CE - 110010315000202110723011SENTENCIACONFIRMA20220517034641

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10723-01

Accionante: TRANSPORTES CALDERÓN S.A.

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se confirma el fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo, en tanto no satisface los requisitos generales de procedibilidad atinentes a la inmediatez y subsidiariedad

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la sociedad accionante en contra de la sentencia de 17 de febrero de 2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Transportes Calderón S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del

solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 68001-23-33-000-2020-01091-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente: 2.1. Relató que , el 23 de octubre de 2020, radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN.2

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Accionante: Transportes Calderón S.A. 2.2. Comentó que, pese a que radicó la demanda el 23 de octubre de 2020, esta solo fue registrada en el sistema de justicia Siglo XXI el 16 de diciembre de ese mismo año. 2.3. Manifestó que el Tribunal accionado mediante auto de 22 de abril de 2021 rechazó de plano la demanda que había promovido en contra de la DIAN, al haber considerado que se configuró la caducidad del medio de control. 2.4. Afirmó que la anterior decisión constitu ye «una violación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia decantados en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política de Colombia dado que la demanda se presentó dentro de los

2.4. Afirmó que la anterior decisión constitu ye «una violación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia decantados en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política de Colombia dado que la demanda se presentó dentro de los 4 meses que dispone la ley, es decir, cuando sólo habían transcurrido 3 meses y 21 días, realizando el Despacho un erróneo conteo de los términos de caducidad». 2.5. Señaló que en el auto tutelado se incurrió en defecto sustantivo «por indebida aplicación de una norma al caso concreto ya que a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, aplicación que es claramente perjudicial para los intereses legítimos de mi Poderdante. A su vez constituye un defecto procedimental por cuanto el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido ya que debió admitir la demanda y darle el trámite previsto en el CPACA y no rechazarla por la presunta operancia del fenómeno jurídico de la caducidad». 2.6. Indicó que el medio de control caducaba el 2 de noviembre de 2020, ya que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 564 de 2020, los términos de caducidad fueron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 1° de julio de 2020.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA – Que se admita formalmente esta Acción de Tutela y en consecuencia, se ordene la vinculación del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER.

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA – Que se admita formalmente esta Acción de Tutela y en consecuencia, se ordene la vinculación del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

SANTANDER.

SEGUNDA – Que se tutele, a favor de la Empresa TRANSPORTES CALDERON S.A., el derecho al acceso a la Administración de Justicia en conexidad, por encontrarse ligado, al derecho fundamental al debido proceso vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER.

TERCERA – Que se declare sin ningún valor ni efecto la decisión tomada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER de rechazar por caducidad la ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO radicada bajo el número 68001233300020200109100, la cual se presentó de manera oportuna el día 23 de octubre de 2020.

CUARTA – Que se adopten todas las medidas necesarias tendientes a conjurar la vulneración de los derechos fundamentales por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER y cuyos hechos se encuentren demostrados en el expediente. […]3

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Accionante: Transportes Calderón S.A.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del presente proceso, mediante auto de 3 de diciembre de 2021 inadmitió la acción de tutela de la referencia al advertir que el apoderado judicial carecía de poder que lo facultara para promover el mecanismo

Estado a cargo de la sustanciación del presente proceso, mediante auto de 3 de diciembre de 2021 inadmitió la acción de tutela de la referencia al advertir que el apoderado judicial carecía de poder que lo facultara para promover el mecanismo de amparo en representación de la sociedad Transportes Calderón S.A.

5. Posteriormente y m ediante auto de 14 de enero de 2022, el Despacho sustanciador del proceso de la referencia admitió la presente acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander . En la misma providencia, vinculó como tercero con interés directo en los resultados del proceso a la DIAN.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y a la vinculada, se

produjeron las siguientes intervenciones:

6.1. El Tribunal Administrativo de Santander , por intermedio de la magistrada ponente de la decisión enjuiciada, rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente el presente mecanismo de amparo, al considerar que no cumple con los requisitos generales de procedencia atinentes a la subsidiariedad e inmediatez.

6.2. En tal sentido, expuso que la parte actora no interpuso ningún recurso contra el auto aquí tutelado, pese a que dicha decisión era susceptible del recurso de apelación en los términos previstos en el artículo 243, numeral 1°, del CPACA, por lo que es claro que no se satisface con el requisito de la subsidiariedad.

