CE - 110010315000202200365001AUTOQUERESUEL20221003173211

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA VEINTIDÓS ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., Treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00365-00

Demandante: FRANCISCO JAVIER OLAYA

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTRO

Asunto: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección

Segunda, Subsección A

AUTO QUE RESUELVE IMPEDIMENTO

La Sala Veintidós Especial de Decisión del Consejo de Estado decide el impedimento que presentó el magistrado, Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas , para conocer del asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso anterior al recurso extraordinario de revisión

El señor Francisco Javier Olaya, por medio de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Risaralda - Secretaría de Educación, con la finalidad de que se declarara la nulidad del Oficio 000401 -23714 de 19 de diciembre de 2015, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses de mora por el pago tardío del

de Risaralda - Secretaría de Educación, con la finalidad de que se declarara la nulidad del Oficio 000401 -23714 de 19 de diciembre de 2015, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de los intereses de mora por el pago tardío del retroactivo a causa de la homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Risaralda, como consecuencia de la descentralización de la educación de acuerdo con la Ley 60 de 19932 y la Ley 715 de 20013.

1 Páginas 2 a 16 del archivo .pdf “ 1_001CUADERNOPPAL(.pdf) NroActua 36”, contenido en el índice 36 de SAMAI del proceso con el radicado 66001-23-33-000-2016-00404-01, MP. Gabriel Valbuena Hernández. Proceso al cual también se puede acceder a través del link del documento .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CORREO_CAROLINAMOR(.pdf)NroAc tua31”, contenido en el índice 31 del presente trámite en el referido aplicativo. 2 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones ”, derogada por medio del artículo 113 de la Ley 715 de 2001. 3 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud,

con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.”.Asunto: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00

Demandante: Francisco Javier Olaya

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El Tribunal Administrativo de Risaralda dictó sentencia el 30 de noviembre de 2017, mediante la cual negó las súplicas de la demanda.

Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia de 26 de noviembre de 2020, que confirmó el fallo del a quo al considerar que, de acuerdo con la tesis sostenida por las Subsecciones de la Sección Segunda de esta corporación4, es improcedente el reconocimiento de los intereses moratorios.

En el caso d el señor Francisco Javier Olaya , el ad quem concluyó que no procedía el reconocimiento de los referidos intereses , por el pago del valor del retroactivo correspondiente a la homologación y nivelación de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Risaralda, en la medida en que no hubo incumplimiento en el pago, toda vez que se llevó a cabo luego de agotar las etapas fijadas en la ley, y dichos intereses no

personal administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Risaralda, en la medida en que no hubo incumplimiento en el pago, toda vez que se llevó a cabo luego de agotar las etapas fijadas en la ley, y dichos intereses no estaban incluidos en el documento que reconoció el derecho al retroactivo, ni en norma que lo estableciera expresamente e, igualmente, los valores reconocidos habían sido indexados.

1.2. El recurso extraordinario de revisión y su trámite procesal

El 14 de enero de 2022, el señor Francisco Javier Olaya, por medio de apoderado judicial, presentó recurso extraordinario de revisión5 contra la sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación.

El recurrente invocó la causal 5 .ª del artículo 250 del CPACA, por cuanto considera que la decisión objeto del recurso es nula porque desconoce la garantía al debido proceso constitucional, por falta de congruencia entre lo pedido y lo fallado “citra petita”, según el artículo 281 del CGP.

Por medio de auto dictado el 29 de abril de 2022 se admitió la demanda6 y, en providencia de 6 de julio de 2022 7, se decretaron las pruebas para resolver el presente asunto.

4 Sobre el particular se citó: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2020, radicación 08001-23-31-000-2014-00852-01, MP. Gabriel Valbuena

Hernández, sentencia de 1.º de marzo de 2018, radicación 73001-23-33-000-2014-00265-01, MP. William Hernández Gómez y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 19 de julio de 2019, radicado 66001-23-33-000-201600565-01, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 5 La demanda obra en el archivo .pdf “RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_H076SUBSANACIONR(.pdf)NroActua1 17” índice 17 de SAMAI. 6 Índice 22 de SAMAI. Debe señalarse que previo a la admisión se advirtieron varios defectos formales de la demanda, para lo cual se le concedió la oportunidad a la parte actora para que los corrigiera, a través de auto de 31 de enero de 2022, confirmado en providencia de 18 de abril de esta anualidad (índices 4 a 12 de SAMAI), cuya subsanación obra en el índice 17 del referido aplicativo. 7 Índice 37 de SAMAI.Asunto: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00

