretensión:

de 2021 por las autoridades judiciales accionadas, respectivamente, dentro del proceso ejecutivo con radicado 76001-33-33-004-2019-00136-00/01. Formuló la siguiente pretensión:

1 Se advierte que, el 1 º de febrero de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

Demandante: Álvaro Hernán Gómez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Sentencia de tutela de segunda instancia

2 TUTELAR el derecho constitucional fundamental al debido proceso (art. 29 de la Constitución Política de Colombia) del abogado litigante ÁLVARO HERNÁN

GÓMEZ RINCÓN.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor Álvaro Hernán Gómez Rincón celebró con el municipio de Yumbo el contrato de prestación de servicios No. 78 de 2000, para representar a dicha entidad dentro del proceso de controversias contractuales con radicado 76001 23 31 000 1999 00306 00, que culminó con sentencia de segunda instancia proferida por el 13 de mayo de 2015 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

Para obtener el pago de las sumas de dinero que afirma le eran adeudadas, el señor Gómez Rincón presentó demanda ejecutiva , cuyo conocimiento correspondió al

Para obtener el pago de las sumas de dinero que afirma le eran adeudadas, el señor Gómez Rincón presentó demanda ejecutiva , cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Cali, el que, mediante auto del 16 de julio de 2019 libró mandamiento de pago en contra del ente territorial demandado.

El municipio de Yumbo interpuso recurso de reposición contra el auto mandamiento de pago, recurso que fue resuelto por el juzgado en auto del 22 de septiembre de 2020, en el que se repuso la decisión recurrida y, en su lugar , se negó el mandamiento de pago.

Inconforme con esa decisión , el ejecutante apeló la decisión y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca la confirmó , en providencia del 20 de agosto de 2021.

1.3. Argumentos de la tutela

Sostuvo la parte demandante que «los derechos reales », dentro de los cuales se incluye el contrato de prestación de servicios No. 78 del 5 de mayo de 2000, al tenor de la sentencia C -454/02, tiene n un procedimiento especial para su efectividad, como es la acción ejec utiva contractual; por ende, no podía ser mutada por las autoridades judiciales accionadas para exigirle acudir a la acción de controversia s contractuales.Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

Demandante: Álvaro Hernán Gómez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Sentencia de tutela de segunda instancia

3 Reprochó que el Tribunal no se pronunciara sobre el contenido del artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012 , que exoneró a los contratos de prestación de servicios

otros Sentencia de tutela de segunda instancia

3 Reprochó que el Tribunal no se pronunciara sobre el contenido del artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012 , que exoneró a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de ser sometidos a trámites de liquidación, así como el hecho de que en una demanda ejecutiva inicial el tribunal señalara que el título ejecutivo era singular y cumplía con los requisitos establecidos en la ley.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante auto del 12 de octubre de 2021, la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, por intermedio del magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, (i) admitió la acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el municipio de Yumbo; (ii) ordenó vincular a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Contraloría Municipal de Yumbo y (iii) dispuso que se les notificara dicha providencia, a fin de que rindieran el informe correspondiente.

2.2. La Procuraduría General de la Nación solicitó ser desvinculada del trámite de la tutela, bajo el argumento de no haber efectuado ninguna actuación en detrimento de los intereses del accionante.

Así mismo, se recibió escrito del Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, quien sostuvo que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, dado que, como lo señaló el tribunal accionado, el actor podía acudir al proceso de

Así mismo, se recibió escrito del Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, quien sostuvo que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, dado que, como lo señaló el tribunal accionado, el actor podía acudir al proceso de controversias contractuales y, en todo caso, la tutela no podía prosperar porque los jueces obraron conforme al ordenamiento jurídico y no lesionaron ningún derecho fundamental.

2.3. El municipio de Yumbo alegó que las decisiones judiciales estaban cobijadas por la presunción de acierto y legalidad, por lo cual era necesario que se probaran yerros sustanciales, a fin de evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia.

De otra parte, sostuvo que el demandante tuvo conocimiento de la existencia del acta de liquidación unilateral del contrato de prestación de servicios y contó con toda la información para discutir la legalidad del acto administrativo contractual y no lo hizo.Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

Demandante: Álvaro Hernán Gómez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Sentencia de tutela de segunda instancia

4 Por último, alegó que no se demostr ó ninguno de los defectos reconocidos por la jurisprudencia, puesto que el demandante se limitó a controvertir la posición de los jueces ordinarios, convirtiendo la tutela en instancia adicional de asuntos que ya se debatieron al interior del proceso judicial.

2.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través del magistrado ponente de la decisión debatida, en esencia sostuvo que no se argumentó una irregularidad

debatieron al interior del proceso judicial.

2.4. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través del magistrado ponente de la decisión debatida, en esencia sostuvo que no se argumentó una irregularidad procesal ni se expuso alguna causal específica de procedibilidad, por lo cual la tutela debía declararse por improcedente.

2.5. La Contraloría General de la República solicitó ser desvinculada del trámite de la tutela bajo el entendido de no haber participado en los hechos que dieron fundamento a la acción.

