CE - 110010315000202107072001SENTENCIA20220314111908

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-07072-00

Demandante: Víctor Hugo Castro Claros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2021-07072-00

Demandante: Víctor Hugo Castro Claros Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Temas: Tutela por omisión de las accionadas en borrar registros de proceso penal en página web de la Rama Judicial . Incumplimiento de requisito de procedencia. Subsidiariedad de la acción.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Víctor Hugo Castro Claros contra el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado 28 Penal Municipal de Bogotá, el Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá).

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Circuito de Puerto Rico (Caquetá).

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Víctor Hugo Castro Claros , por intermedio de apoderado, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al trabajo, y, c omo consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a2

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las accionadas a borrar los registros que aparecen en las bases de datos de la Rama Judicial sobre el proceso penal que fue seguido en su contra.

1.1.2. Los hechos

El apoderado del accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 2 de octubre de 2011, el señor Víctor Hugo Castro Claros fue capturado en la ciudad de Florencia, Caquetá, por miembros de la Policía Nacional, en cumplimiento

de orden judicial, y, posteriormente, fue trasladado a la ciudad de Bogotá, D. C., para adelantar la audiencia concentrada de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento.

1. La Fiscalía 14 Especializada adscrita a la Unida d Nacional contra el Terrorismo le imputó los delitos de concierto para d elinquir, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y rebelión.

1. La Fiscalía 14 Especializada adscrita a la Unida d Nacional contra el Terrorismo le imputó los delitos de concierto para d elinquir, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y rebelión.

1. El Juzgado 28 Penal Municipal con fun ciones de control de garantías le impuso la medida de aseguramiento de detención domiciliaria, en la que permaneció hasta el mes de abril del año 2015, cuando el Juzgado Promiscuo del Circuito del Municipio de Puerto Rico (Caquetá), ordenó su libertad, por vencimiento de términos.

1. El señor Víctor Hugo Castro permaneció privado de su libertad desde el mes de octubre de 2011 hasta el mes de abril de 2015.

1. El proceso penal seguido en su contra se llevó a cabo ante el Juzg ado Promiscuo del Circuito del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, con el radicado 11001-60-00-0002012-00129, radicado interno 2012-00032-00, y terminó por preclusión, declarada en audiencia del 9 de octubre de 2018, decisión que no fue recurrida quedando en firme.

1. Pese a que fue declarada la preclusión del proceso penal aún aparecen registros en la página web de la Rama Judicial, específicamente , en los enlaces de consulta de procesos nacional u nificada y consulta de procesos que permiten establece r la vigencia del proceso penal, situación que le ha perjudicado para ingresar a laborar en3

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vigencia del proceso penal, situación que le ha perjudicado para ingresar a laborar en3

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empresas en las que, para la selección de personal, se procede a averiguar los antecedentes de los aspirantes, actividad conocida como due diligence.

1. El 27 de junio de 2021, el señor Víctor Hugo Castro Claros solicitó al Juzgado 36

Penal Municipal de Bogotá D. C. y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, borrar los registros que aparecen en las bases de datos de la Rama Judicial por el proceso penal que fue adelantado en su contra, sin que la petición tuviera éxito.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 26 de octubre de 2021, se inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, se requirió al abogado Luis Alejandro Montaña Ortega para que, dentro de los tres días sigu ientes a la notificación de la providencia, allegara i) poder especial con el lleno de los requisitos legales, esto es, otorgado de manera presencial, con presentación personal, o acogiéndose al Decreto 806 de 2020 , para lo cual debería acreditar que el poder fue otorgado mediante mensaje de datos (por ejemplo, con el pantallazo del envío a través del correo electrónico del acc ionante) y contener el correo electrónico del apoderado consignado en el Sistema Nacional de

lo cual debería acreditar que el poder fue otorgado mediante mensaje de datos (por ejemplo, con el pantallazo del envío a través del correo electrónico del acc ionante) y contener el correo electrónico del apoderado consignado en el Sistema Nacional de Registro de Abogados ( SIRNA); ii) memorial aclaratorio, en el que indicara si elevó alguna solicitud ante el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado 28 Pena l Municipal de Bogotá, aportando copia de l as peticiones y de sus respectivas respuestas; y iii) copia de las solicitudes presentadas ante el Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, anunciadas en el escrito de tutela, acompañadas de las respuestas recibidas.