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1.3. El i mpedimento formulado por el magistrado Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Encontrándose el expediente a l despacho para resolver sobre el recurso

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1.3. El i mpedimento formulado por el magistrado Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Encontrándose el expediente a l despacho para resolver sobre el recurso extraordinario de revisión, el Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, integrante de la Sala Veintidós Especial de Decisión , manifestó impedimento8, bajo la causal 1.ª del artí culo 141 del CGP , y para el efecto indicó que: i) discutió, participó y firmó la sentencia que ahora se cuestiona mediante el recurso extraordinario de revisión citado en la referencia, ii) tiene un criterio en cuanto al fondo del asunto, y iii) la decisión se adoptó en consonancia con las pretensiones formuladas, fue producto de un riguroso análisis jurídico y fáctico , se encuentra amparada en la legalidad y el análisis probatorio se realizó con respeto de los parámetros de la sana crítica.

El impedimento se discutió en sesión que se llevó a cabo el 19 de agosto de 2022, sin embargo, no se obtuvo la mayoría decisoria por parte de los integrantes de esta Sala Especial de Decisión. En consecuencia, por medio de auto de 24 de agosto de la presente anualidad9, se ordenó el sorteo de un conjuez10, diligencia que se llevó a cabo el 30 de agosto siguiente 11, en la que resultó designada la doctora Eleonora Lozano Rodríguez.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala abordará el estudio del presente asunto, para lo cual desarrollará los siguientes temas: i) competencia; ii) problema jurídico; iii) régimen de impedimentos y recusaciones; iv) la causal prevista en el numeral 1.º del artículo

La Sala abordará el estudio del presente asunto, para lo cual desarrollará los siguientes temas: i) competencia; ii) problema jurídico; iii) régimen de impedimentos y recusaciones; iv) la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP12, aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA , en el marco del recurso extraordinario de revisión ; v) el análisis del caso concreto ; y vi) la conclusión.

2.1. Competencia

Con fundamento en el artículo 131 numeral 3.º del CPACA13, esta Sala Especial de Decisión es competente para conocer y decidir el impedimento del magistrado,

8 índice 44 de SAMAI. 9 Índice 47 de SAMAI. 10 En atención a lo dispuesto en los artículos 115, 126 y 128 de la Ley 1437 de 2011 y 53 del Reglamento Interno del Consejo de Estado, Acuerdo 80 de 2019. 11 Índice 52 de SAMAI. 12 Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso – CGP. 13 “Artículo 131.Trámite de los impedimentos. Para el trámite de los impedimentos se observarán las siguientes reglas: […]

3. Cuando en un Magistrado concurra alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, deberá declararse impedido en escrito dirigido al ponente, o a quien le siga en turno si el impedido es este, expresando los hechos en que se fundamenta tan pronto como advierta su existencia, para que la sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los

sala, sección o subsección resuelva de plano sobre la legalidad del impedimento. Si lo encuentra fundado, lo aceptará. Cuando se afecte el quórum decisorio, se integrará la nueva sala con los magistrados que integren otras subsecciones o secciones de conformidad con el reglamento interno. Sólo se ordenará sorteo de conjuez, cuando lo anterior no fuere suficiente. […]“. Numeral modificado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 2021.Asunto: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00

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Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas , como integrante de la Sala Veintidós Especial de Decisión , dentro d el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación.

Adicionalmente, en los términos del literal b ) del artículo 125 .2 del CPACA 14, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, le corresponde a la Sala Especial de Decisión dictar la providencia que resuelva sobre los impedimentos que se planteen.

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado en el artículo 29 .115 del Acuerdo No. 080 de 2019 -Reglamento Interno del Consejo de Estado-, las Salas Especiales de Decisión son competentes para conocer de los recursos extraordinarios de revisión formulados en contra de las sentencias de las Secciones y/o Subsecciones de esta corporación.

080 de 2019 -Reglamento Interno del Consejo de Estado-, las Salas Especiales de Decisión son competentes para conocer de los recursos extraordinarios de revisión formulados en contra de las sentencias de las Secciones y/o Subsecciones de esta corporación.