2.6. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, de esta Corporación, mediante fallo del 11 de noviembre de 2021, declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Explicó la sentencia de primera instancia que la relevancia constitucional tenía como finalidad: «1. Evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; 2. Impedir que dicha acción se convierta en una instancia adicional y 3. Preservar la competencia y la independencia del juez ordinario».

Al abordar el caso concreto, el a quo sostuvo que ninguna de las finalidades reseñadas se cumplía en la demanda, dado que (i) los argumentos del demandante eran cuestiones de mera legalidad sin trascendencia iusfundamental; (ii) se pretendía crear una instancia adicional en el trámite de la ejecución y (iii) porque «analizar el fondo del asunto implicaría invadir la autonomía e interpretación de las autoridades judiciales accionadas, las cuales, a partir del análisis del caso y del

pretendía crear una instancia adicional en el trámite de la ejecución y (iii) porque «analizar el fondo del asunto implicaría invadir la autonomía e interpretación de las autoridades judiciales accionadas, las cuales, a partir del análisis del caso y del criterio del órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa, determinaron que no existía una obligación clara, expresa y exigible que ameritara librar mandamiento de pago en contra del municipio de Yumbo».Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

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4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión , por considerar que la tutela sí tiene relevancia constitucional dado que se fundamentó en la violación del derecho al debido proceso.

En tal sentido, reiteró los argumentos sobre la naturaleza de la acción ejecutiva contractual y que el análisis de los jueces ordinarios constituye una violación al debido proceso que posee una marcada y evidente relevancia constitucional.

Alegó que, de aceptarse la mutabilidad de un proceso ejecutivo a una controversia contractual, «se estaría admitiendo la posibilidad futura y cierta, de acuerdo a las figuras de: la unidad jurisprudencial, la unidad normativa y la doctrina probable, de edificar y legalizar la posibilidad de hurtarle los honorarios profesionales a un abogado litigante a servicio de cualesquiera entidad pública del Estado So cial de Derecho».

Por lo demás, reiteró los argumentos del escrito de tutela a los que agregó que la

abogado litigante a servicio de cualesquiera entidad pública del Estado So cial de Derecho».

Por lo demás, reiteró los argumentos del escrito de tutela a los que agregó que la decisión de la tutela e n primera instancia constituía un daño antijur ídico por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad p ública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. E n todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

Demandante: Álvaro Hernán Gómez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Sentencia de tutela de segunda instancia

6 En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 20122, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte

6 En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 20122, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de l os procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los mismos.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos

tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional, en sentencia SU -627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en la omisión del de ber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

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7 con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sus tantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental

y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acciónRadicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

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8 de tutela contra provide ncias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela n o se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos3, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En

Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos3, la Corte Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los r equisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional».

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 11 de noviembre de 2021 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.

Para ello, se examinará (i) si se cumplieron los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial , especialmente el de relevancia constitucional, en los términos de la impugnación presentada. Solo en el evento de que se cumplan, (ii) se analizará si se deben amparar o no los derechos fundamentales reclamados en la tutela , con ocasión los autos proferidos el 22 de

que se cumplan, (ii) se analizará si se deben amparar o no los derechos fundamentales reclamados en la tutela , con ocasión los autos proferidos el 22 de

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

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9 septiembre de 2020 y el 20 de agosto de 2021 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente.

3. Análisis de la Sala

3.1. De los requisitos generales de tutela contra providencia judicial en el caso concreto

Esta Sala comparte plenamente los argumentos del a quo en los que sostiene que la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, razón suficiente para anticipar que se debe confirmar íntegramente el fallo recurrido. Veamos.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados o que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 2014 4, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e

o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

Sobre este requisito, en sentencia del 5 de agosto de 2014 4, la Sala Plena de esta Corporación señaló que tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevan cia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tener se en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger

4 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

Demandante: Álvaro Hernán Gómez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Sentencia de tutela de segunda instancia

10 derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ven tilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En el caso concreto, tal como se analizó en el fallo de primera instancia, la tutela no

10 derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ven tilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

En el caso concreto, tal como se analizó en el fallo de primera instancia, la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional , de un lado, porque ni siquiera se identifica con claridad el defecto en que habrían incurrido las autoridades judiciales accionados y, aunque esta exigencia no es estricta porque pueden deducirse de los argumentos cuando resultan claros y contundentes, en este caso se pretende convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso ejecutivo contractual , simplemente porque no se está de acuerdo con la interpretación de los jueces de instancia y no porque las providencias vulneren algún derecho fundamental.

De lo expuesto en la impugnación, se encuentra que para el demandante es suficiente con que se cuestione el análisis de los jueces naturales y se les enrostre la vulneración al debido proceso; pero no es así, en tanto que la relevancia constitucional es mucho más que eso. Busca que únicamente se estudien asuntos que envuelvan , verdaderamente, un debate de naturaleza constitucional , que habilite la competencia del juez de tutela y se mantenga ind emne la autonomía judicial, es decir, que el juez constitucional no se inmiscuya en la órbita de los jueces naturales, en discusiones de mera legalidad y ante decisiones que tengan un margen de razonabilidad para no extender el juicio ordinario en sede constitucional.

