CE - 110010315000202107457001SENTENCIA20230828151321

Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA QUINTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: MARGARITA ROSA ROMERO ROJAS

Demandado: NACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Y OTRO Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal 5 del artículo 250 del

CPACA

Recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto mediante apoderad o judicial por la señora Margarita Rosa Ro mero Rojas contra la s entencia del 11 de febrero de 2021 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que co nfirmó el fallo del 20 de junio de 2018 , de l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes administrativos y demanda

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

I. ANTECEDENTES

1. Antecedentes administrativos y demanda

Mediante Resolución nro. 001106 del 13 de marzo de 2002, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció y ordenó el pago de una pensión vitalicia de jubilación a favor de la señ ora Margarita Rosa Romero Rojas, en cuantía de $1.633.725 equivalente al 75% del promed io de salarios devengados en el año anterior al cumplimiento del estatus de pensionada, efectiva a partir del 24 de noviembre de 2001.

Con Resolución nro. 8002 del 16 de mayo de 2014, la Secretaría de Educación de Bogotá retiró del servicio por invalidez a la señora Romero Rojas, por presentar una pérdida de la capacidad laboral del 85%.

El 10 de julio de 2014, la recurrente solicitó ante el Fondo Nacional de Prestacio nes Sociales d el Magisterio el reco nocimiento y pago de la pensi ón por invalidez. Sin embargo, la referida entidad , mediante Resolución nro. 6498 del 3 de octubre de 2014, negó la solicitud, al considerar que esa prestación era incompatible con la pensión de jubilación que ya tenía reconocida.

La señora Romero Rojas promovió demanda de nulid ad y r establecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , co n el fin de que se d eclarara la nulidad del anterior acto administrativo y, en consec uencia, se ordenara el reconocimiento y

derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , co n el fin de que se d eclarara la nulidad del anterior acto administrativo y, en consec uencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

2

El Tribunal Admini strativo de Cundina marca, Sección Se gunda, Subsección C, en sentencia del 20 de junio de 2018, negó las pr etensiones de la demanda, al considerar que, acorde con lo previsto en los artículos 31 del Decreto 3135 de 1968 y 88 del Decreto 1848 de 1969, las pensiones de jubilación e invalidez s on incompatibles. Que, además, las dos prestaciones serían de naturaleza pública, por cuanto la pensión de jubilación ya reconocida a la señora Romero Rojas está a cargo de la Fiduprevisora S.A. y reconocerle una pensión de invalidez quedaría también del erario, aunado a ello, existiría un mismo vínculo constitutivo, es deci r, el tiempo cotizado como docente oficial , configurando la prohibición establec ida en el artículo 128 de la Constitución Política.

La señora Romero Rojas interpuso r ecurso de apelaci ón contra la anterior decisión, al considerar que, le asiste el derecho a percibir simultáneamente las pensiones de

128 de la Constitución Política.

La señora Romero Rojas interpuso r ecurso de apelaci ón contra la anterior decisión, al considerar que, le asiste el derecho a percibir simultáneamente las pensiones de invalidez y jubilación, pues contrar io a lo afirmado por el tribunal, aquellos beneficios pensionales no tienen la misma finalidad ni provienen de la misma fuente financiera.

2. Sentencia recurrida en revisión

El Consejo d e Estado, Sección Segunda , Subsección A, en sentencia del 11 de febrero de 2021, confirmó el fallo de primera instancia, por las siguientes razones:

Adujo que , l a demandante ingresó al servicio como docente nacionalizad a el 6 de marzo de 1970, es decir , antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que, el régimen para el reconocimiento pensional se encuentra señalado en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

Señaló que acorde con la jurisprudencia del C onsejo de Estado y al tenor de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, aplicables a los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, existe incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez, por lo siguiente:

“1. Tienen su origen en una misma relación laboral;

2. Están condicionadas a los aportes que el demandante realice al Sistema General de

Seguridad Social;

3. Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez tiene como objeto cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la p ersona a la longevidad;

Seguridad Social;

3. Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez tiene como objeto cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la p ersona a la longevidad; la pensión de invalidez se encamina a cubrir la pérdida de la capacidad laboral pero ya en razón de la minusvalía del trabajador, es decir cumplen la misma función protectora para permitir la subsistencia de la persona sea por su condición de vejez o invalidez.”

Que, en el caso concreto, debido a que a la demandante se le reconoció pensión de jubilación, no era procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez de forma concomitante, pues acaecen de una misma causa, esto es, los aportes a pensiones efectuados por la demandante al FNPSM y tienen la misma finalid ad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad de trabajo.