1.2.2. El 4 de noviembre de 2021, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al abogado Luis Alejandro Montaña Ortega, y el 9 de noviembre siguiente, el apoderado atendió los requerimientos.

1.2.3. El 16 de noviembre de 2021, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído al Consejo Superior de la Judicatura, al Juzgado 28 Penal Municipal de Bogotá, al Juzgado 36 Penal Municipa l de Bogotá y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, como demandados; se4

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tuvieron como pruebas, con el valor que les asigna la ley, los documentos aportados con la demanda; se reconoció personería jurídica, para actua r dentro del proceso, al abogado Luis Alejandro Montaña Ortega, según poder otorgado por el accionante, de acuerdo con la documentación contenid a en el expediente digitalizado; y se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados para que , dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

1.2.4. El 24 de enero de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del pr oveído a l apoderado del accionante, al Consejo Superior de la Judicatura y otros, al Juzgado 28 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, al Juzgado 36 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, al Juzgado Promiscuo del C ircuito de Puerto Rico, al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico y al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Rico.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Juzgado 28 Penal Municipal de Garantías de Bogotá

El 25 de enero de 2022, el Juzgado 28 Penal Municipal de Garan tías, por intermedio de la secretaria, Diana Marcela Mora Bejarano, y de acuerdo con la remisión de la

El 25 de enero de 2022, el Juzgado 28 Penal Municipal de Garan tías, por intermedio de la secretaria, Diana Marcela Mora Bejarano, y de acuerdo con la remisión de la notificación a la acción de tutela enviada por el Juzgado 28 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá, solicitó desvincular al despacho del trámite de t utela, en atención a los siguientes argumentos:

1. Una vez consultado el sistema de consulta web de la Rama Judicial, en lo referente al proceso con CUI 11001-60-000-27-2010-00083-00, se observó a) que, al parecer, el 3 de octubre de 2011 , el despacho judicial realizó audiencias concentradas en las que se impartió legalidad a la captura del señor Víctor Hugo Castro Claros, entre otros aspectos, b) que el 4 de octubre siguiente, se avaló la imputación realizada como presunto coautor de las condu ctas punibles de concierto para delinquir agravado en concurso con financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas en concurso con rebelión ; y c) que 5 de5

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octubre hogaño, se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, p ara ser cumplida en su lugar de domicilio.

1. El despacho judicial, por contar con funciones de control de garantías, sólo tiene conocimiento de los procesos el mismo día de realización de la audiencia, y una vez

ser cumplida en su lugar de domicilio.

1. El despacho judicial, por contar con funciones de control de garantías, sólo tiene conocimiento de los procesos el mismo día de realización de la audiencia, y una vez finaliza se devuelve la carpeta al Centro de Servicios Judiciales, por tal razón el Juzgado no cuenta con ningún elemento para adjuntar, máxime cuando la audiencia fue realizada en el año 2011, de manera que se desconoce lo sucedido co n posterioridad a ella. Además, el Juzgado no tiene la facultad ni los permisos para eliminar o bloquear los registros generados en las páginas de consulta con las cuales cuenta la Rama Judicial.

1.3.2. El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ)

El 27 de enero de 2022, el CENDOJ, a través de su director, señor Juan Francisco Garavito Suárez, solicitó ser desvinculado de la acción de tutela, en razón a los siguientes argumentos:

1. El C entro de Documentación Judicial ( CENDOJ) del Co nsejo Superior de la Judicatura, es administrador del portal w eb www.ramajudicial.gov.co de la Rama Judicial y tiene la responsabilidad de garantizar el espacio para la publicación de la información administrativa y judicial producida por las diferentes dependencias de la Rama Judicial, de conformidad con el Acuerdo PSAA11-9109 de 2011; y, por su parte, la C onsulta Nacional Unificada de Procesos, integra información de las versiones cliente servidor y web del sistema de información judicial Justicia XXI, que es administrada por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según los Acuerdos 1591 del 2002 y PSAA1410215.

cliente servidor y web del sistema de información judicial Justicia XXI, que es administrada por la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según los Acuerdos 1591 del 2002 y PSAA1410215.

1. La información publicada en la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la página web www.ramajudicial.gov.co es un reflejo de lo incluido directamente por los despachos y corporaciones judiciales que, para el caso del registro de la información que refiere el accionante, obedece al registro en el sistema de información de procesos que se visualiza de la siguiente manera: a) a l consultar por el nombre completo y/o la identificación del accionante en los Juzgados de Ejecución de Penas6

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y Medidas de Seguri dad, no se encuentran resultados, b) a l consultar por el nombre completo, Víctor Hugo Castro Claros , en la consulta de procesos nacional unificada, se arrojan varios registros.

