CE - 110010315000202111484011SENTENCIA20220502172041

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11484-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: GRACIELA VERGARA MONROY

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA. ES

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARENCIA D EL

REQUISITO DE INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES : DEBIDO PROCESO , IGUALDAD Y

ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 4 de marzo de 202 2, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “ A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1, declaró improcedente el amparo solicitado.

1 En adelante la Sección Tercera.2

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Actora: GRACIELA VERGARA MONROY

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I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora GRACIELA VERGARA MONROY , actuando por

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I – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora GRACIELA VERGARA MONROY , actuando por intermedio de apoderad a, instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerado s por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L TOLIMA2 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO3, al proferi r las providencias de 15 de diciembre de 2017 y 18 de febrero de 2021, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 73001-23-33-0062016-00810-01, mediante la cuales se denegaron las pretensiones incoadas.

I.2.- Hechos

Manifestó que ostentó el cargo de diputada para el período electivo

2 En adelante Tribunal. 3 En adelante Sección Segunda.3

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2012 – 2015 en el Departamento del Tolima.

Indicó que para las vigencias fiscales de los años 2012 a 2014, el Departamento del Tolima fue categorizado en tercera categoría

2012 – 2015 en el Departamento del Tolima.

Indicó que para las vigencias fiscales de los años 2012 a 2014, el Departamento del Tolima fue categorizado en tercera categoría mediante los decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012 y 3035 de 2013, cuando debió categorizarse en segunda categoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º y 4º de la Ley 617 de 2000.

Señaló que comoquiera que los ingresos corrientes de libre destinación y la población pre clasificaba al Departamento del Tolima en primera categoría, sin embargo, en vista que los gastos de funcionamiento superaron los l ímites establecidos en el artículo 4 º de la Ley 617 de 2000, debió ser categorizado en la categoría inferior, esto es, en la categoría segunda en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 1º ibídem.

Mencionó que debido a la categorización errónea del Departamento del Tolima, sus prestaciones sociales se vieron afectadas por cuanto percibió menos de lo que por ley le correspondía.4

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Aludió que solicitó a la entidad territorial mediante reclamación administrativa los emolumentos dejados de percibir, en razón a la indebida categorización, solicitud que fue despachada de manera desfavorable.

Aludió que solicitó a la entidad territorial mediante reclamación administrativa los emolumentos dejados de percibir, en razón a la indebida categorización, solicitud que fue despachada de manera desfavorable.

Afirmó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso que fue identificado con el número único de radicación 73001-23-33-006-2016-0081000 y le correspondió por reparto al TRIBUNAL que, mediante providencia de 15 de diciembre de 2017, denegó las pretensiones de la demanda.

Arguyó que la anterior decisión fue apelada ante la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante providencia de 18 de febrero de 202 1, confirmó la decisión de primera instancia.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que la s providencias cuestionadas incurrieron en violación directa de la Constitución , por cuanto vulner aron los postulados fijados en los artículos 13, 229 y 230.5

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Manifestó que la s autoridades judiciales accionadas, quebrantaron sus derechos al interpretar de manera equivocada lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 617 de 2000, pues al indicar que la categorización se debía efectuar según los gastos de funcionamiento sin tener en cuenta la recategorización , tal

sus derechos al interpretar de manera equivocada lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1º de la Ley 617 de 2000, pues al indicar que la categorización se debía efectuar según los gastos de funcionamiento sin tener en cuenta la recategorización , tal perspectiva no correspondería a la voluntad del legislador.

Señaló que lo que establece la ley es que los gastos de funcionamiento no son un criterio autónomo de categorización, sino un condicionante para evitar que el Departamento pierda la precategoría y, si esto llegara a suceder , pasaría a la categoría inmediatamente inferior a la que le correspondería.

Manifestó que la categorización equivocada incidió en la remuneración de sus prestaciones sociales, comoquiera que percibió sus ingresos laborales de acuerdo co n la categoría tercera, cuando en realidad debió percibir ingresos equivalentes a la categoría segunda, por lo que el errado control de legalidad de las normas en las que se fundó la categorización indiscutiblemente afectó sus derechos laborales.6

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Resaltó que la acción de tutela no vulneró el principio de inmediatez y solicitó la flexibilización en el conteo del término en tanto agotó el procedimiento administrativo y los recursos ordinarios ante la jurisdicción contenciosa administrativa y, además, hasta el mes de

y solicitó la flexibilización en el conteo del término en tanto agotó el procedimiento administrativo y los recursos ordinarios ante la jurisdicción contenciosa administrativa y, además, hasta el mes de julio de 2021, tuvo conocimiento del fallo proferido el 19 de abril de 2021 por la Sección Primera, providencia en l a que se declaró la nulidad del Decreto 3035 de 2013 y, según su consideración, abrió la posibilidad de reconocimiento de los valores y demás emolumentos dejados de percibir.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó en el escrito de tutela el amparo de los derechos fundamentales deprecados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERA: Que se tutele los derechos al debido acceso a la administración de justicia, pronta y efectiva e igualdad y demás que le hayan sido vulnerados en favor de Graciela Vergara Monroy., violados a través de los fallos 15 de diciembre de 2017, y 18 de febrero de 2021, proferidos por el Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 73001 -23-33-0062016-00810-00.