II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

1. Escrito del recurso extraordinario de revisión

La señora Margarita Rosa R omero Rojas, el 4 de noviembre de 202 1, in terpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 11 de febrero de 2021 ,Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

3

proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, porque consideró que se encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de

3

proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, porque consideró que se encuentra incursa en la causal 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo siguiente:

Aseguró que la sentencia impugnada omitió dar aplicación a las siguientes normas: (i) el inciso primero in fine del artículo 128 de la Constitución Política; (ii) el parágrafo transitorio 1° y el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005; (iii) el inciso primero del artículo 81 de la Le y 812 de 2003; y, (iv) el inciso segundo del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

Señaló que existi ó incongruencia en la s entencia acusada, al neg ar e l reconocimiento de la pensión de invalidez por estimarla incompatible con la pensión de jubilación , pero us ando argumentos que se han expuesto al analizar la concurrencia de otras prestaciones , tales como, la pensión de jubilación, l a pensión gracia y el salario, las cuales no son objeto en el presente asunto.

Indicó que el Consejo de Estado ha reconocido que la sentencia puede ser nula por violación del debido proceso, cuando se afecta el sentido de la decisión, por afectar el núcleo esencial o conte nido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso y que la violación del principio de congruencia (interna y externa) por par te de la sentencia, es causal de nulidad de aquella.

2. Trámite procesal

En auto del 6 de julio de 2022, se admitió el r ecurso extraordinario de revisión

de la sentencia, es causal de nulidad de aquella.

2. Trámite procesal

En auto del 6 de julio de 2022, se admitió el r ecurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Margarita Rosa Romer o Rojas , se orden aron la s notificaciones de rigor 1 y, por secre taría, se requirió al Tribunal Administr ativo de Cundinamarca, Sección Se gunda, Subsección C, para que remiti era en calidad de préstamo, el exp ediente dentro del cual se tramitó el p roceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2016-02731-00.

Mediante auto del 1° de noviembre de 2022 , se t uvieron como prue bas los documentos aportados con la demanda.

3. Contestación al recurso

El Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A. guardaron silencio.

4. Concepto del Ministerio Público

El Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

1 Se ordenó notificar p ersonalmente, a través de los di ferentes canales vir tuales, a la Secretaría General del Consejo de Estado, a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio , a la Fiduciaria La Previsora S.A., al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas

Fiduciaria La Previsora S.A., al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

4

De conformidad con lo previsto en el inc iso 1 del artícu lo 249 del CPACA, de los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado, conocerá la Sala Plena de lo C ontencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.

El Acuerdo 3 21 del 2 d e di ciembre de 2014, expedido por la Sala Ple na de lo Contencioso Ad ministrativo del Consejo de Estado, reglame ntó la inte gración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011.

Por su pa rte, el nu meral 1 del artículo 29 del Acuerdo 080 de 20 19, asigna la competencia a las Salas Especiales de Decisión de lo s recursos extraordinarios de revisión int erpuestos con tra las sentencias de las Secciones o Subsecc iones del Consejo de Estado.

De ac uerdo con lo a nterior, a la Sala Quinta Especial de Dec isión del Consejo de Estado le corresponde conocer del recurso ext raordinario de revisión interpuesto por la señora Margarita R osa Romero Rojas contra la sentencia del 11 de fe brero de

Estado le corresponde conocer del recurso ext raordinario de revisión interpuesto por la señora Margarita R osa Romero Rojas contra la sentencia del 11 de fe brero de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

2. Oportunidad del recurso

El recurso extraordinario de revisión se presentó el 4 de noviembre de 2021, es decir, en vigencia del CPACA, por lo que, es procedente revisar el término de interposición, conforme con lo previsto en el artículo 251 ejusdem, según el cual, el recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia 2 .

Comoquiera que la sentencia que se cuestiona qu edó ejecutoriada el 8 de marzo de 2021 3 y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 4 de noviembre de 2021, es claro que la demanda se presentó dentro del término.

3. Legitimación en la causa

Respecto de la señora Margarita Rosa Romero Rojas, recae el interés jurídico que se debate en el sub examine, en tanto que, fue la parte demanda nte vencida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de reproche.

Por su parte, la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora, están legitimadas, pues fueron la parte demandada en el proceso de nulidad y restab lecimiento del derecho en el cual se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.

2 “Artículo 251. Término para i nterponer el r ecurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

se profirió la sentencia que ahora se cuestiona.

2 “Artículo 251. Término para i nterponer el r ecurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del ar tículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deb erá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, e l recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutori a de la providencia judicial o en los casos de que el la no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”. 3 Según notificación obrante en el í ndice 17 de SAMAI del p roceso en el cual se tramitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

5

La Sala procede a pron unciarse respecto de: (i) la naturaleza y marco legal de la acción extraordinaria de revi sión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5 del artículo 2 50 del C ódigo de procedimiento Administrativo y de lo Conten cioso Administrativo.

acción extraordinaria de revi sión y, (ii) el alcance y requisitos de la causal 5 del artículo 2 50 del C ódigo de procedimiento Administrativo y de lo Conten cioso Administrativo.