1. El CENDOJ no tiene usuario, permisos, facultad, ni competencia para registrar, diligenciar o modificar información en el sistema de gestión proces al en la consulta de procesos nacional unificada, además, tampoco adelantó los procesos judiciales ni realizó el registro de las actuaciones procesales en el sistema, pues es esta competencia exclusiva de los despachos judiciales. Así mismo , no tuvo conocimiento de los derechos de petición invocados por el accionante y con los cuales pretende el

realizó el registro de las actuaciones procesales en el sistema, pues es esta competencia exclusiva de los despachos judiciales. Así mismo , no tuvo conocimiento de los derechos de petición invocados por el accionante y con los cuales pretende el ocultamiento de sus datos en la página de la Rama Judicial.

1.3.3. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Rico

El 27 de enero de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Rico , por medio del secretario, señor Diego Alfonso Lozano Figueroa , dio respuesta a la acción de tutela, en los siguientes términos:

1. El Juzgado fue creado a partir del 3 de noviembre de 2020, por el Consejo Superior de la J udicatura, mediante Acuerdo PCSJA20-11650 del 28 de octubre de 2020, y a través del Acuerdo 11686 del 10 de diciembre de 2020, adoptó las reglas para redistribuir algunos procesos de los inventarios de los despachos judiciales.

1. El proceso con radicado 11001 -60-00-000-2012-00129, seguido en contra del señor Víctor Hugo Castro no cumplía con los requisitos dictados por el Consejo Superior de la Judicatura para ser redistribuido, por lo que, no pudo haber sido remitido al despacho para su conocimiento, a más de que terminó por preclusión declarada en audiencia del 9 de octubre d e 2018, es decir, mucho antes de la creación del Juzgado.

1. Pese a lo anterior, se procedió a revisar el inventario de l despacho, tanto activo como archivado, sin encont rar proceso alguno concerniente al asunto objeto de

creación del Juzgado.

1. Pese a lo anterior, se procedió a revisar el inventario de l despacho, tanto activo como archivado, sin encont rar proceso alguno concerniente al asunto objeto de estudio en la acción de tutela, por lo que, es claro que el Juzgado no conoció del proceso en ninguno de sus estadios procesales.7

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1.3.4. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico dejó transcurrir el término de traslado en silencio.

1.4. Otras actuaciones

1.4.1. Mediante auto d el 7 de febrero de 2022, se vinculó al trámite constitucional, en calidad de demandado, al Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá con Función de Garantías; se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela y del auto admisorio de la demanda, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, ejerciera su derech o de defensa, si a bien lo tenía , y a rendir el respectivo informe ; se requ irió al Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá con Función de Garantías, para que, dentro de los tres días siguientes a su notificación, procediera a informar sobre el trámite dado a la petición de fecha 27 de junio del 2021, presentada por el señor Víctor Hugo Castro Claros, en la que solicitó la

Función de Garantías, para que, dentro de los tres días siguientes a su notificación, procediera a informar sobre el trámite dado a la petición de fecha 27 de junio del 2021, presentada por el señor Víctor Hugo Castro Claros, en la que solicitó la eliminación u ocultamiento de la informa ción que reposa en la página web de la Rama Judicial con respect o del proceso penal con radicación 11001-60-000-272010-00083-00»; y se comunicó a la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judi catura, de la existencia del trámite constitucional, para que dentro de los tres días siguientes a su comunicación, si a bien lo tenía, se pronunciara sobre los hechos de tutela.

De igual forma, se requirió a la Unidad de Informática de la Dirección Ejecu tiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura para que, dentro de los tres días siguientes a la comunicación del proveído, procediera a informar i) cual es el trámite y eventos a partir de los cuales, por petición del interesado, se puede solicitar el ocultamiento de información en la página Web de la Rama Judicial; y ii) si el señor Víctor Hugo Castro Claros realizó alguna petición a su oficina, tendiente al ocultamiento y/o modificación de información en la página web de la Rama Ju dicial, correspondiente a los procesos penales con radicación 11001 -60-000-27-201000083-00 y 11001-60-00-000-2012-00129-00».