SEGUNDA: Dejar sin efectos los fallos 15 de diciembre de 2017, y 18 de febrero de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 73001 -23-33-006-7

Tolima y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 73001 -23-33-006-7

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2016-00810-00 y, en su lugar, se les orden inaplicar los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero de la Ley 617 de 2000.

En cuanto al Decreto 3035 de 2013, este ya fue declarado nulo mediante sentencia del diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021), consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicación número: 73001 -23-33-000-2014-00206-01 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado.

TERCERO: Que, a consecuencia de la declaración anterior, al ordenar rehacer el fallo el Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, inaplicar los Decretos 1420 de 2011, 1380 de 2012, por violación directa a lo establecido en el artículo primero de la Ley 617 de

2000.

CUARTO: Que ordene al Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que

directa a lo establecido en el artículo primero de la Ley 617 de 2000.

CUARTO: Que ordene al Tribunal Administrativo del Tolima y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que condenen al Departamento del Tolima a reconocer y pagar a título de restablecimiento el reajuste de la remuneración de la señora Graciela Vergara Monroy, durante los años 2012, 2013 y 2014, debidamente indexado, de igual manera con las diferencias dejadas de pagar de los demás emolumentos devengados por el accionante, como cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones y demás.

QUINTO: Que, de igual manera, se ordene al Departamento del Tolima a reconocer y pagar en favor de Graciela Vergara Monroy, la Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías e incompletas. […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL realizó un recuento del análisis jurídico desarrollado en el fallo cuestionado, concluyendo que no le asistía razón a la accionante, por cuanto el acto administrativo acusado fue expedido con fundamento en los decretos de categorización.8

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Resaltó la autonomía del juez en sus providencias, la obligación del funcionario judicial de interpretar las normas en relación con el caso

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Resaltó la autonomía del juez en sus providencias, la obligación del funcionario judicial de interpretar las normas en relación con el caso controvertido y la evaluación del material probatorio con el fin de resolver el asunto.

Arguyó que en el caso bajo estudio no es posible controvertir a través de la acción de tutela la providencia cuestionada, en tanto no se cumple con la ruptura abierta y grosera del ordenamiento jurídico, pues consideró que l a fundamentación de la providencia no es producto de mero capricho de sus operadores jurídicos.

Finalmente, sostuvo que a la accionante no se le vulneraron los derechos fundamentales invocados , por cuanto dentro del proceso ordinario se le brindaron todas las garantías formales y materiales contempladas en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política.

I.5.2.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificad a en debida forma, guardó silencio.

I.6.- Interviniente9

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I.6.1. El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA manifestó que el asunto objeto de controversia fue debatido y discutido con observancia de la argumentación jurídica adecuada sin que se vulneraran las garantías o derechos deprecados.

I.6.1. El DEPARTAMENTO DEL TOLIMA manifestó que el asunto objeto de controversia fue debatido y discutido con observancia de la argumentación jurídica adecuada sin que se vulneraran las garantías o derechos deprecados.

Señaló que no es dable la utilización del presente mecanismo preferente y sumario como una tercera instancia, por cuanto se pondría en riesgo el principio de seguridad jurídica y la confianza legítima, ya que el caso fue evaluado en la instancia ordinaria con las formalidades establecidas en el ordenamient o jurídico y fallado con garantía de la doble instancia.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 4 de marzo de 2022, la SECCIÓN TERCERA declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que el asunto no cumplía con el requisito de la inmediatez y además carecía de relevancia constitucional.

Sostuvo que la solicitud de amparo resultaba improcedente al no cumplir con el requisito general de procedencia de la inmediatez,10

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puesto que el fallo de segunda instancia fue proferido el 18 de febrero de 2021 por la SECCIÓN SEGUNDA y se notificó electrónicamente a las partes el 15 de abril siguiente.

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puesto que el fallo de segunda instancia fue proferido el 18 de febrero de 2021 por la SECCIÓN SEGUNDA y se notificó electrónicamente a las partes el 15 de abril siguiente.