4. Naturaleza y marco legal del recurso extraordinario de revisión

En los térmi nos del artículo 249 del Códi go de Procedimie nto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurs o extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Adm inistrativo del Consejo de Es tado, por los Tr ibunales Administrativos y por lo s jueces administrativos, en lo s eventos contemplados en el artículo 250 del CPACA 4 .

Respecto de la naturaleza del re curso extraordi nario de r evisión, la Corte Constitucional lo ubica como una verdadera acc ión contra dec isiones injustas, a fin de restablecer la justicia m aterial5, en e l mis mo se ntido, la Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo del Consejo de Estado, a través de la Sala E special Número Tres 6 , explicó que, en g eneral, es un medio de impugn ación excepcio nal contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de co sa ju zgada. Se propone con el fin de restablecer t anto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo pa ra cuestionar la ac tividad interpretativa, ni la valoración probatori a del j uez, ni para que el afect ado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo pa ra cuestionar la ac tividad interpretativa, ni la valoración probatori a del j uez, ni para que el afect ado con la sentencia proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un ins trumento para discutir y ventilar ciertos hechos pro cesales externos a la labor funcional del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

De ahí que, el ámbito de revisión esté restringi do por las causales que el leg islador ha de terminado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por trata rse d e situaciones excepcionales contra el valor de la cosa j uzgada, no admiten interpretaciones más allá de lo que en buena ley se deduce de su texto.

4 “Artículo 250. Causale s de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Hab erse encontrado o reco brado después de d ictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.

3. Haberse dictado la sentenc ia con base en dict amen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.

4. Haberse dic tado sent encia penal que declare que hubo viol encia o cohecho en el pronun ciamiento de l a sentencia.

5. Ex istir nulidad originada en la sentenci a que puso fin al p roceso y contra l a que no procede recurso de

sentencia.

5. Ex istir nulidad originada en la sentenci a que puso fin al p roceso y contra l a que no procede recurso de apelación.

6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.

8. S er la sent encia contraria a o tra anterior que co nstituya cosa juzgada entre las partes del proceso en qu e aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el se gundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

5

Sentencia C-418 de 1994.

6 Ver, se ntencia del 6 de se ptiembre de 2016, expediente con radicado número: 1 1001031500020130199800. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Sala Especial de Decisión número 3.Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

6

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que ver con hechos como la f alsedad, el fraude, el error, la aparición de doc umentos decisivos que hubieren m odificado el sentido de la decisión o incluso la violación d el

Las causales de revisión previstas en el artículo 250 CPACA básicamente tienen que ver con hechos como la f alsedad, el fraude, el error, la aparición de doc umentos decisivos que hubieren m odificado el sentido de la decisión o incluso la violación d el debido proceso . Esas causal es, como es a penas obvio, no aluden a errores sustanciales que pu edan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por violación de la ley 7 .

5. Del alcance y re quisitos de l a causal quinta: -“(…) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

De la lectura del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, es posible adv ertir que para que se configur e la causal, deben concurrir los siguientes requisitos: (i) que l a providencia que es recurrida mediante el recurso extraordinario de revisión ponga fin al proceso; (ii) que contra esta decisión no proc eda el recurso de apelac ión y, (iii) que la nulidad al egada haya oc urrido en el momento en que se dictó la sentencia y no antes 8 .

Pues bie n, por regla general, los motivos de nulidad que afectan la sentencia son aquellos eventos descr itos en el artículo 1 33 del Código General de l Proceso 9 – antes el artículo 140 del Códi go de Procedimiento Civil – y por violación del artí culo 29 de la Constitución Política 10 , ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones 11 .

Será entonces, en los even tos en los que algunas de las circunstancias descritas en

29 de la Constitución Política 10 , ocurre lo propio en las distintas jurisdicciones 11 .

Será entonces, en los even tos en los que algunas de las circunstancias descritas en la precitada norm a se configur en en el momento procesal de la expedición de la

7 Ibídem. 8 Recuérdese, que de conformid ad con el parágraf o del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás irregularidades del proceso que no se impugnan oportunamente por los mec anismos que establece el código se tendrán por subsanadas. 9 La comprensión del art ículo 133 del Código G eneral del Proceso permite advertir que la s causales de nuli dad tienen que ver básicamente con sucesos del siguiente orden:

1. Que el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Que el ju ez proceda contra prov idencia ejecutoria da del sup erior, reviva un proceso legalmente co ncluido o pretermita íntegramente la respectiva instancia.