En consecuencia, como el impedimento manifestado por el magistrado, Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas , integrante de la Sala Veintidós Especial de Decisión se presentó dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión de la referencia, le corresponde a esta Sala resolver sobre el particular.

2.2. Problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si el magistrado, Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, se encuentra o no incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA, al haber participado en la sentencia objeto de revisión y contar con un criterio en relación con el fondo del asunto , la legalidad de la decisión y el análisis probatorio efectuado en la instancia.

2.3. Régimen de impedimentos y recusaciones

Al respecto debe precisarse que la función judicial se sustenta sobre dos principios básicos: la independencia y la imparcialidad de los jueces16, principios

14 “Artículo 125. De la expedición de providencias [modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021]. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: [...] 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: [...] b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; [...]” [énfasis añadido].

Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: [...] b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; [...]” [énfasis añadido]. 15 “Artículo 29. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contenci oso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado [...]”. 16 Principios que encuentran su sustento en: - El artículo 29 de la Constitución Política. - La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que “[...] Las normas legales nacionales e internacionales sobre independencia judicial son imperativas para todo tipo de proceso judicial o administrativo, puesto que se trata de un elemento fundamental del derecho al debido proceso (Art. 8.1 Convención)”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Castillo Petruzzi vs. Perú (1999).-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y P olíticos, en el artículo 14. 1 consagra elAsunto: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00

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que se garantizan a través de la incorporación en el ordenamiento jurídico de los impedimentos y recusaciones, figuras que, en ejerc icio de la facultad de configuración normativa, el legislador reguló expresamente en cada uno de los estatutos procesales.

impedimentos y recusaciones, figuras que, en ejerc icio de la facultad de configuración normativa, el legislador reguló expresamente en cada uno de los estatutos procesales.

En este orden de ideas, en el Capítulo VI del Título II de la Parte Segunda del CPACA se fija el régimen de impedimentos y recusaciones para los magistrados y jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El artículo 130 ibídem, además de establecer unas causales especiales de impedimento, dada la naturaleza de los asuntos qu e se tramitan en esta jurisdicción, contiene una remisión expresa a las previstas en el artículo 141 del CGP. A su vez, el mencionado artículo señala las causales de impedimento y de recusación para los magistrados, jueces y conjueces, en relación con esto s últimos, se impone precisar, que dicho régimen se aplica en virtud de lo dispuesto en los artículos 140 ejusdem y 61 de la Ley 270 de 199617.

En punto a las causales de impedimento, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, en reiteradas oportunidades ha considerado, que son taxativas y de aplicación restrictiva, en tanto, comportan una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional y, como tal, están debidamente delimitadas por el legislador, sin que puedan extenderse o ampliarse, a criterio del juez o de las partes, dado que, la escogencia de quien la decide no es discrecional18.

Así las cosas, es imperativo determinar la idoneidad y procedibilidad de la causal de impedimento que se invoca en cada caso, para separar al juez del conocimiento de un asunto y, así, preservar la objetividad y transparencia de la decisión.

de impedimento que se invoca en cada caso, para separar al juez del conocimiento de un asunto y, así, preservar la objetividad y transparencia de la decisión.

derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, y el derecho de toda persona “a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil…”. - La Corte Constitucional en sentencia C -037 de 1996, mediante la cual se revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”, consideró que los dos principios básicos de la Administración de Justicia son los de imparcialidad e independencia del juez que conoce un asunto. 17 El artículo 140 del CGP, establece: “ […] Declaración de impedimentos. Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta […]”. El artículo 61 de la Ley 270 de 1996, dispone: “ […] DE LOS CONJUECES. Serán designados conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los requisitos para desempeñar los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones púb licas, empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumplan funciones públicas durante el período de sus funciones. Sus servicios serán remunerados. […] Los conjueces tienen los mismos

propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones púb licas, empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumplan funciones públicas durante el período de sus funciones. Sus servicios serán remunerados. […] Los conjueces tienen los mismos deberes que los Magistrados y estarán sujetos a las mismas responsab ilidades de estos […]” (negrillas fuera de texto). 18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ver entre otros, auto de 23 de septiembre de 2003, radicado 11001-03-15-000-2003-01060-01, citado en auto de 7 de mayo de 2019 proferido po r la Sala Quince Especial de Decisión , radicado 11001-03-15-000-201801415-00.Asunto: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00

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2.4. Sobre la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA19.