1.4.2. El 14 de febrero de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estad o notificó del proveído al señor Víctor Hugo Castro Claros, al Consejo Superior de la Judicatura8

1.4.2. El 14 de febrero de 2022, la Secretaría General del Consejo de Estad o notificó del proveído al señor Víctor Hugo Castro Claros, al Consejo Superior de la Judicatura8

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y otros, al Juzgado 28 Penal Municipal de Garantías de Bogotá, al Juzgado 36 Penal Municipal de Conocimiento de Bogotá y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico; y al día siguiente, al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y al Juzgado 36 Penal Municipal de Garantías de Bogotá.

1.5. Contestación

1.5.1. El Juzgado 36 Penal Municipal de Garantías de Bogotá

El 15 de febrero de 2022, el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá, por intermedio de la jueza Nilsa Ruíz Galicia, solicitó ser desvinculado del trámite de tutela, en atención a las siguientes circunstancias:

1. Conforme al histor ial extraído del aplicativo de «Consulta De Procesos Nacional Unificada» se evidencia que, el día 30 de Julio de 2012 , correspondió por reparto al despacho la audiencia preliminar de solicitud de libertad por vencimiento de términos, dentro de la carpeta identificada con el CU I 11001 -60-00-027-2010-00083-00

despacho la audiencia preliminar de solicitud de libertad por vencimiento de términos, dentro de la carpeta identificada con el CU I 11001 -60-00-027-2010-00083-00 seguida en contra de Víctor Hugo Castro Claros y otros, verificándose que dicha audiencia no fue realizada por falta de la debida conformación del contradictorio; d e igual manera se realizó consulta respecto del proceso CUI 11001 -60-00-000-201200129 referido por el actor dentro de la acción de tutela, y no se evidenció actuación alguna realizada por parte del Juzgado.

1. Mediante petición calendada el 27 de junio de 2021, el señor Víctor Hugo Castro Claros solicitó al Juzgado eliminar o en su defecto actualizar los registros que en su contra se registraban en sitio web «compliance» respecto del proceso penal identificado con CUI 11001 -60-00-027-2010-00083-00, p etición que fue atendida a través de oficio 313 del 30 de junio de 2021 , mediante el cual se le informa ron las razones por las que al despacho no le competía cancelar pendientes dentro de la actuación penal, ni mucho menos actualizar las bases de datos en los sitios web que registran el desarrollo de los procesos.

1. Lo anterior, por cuanto el despacho cumple funciones de control de g arantías y su competencia se limita a las audiencias p reliminares establecidas en el a rtículo 1539

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del CPP, de aquí que no mantenga ninguna actuación penal y, por tanto, desconozca las actuaciones surtidas ante el Juez de Conocimiento y/o de Ejecución de Penas e incluso ante otros juzgados homólogos.

1. Es por ello que lo atinente al registro de actuaciones y/o la cancelación de pendientes y demás comunicaciones que deban expedirs e con ocasión de l a culminación del proceso penal le atañe al Juzgado a quien por reparto le hubiere correspondido conocer su etapa de juzgamiento y/o al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y/o en su defecto al Centro de Servicios Judicial es del Sistema Penal Acusatorio , quien tiene como función actualizar y registrar en el aplicativo Justicia XXI el historial del respectivo proceso. Una vez realizado lo anterior, los registros han de ser actualizados e incluso excluidos de las bases de dat os correspondientes manejados por la respectiva entidad.

1.5.2. La Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura no rindió informe al requerimiento efectuado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera

de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar, en primer lugar, si en el presente caso se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad de la acción; y, de ser afirmativo, procederá10

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a analizar, en segundo lugar, si se encuentran vulnerados los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al trabajo, invocados por el accionante, al omitirse eliminar la información que aún reposa en la página web de la Rama Judicial, con respecto del proceso penal con radicado 11001-60-000-27-2010-00083.

2.3. De la procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y que se caracteriza por ser residual y subsidiaria, ya que el ordenamiento jurídico ha

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y que se caracteriza por ser residual y subsidiaria, ya que el ordenamiento jurídico ha establecido diversas acciones ordinarias encaminadas, igualmente, a la defensa de derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.º, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de improcedencia de la tutela que: «existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que el juez de tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción.1

Quiere decir lo anterior que la acción de amparo solo tiene lugar cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado, o cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.

De no tenerse en cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del ordenamiento jurídico.

1 Sentencias T-871 de 1999, T -069 de 2001, T -1268 de 2005, T -972 de 2006, T -074 de 2009, T -954

ordenamiento jurídico.