3. Que se adelante después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanude antes de la oportunidad debida.

4. Cua ndo es indebi da la representación de alguna de las partes, o cuando qu ien a ctúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las op ortunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuan do la sentencia se profiera por un ju ez distinto del qu e escuchó los a legatos d e con clusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se pr actica en legal f orma la notificac ión del auto admisorio de la demanda a perso nas determinadas, o el e mplazamiento de las demás personas au nque sean indeterm inadas, que deban ser ci tadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquie ra de las partes, cuando la ley as í lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. 10 la Co rte Constituc ional en la s sentencias C -491 de 1995, C-217 de 1996 y C -739 d e 2001 preci só que la nulidad originada en la sentencia no se restringe a las causales que prevé el Código General del Proceso – antes Código de Procedimiento Civil-, que, adicionalmente, puede derivar de la violación al debido proc eso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

11 La jurisdicción civil [Artículos 379 y siguient es del Có digo de Procedi miento Civil.], la jur isdicción penal [Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral [Artículo 62 y sigu ientes del C ódigo de Procedimiento Laboral] y la jurisdicci ón de lo contencioso administrativo

[Artículos 192 y siguientes de la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal], la jurisdicción ordinaria laboral [Artículo 62 y sigu ientes del C ódigo de Procedimiento Laboral] y la jurisdicci ón de lo contencioso administrativo [artículo 250 y siguientes del Código de lo Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo].Radicado: 11001 03 15 000 2021 07457 00

Demandante: Margarita Rosa Romero Rojas Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

7

sentencia que se habilita el recurso extraordinario de revisión 12 , pues recuérdese, que de conformidad con el parágrafo del artículo 133 del Código General del Proceso, las demás irregularidades del proceso q ue no se impugnan oportunamente se tendrán por subsanadas y que, en los términos del inciso final del artículo 135 ejusdem, será rechazada de plano toda solicitud de nu lidad q ue se funde en hechos que se propongan después de saneada la nulidad, sin perjuicio de las nulidades insaneables que describe el parágrafo del artículo 136 de la misma norma.

La Sala Plena de lo Conten cioso A dministrativo, en sentenc ia de 31 de may o de 2011, en el expe diente con radicado núme ro: 11001-03-15-000-2008-00294-00, identificó algunos eventos es los que se predica la existenc ia de la nulidad originada en la sentencia, en los siguientes términos:

identificó algunos eventos es los que se predica la existenc ia de la nulidad originada en la sentencia, en los siguientes términos:

“En síntesis, la nulidad que tiene origen e n la sentencia se pre senta por i) falta de jurisdicción o competencia, ii) cuando se dict a nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia fi rme, iii) cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hu biera s ido aceptado e l desistimiento, aprobada la tr ansacción o declarada l a perención de l proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el pr evio trámite correspondiente, v) cuando se condena al d emandado por cantidad sup erior o por obj eto distinto del pret endido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, vi) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, vii) o cuando, s in más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de l as causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos divers o al previsto en la ley, ix) cuando la providencia carece completamente de motivación[ 13 ]”.

Aunado a lo anterior, esta Corporación ha previsto que la causal de nulidad originada en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:

“Ahora bien, la causal quin ta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia cuando al acci onado es condenado por cantidad superior, o

en la sentencia también comprende la violación al principio de congruencia, así:

“Ahora bien, la causal quin ta del artículo 250 del CPACA también comprende la violación del principio de congruencia cuando al acci onado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en ésta; también se configura en el evento que la sentencia no se pronuncie sobre t odos los puntos litigiosos objeto del debate (cifra petita)” 14

Se resalta que la Sala Plena de esta Corporación dio un nuevo alcance a la referida causal, en lo que concierte al derecho al debido proceso. En sentencia de unificación del 8 de mayo de 2018, proferida por la Sala Plena d el Consejo de Estado, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-1998-00153-0115, se refirió

12 Salvo algunos eventos en los que, a pesar de presentarse en un momento previo a la emisión del fallo, no pudo ser advertida por el afectado, caso en el cual el interesado tiene la carga de probar que no tuvo la oportunidad de proponer la nulidad o alegar el vicio oportuname nte. De lo contr ario, la causal de revisión en cuestión se convertiría en una anormal oportun idad para que las partes subsanen las omision es del proceso ordi nario y aleguen nulidade s o e rrores proce sales que de bieron proponer dentro del término oportuno. A l re specto, ver sentencias del 3 d e diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del

sentencias del 3 d e diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2018-01235-00 y del 3 de diciembre de 2019, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-20120-00643-00. 13 Al respecto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 20 de octubre de 2009, d entro del exped iente con radicado númer o: 2003 -00133-00, señ aló que la nulidad originada en l a sentencia por ausencia de motivación, se presenta solamente ante la carencia total de p ronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2018, Rad. REV 201400440-00. 15 En esa oportunidad, la Sala Plena estableció que se configura la nulidad originada en la sentencia i) cuando se presenta alguno de los hechos enlistados en el artículo 140 del C. P. C, vi gente