6.3. Igualmente, aseguró que no satisface la inmediatez, ya que el escrito de amparo se promovió después de haber transcurrido más de nueve (9) meses desde que se

6.3. Igualmente, aseguró que no satisface la inmediatez, ya que el escrito de amparo se promovió después de haber transcurrido más de nueve (9) meses desde que se dictó la decisión objeto de cuestionamiento por esta vía constitucional.

6.4. La DIAN, a través de la subdirectora de representación externa de la entidad, rindió informe en el que advirtió que la presente solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia, en tanto que: i) no cumple con el requisito de inmediatez, puesto que se interpuso después de seis meses de sde la última actuación adelantada dentro del proceso ordinario; ii ) no se evidencia la configuración del defecto procedimental absoluto, por cuanto el actuar de la autoridad judicial se ajustó a derecho; iii) no se agotaron todos los medios ordinarios para la procedencia de este mecanismo , y iv) el asunto planteado carec e de relevancia constitucional.4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10723-01

Accionante: Transportes Calderón S.A.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante sentencia de tutela de 17 de febrero de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, luego de considerar que no cumplía con los requisitos de inmediatez y de la subsidiariedad.

8. En primer lugar, el a quo expuso que la solicitud de amparo no satisfacía el requisito de la inmediatez, en tanto que el mecanismo constitucional se ejerció después de haber transcurrido más de seis (6) meses de haberse notificado la

8. En primer lugar, el a quo expuso que la solicitud de amparo no satisfacía el requisito de la inmediatez, en tanto que el mecanismo constitucional se ejerció después de haber transcurrido más de seis (6) meses de haberse notificado la decisión enjuiciada y no se planteó ningún argumento que justificara la tardanza en la presentación de esta.

9. Respecto del incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, el a quo consideró que tampoco se cumplía, debido a que la parte actora no agotó el medio de defensa que tenía a su disposición para controvertir la decisión a la que le atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, tal mecanismo era el recurso de apelación, máxime cuando no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La parte accionante, a través de apoderado judicial, impugnó la sentencia de primera instancia, al considerar que, «establecer un término de 6 meses para interponer la acción de tutela so pena de considerarla improcedente, constituye una vulneración por sí misma, del derecho al debido proceso y específicamente al principio de legalidad toda vez que dicho término no está previsto en la Ley ni en la Constitución, pues se trata de un argumento jurisprudencial acogido por la Honorable Corporación como una regla general dentro de la cual han considerado que 6 meses es un plazo suficiente y razonable dentro del cual sí o sí debe formularse la acción de tutela contra providencia judicial».

11. En ese sentido, añadió:

[...] El Despacho edificó su decisión en la “regla general” definida por ellos

formularse la acción de tutela contra providencia judicial».

11. En ese sentido, añadió:

[...] El Despacho edificó su decisión en la “regla general” definida por ellos mismos pero no reparó en las razones que motivaron al accionante para formular la acción constitucional en la fecha que lo hizo, es decir, que con posterioridad al auto que rechazó la demanda por caducidad, se intentó en múltiples ocasiones una comunicación telefónica del Apoderado con los funcionarios de la Secretaría General del Tribunal a fin de esclarecer la razón por la cual la demanda aparecía en el sistema radicada hasta el 16 de diciembre de 2020 cuando se había presentado desde el 23 de octubre de 2020, siendo infructuosa la gestión, aunado a que no hay atención al público en la sede judicial [...].

12. En cuanto al requisito de la subsidiariedad, el impugnate señaló lo siguiente:5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10723-01

Accionante: Transportes Calderón S.A. [...] considera el Despacho que el accionante no hizo uso de los mecanismos ordinarios como lo era el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda, sin embargo, lo cierto es que al momento de formular la acción de tutela, el rechazo de la demanda se encontraba en firme y ya no era procedente el empleo de otro mecanismo o acción ordinaria o extraordinaria, por lo tanto, se insiste en que debe superarse el estudio de los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y proceder al análisis de los requisitos especiales de procedibilidad expuestos en el líbelo

se insiste en que debe superarse el estudio de los requisitos generales de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial y proceder al análisis de los requisitos especiales de procedibilidad expuestos en el líbelo introductorio ya que allí se explica de manera concreta el defecto que desnaturalizó la esencia de la providencia censurada por entrañar grave afrenta a los derechos fundamentales de mi poderdante, consistente nada más y nada menos que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER consideró erróneamente que la demanda fue presentada el día 28 de julio de 2021, cuando ya había transcurrido más de 8 meses desde que el término de caducidad se cumplió, cuando en realidad la demanda se radicó cuando habían transcurrido 3 meses y 21 días, faltando 9 días para fenecer el término de caducidad, ya que fue presentada el día 23 de octubre de 2020 previendo justamente, que se vencieran los términos para invocar el medio de control.