Señaló que la tutela de la referencia fue presentada el 10 de diciembre de 2021, esto es, 7 meses y 25 días después, lo que evidencia que se ejerció por fuera del plazo razonable aceptado jurisprudencialmente.

Asimismo, consideró infundados los argumentos presentados por la actora para avalar los criterios esbozados para cumplir el requisito de inmediatez, al señalar que “[…] la Sala no puede aceptar como razonable el plazo de más de siete meses que tardó la demandante en cuestionar las decisiones judiciales que según afirmó la afectaron, por el hecho de haberse proferido una decisión por otro juez, mucho menos si la sentencia atacada es a la que se le imputa la vulneración de los derechos fundamentales y, en esa medida, el pronunciamiento posterior no es el que genera o incide en el supuesto menoscabo de los derechos cuya protección se reclama. […]”

Manifestó que el asunto no goza de relevancia constitucional , en11

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tanto los planteamientos presentados por la actora permiten advertir

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tanto los planteamientos presentados por la actora permiten advertir que el propósito de la actora es transmutar el mecanismo de amparo constitucional en una instancia adicional, buscando reabrir un debate zanjado por el juez natural de la causa, por no estar conforme con la decisión.

Señaló que los argumentos expuestos en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fueron debidamente resueltos en sede ordinaria.

Finalmente, consid eró que la decisión sometida a examen no comportó una actuación arbitraria o abusiva y, por el contrario, fue proferida dentro del marco de la sana crítica, la autonomía y la independencia judicial, sustentándose en el material probatorio aportado al proceso y ajustado al procedimiento establecido para el medio de control.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

III.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque en su integridad la decisión.12

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Señaló que la solicitud de tutela cumplía con el requisito de inmediatez, por cuanto la providencia de 19 de abril de 2021 , fue

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Señaló que la solicitud de tutela cumplía con el requisito de inmediatez, por cuanto la providencia de 19 de abril de 2021 , fue conocida en diciembre de 2021 y comoquiera que el fallo referido se profirió en una acción de nulidad simple de la cual no hace parte, consideró que amerita no tener en cuenta el término general establecido en la jurisprudencia, sino que debería valorarse el cumplimiento del requisito de inmediatez bajo criterios de razonabilidad conforme lo dispone la Corte Constitucional.

Asimismo, advirtió que si bien el fallo emitido por la Sección Primera el 19 de abril de 2021, mediante el cual se anuló el Decreto 3035 de 2013, fue proferido con posterioridad a la sentencia de segunda instancia objeto de controversia, consideró que la d ecisión de la Sección Primera abre la posibilidad de que le sean reconocidos sus derechos laborales y, por lo tanto, solicita que se aplique con efectos retrospectivos dicha decisión y, en su lugar, se tutelen los derechos fundamentales invocados.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia13

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presenc ia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.14

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicci ones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente u na cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente u na cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la c onsumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de15

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sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de

que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales de rechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que l a acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de

es comprensible pues, sin que l a acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judici al, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si16

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todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tu tela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra un a sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra un a sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del17

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derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se dejen sin efecto las sentencias de 15 de diciembre de 2017 y 18 de febrero de 2021, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA , respectivamente, por medio de la s cuales se denegaron las pretensiones presentadas dentro de la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el numero único de radicación 73001-2333-006-2016-00810-01.

A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , habida cuenta que, a su juicio, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación directa de la Constitución.

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia , habida cuenta que, a su juicio, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación directa de la Constitución.

Los disensos de la parte actora radican en que, a su juicio, la s autoridades judiciales accionadas, vulneraron sus derechos al interpretar de manera desacertada lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 1 º de la L ey 617 de 2000, pues al indicar que la18

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categorización debía efectuar según los gastos de funcionamiento sin tener en cuenta la recategorización.

Asimismo, manifestó que la categorización equivocada incidió en la remuneración de sus prestaciones sociales, comoquiera que percibió sus ingresos laborales de acuerdo con la categoría tercera, cuando en realidad debió percibir ingresos equivalentes a la categoría segunda, por lo que el errado control de legalidad de las normas en las que se fundó la categorización indiscutiblemente afectó sus derechos laborales.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, de claró improcedente el amparo solicitado, por considerar que el asunto no cumplía con los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.

La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración

SECCIÓN TERCERA que, de claró improcedente el amparo solicitado, por considerar que el asunto no cumplía con los requisitos de inmediatez y relevancia constitucional.

La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su posición jur ídica inicial y además, insistió en que la solicitud de tutela cumplía con el requisito de inmediatez y solicitó la aplicació