CE - 110010315000202200111011SENTENCIA20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00111-01

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: GABRIEL JAIME PEREA

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INMEDIATEZ Y

SUBSIDIARIEDAD.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 25 de marzo de 20221, proferida por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO 2 que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 Impugnación concedida el 8 de mayo de 2023 en virtud de la orden dictada el 24 de abril de 2023, dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación 11001 -03-15-000-202300078-01 2 En adelante la Sección Tercera2

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor GABRIEL JAIME PEREA , obrando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso , el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER 3 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 4 al proferir las providencias de 26 de noviembre de 2015 y 11 de julio de 2019, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001-23-33-000-2012-00330-00/01 y por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 2 DEL CONSEJO DE ESTADO5 al proferir el auto de 18 de junio de 2021, mediante el cual rechazó por improcedente el recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado número 11001-03-15-000-2020-03587-00.

3 En adelante el Tribunal. 4 En adelante la Sección Segunda 5 En adelante la Sala de Decisión núm. 23

radicado número 11001-03-15-000-2020-03587-00.

3 En adelante el Tribunal. 4 En adelante la Sección Segunda 5 En adelante la Sala de Decisión núm. 23

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I.2.- Hechos

Refirió que estuvo vinculado a la POLICÍA NACIONAL en la especialidad de vigilancia en el Departamento de Policía de Santander, siendo su última asignación en el Comando de Atención Inmediata de Morrorico.

Adujo que fue sujeto de una investigación disciplinaria por parte de la oficina de control disciplinario interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que cursó bajo el radicado P -MEBUC-2012-30 y, mediante decisión de 26 de abril de 2012, se le encontró responsable de infringir el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 7 de febrero de 20066, esto es, consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias que produzcan dependencia física o psíquica durante el servicio. Por lo cual, se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 año s y e l fundamento de la mencionada decisión fue un dictamen practicado el 22 de agosto de 2011 por el médico forense OSCAR MANTILLA

destitución e inhabilidad general por el término de 10 año s y e l fundamento de la mencionada decisión fue un dictamen practicado el 22 de agosto de 2011 por el médico forense OSCAR MANTILLA

6 “Por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”4

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BARRERA, funcionario de Medicina Legal, en el cual se concluyó que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Afirmó que, como consecuencia de lo anterior, fue desvinculado de la Institución mediante la Resolución núm. 01822 de 1o. de junio de 2012, proferida por la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la cual le fue notificada el 4 de julio de 2012.

Indicó que inconforme con lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL, el cual fue identificado con el número único de radicación 68001-23-33-000-2012-00330-00 y asignado por reparto al TRIBUNAL que, mediante auto de 26 de noviembre de 2015, declaró probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del recurso de apelación en sede administrativa.

al TRIBUNAL que, mediante auto de 26 de noviembre de 2015, declaró probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del recurso de apelación en sede administrativa.

Relató que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual le correspondió a la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante auto de 11 de julio de 2019, confirmó el auto recurrido.5

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Sostuvo que interpuso recurso extraordinario de revisión contra el auto interlocutorio de 11 de julio de 2019, con fundamento en la causal 5ª del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-.

Manifestó que mediante auto de 18 de junio de 2021 la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 2 rechazó por improcedente el mencionado recurso, bajo el argumento de que el artículo 248 del CPACA dispone que el mismo únicamente procede contra sentencias ejecutoriadas, proferidas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos, más no contra autos interlocutorios, como se pretendía en esa oportunidad.