La causal contenida en el numeral 1.° del artículo 141 del CGP es subjetiva y establece:

“1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. [...]”.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado que, para que se

dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso. [...]”.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha señalado que, para que se declare configurada la causal primera del artículo 141 del CGP, “ debe existir un interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con e l caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial”20.

A su vez, la jurisprudencia ha precisado el alcance de la causal, bajo el entendido que, el interés, bien sea directo o indirecto, además de ser real y serio, debe tener relación inmediata con el asunto a decidir y , según el caso concreto, tratarse de una circunstancia de tal entidad que afecte la imparcialidad del funcionario judicial. Así lo ha dicho esta corporación:

“[...] Si bien esta causal subjetiva es bastante amplia, en cuanto subsume cualquier tipo de interés, ya sea directo o indirecto, lo cierto es que dicho interés además de ser real y serio, debe tener relación inmediata con el objeto mismo de la litis o cuestión a decidir; debe ser de tal trascendencia que, teniendo en cuenta el caso concreto, implique un verdadero trastorno en la imparcialidad del fallador y pueda afectar su capacidad de juzgamiento y el desempeño eficaz y ajustado a derecho respecto de la labor que desempeña.

‘Es por esta razón que cualquier tipo de manifestación que no esté sustentada o en la que no se evidencie de manera clara y precisa la posibilidad de que el juzgador pueda verse perturbado al momento de pronunciarse en determinado asunto, comprometiendo por ello su imparcialidad, no será suficiente para declarar

en la que no se evidencie de manera clara y precisa la posibilidad de que el juzgador pueda verse perturbado al momento de pronunciarse en determinado asunto, comprometiendo por ello su imparcialidad, no será suficiente para declarar fundado el impedimento’ [...]”21.

Por su parte , la doctrina considera que el interés al que se refiere esta causal “puede ser directo e indirecto y de cualquier índole, es decir, material, intelectual, o inclusive puramente moral [...]. No sólo el interés económico, el más común,

19 “Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: (…)”. 20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 21 de abril de 2009, radicado 11001-03-25-000-2005-00012-01-IJ, MP. Víctor Hernando Alvarado Ardila, auto del 27 de enero de 2004, radicado 11001 -03-15-000-2003-01417-01. MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez, entre otros. 21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 28 de julio de 2010, expediente: 2009-00016, MP. Mauricio Fajardo Gómez.Asunto: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00

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sino cualquier otro motivo que lleve al funcionario a querer determinada decisión, acorde con el interés (de cualquier índole) que abrigue frente al proceso”22.

2.5. Análisis del caso concreto

En el presente caso, según consta en el índice 44 a 46 de SAMAI, el magistrado, Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas se declaró impedid o para conocer del proceso de la referencia por estar incurso en la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 141 del CGP, en razón a que discutió, participó y firmó la sentencia de 26 de noviembre de 2020, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, y que se controvierte en el presente proceso, por lo que, a su juicio, cuenta con “ un criterio en relación con el fondo del asunto ” y, en este sentido, considera que la decisión recurrida por vía extraordinaria está “[...] en consonancia con las pretensiones formuladas, se adoptó luego de un riguroso análisis jurídico y fáctico [...]” y que “[...] el análisis del material probatorio se realizó en estricto sometimiento a las reglas de la sana crítica [...]”. Así lo expresó in extenso:

“[...] estoy convencido que la sentencia objeto del recurso extraordinario, en consonancia con las pretensiones formuladas, se adoptó luego de un riguroso análisis jurídico y fáctico. Conforme a lo expuesto, destaco que me he formado un

“[...] estoy convencido que la sentencia objeto del recurso extraordinario, en consonancia con las pretensiones formuladas, se adoptó luego de un riguroso análisis jurídico y fáctico. Conforme a lo expuesto, destaco que me he formado un criterio en relación con el fondo del asunto, el cual me lleva a concluir: i) que la decisión está amparada en la legalidad y ii) que el análisis del material probatorio se realizó en estricto sometimiento a las reglas de la sana crítica. [...]”.