Esta manera de razonar, la del Tribunal Administrativo de Santander, resulta contraria al ordenamiento jurídico nacional por cuanto, la sanción impuesta de decretar la caducidad del medio de control invocado, cercena el derecho de mi representado de acudir a la Justicia en busca de discutir las razones jurídicas por las cuales se consideran ilegítimos los actos demandados y dificulta la realización de la administración justicia que se proclama.

El acceso a la justicia es un derecho garantizado por la Constitución Nacional y que hace parte de los principios rectores del Derecho Procesal en virtud del cual toda persona tiene derecho a la efectividad en la tutela de sus derechos e intereses con sujeción al debido proceso siendo sancionado su incumplimiento

que hace parte de los principios rectores del Derecho Procesal en virtud del cual toda persona tiene derecho a la efectividad en la tutela de sus derechos e intereses con sujeción al debido proceso siendo sancionado su incumplimiento injustificado cuando se verifique su inobservancia.

Justamente el respeto por el debido proceso implica el deber que le asiste al Juez de garantizar la igualdad de armas, el derecho de contradicción, la libertad de emplear los medios probatorios idóneos y el acceso a la administración de justicia con el fin de controlar y otorgar validez a la actuación procesal correspondiente y ante todo el respeto y observancia de las normas procesales que son consideradas de orden público y obligatorio cumplimiento y con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. [...]

13. Con fundamento en los anteriores argumentos, el impugnante solicitó revocar el fallo impugnado, para en su lugar, se conceda el amparo deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

14. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación presentada por el accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".6

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Accionante: Transportes Calderón S.A.

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".6

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Accionante: Transportes Calderón S.A. 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la providencia de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 68001-23-33-000-202001091-00 vulneró los derechos fundamentales del actor, al haber incurrido presuntamente en defecto sustantivo y procedimental.

16. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a

(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia obj eto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción

2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".

3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.7

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Accionante: Transportes Calderón S.A. no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución6.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos parámetros.

análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una m anera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sa la Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

24. La sociedad Transportes Calderón S.A., por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del

5 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 6 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto

jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose de l contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 7 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10723-01

Accionante: Transportes Calderón S.A. medio de control de nulidad y res tablecimiento del derecho con radicado número

Radicación: 11001-03-15-000-2021-10723-01

Accionante: Transportes Calderón S.A. medio de control de nulidad y res tablecimiento del derecho con radicado número 68001-23-33-000-2020-01091-00.

VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito de la subsidiariedad

25. Sobre el particular, cabe recordar que, dado el carácter subsidiario, excepcional y residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 8, que expresamente prescribe: «La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o med ios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza9); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

27. La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de

la acción de tutela, en los siguientes términos:

[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado

27. La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de

la acción de tutela, en los siguientes términos:

[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción constitucional no puede e ntrar a sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una efica z protección constitucional. De allí que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto. Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los procesos judiciales […]10.

28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate

judiciales […]10.

28. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto

8 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''. 9 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 10 Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.9

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Accionante: Transportes Calderón S.A. excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

29. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

30. La jurisprudencia ha expuesto el alcance interpretativo del concepto de perjuicio irremediable en los términos siguientes: […] En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien

exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […].11

31. Precisado lo anterior, la Sala advierte que, tal como lo consideró el a quo , la presente solicitud de amparo no satisface el requisito de la subsidiariedad en la medida que contra la decisión aquí enjuiciada, por medio de la cual se rechazó la demanda, no se interpuso ningún recurso, pese a que dicha providencia era susceptible del recurso de apelación, en virtud de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021,

norma del siguiente tenor:

[…] ARTÍCULO 243. APELACIÓN . Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. […] (Negrillas por fuera del texto original)

32. Con fundamento en la anterior premisa, resulta claro que la parte actora, aunque

1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo. […] (Negrillas por fuera del texto original)

32. Con fundamento en la anterior premisa, resulta claro que la parte actora, aunque disponía de un medio de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir ante el juez natural de la causa la decisión a la cual le atribuye la presunta vulneración de sus derec