I.3. Fundamentos de derecho

de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los Jueces Administrativos, más no contra autos interlocutorios, como se pretendía en esa oportunidad.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que incurrieron en defecto fáctico, al omitir analizar el material probatorio que acompañaba la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, entre el que se encontraba la investigación administrativa MEBUC-6

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2012-30, que evidenciaba que la POLICÍA NACIONAL vulneró sus derechos fundamentales, habida cuenta que: (i) inició la investigación disciplinaria a partir del dictamen pericial practicado por el médico forense OSCAR MANTILLA BARRERA, a pesar de que aquel fue realizado sin orden judicial, sin su consentimiento informado y sin observar las reglas previstas en el Reglamento Técnico Forense para la Determinación del Estado de Embriaguez aguda del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; (ii) las actuaciones surtidas al interior del proceso disciplinario nunca le fueron notificadas, razón por la cual no tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas, asistir a audiencias o interponer el recurso

actuaciones surtidas al interior del proceso disciplinario nunca le fueron notificadas, razón por la cual no tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas, asistir a audiencias o interponer el recurso de apelación contra la decisión de primer grado; (iii) se tuvo a CARLOS HUMBERTO BAYONA CENTENO como su apoderado en el proceso disciplinario, a pesar de que aquel representó únicamente a su compañero de patrulla NÉSTOR JAVIER PINTO ACUÑA.

Aunado a lo anterior, afirmó que las decisiones cuestionadas se limitaron a manifestar que omitió presentar recurso de apelación para controvertir la decisión disciplinaria de primera instancia, desconociendo que el dictamen pericial practicado por el médico OSCAR MANTILLA BARRERA está siendo cuestionado dentro de7

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una investigación penal adelantada en contra de aquel para que se indague respecto a la práctica del examen “[…] ya que fue emitido bajo presión de los policiales con violación de las normas que persiguen la inserción formal de la prueba en el proceso incoado contra el actor […]”.

Adicionalmente, indicó que la referida prueba fue declarada nula a través de una sentencia de tutela, por ser contraria al numeral 5 del artículo 36 de la Ley 938 de 30 de diciembre de 20047, a las leyes

Adicionalmente, indicó que la referida prueba fue declarada nula a través de una sentencia de tutela, por ser contraria al numeral 5 del artículo 36 de la Ley 938 de 30 de diciembre de 20047, a las leyes 836 de 16 de julio de 20038, 141 de 16 de diciembre de 19619 y a la Resolución 000414 de 27 de agosto de 200210, aclarada por la Resolución 000453 de 24 de septiembre de 2002 dictadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal.

I.4.- Pretensiones

7 “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación” 8 "Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las fuerzas militares". 9 La cual establece: “Adóptanse como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores”. 10 En virtud de la cual se fijan los parámetros científicos y técnicos relacionados con el examen de embriaguez y alcoholemia8

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La parte actora solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia:

“[…] se decrete la nulidad de la providencia de fecha 26 de noviembre de 2015 de Primera Instancia proferid a por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER bajo el radicado 680012333000201200 y la providencia de Segunda Instancia de fecha 11 de julio de 2019, proferida por el CONSEJO DE ESTADO – SECCION SEGUNDA – SUBSECCION B; y en consecuencia se acceda a las pretensiones de la demanda […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Policía Nacional solicitó denegar las pretensiones de la solicitud de amparo ante la improcedencia de la misma, toda vez que el proceso disciplinario, aquí cuestionado, del que fue sujeto pasivo el accionante se ajustó a las normas aplicables al caso y, además, se respetaron y garantizaron sus derechos fundamentales.

Así mismo, indicó que la decisión adoptada por el Tribunal se encuentra ajustada a derecho , habida cuenta que no se acreditó el agotamiento de la vía administrativa, lo cual impedía adelantar el9

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El actor impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se revoque, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito introductorio.

Además, s eñaló que , contrario a lo considerado por el a quo , la solicitud de tutela cumplía con l os requisitos generales de procedibilidad, específicamente el de relevancia constitucional , por cuanto, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, pues el cargo referente al defecto fáctico no se refiere a re abrir un nuevo debate sobre las pruebas que fueron relacionadas y aportadas dentro de las documentales de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sino a poner de presente que el Juez de oficio resolvió compulsar copias procesales de la actuac ión, lo cual de muestra el error procedimental de la investigación disciplinaria que culminó con la expedición de la resolución de retiro núm. 01822 de 2012 y, en consecuencia, dio lugar a instaurar dicha demanda.