A partir de la lectura detenida de las razones que aduce el señor magistrado, la Sala considera, que de acuerdo con el numeral 1 .º del artículo 141 del CGP, le asiste interés en el presente caso para que se mantenga la intangibilidad de la sentencia de 26 de noviembre de 2020, dado que ya cuenta con “ un criterio en relación con el fondo del asunto ” pues, a su juicio, el fallo objeto de revisión se adoptó en consonancia con las pretensiones formuladas, fue producto de un riguroso análisis jurídico y fáctico , y la valoración probatoria se ajustó a la sana crítica.

Es importante precisar que en la sentencia de 26 de noviembre de 2020 23, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, en la que participó el Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas , se resolvi ó el recurso de apelación interpuesto por el demandante [señor Javier Olaya Herrera] contra el fallo proferido el 30 de noviembre de 201 7, por el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones del recurrente. Es así como, el ad quem, luego de referirse a los hechos probados dentro del respectivo proceso, desató

fallo proferido el 30 de noviembre de 201 7, por el Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones del recurrente. Es así como, el ad quem, luego de referirse a los hechos probados dentro del respectivo proceso, desató los cargos de la apelaci ón, para lo cual explicó que de acuerdo con la postura reiterada de esta corporación, es improcedente el reconocimie nto de los

22 López Blanco, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo 1 . Dupré Editores. Décima Edición

2009. Página 239 y siguientes. 23 La sentencia objeto del recurso obra en el índice 20 de SAMAI, del trámite con radicado 6600123-33-000-2016-00404-01.Asunto: Recurso extraordinario de revisión Radicado: 11001-03-15-000-2022-00365-00

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intereses moratorios por el pago del valor del retroactivo correspondiente a la homologación y nivelación de la planta de personal, toda vez que, no existía disposición normativa que estableciera expresamente su reconocimiento como sanción y que, en todo caso, los valores pagados habían sido indexados.

Por otra parte, en el escrito que contiene la demanda de revisión24, el recurrente se fundamentó en la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, porque a su juicio la sentencia impugnada desconoce el artículo 29 constitucional y 281 del CGP por violación al principio de congruencia, en la medida en que no se accedió a l

se fundamentó en la causal 5.ª del artículo 250 del CPACA, porque a su juicio la sentencia impugnada desconoce el artículo 29 constitucional y 281 del CGP por violación al principio de congruencia, en la medida en que no se accedió a l reconocimiento de los intereses d e mora causados desde 1999 hasta la fecha en la que se hizo efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, enero de 2013 , bajo el argumento de una supuesta incompatibilidad con la indexación e inexistencia de norma que los contenga expresamente para ser reconocidos, lo cual, según se alega, resulta incoherente con las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Como puede apreciarse, los motivos que soportan la causal alegada guardan estrecha relación con las consideraciones expuestas en la sentencia que adoptó y acompañó el Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, en la que se abordaron aspectos frente a los cuales, como lo manifestó, cuenta con un criterio formado en relación con el fondo del asunto.

En es te punto se impone precisar, que si bien el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional, que no puede confundirse con una nueva instancia, porque constituye un verdadero medio de control que da lugar a un nuevo proceso en el que es posible controvertir el fallo ejecutoriado bajo las causales taxativamente señaladas en la ley, que comprenden hechos nuevos que afectan la decisión adoptada, en el presente caso, se advierte el interés jurídico que le asiste al Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, en tanto de cara a la causal alegada, concurre en él un criterio preconcebido fre nte a la

nuevos que afectan la decisión adoptada, en el presente caso, se advierte el interés jurídico que le asiste al Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas, en tanto de cara a la causal alegada, concurre en él un criterio preconcebido fre nte a la decisión recurrida que le impide abordar el estudio de la demanda de revisión con total imparcialidad e independencia, toda vez que, según lo expresó, le asiste la convicción sobre la consonancia de la sentencia objeto de recurso con lo pretendido y que es producto de un riguroso análisis jurídico, fáctico y probatorio, por lo que en ese sentido, fijó su postura, lo que presupone, la defensa de la legalidad de la decisión recurrida , circunstancia que pone en riesgo el ejercicio de su función jurisdiccional de manera objetiva, libre de cualquier prejuicio, lo que afecta la garantía constitucional al debido proceso.

En efecto, de acuerdo con lo manifestado por el señor magistrado, se dejan en evidencia circunstancias subjetivas que van más allá del hecho de que haya adoptado con anterioridad la decisión que se recurre, hecho