1 Sentencias T-871 de 1999, T -069 de 2001, T -1268 de 2005, T -972 de 2006, T -074 de 2009, T -954 de 2010, T -177 de 2011, T -595 de 2011, T -890 de 2011, T -205 de 2012 y T -030 de 2015, entre muchas otras.11

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2.4. Hechos probados

De los documentos aportados con la tutela, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1. El 31 de julio de 2012, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico (Caquetá) en Descongestión Penal, Sede F lorencia, en el proceso penal con radicación 1100160-000-27-2010-00083-00, llevó a cabo audiencia preparatoria de formulación de acusación contra el señor Víctor Hugo Castro Claros y otros, en el que dejó sentado que en el asunto se declaró la preclusión por los delitos de concierto para delinquir y administración de recursos relacionados con organizaciones terroristas, y que en consecuencia, la Fiscalía solicitó la ruptura de la unidad procesal para proseguir con la investigación por el delito de rebelión , en razón de lo cual se asignó un nuevo radicado a la causa penal, correspondiente con el CUI 11001-60-000-2012-00129-00.

la investigación por el delito de rebelión , en razón de lo cual se asignó un nuevo radicado a la causa penal, correspondiente con el CUI 11001-60-000-2012-00129-00.

1. A través de auto interlocutorio del 9 de octubre de 2018, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puerto Rico, Caquetá, en el proceso penal CUI 11001 -60-000-201200129-00 precluyó la investigación por el delito de rebelión contra el señor Víctor

Hugo Castro Claros y otros.

1. El 28 de junio de 2021, el señor Víctor Hugo Castro Claros, presentó derecho de petición ante el Juzgado 36 Penal Municipal de Bogotá, en el que solicitó lo siguiente:

Acudo a su despacho para presentar derecho de petición, para solicitarle comedidamente se sirva ordenar a quien corresponde, la eliminación de la información que arroja la página web: compliance2, cuando se pone como criterio de búsqueda mi nombre o número de cédula. Al respecto, refirió:

Una vez realizada la búsqueda, se encuentra lo siguiente: • Procesos penales conexos a LAFT Ciudad: Bogotá Entidad: Sistema penal acusatorio Juzgados Penales de Bogotá (Dirección Seccional) Número proceso: 11001600002720100008300

Fecha radicación: Sep 20, 2010

Clase: Concierto, terrorismo, amenaza, instigación

2 Sistema de información especial izado en debida diligenc ia en lí nea para validar proveedores, clientes, socios y empleados. Antecedentes e información reputacional con validación en miles de fuentes de información de riesgo, cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP,

clientes, socios y empleados. Antecedentes e información reputacional con validación en miles de fuentes de información de riesgo, cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP, noticias, buscadores, listas sancionatorias a nivel internacional.12

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Demandante: Víctor Hugo Castro Claros

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Ponente: Juzgado 36 Penal Municipal de Garantías

Demandado: (…) Víctor Hugo Castro Claro

Sobre el proceso, debo señalar que, si bien fui injustamente investigado y privado de mi libertad, la investigación culminó con Audiencia de Solicitud de Preclusión, realizada el 09 de octubre de 2018, decisión que se notificó en estrados y contra la cual no se interpuso recurso alguno, quedando ejecutoriada en el mismo acto. Así las cosas, en mi contra no hay vigente ninguna investigación y esa, particularmente, culm inó con preclusión. Sin embargo, esta información no aparece en la mencionada página, por lo que, cualquiera que realice la búsqueda encontrará únicamente la existencia de la investigación y no su culminación.

[…]

1. Mediante Oficio 313 del 30 de junio de 2021, el Juzgado 36 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías d e Bogotá contestó a la petición, en los

siguientes términos:

[…] este despacho cumple funciones de control de garantías y su competencia se limita a las audiencias preliminares establecidas en el artículo 153 del Código de

siguientes términos:

[…] este despacho cumple funciones de control de garantías y su competencia se limita a las audiencias preliminares establecidas en el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual no mantiene el conocimiento de ninguna actuación penal y, por tanto, desconoce las demás actuaciones que dentro del proceso se surtan ante el Ju ez de Conocimiento y/o de Ejecución de Penas , e incluso ante otros juzgados homólogos a este estrado.

Teniendo en cuenta lo anterior, ha de indicársele que la cancelación de pendientes y demás comunicaciones que deban expedirse con ocasión de la culminación del proceso penal le atañe al Juzgado a quien p