El debate que suscita la tutela tiene origen en la pretensión del señor Álvaro Hernán Gómez Rincón de obtener por la vía ejecutiva el pago de las sumas de dinero que

El debate que suscita la tutela tiene origen en la pretensión del señor Álvaro Hernán Gómez Rincón de obtener por la vía ejecutiva el pago de las sumas de dinero que afirmó se le adeuda n con ocasión del contrato No. 57 de 2000 , suscrito co n el municipio de Yumbo . Y, aunque en un primer momento el despacho impartió la orden de apremio, lo cierto es que el ente territorial ejecutado recurrió tal decisión con el argumento de que el título ejecutivo era complejo porque estaba integrado por el contrato y el acta de liqu idación, la cual no reconoció saldo a favor del contratista, por ende, no existía ninguna obligación clara, expresa y exigible, de modo que si existían reparos contra la liquidación debía debatirse su legalidad en otro proceso.

El Juzgado Cuarto Administrativo de Cali , al resolver el recurso de reposición, decidió acoger la tesis de la entidad demandada y sostuvo que , si bien en los contratos de prestación de servicios no era obligatoria la liquidación, ello no era unRadicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

Demandante: Álvaro Hernán Gómez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Sentencia de tutela de segunda instancia

11 impedimento para que se realizara; además, al haberse liquidado el contrato estatal, efectivamente el título ejecutivo era comple jo porque se integraba, entre ot ros documentos, por el contrato y el acta de liquidación. Bajo ese entendido, concluyó que como el acta no contenía ninguna suma de dinero a favor del ejecutante , no cumplían con los requisitos del título para deducir de allí una obligación, clara

documentos, por el contrato y el acta de liquidación. Bajo ese entendido, concluyó que como el acta no contenía ninguna suma de dinero a favor del ejecutante , no cumplían con los requisitos del título para deducir de allí una obligación, clara expresa exigible, razón por la cual repuso la decisión y, en su lu gar, negó el mandamiento de pago.

En la apelación contra dicha decisión, el demandante elevó los mismos reparos que hoy sirven de fundamento a la tutela, en especial, (i) que el contrato no era liquidable de conformidad con el artículo 217 del Decreto -Ley 19 de 201 2 y (ii) que, en un proceso anterior de las mismas partes –que culminó por incumplimiento del requisito de procedibilidad– en el que se intentó el cobro judicial del contrato, el Tribunal había sostenido que el título ejecutivo era singular y se cumplían todos los requisitos de ley.

Dichos argumentos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en los siguientes términos:

En el presente caso para efectos de constituir el título ejecutivo, el ejecutante aportó, entre otros documentos, copia del contrato de prestación de servicios profesionales en el que se estipuló en la cláusula cuarta, lo siguiente:

VALOR Y FORMA DE PAGO: El contratista recibirá como pago de sus servicios el 15% del valor de las pretensiones de la demanda sobre la suma de $ 1.274.687.047 distribuido de la siguiente forma: $ 10.000.000. a la firma del contrato y el valor restante bajo la modalidad de cuota Litis.

De esta forma, c onsidera la parte actora que al haberse resuelto de forma

suma de $ 1.274.687.047 distribuido de la siguiente forma: $ 10.000.000. a la firma del contrato y el valor restante bajo la modalidad de cuota Litis.

De esta forma, c onsidera la parte actora que al haberse resuelto de forma favorable, para el Municipio de Yumbo, la demanda incoada en su contra, tiene derecho al valor estipulado en el contrato por concepto de cuota Litis.

Sobre el particular, no se puede pasar por alto que mediante auto No. 1026 del 18 de agosto de 2017 esta Sala de Decisión con ponencia del Dr. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID se pronunció en el proceso radicado bajo partida No. 201600283-01 sobre el asunto aquí debatido…

Valga resaltar en esta opo rtunidad que el objeto de ese pronunciamiento se centró en establecer si era o no necesario la liquidación del contrato como requisito para librar mandamiento de pago, concluyéndose por parte de este Tribunal que el referido documento no era necesario, al “ser un título ejecutivo singular”, ordenándose al Juzgado de origen disponer sobre el mandamiento de pago, el cual según la consulta de procesos fue nuevamente rechazado, sin que contra este se interpusiera recurso alguno.

Lo anterior resulta de mayor re levancia, atendiendo que el problema debatido en el caso sub-judice no guarda coherencia con el ya analizado por el Tribunal en el proceso abonado con partida No. 2016 -00282-01, por cuanto en dichaRadicación: 11001-03-15-000-2021-06831-01

Demandante: Álvaro Hernán Gómez Rincón Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Sentencia de tutela de segunda instancia

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Demandante: Álvaro Hernán Gómez Ri