Afirmó que su desacuerdo se centraba en que era inadmisible que las autoridades judiciales accionadas desconocieran las pruebas y el procedimiento irregular del proceso disciplinario que dio lugar a su12

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Pl ena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijado s hasta el momento jurisprudencialmente.14

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jurisprudencialmente.14

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octa vio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de

marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado to dos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales15

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con l os casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte a ctora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en

que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las16

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sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge c uando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fáctico s y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.17

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1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL y por la SECCIÓN SEGUNDA al proferir las providencias de 26 de noviembre de 2015 y 11 de julio de 2019, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001-23-33-000-2012-00330-00/01 y por la SALA ESPECIAL DE DECISIÓN NÚM. 2 al proferir el auto de 18 de junio de 2021, mediante el cual rechazó por improcedente el recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado número 11001-03-15-000-2020-03587-00.

18 de junio de 2021, mediante el cual rechazó por improcedente el recurso extraordinario de revisión identificado con el radicado número 11001-03-15-000-2020-03587-00.

Los disensos de la parte actora radican en que, a su juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico y vulneraron su derecho fundamental al debido proceso, ya que desconocieron las pruebas allegadas con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que demostraban (i) que la Policía18

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Nacional inició la investigación disciplinaria a partir de un dictamen pericial practicado sin ajustarse al procedimiento previsto para el efecto; (ii) que las actuaciones surtidas en el mencionado proceso nunca le fueron notificadas, razón por la que no tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas, asistir a audiencias o de interponer el recurso de apelación contra la decisión de primer grado; y (iii) que se tuvo a CARLOS HUMBERTO BAYONA CENTENO como su apoderado al interior del referido asunto disciplinario, pese a que este representó únicamente a su compañero de patrulla NÉSTOR JAVIER

PINTO ACUÑA.

Reprochó, también, que las autoridades judiciales se limitaron a

apoderado al interior del referido asunto disciplinario, pese a que este representó únicamente a su compañero de patrulla NÉSTOR JAVIER

PINTO ACUÑA.

Reprochó, también, que las autoridades judiciales se limitaron a mencionar que no promovió el recurso de apelación contra la decisión disciplinaria de 26 de abril de 2012, mediante la cual se determinó que había incurrido en la conducta prevista en el numeral 26 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006, lo cual dio lugar a su desvinculación de la Institución.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 25 de marzo de19

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2022, declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

La impugnación del actor está estructurada sobre una reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su posición juríd ica inicial, conforme a la cual las autoridades judiciales accionadas desconocieron las pruebas y el procedimiento irregular que en el proceso disciplinario dio lugar a la expedición del acto que ordenó su retiro del servicio.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

proceso disciplinario dio lugar a la expedición del acto que ordenó su retiro del servicio.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, i i) determinar si las autoridades judiciales accionadas , vulner aron el derecho fundamental al debido proceso invocad o, estudio que se realizará a cada proceso cuestionado por separad o, esto es, a las decisiones dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso extraordinario de revisión.20

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.- Providencias dictadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La parte actora pretende que se dejen sin efectos las providencias de 26 de noviembre de 2015 y 11 de julio de 2019, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 68001-23-33-0002012-00330-00/01, mediante las cuales se declaró probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del recurso de apelación en sede administrativa.

identificado con el número único de radicación 68001-23-33-0002012-00330-00/01, mediante las cuales se declaró probada la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del recurso de apelación en sede administrativa.

Ahora, comoquiera que la decisión de segunda instancia fue la que clausuró el debate procesal, la Sala circunscribirá su estudio a la providencia dictada el 11 de julio de 2019, por la SECCIÓN

SEGUNDA.

En ese orden de ideas , de acuerdo con los parámetros planteados anteriormente, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de proced ibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, especialmente, el requisito de inmediatez.21

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-0111-01

ACTOR: GABRIEL JAIME PEREA

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Al respecto, cabe señalar que l a jurisprudencia constitucional ha sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que aunque no tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del mecanismo […]”11.

Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso, para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa

11 Corte Constitucional, sente